Auto 373 de febrero 18 de 1991 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA ELECTORAL

PUBLICACIÓN DEL EDICTO EN PERIÓDICOS

EXTRACTOS: «Aquí se invoca, precisamente, la nulidad por no haberse practicado en legal forma la notificación al demandado, causal consagrada en el numeral 8 del artículo 140 del CPC, en los siguientes términos:

“ART. 140. —Causales de nulidad. El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación al demandado o a su representante, o al apoderado de aquél o de éste, según el caso, del auto que admite la demanda o del mandamiento ejecutivo, o su corrección o adición”.

Como se predica la existencia de ese motivo de nulidad porque no se dio cumplimiento a la forma de notificación que prevé el segundo inciso del numeral 4° del artículo 233 del C. C. porque,

a) La publicación del edicto en los periódico se hizo dentro del término de fijación del mismo,

b) La publicación, extemporánea, se hizo en diarios que no son de amplia circulación en la respectiva circunscripción electoral, y,

c) No se comprobó que se hubiera hecho la publicación del edicto en la respectiva circunscripción electoral, porque la edición no circuló allí,

es necesario verificar si la interpretación que el incidentalista hace del contenido de la norma en cita, corresponde o no al caso concreto que debe decidirse, norma del siguiente tenor:

“ART. —Subrogado. D.E. 2304/89, art. 60. Auro admisorio de la demanda. El auto admisorio de la demanda deberá disponer:

4. Que se fije en lista por tres (3) días una vez cumplido el término de la notificación con la prevención de que en este término se podrá contestar la demanda y solicitar pruebas.

Si por virtud de la declaración de nulidad hubiere de practicarse nuevo escrutinio, se entenderán demandados todos los ciudadanos declarados elegidos por los actos cuya nulidad se pretende. En este caso se les notificará mediante edicto que durará fijado cinco (5) días en la secretaría y se publicará por una sola vez en dos (2) periódicos de amplia circulación en la respectiva circunscripción electoral.

Si el demandante no comprueba la publicación en la prensa dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación al Ministerio Público del auto que la ordena, se declarará terminado el proceso por abandono y se ordenará archivar el expediente.

Cuando se pida la suspensión provisional del acto acusado, ésta se resolverá en el auto que admita la demanda, el cual debe ser proferido por la Sala o Sección. Contra este auto sólo procede, en los procesos de única instancia, el recurso de reposición y, en los de primera instancia, el de apelación”.

Siguiendo la regla de interpretación contenida en el artículo 27 del Código Civil, para el despacho el sentido de la norma transcrita es lo suficientemente claro que no requiere apartarse de él para consultar su espíritu, ni contiene expresión oscura alguna que haga necesario “... recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento”. Igualmente, se acogerá a lo dispuesto en el artículo 4° del C. de P. C. que ordena al juez que al interpretar la ley procesal “... deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial'''', y que las dudas en la interpretación del mismo código “... deberán aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal, de rnanera que se cumpla la garantía constitucional del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes”. Y así se procederá porque el CCA reenvía al citado estatuto para llenar los aspectos no contemplados y en cuanto sea compatible “... con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo” . Además, porque en materia de nulidades el CCA remite de manera especial en su artículo 165 al C. de P.C.

Sea lo primero advertir que el proceso electoral, que tiene su origen en el ejercicio de la acción pública electoral, se rige por un procedimiento especial consagrado en el Capítulo IV del Título XXVI del CCA, y que el procedimiento de notificación del auto admisorio de la demanda está íntegramente regulado en el artículo 233, de manera que no parece necesario acudir al C. de P. C. para llenar vacío alguno.

El Despacho entiende que cuando en el segundo inciso del numeral 4° del artículo 233 del CCA, tal como quedó al ser subrogado por el Decreto 2304 de 1989, artículo 60, se dispone que a los ciudadanos declarados elegidos por los actos cuya nulidad se pretende, el auto admisorio de la demanda “... se les notificará mediante acto que durará fijado cinco (5) días en la secretaria y se publicará ...” está claramente indicando que la notificación se hará mediante edicto y que, además, tal edicto se publicará, lo, que en manera alguna puede interpretarse, como lo pretende el incidentalista, en el sentido de que el término de fijación del edicto en la secretaría es el mismo para que se haga la publicación. Lo cierto es que cuando una notificación debe hacerse mediante edicto, ésta solamente tendrá lugar al ser desfijado el edicto por vencimiento del término de fijación, de manera que si es desfijado antes del vencimiento de dicho término la notificación por edicto no se ha cumplido. De esta situación podría surgir la consecuencia de que en el caso del numeral 4º del artículo 233 del CCA, la publicación del edicto se haga con posterioridad a su desfijación. Sin embargo, para lo que aquí debe decidirse, lo que se desprende de la preceptiva del citado artículo es que el término para la publicación del edicto y para la comprobación de esa publicación es común sin que, desde luego, esto implique la necesidad de agotar la totalidad del término, pues bien puede publicarse el edicto dentro del término de fijación o posteriormente y llevarse a los autos al día siguiente los ejemplares de los periódicos. Lo cierto es que el texto de la norma dispone la fijación del edicto y, además, su publicación, pero de él no se desprende en manera alguna que tal publicación deba hacerse dentro del término de fijación.

