Sentencia 37184 de septiembre 26 de 2011

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 37184

Magistrada ponente:

Dra. María del Rosario González de Lemos

Aprobado Acta 346

Bogotá, D.C., septiembre veintiséis de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Ab initio constata la colegiatura que el defensor de Holmer Hoyos Rey yerra al invocar el artículo 181 de la Ley 906 de 2004 como fundamento de su libelo, sin tener en cuenta que si bien dicho precepto es similar al contenido en el artículo 207 de la Ley 600 de 2000, de conformidad con el artículo 553 de aquella legislación solo rige para “los delitos cometidos con posterioridad al primero de enero de 2005” en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira (art. 530 ibíd.), salvo, desde luego, las situaciones en las cuales se imponga aplicar la nueva ley en virtud del principio de favorabilidad.

Por tanto, si las conductas aquí investigadas acontecieron entre septiembre de 2001 y febrero de 2002, y para el distrito judicial de Villavicencio, lugar donde ocurrieron los hechos, la Ley 906 de 2004 entró a regir desde el 1º de enero de 2007, sin que se advierta que tal normatividad brinde al acusado un tratamiento más benéfico en comparación con la Ley 600 de 2000 respecto del recurso interpuesto a través de su defensor, es claro que el trámite de este diligenciamiento se encuentra gobernado por el estatuto procesal del año 2000, y no por la normatividad adjetiva de 2004 invocada por el recurrente.

Cuestión inicial

Antes de adoptar alguna decisión en punto de la admisibilidad de los libelos casacionales presentados por los defensores de los procesados Camilo Torres Puentes y Holmer Hoyos Rey, advierte la Sala que es necesario pronunciarse sobre la “petición especial” de cesación de procedimiento por prescripción de la acción penal formulada por el abogado de este respecto de los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, falsedad en documento privado y violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, como sigue.

Para tal cometido impera señalar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 599 de 2000, durante la etapa instructiva la acción penal prescribe en un término igual al máximo de la pena establecida en la ley, pero en ningún caso en un término inferior a cinco (5) años. En la etapa de la causa tal lapso comienza a contarse de nuevo a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación por un tiempo igual a la mitad del establecido para la fase de instrucción, sin que pueda tampoco ser inferior a cinco (5) años.

1. En cuanto atañe al delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales encuentra la Sala que el artículo 410 de la Ley 599 de 2000 sanciona dicho comportamiento con una pena de cuatro (4) a doce (12) años de prisión, en consecuencia, de acuerdo con la norma citada en precedencia, en la fase de la causa prescribe en seis (6) años.

Dado que la resolución de acusación cobró ejecutoria el 5 de abril de 2005, fecha en la cual se cumplió con la publicidad del proveído confirmatorio de segundo grado, es claro que el término de seis (6) años tuvo lugar el 5 de abril del año en curso, esto es, antes de la fecha en la cual fue proferida la sentencia de segunda instancia (feb. 23/2011) y antes de que el asunto ingresara al despacho de la magistrada ponente para pronunciarse sobre la admisión de las demandas casacionales (ago. 12/2011).

Ahora, como en el fallo del tribunal se precisó que Holmer Hoyos tenía la condición de interviniente respecto del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, carece de la condición de servidor público, como para incrementar el lapso prescriptivo de la acción del mencionado punible.

La referida circunstancia impone declarar prescrita la acción penal derivada de dicho delito por el cual se acusó al procesado y, por tanto, cesar el procedimiento adelantado contra Holmer Hoyos en razón de esa conducta, además de realizar el correspondiente ajuste punitivo.

2. Respecto del delito de falsedad en documento privado consigue verificarse que también se encuentra prescrita la acción, pues si el artículo 289 de la Ley 599 de 2000 dispone una pena de uno (1) a seis (6) años de prisión, es evidente que en la fase del juicio el término prescriptivo es de cinco (5) años —en cuanto no puede ser inferior a ese rubro— de modo que si la acusación quedó ejecutoriada el 5 de abril de 2005, el citado lapso se cumplió el 5 de abril de 2010, situación que impone declarar prescrita la acción y disponer la correspondiente cesación de procedimiento, amén de efectuar la respectiva dosificación de la pena.

3. Con relación al delito de violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades se tiene que el artículo 408 del estatuto punitivo establece una sanción de cuatro (4) a doce (12) años de prisión, de manera que en el juicio el término de prescripción es de seis (6) años, pero como respecto de este comportamiento Holmer Hoyos fue condenado en el curso de las instancias como coautor, pues se dijo que era “servidor público de la EAAV en reemplazo de unas vacaciones”, es necesario efectuar el incremento de una tercera parte reglado en el inciso 4º del artículo 83 de la Ley 599 de 2000, para un total de ocho (8) años, es decir, la acción penal prescribiría el 5 de abril de 2013, tiempo que aún no ha transcurrido.

