Sentencia 37071 de septiembre 13 de 2011

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 329

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Gómez Quintero

Bogotá, D.C., trece de septiembre de dos mil once.

Vistos

Procede la Sala a emitir pronunciamiento respecto a la solicitud elevada por la Fiscal General de la Nación, en el sentido de llevar a cabo audiencia de “preclusión de instrucción” dentro de la investigación adelantada contra el general de la Policía Nacional Oscar Naranjo Trujillo por el delito de calumnia.

Antecedentes

Mediante oficio de enero 20 de 2009 el Director General de la Policía Nacional de Colombia, Oscar Naranjo Trujillo, realizó las siguientes manifestaciones:

“En atención a diferentes comentarios realizados por los asesores de la líder indígena Aida Quilcué, en relación con supuestos señalamientos y sindicaciones públicas realizadas por el suscrito que califican a la dirigente indígena de tener vínculos con grupos terroristas; solicito muy respetuosamente, en el marco de la Constitución y la ley, se adelanten las investigaciones que el señor Fiscal General considere pertinentes, a fin de esclarecer mi conducta”.

“Me permito informar al señor Fiscal, que como director general de la Policía Nacional, rechazo tales sindicaciones, reafirmo que en ningún momento he incurrido en estos juicios públicos y que por el contrario he sido categórico durante mi gestión, con todos los hombres y mujeres policías de Colombia, sobre el cumplimiento estricto por el respeto y garantía del buen nombre y de todos los derechos fundamentales de las personas y en este caso especial, de los líderes y comunidades indígenas”.

Posteriormente, en diligencia de entrevista llevada a cabo el 20 de mayo de 2009, el general Naranjo relató que después de unos enfrentamientos presentados en el departamento del Cauca, particularmente a la altura de Cali y Popayán, en el resguardo conocido como “la María”, “fue informado por un funcionario policial que participó en una reunión en la fiscalía con representantes de la comunidad indígena que un integrante de la comisión de indígenas había hecho manifestaciones en el sentido que el propio director de la Policía Oscar Naranjo había proferido sindicaciones que ponían en riesgo la integridad de la señora gobernadora Aida Marina Quilcué Vivas, en síntesis la queja expresada señalaba que el general Naranjo tachaba de terrorista y guerrilleros a la comunidad indígena y esto afectaba desde luego la vida de la señora gobernadora indígena”.

Consideraciones

A tenor de los artículos 235-4 de la Carta Política y 75-6 del Código de Procedimiento Penal, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia tiene competencia para emitir el siguiente pronunciamiento en relación con el general de la Policía Nacional Oscar Naranjo Trujillo.

De conformidad con el artículo 74 de la Ley 906 de 2004 modificada por el artículo 4º de la Ley 1142 de 2007, la calumnia —artículo 221 de la Ley 599 de 2000— es uno de los delitos que requiere querella para efecto de iniciar la acción penal.

En este sentido, la querella es la solicitud que eleva el sujeto pasivo de la conducta punible, para que la jurisdicción adelante la investigación ante la existencia de un delito respecto del cual el legislador estableció esa condición de procesabilidad.

Bajo el anterior contexto, es indudable que en los supuestos fácticos referidos por la Fiscal General de la Nación, la titularidad para poner en movimiento el órgano jurisdiccional frente al delito de calumnia la tenía Aida Quilcué como sujeto pasivo que era de la misma y no el general Naranjo, pues es a él a quien supuestamente se atribuyen las afirmaciones en contra de la líder indígena, consistentes en tener nexos con grupos terroristas, motivo por el cual, el director de la Policía carecía de legitimidad para promover la acción penal orientada a investigar si tales aseveraciones se produjeron o no.

En efecto, sólo a la señora Aida Quilcué afectaba ese tipo de señalamientos en tanto podían poner en entredicho su integridad moral, bien jurídico protegido por el tipo penal contenido en el artículo 221 de la Ley 599 de 2000.

La querella legítima habilita la iniciación, adelantamiento y terminación de la investigación penal. Su ausencia está legalmente prevista como motivo de terminación de la actuación cumplida, impidiendo al funcionario resolver de fondo el asunto sometido a su consideración. Así, los artículos 331, 332 y 77 del Código de Procedimiento Penal ordenan dictar preclusión de la investigación cuando se establezca que la acción no puede iniciarse o proseguirse.

En este orden, si la solicitud de investigar las presuntas imputaciones no proviene de la persona afectada, es indudable que se carece del presupuesto de procesabilidad exigido por la norma, como bien lo indica la señora fiscal al fundamentar la imposibilidad de iniciar la acción penal por ausencia de querellante legítimo.

A todo lo anterior se agrega que la acción penal frente al ilícito de calumnia ha caducado, pues de conformidad con la solicitud elevada por el general Oscar Adolfo Naranjo Trujillo los hechos ocurrieron hacia el mes de enero de 2009, es decir, que han transcurrido más de los seis (6) meses a que hace alusión el artículo 73 de la Ley 906 de 2004, para promover la acción penal.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

Decretar la preclusión de la investigación a favor del General Oscar Naranjo Trujillo, con fundamento en el numeral 1º del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, y de conformidad con las razones anteriormente esbozadas.

Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso de reposición.

Magistrados: Javier Zapata Ortiz—José Luis Barceló Camacho—José Leonidas Bustos Martínez—Fernando Alberto Castro Caballero—Sigifredo Espinosa Perez—Alfredo Gómez Quintero—Maria Del Rosario González De Lemos—Augusto Ibáñez Guzmán—Julio E. Socha Salamanca.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.