Ya el Consejo de Estado, en providencia del 5 de septiembre de 1986, expediente E-034, se pronunció sobre proyecto del Consejero doctor Simón Rodríguez Rodríguez, en los siguientes términos:

“IV. La circunstancia de que el término de treinta (30) días fijado por la ley sea común para cumplir con el requisito de la publicación y de la prueba de la misma, no presupone necesariamente que aquélla deba hacerse con anterioridad al trigésimo día contado a partir de la notificación al señor agente del Ministerio Público, pues nada impide que el mismo día en que se haga dicha publicación se alleguen los ejemplares del periódico o periódicos en la que ella tuvo lugar''''.

Coincide con el pensamiento expresado por el Consejo en el aparte transcrito, el tratadista José Ignacio Vives Echeverría, así:

“Notificado personalmente el fiscal sorteado, se fijará al día siguiente el edicto de rigor, que puede ser por cinco o por diez días. Este edicto se fijará por el término de diez días hábiles cuando con la demanda electoral se persigue como consecuencia de la declaratoria de nulidad solicitada que se practiquen nuevos escrutinios, pues en este caso “se entenderán demandados todos los ciudadanos declarados elegidos por el acto cuya nulidad se pretende'''', y a todos ellos deberá ordenar el auto admisorio del libelo que se les notifique el comienzo del juicio, notificación que la ley ordena hacerles por medio del edicto que durará diez días fijado en secretaría, y que además, “se publicará una sola vez en dos periódicos de circulación nacional''''.

Tanto la fijación de dicho edicto por diez días, o sea por el doble del término, como su publicación por “una sola vez en dos periódicos de circulación nacional”, constituyen etapas de la notificación a los ciudadanos que se consideran demandados y que fueron declarados elegidos por el acto cuya nulidad se solicita en el juicio, a fin de que se enteren oportunamente de que ha comenzado un juicio electoral que puede llegar a afectarlos, para que si lo desean se constituyan en parte coadyuvante o impugnadora de la acción electoral.

La secretaría entregará al demandante debidamente autenticadas dos copias del edicto que se fija en lugar visible de ella, para que el interesado proceda a hacerlos publicar a su costa, en dos periódicos de circulación nacional, por una sola vez en cada periódico.

Estas dos publicaciones en periódicos de circulación nacional pueden hacerse inmediatamente, es decir, durante los diez días que dure fijado en secretaría el edicto, o después de haberse desfijado, pero en todo caso es indispensable que el demandante interesado en tales publicaciones compruebe dentro de los treinta días siguientes a la ejecutoria del auto admisorio de la demanda que además ordenó las publicaciones, que ellas fueron hechas, pues en caso contrario se declarará terminado el juicio por abandono y se ordenará el archivo del expediente”. La comprobación de que fueron hechas las publicaciones ordenadas por la ley se hace presentando, para ser agregados al expediente, un ejemplar de cada uno de los dos periódicos, debidamente autenticados, en donde aparecieron las publicaciones del edicto.

Cumplido el término de la notificación, que comprende no solamente los diez días de la fijación del edicto en la secretaría sino también después que se haya comprobado que fueron hechas las publicaciones en la prensa, se procederá a fijar el asunto en lista por el término de cinco días hábiles, término este de la fijación en lista que es apto para que la parte demandante y las otras que se hayan constituido hagan uso del derecho de pedir pruebas''''. (Tratado de Derecho Electoral Colombiano, Editorial Temis, 1984, página 313).

Ahora bien, como lo que se busca con lo dispuesto en el artículo cuyo texto se analiza, es la notificación del auto admisorio de la demanda a “... todos los ciudadanos declarados elegidos por los actos cuya nulidad se pretende” cuando como consecuencia de la declaración de nulidad deban practicarse nuevos escrutinios no parece haber duda alguna en cuanto a que esa finalidad se logra cuando la publicación se hace antes de precluir el término de los veinte (20) días siguientes a la notificación al Ministerio Público del auto que ordena la publicación, lo cual lleva a la realidad de que la notificación está compuesta de una parte por la fijación del edicto y, de la otra por su publicación, quedando esta última etapa perfeccionada mediante la comprobación de la publicación en dos periódicos “de amplia circulación en la respectiva circunscripción electoral”, comprobación que le permite al juez asegurarse de que la publicación llegará al conocimiento de los demandados.

Consecuencia de lo expuesto hasta el momento es que no debe prosperar la nulidad cuya base se hace consistir en que la publicación del edicto en este proceso fue extemporánea al no haberse hecho dentro del término de fijación del edicto.