Como consecuencia de la determinación adoptada en los numerales 1º y 2º de este acápite, corresponde marginar de la dosificación punitiva establecida en el fallo la pena impuesta al acusado Holmer Hoyos Rey por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento privado.

En la sentencia de primer grado, confirmada en segunda instancia, se dosificó la pena privativa de libertad de Holmer Hoyos en setenta y dos (72) meses de prisión, decisión en la cual se partió de cuarenta y ocho (48) meses y multa de cincuenta (50) salarios mínimos por el punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, más dieciséis (16) meses y multa por diez (10) salarios mínimos legales mensuales por el delito de violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades, más ocho (8) meses por la conducta de falsedad en documento privado.

Por tanto, al marginar la sanción impuesta por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento privado, únicamente subsiste la pena por el punible de violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades, de manera que si el fallador decidió que partiría del mínimo, la sanción imponible es de cuatro (4) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el mismo quantum se dosifica la pena accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas.

Admisibilidad de las demandas de casación

Tiene dilucidado la Sala que en el estudio de los libelos casacionales es de su resorte constatar que los recurrentes formulen las censuras de conformidad con las exigencias de crítica lógica y suficiente argumentación definidas por el legislador y desarrolladas por la jurisprudencia, con el propósito de evitar que esta impugnación se convierta en una instancia adicional a las ordinarias. Dichos requisitos pretenden conseguir demandas presentadas dentro de unos mínimos lógicos y de coherencia en la postulación y sustentación de los cargos propuestos, de manera que resulten inteligibles en cuanto precisos y claros, pues no corresponde a la Sala en su función constitucional y legal develar o desentrañar el sentido de confusas, ambivalentes o contradictorias alegaciones de los impugnantes en casación.

Además, de conformidad con el artículo 213 de la Ley 600 de 2000, “si el demandante carece de interés o la demanda no reúne los requisitos se inadmitirá”.

Una vez advertido lo anterior, procede la Sala a pronunciarse sobre la admisibilidad de cada uno de los reproches planteados por los recurrentes, así:

1. Demanda presentada a nombre de Camilo Torres Puentes.

1.1. Primera censura: Violación del derecho de defensa y el debido proceso.

Es pertinente recordar que tratándose de la causal de casación orientada a conseguir la nulidad del trámite, es imprescindible que el demandante señale claramente la especie de incorrección sustantiva determinante de la invalidación, los fundamentos fácticos y las normas conculcadas, con la indicación de los motivos de su quebranto. También es de su resorte especificar el límite de la actuación a partir del cual se produjo el vicio, así como la cobertura de la nulidad, demostrar que procesalmente no existe manera diversa de restaurar el derecho afectado y, lo más importante, acreditar que la anomalía denunciada tuvo incidencia perjudicial y decisiva en la declaración de justicia contenida en el fallo impugnado (principio de trascendencia), pues este recurso extraordinario no puede sustentarse en especulaciones, conjeturas, afirmaciones carentes de demostración o en situaciones ausentes de quebranto, reglas que el impugnante no acogió en su planteamiento.

En efecto, el censor no se sujeta a tales directrices para impugnar el fallo condenatorio proferido contra su asistido, no es claro en señalar si su queja apunta al quebranto del derecho al debido proceso o a la violación del derecho a la defensa de Camilo Torres, dado que uno y otro corresponden a ámbitos diversos y delimitados. El primero, la vulneración del debido proceso, constituye por regla general un vicio de estructura (falta de competencia, pretermisión de las formas propias del juicio, etc.), en tanto que el segundo, el quebranto del derecho de defensa, engendra afectación de la garantía, motivo por el cual era imprescindible que fuera nítido y preciso sobre el particular en su planteamiento.

Además, no explica la forma en que se produjo la violación del debido proceso, esto es, de qué manera fueron socavadas las bases y estructura del trámite; tampoco señala de qué manera fue violado el derecho de defensa de su procurado, dado que, en virtud del principio de trascendencia que rige la declaratoria de nulidad del proceso, la simple ocurrencia de la incorrección no conduce necesariamente a la invalidación de lo actuado, en cuanto es preciso acreditar que aquella produjo unos resultados adversos y lesivos a los intereses y derechos del sindicado, pues de lo contrario, el vicio carece de trascendencia e imposibilita declarar la pretendida invalidez.

También observa la Sala sin dificultad, que en el propósito de sacar avante su propuesta casacional, el actor invoca toda clase de situaciones, desde la aplicación de la Ley 142 de 1994, la ausencia de antijuridicidad material en el delito de peculado por uso por el cual fue acusado su asistido, la ausencia de imputación por el delito de violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, amén de la deficiente motivación del fallo, todo ello sin un hilo conductor y con total ausencia de ordenación lógica capaz de hacer inteligible su desacuerdo con la decisión atacada.

