Auto 36853 de julio 7 de 2011

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 36853

Magistrada Ponente:

Dra. María del Rosario González de Lemos

Aprobado Acta Nº 230

Bogotá D.C., siete de julio de dos mil once.

Vistos

Define la Sala la competencia en este asunto, donde un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín argumenta no ser el competente para realizar la audiencia solicitada por la fiscalía para imposición de medida cautelar de embargo y secuestro sobre treinta bienes inmuebles ubicados en los departamentos de Córdoba y Antioquia que fueron objeto de despojo por parte del postulado Salvatore Mancuso Gómez a sus propietarios y/o poseedores.

Antecedentes relevantes

1. Ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga, el 27de abril de 2011 se radicó escrito por el fiscal 8 de la Unidad de Justicia y Paz solicitando fijar fecha para audiencia de imposición de medida cautelar de embargo y secuestro sobre algunos bienes objeto del actuar delictivo del postulado Salvatore Mancuso Gómez.

2. El 12 de mayo siguiente esa magistratura declaró no ser competente para realizar la audiencia solicitada tras argumentar que los bienes relacionados por el ente acusador están ubicados en los municipios de Montería, Tierra Alta y Turbo, razón por la cual ordenó la remisión del expediente a su homólogo del Tribunal Superior de Medellín.

3. El 15 de junio último el magistrado del mencionado tribunal ordenó la remisión del diligenciamiento a esta corporación para “... precaver futuras y eventuales nulidades y para que se dé cumplimiento a lo previsto por los artículos 54 y 55 de la Ley 906 de 2004...”, pues “... la actuación principal del proceso que se adelanta en el marco de Justicia y Paz al postulado Salvatore Mancuso, se encuentra ante la magistrada de control de garantías de Bucaramanga - Santander y al tratarse de un asunto que accede o resulta accesorio a la actuación principal, en nuestro criterio, debe resolverse ante el funcionario que conoce de esa actuación principal, independientemente del lugar donde se encuentre el bien objeto de la solicitud de medida cautelar”(1).

Consideraciones de la Sala

La Corte es competente para conocer del presente incidente, en consideración al numeral 4º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004(2) que le asigna “... la definición de competencia cuando se trate de (...) tribunales, o de juzgados de diferentes distritos”, como sucede en este caso donde un magistrado de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín rehúsa la competencia por cuanto, en su concepto, se trata de un trámite accesorio que debe surtirse como anexo de la actuación principal, la cual está en poder de su homólogo del Tribunal Superior de Bucaramanga.

Conforme al artículo 54 de la Ley 906 de 2004, el incidente de definición de competencia, constituye un mecanismo ágil y expedito a través del cual el superior funcional, en caso de incertidumbre frente a este presupuesto procesal, dilucida a quién debe asignársele su conocimiento.

El incidente puede surgir a iniciativa del funcionario judicial, cuando considere carecer de competencia para asumir el conocimiento del proceso, o de las partes en los eventos en que refuten la asumida por un despacho judicial.

Así mismo, debe ser propuesto en las audiencias de formulación de imputación o de acusación, oportunidades que, sin embargo, no tienen carácter excluyente, tal como lo ha precisado la Sala,(3) pudiéndose presentar en otras ocasiones, verbigracia, en la audiencia de preclusión de la investigación o, en materia de justicia y paz, en la preliminar de solicitud de medidas cautelares, como acontece en esta oportunidad.

Del caso concreto

Por disposición de los artículos 32 y 67 de la Ley 975 de 2005, la competencia territorial de las salas de Justicia y Paz de los tribunales superiores de distrito ha sido establecida a través de diferentes actos administrativos expedidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

El Acuerdo PSAA11-7725 del 24 de febrero de 2011 creó en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga un despacho de magistrado con función de control de garantías en justicia y paz con competencia en los distritos judiciales de Bucaramanga, Pamplona, San Gil, Cúcuta, Simití (del Distrito Judicial de Cartagena) y Aguachica (del Distrito Judicial de Valledupar), norma que, además, dispuso en su artículo cuarto:

“los procesos de Justicia y Paz de los distritos judiciales señalados en el artículo anterior, cuya etapa de control de garantías fue iniciada por los magistrados de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla serán remitidos al magistrado creado en el presente acuerdo”.

En razón de la anterior disposición, la magistrada de Bucaramanga recibió de su homóloga de Barranquilla el proceso relativo al control de garantías ejercido por la judicatura sobre la formulación de imputación a Salvatore Mancuso Gómez, tal como lo constató la Sala dentro de otra definición de competencia recientemente resuelta(4).

