Auto 37449 de octubre 19 de 2011

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Sigifredo Espinosa Pérez

Bogotá, D.C., diecinueve de octubre de dos mil once.

Se pronuncia la Corte respecto del recurso de apelación presentado por el señor Joaquín María Parra, reconocido como víctima, en contra de la providencia proferida por la Sala Penal de Tribunal Superior de Bucaramanga (Santander), el 29 de agosto del cursante año, a través de la cual decretó la preclusión de la investigación que solicitó la fiscalía sexta delegada ante esa corporación, a favor de las fiscales seccionales Inés Mercedes Mendoza Mora, Margarita Diana Ramírez Espinel y Claudia Jimena Marín Mora, quienes fueron denunciadas por el primero como posibles autoras de la conducta punible de prevaricato por acción.

Hechos

Son narrados en el proveído impugnado, de la siguiente manera:

“2.1. El 12 de octubre de 2004 falleció el señor Lodwing Oseider Parra Colorado al estrellarse contra la camioneta Chevrolet Luv 1995 conducida por Ever Marino Libreros Berón, en momentos en que transitaban por la paralela a la autopista en Bucaramanga.

2.2. Formulada la denuncia por delitos de homicidio y omisión de socorro y realizadas las diligencias propias de la investigación, la Fiscal Mendoza Mora al calificar el mérito probatorio por medio de resolución del 25 de enero de 2006, precluyó la investigación por la doble conducta, dispuso la entrega definitiva de la camioneta y ordenó expedir copias para investigar el comportamiento delictivo en que pudieron incurrir los policías que concurrieron al lugar, y al parecer, no auxiliaron el lesionado.

2.3. Correspondió esta nueva investigación preliminar a la fiscal Ramírez Espinel, funcionaria que el 27 de septiembre de 2007 se inhibió para iniciar investigación penal en resolución apelada por la defensa (sic)(1) y confirmada por la delegada que, no obstante, ordenó identificar a los agentes de policía de Floridablanca por supuesta omisión de apoyo, contra quienes debería enderezarse la acción.

2.4. Posteriormente, el 12 de marzo de 2009, la fiscal Marín Mora se inhibió de abrir investigación contra los agentes de la Policía, en resolución apelada que la Delegada confirmó.

2.5. Las decisiones anteriores no satisficieron al padre del occiso, Joaquín María Parra, que denunció ante la fiscalía delegada las actuaciones el 12 de abril del año en curso, fiscal que ahora solicita triple preclusión por atipicidad de las conductas y que es la razón de esta providencia”.

Actuación procesal relevante

1. Denunciados los hechos anteriores por el ciudadano Joaquín María Parra, la Fiscalía Sexta delegada ante el Tribunal Superior de Bucaramanga (Santander) inició la respectiva indagación, que culminó con resolución inhibitoria el 14 de marzo de 2011.

Pero, al percatarse de que en el presente trámite era aplicable la Ley 906 de 2004 y no el Código de Procedimiento Penal de 2000, la misma dependencia anuló el proveído inhibitorio, el 6 de mayo siguiente, y ordenó continuar con la investigación, en la que reconoció como víctima al denunciante Joaquín María Parra.

2. El 24 de mayo de 2011, el ente instructor presentó escrito de preclusión ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, invocando, a favor de las tres fiscales denunciadas, el numeral 4º del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, esto es, la atipicidad de los hechos investigados.

2.1. El 7 de julio de este año, la Sala de Conocimiento llevó a cabo la audiencia de preclusión, en la cual el representante de la fiscalía reseñó los pronunciamientos cuestionados y alegó, en términos generales, que no se configuraban los elementos estructurantes del delito de prevaricato por acción.

En particular, señaló que en el proceso adelantado por la fiscal Mendoza Mora, se acreditó que el homicidio fue causado por culpa de la víctima. Su decisión preclusiva, al igual que las resoluciones inhibitorias dictadas por las fiscales Ramírez Espinel y Marín Mora, se ajustaban al cumplimiento del deber legal y se tomaron bajo los postulados de transparencia y autonomía judicial, en los términos del artículo 228 de la Constitución Política; por eso descartó, apoyado en vasta jurisprudencia de la Corte, que fuesen “manifiestamente contrarias a la ley”.

Adicionalmente, para justificar los pronunciamientos inhibitorios con relación al ilícito de omisión de socorro, indicó el funcionario que las heridas padecidas por el motociclista Lodwing Oseider Parra Colorado revistieron tal gravedad, que en el dictamen de medicina legal concluyeron los médicos forenses que era imposible que sobreviviera a ellas y entonces, “aun con ayuda pronta, la idoneidad de esta se tornaba superflua”.

2.2. La solicitud de preclusión fue respaldada por el delegado del Ministerio Público y los defensores de las indiciadas.

Solo se opuso a ella el representante de la víctima, quien partió por aclarar que no tenía ninguna objeción frente a la preclusión por la conducta punible de homicidio culposo, como sí en la concerniente al delito de omisión de socorro, respecto de la cual lamentó que no se hubiesen adelantado las pesquisas necesarias para su esclarecimiento; por esa razón, estimó, la fiscalía no contaba con elementos de juicio suficientes para inhibirse.

Insistió, también, en que los agentes de policía dejaron transcurrir 27 minutos sin atender al lesionado Parra Colorado y por este motivo incurrieron en grave omisión y vulneraron el principio de solidaridad social, lo cual torna responsable al Estado, de conformidad con los artículos 90 y 95 de la Carta.