Con una tal confusión, el demandante se sustrae del principio de claridad que regula el artículo 183 de la Ley 906 de 2004 al exigir que el recurso se interponga “mediante demanda que de manera precisa y concisa señale las causales invocadas y sus fundamentos” (resaltado fuera del texto).

Además, si el objeto de denuncia era la motivación de la sentencia impugnada, era su deber demostrar uno cualquiera de los siguientes vicios: (i) que el fallo carece totalmente de motivación; (ii) que siendo motivado, es dilógico o ambivalente; (iii) que su motivación es incompleta; o (iv) que la motivación es aparente o sofística, labor que no emprendió, pues se quedó en el simple enunciado.

Al respecto tiene dicho la Corte que la “ausencia absoluta de motivación se configura cuando no se precisan las razones de orden probatorio y jurídico que soportan la decisión; la motivación es ambivalente cuando contiene posturas contradictorias que impiden conocer su verdadero sentido; y, será precaria o incompleta, cuando los motivos que se exponen no alcanzan a traslucir el fundamento del fallo(1). La motivación es aparente o sofística, señaló la Sala en otra oportunidad, cuando se desconocen ‘pruebas que objetivamente conducen a conclusiones diversas’, de modo que se socava la estructura fáctica y jurídica del fallo”(2).

En el asunto analizado, el libelista no indicó a cuál de los mencionados defectos de motivación hace referencia. Sobre el particular es imperioso recordar lo que sobre el tema ha expresado también la Sala:

“No es lo mismo que una providencia judicial adolezca de defectos de motivación por ausencia absoluta de las razones de orden probatorio y jurídico que soportan la decisión, a que la argumentación traída por el fallador no cumpla con las expectativas del sujeto procesal, que la tilda de inadecuada, desacertada o insuficiente en su fundamentación fáctica, jurídica o probatoria, hipótesis que se refleja precisamente en el ataque elevado por el demandante en este asunto.

Sólo en la primera hipótesis el error será susceptible de ser atacado dentro del marco de la causal tercera, mientras que en el segundo el error es de juicio, caso en el cual debe ser ventilado en el ámbito de la causal primera, demostrando los errores de fundamentación fáctica, jurídica o probatoria que llevan a tildarla de inadecuada, desacertada o insuficiente”(3).

Las razones expuestas resultan suficientes para advertir serias falencias en la presentación del reproche que conducen a su inadmisión.

1.2. Segunda censura: Violación directa de la ley por aplicación indebida del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y falta de aplicación del artículo 32 de la Ley 142 de 1994.

Por cumplir con las exigencias legales y jurisprudenciales para su presentación, se admite el reparo.

1.3. Tercera censura: Violación directa de la ley por aplicación indebida y falta de aplicación.

Por sujetarse a los requisitos establecidos en la ley y desarrollados jurisprudencialmente, se admite el cargo.

1.4. Cuarta censura: Violación indirecta de la ley sustancial por falso juicio de existencia.

Dado que el reparo cumple las exigencias legales y jurisprudenciales para su presentación, consigue su admisión.

1.5. Quinta censura: Violación indirecta por falso juicio de identidad.

Se admite el reproche por satisfacer las exigencias legales y jurisprudenciales en su presentación y desarrollo.

1.6. Sexta censura: Violación indirecta por falso juicio de identidad.

Por cumplir con las exigencias legales y jurisprudenciales para su presentación, se admite el reparo.

1.7. Séptima censura: Violación directa de la ley sustancial por interpretación errónea.

Se admite la censura por cumplir con las exigencias legales y jurisprudenciales para su presentación.

2. Demanda presentada a nombre de Holmer Hoyos Rey.

2.1. Primer cargo: Violación del debido proceso.

En atención a que ya se dispuso la cesación de procedimiento por el delito de falsedad material en documento privado, por sustracción de materia el cargo no debe ser admitido.

2.2. Segundo cargo: Violación directa de la ley sustancial por interpretación errónea.

Se admite el reproche por satisfacer las exigencias legales y jurisprudenciales en su presentación y desarrollo.

2.3. Tercer cargo: Violación directa de la ley sustancial por interpretación errónea.

Se admite la censura por cumplir los requisitos legales y jurisprudenciales en su presentación y desarrollo.

2.4. Cuarto cargo: Violación directa de la ley sustancial por falta de aplicación.

Por sustracción de materia el cargo no se admite, toda vez que al marginarse por prescripción de la acción penal la sanción para los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento privado, desapareció el concurso de delitos, pues únicamente subsiste el de violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.