En ese orden de ideas, y visto que en el presente evento la magistrada de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bucaramanga no ha rehusado la competencia respecto al control de garantías de la formulación de imputación al postulado Salvatore Mancuso Gómez, ni la misma ha sido cuestionada por las partes e intervinientes, la Sala le asignará el conocimiento de la solicitud elevada por el delegado del ente acusador en la medida que se refiere a situaciones de violencia desplegadas por ese postulado en virtud de las cuales despojó a varias personas de la propiedad y posesión que ostentaban sobre diversos bienes inmuebles(5).

Lo anterior porque las medidas cautelares en materia penal y, también en el trámite de justicia transicional, están previstas para garantizar la reparación a las víctimas de las conductas punibles, tal como lo establece el artículo 92 de la Ley 906 de 2004, de lo cual se infiere que deben ser adoptadas dentro del trámite de un proceso y no en forma separada o aislada del mismo. Como en este evento el proceso seguido contra Mancuso Gómez se adelanta en la ciudad de Bucaramanga será esa autoridad quien deberá resolver su procedencia.

Y aunque para remitir el trámite incidental a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín se adujo que los inmuebles objeto de la solicitud están ubicados en los departamentos de Córdoba y Antioquia, tal situación no comporta la posibilidad de modificar la naturaleza jurídica de las medidas cautelares, las cuales deben adoptarse al interior del proceso generador de los daños cuya reparación se persigue.

Así, el artículo 92 de la Ley 906 de 2004 no deja duda alguna sobre la procedencia y el decreto de las medidas cautelares dentro de una actuación penal concreta, nunca de manera aislada e independiente de la actuación principal,

“El juez de control de garantías, en la audiencia de formulación de la imputación o con posterioridad a ella, a petición del fiscal o de las víctimas podrá decretar sobre bienes del imputado o del acusado las medidas cautelares necesarias para proteger el derecho a la indemnización de los perjuicios causados con el delito”.

En otras palabras, la decisión sobre la imposición de las medidas cautelares de embargo y secuestro solicitadas por la Fiscalía no puede adoptarse con independencia de la actuación principal, pues ello comportaría soslayar la estructura propia del proceso penal.

En tales circunstancias, es la magistrada con función de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga la competente para tramitar la petición elevada por la fiscalía en torno a la adopción de medidas cautelares sobre inmuebles que Salvatore Mancuso Gómez arrebató a las personas relacionadas en la solicitud.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. ASIGNAR a la magistrada con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga el trámite de la solicitud de imposición de medidas cautelares de embargo y secuestro sobre treinta bienes inmuebles despojados por el postulado Salvatore Mancuso Gómez a sus propietarios y/o poseedores.

2. REMITIR el expediente a esa oficina para lo de su cargo.

Comuníquese lo aquí decidido a los acusados, defensores, representante de las víctimas, a la Fiscalía y al Ministerio Público intervinientes en este trámite judicial.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cúmplase.

Magistrados: Javier Zapata Ortiz—José Luis Barceló Camacho—José Leonidas Bustos Martínez—Fernando Alberto Castro Caballero—Sigifredo Espinosa Pérez—Alfredo Gómez Quintero—María del Rosario González de Lemos—Augusto J. Ibáñez Guzmán—Julio Enrique Socha Salamanca.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

(1) Cfr. Folio 14 cuaderno original 1.

(2) Como la Ley 975 de 2005 no regula el tema de la definición de competencia, el principio de complementariedad del artículo 62 de dicho estatuto, impone acudir al procedimiento penal que sí reglamenta la materia.

(3) Cfr. autos de octubre 14 de 2009, Radicado 32751 y del 29 de septiembre de 2010, Radicado 34951.

(4) Cfr. providencia del 13 de junio de 2011, Radicado 36653, en la que se constató con la secretaría de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bucaramanga que allí se encuentra la actuación adelantada contra el postulado Salvatore Mancuso Gómez.

(5) Con la solicitud de cautelas se anexan 30 carpetas, cada una de las cuales contiene la reclamación efectuada por víctimas del despojo de igual número de predios. Por ejemplo, en el legajo 18 el señor Miguel Ramón Hoyos Palencia manifiesta: “... vivía en las parcelas El Levante con mi mujer Maruja Hoyos y mis hijos..., un día llegó el señor Mancuso y me dijo que teníamos que venderle la parcela porque él quería que le desocuparan las tierras, le vendí 18 Hts. de tierra en 5.000.000 de pesos, cada hectárea estaba avaluada en 4.000.000 y las 18 hts. las pagó por todo dio 5.000.000 de pesos”.