En cuanto al cargo en el sentido de que la publicación se hizo en diarios que no son de amplia circulación en la respectiva circunscripción electoral, porque “... la amplia circulación la tienen el Diario del Caribe y El Heraldo”, se tiene:

Se trata de afirmación que hace el incidentalista sin prueba alguna que respalde su dicho. Es posible que los diarios o periódicos que cita como de “amplia circulación'''' en el departamento del Cesar lo sean, pero no es menos cierto, que es público y notorio el que los diarios El Tiempo y El Espectador son de amplia circulación porque cubren la casi totalidad del territorio nacional. Tan cierto es ello que edictos como al que se refiere el numeral 4° del artículo 233 del CCA, suelen publicarse en ellos, especialmente cuando tienen su origen en las actuaciones judiciales de oficinas con sede en esta ciudad capital. Es posible que en los diarios locales de provincia se haga la publicación de los edictos producidos en las respectivas oficinas judiciales locales pero, se repite, los mencionados periódicos El Tiempo y El Espectador producen diariamente ediciones destinadas a circular en la provincia.

Por este aspecto tampoco prospera el cargo de nulidad.

Por último, se predica la nulidad porque las ediciones de los periódicos El Tiempo y El Espectador, que el demandante aportó al expediente para comprobar la publicación del edicto, ediciones del 26 de junio de 1990, no circularon en el territorio de la circunscripción electoral correspondiente, es decir, en el departamento del Cesar.

Para demostrar este cargo el incidentalista aportó los documentos que obran a los folios 119 y 122 del cuaderno N° 1 del expediente, documentos cuyo reconocimiento solicitó, fue oportunarnente decretado, y finalmente practicado con las formalidades legales del caso.

En el primero de tales documentos el presidente del periódico El Espectador, señor Luis Gabriel Cano Isaza, certifica ''... que la página número 5E, sección “La Guía'''' del 26 de junio de 1990, sólo circuló en la ciudad de Bogotá, debido a que esta Sección es únicamente de circulación local”. Y en el documento visible al folio 122, el señor gerente del diario El Tiempo, Carlos Pinilla Barrios, certifica que “... la página 12E de la Sección La Ciudad de El Tiempo del 26 de junio - 90, circuló únicamente en la ciudad de Bogotá, en razón a que ésta es de circulación local”.

Estas certificaciones, incorporadas legalmente al proceso, y debidamente ratificadas, según consta a folios 174 y 188, demuestran que las secciones La Ciudad del diario El Tiempo y La Guía del periódico El Espectador, de las ediciones publicadas el 26 de junio de 1990, circularon únicamente en la ciudad de Bogotá, por lo que, demuestran igualmente que el edicto publicado en las páginas 12E y 5E de tales secciones, no pudo ser conocido en la circunscripción electoral del departamento del Cesar.

Lo anterior llevaría a la conclusión de que el demandante no probó la publicación de los edictos dentro del término de veinte (20) días, como lo dispone el numeral 4° del artículo 233 del CCA Sin embargo, en el expediente, cuaderno N° 1-A, aparecen ejemplares de ediciones de los citados periódicos, correspondientes al martes 26 de junio de 1990, que fueron aportados como prueba, por haberlo así dispuesto el Despacho en auto del 6 de noviembre de 1990, auto contra el cual el incidentalista interpuso el recurso de súplica, que finalmente fue rechazado “por improcedente”. Pues bien, en la página 12-A del ejemplar del diario El Espectador y en la página 8-D del diario El Tiempo, con la correspondiente nota de autenticación aparece publicado el edicto de marras.

Así las cosas, el Despacho encuentra una explicación que por simple no deja de ser clara sobre lo ocurrido en este proceso con la comprobación de la publicación del edicto para notificar a los demandados. Es de público conocimiento que los periódicos El Espectador y El Tiempo producen diariamente una edición destinada a circular en esta ciudad capital y otra destinada a circular en el territorio nacional, fuera de la capital de la República. Pero no todos los ciudadanos estamos en capacidad de distinguir una edición de la otra, y por ese motivo el demandante aportó al expediente los ejemplares de la edición que él creyó eran los adecuados para la finalidad anotada; y el Despacho está obligado a presumir la buena fe de quien así obró.

Agregados al proceso, por orden del Despacho, ejemplares de cada una de las ediciones de los mencionados periódicos, destinadas a circular en todo el territorio nacional, en ellas aparece publicado también el edicto fijado para notificar a los demandados en la forma prevista en el numeral 4° del artículo 233 del CCA

Lo anterior significa que la finalidad buscada por el legislador sí se cumplió, y que la circunstancia de haber aportado el demandante ejemplares que no son, de buena fe, porque no hay signo exterior visible que permita distinguir la edición local de la edición nacional, no puede conducir a la afirmación de que no se comprobó oportunamente por aquél el requisito legal de la publicación del edicto en dos diarios de circulación en la respectiva circunscripción electoral, en este caso, la del departamento del Cesar. Está probado que el edicto fue publicado tanto en la edición local como en la edición nacional de los diarios El Espectador y El Tiempo, por lo que forzoso es concluir que el auto admisorio de la demanda se notificó en legal forma a los ciudadanos declarados elegidos por el acto cuya nulidad se pretende en este proceso; y siendo ello así, es también necesario concluir que está garantizado su derecho de defensa. No prospera, en consecuencia, la nulidad propuesta».

(Auto de febrero 18 de 1991. Expediente 0373. Consejero Ponente: Dr. Jorge Penen Deltieure).

_________________________________