2.5. Quinto cargo: “Falso juicio de existencia por ignorancia valorativa de varios medios de prueba”.

Advierte la Sala que el recurrente no se sujeta a las exigencias propias del cargo postulado, pues no atina a señalar si se trata de un falso juicio de existencia por omisión de pruebas o de un falso juicio de identidad, amén de que tampoco enseña por qué razón las conclusiones del fallo serían diversas.

En efecto, conviene recordar que el falso juicio de existencia por omisión tiene lugar cuando pese a estar la prueba en el diligenciamiento no es objeto de apreciación judicial, surgiendo entonces para el demandante el deber indeclinable de indicar el elemento probatorio omitido, cuál es la información objetivamente suministrada, el mérito demostrativo al que se hace acreedor y cómo su estimación conjunta con el resto de pruebas conduce a trastrocar las conclusiones de la sentencia impugnada, deberes cuyo cumplimiento no asumió el actor.

A su vez, el falso juicio de identidad acontece cuando los falladores al ponderar el medio probatorio distorsionaron su contenido cercenándolo, adicionándolo o tergiversándolo, motivo por el cual correspondía al demandante identificar a través del cotejo objetivo de lo dicho en el elemento de convicción y lo asumido en el fallo, el aparte omitido o añadido a la prueba, los efectos producidos a partir de ello y, lo más importante, cuál es la trascendencia de la falencia en la parte resolutiva de la sentencia atacada, tópico de improcedente demostración con el simple planteamiento del criterio subjetivo del recurrente sobre la prueba cuya tergiversación denuncia, en cuanto es su obligación acreditar materialmente la incidencia del yerro en la falta de aplicación o la aplicación indebida de la ley sustancial en el fallo, esto es, señalar la modificación sustantiva de la sentencia atacada con la corrección del error y la debida valoración de la prueba, en conjunto con las demás, obligaciones no emprendidas en forma alguna por el defensor.

Como viene de verse, el actor no es claro en señalar si las pruebas fueron totalmente marginadas (falso juicio de existencia por omisión) o únicamente se omitió apartes de ellas (falso juicio de identidad), pero lo más importante, no expresa por qué razón si los contratos se cumplieron no se afectó a la administración pública, máxime si conforme al artículo 209 de la Carta Política, la función administrativa no se rige únicamente por el principio de economía, sino por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, imparcialidad y publicidad.

De acuerdo con lo anterior, se impone la inadmisión del reproche.

2.6. Sexto cargo: Violación indirecta por falso juicio de existencia.

Encuentra la Sala que como ya se dispuso la cesación de procedimiento por prescripción de la acción penal derivada del delito de falsedad en documento privado por el cual se acusó y condenó en las instancias a Holmer Hoyos, por sustracción de materia el cargo propuesto debe ser inadmitido.

Cuestión final

En atención a que consigue verificarse que el proceso permaneció en el Tribunal Superior de Villavicencio pendiente de resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra el fallo de primer grado por más de cuatro (4) años y cinco (5) meses (sep. 1º/2006 a feb. 23/2011), época en la cual se cumplió el término de prescripción de la acción penal de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento privado, se dispone compulsar copias ante las autoridades disciplinarias correspondientes, a fin de que se investigue la eventual dilación injustificada del trámite y sus posibles responsables.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. DECLARAR prescrita la acción penal derivada de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento privado por los cuales se acusó a Holmer Hoyos Rey. Ordenar, en consecuencia, la cesación del procedimiento adelantado en razón de tales conductas punibles.

2. NEGAR la solicitud de cesación de procedimiento por prescripción de la acción penal del delito de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, solicitada por la defensa de Holmer Hoyos.

3. SEÑALAR que la pena correspondiente al mencionado ciudadano, en su condición de coautor del delito de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades es de cuatro (4) años de prisión y multa de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el mismo lapso de la sanción privativa de libertad se dosifica la pena accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas.

4. INADMITIR el primer cargo de la demanda de casación presentada por el defensor de Camilo Torres Puentes, así como los reproches primero, cuarto, quinto y sexto del libelo presentado en nombre de Holmer Hoyos Rey, conforme a las razones expuestas en esta decisión.

5. ADMITIR los cargos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo del libelo casacional presentado en nombre de Camilo Torres Puentes, así como los cargos segundo y tercero de la demanda allegada en representación de Holmer Hoyos Rey. En consecuencia, súrtase el correspondiente traslado al Ministerio Público a fin de que rinda su concepto.

6. COMPULSAR, a través de la Secretaría de la Sala, las copias dispuestas en la parte motiva de este proveído.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del Código de Procedimiento Penal, contra este proveído no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Auto del 28 de febrero de 2006. Rad. 24783.

(2) Sentencia del 22 de mayo de 2003. Rad. 29756.

(3) Auto del 28 de febrero de 2006 ya citado.