2.3. Escuchadas las partes e intervinientes, el Tribunal Superior de Bucaramanga aceptó la petición de precluir, mediante providencia del 29 de agosto de la anualidad que avanza, cuya lectura se realizó en audiencia del 6 de septiembre siguiente.

La decisión de primera instancia

Advirtiendo que el análisis sería conjunto para los tres casos, el a quo aseveró, para empezar, que la pretensión de la fiscalía no solo era jurídica, sino que hacía justicia a las fiscales “que a mala hora resultaron denunciadas”.

A continuación, sostuvo que no le asistía la razón al representante de la víctima cuando invocó los artículos 90 y 95 constitucionales, por aludir estos a la justicia administrativa y no a la penal, y porque no es cierto que respecto de la conducta de omisión de socorro no existiese la prueba necesaria para inhibirse, agregando que dicho interviniente nunca especificó las evidencias o elementos materiales probatorios echados de menos.

Contrario a ello, el tribunal estimó que las tres resoluciones tildadas de prevaricadoras poseían el soporte probatorio necesario para decidir de fondo, conjugaban separadamente un razonamiento serio y sólido, estaban motivadas suficiente y debidamente, y no se fundaban en “corazonadas, bravuconadas, arbitrariedades o caprichos”.

Así, luego de disertar sobre la configuración del delito de prevaricato por acción y citar precedente de la Corte sobre el tópico, insistió en que en ninguna de las decisiones cuestionadas se advertían caprichos, arbitrariedades o burdo desconocimiento normativo, como tampoco desgano por el expediente y la prueba.

En particular, de la providencia dictada por la fiscal Mendoza Mora prohijó que hubiese considerado que el hecho fue por culpa de la víctima, y destacó cómo uno de los testigos que llegó a la escena del hecho alrededor de las 7:05 a.m., afirmó que ya no estaba el lesionado.

Y, en cuanto a la conducta punible de omisión de socorro, resaltó que hubiese hecho consideraciones de tipo psíquico para descartar el dolo, elemento subjetivo sin el cual el ilícito no existe.

En lo concerniente a la resolución inhibitoria dictada por la fiscal Ramírez Espinel por la misma infracción, afirmó que se encontraba ajustada a derecho y no podía catalogarse de equivocada, en la medida en que tuvo en cuenta la prueba aportada, basada en los informes de las autoridades. Entre ellas, el protocolo de necropsia, en el que se describen las heridas padecidas por el occiso y se concluye que “No podía sobrevivir” al impacto sufrido, así de manera inmediata hubiese recibido atención médica o trasladado a un centro asistencial.

Además, como dicho comportamiento, de acuerdo a la forma como está regulado en el artículo 131 del Código Penal, sólo se predica respecto de personas vivas o que aún tengan la posibilidad de vida, la prueba científica determina que el mismo no existió, y no por carencia del elemento subjetivo, “sino por imposibilidad material, ontológica”.

Y si dicho pronunciamiento fue revocado en segunda instancia, precisó la Sala de Conocimiento, no fue por algo alusivo a la esencia del ilícito, sino a la falta de identificación de los agentes comprometidos en el suceso.

Finalmente, con relación al proveído inhibitorio proferido por la fiscal Marín Mora, aseveró que no comportaba ilegalidad manifiesta ni error, ya que se fundó en el testimonio de Leonardo Castillo Jiménez, quien escuchó el impacto, concluyó —como todos— que el accidentado estaba muerto, lo vio moverse, requirió el auxilio de los agentes que así lo hicieron, y señaló que entre uno y otro momento apenas pasaron de 10 a 15 minutos.

Con base en lo dicho por este declarante, que no fue refutado por nadie, se puede colegir la ausencia de delito, entre otras cosas porque la funcionaria fiscal lo cotejó con otros elementos de juicio, concluyendo razonablemente que la actuación policial, con la que ni siquiera se puso en peligro el bien jurídicamente tutelado, no era reprochable.

Así, tras insistir en la ausencia de delito y en la falta de soporte fáctico en el discurso del representante de la víctima, el a quo dispuso la preclusión de la instrucción a favor de las indiciadas, y el archivo definitivo del diligenciamiento.

La apelación

1. Aunque el apoderado de la víctima exteriorizó su conformidad con la decisión preclusiva, su representado expresó lo contrario y la impugnó.

En tal medida, el tribunal admitió que en estos eventos primaba la voluntad del último y por ello le concedió el uso de la palabra al señor Joaquín María Parra, quien luego de ser ilustrado sobre el objeto y finalidad de la apelación, de manera confusa dio a conocer el motivo de su disentimiento, indicando que los agentes que declararon en el proceso no fueron los que estuvieron al momento del accidente, razón por la cual acusa a las fiscales denunciadas de no tomar precauciones y basarse en “agentes supuestos”.

Insistió, también, en que el accidente no ocurrió entre las 6:55 y 7 de la mañana, sino entre las 6 y 6:37, lo cual demuestra que hubo 27 minutos de omisión de socorro por parte de “estos señores”.

En sustento de sus asertos, aseguró que el croquis no es exacto y volvió a cuestionar la falta de actividad de las fiscales con miras a ubicar a los agentes, al tiempo que criticó que hubiesen dejado pasar varios años para finalmente decretar la preclusión.

Así, tras insistir en que no aceptaba la determinación de la Sala de Conocimiento, clarificó que su inconformidad se centraba únicamente en lo atinente al delito de omisión de socorro.

2. Provistos del uso de la palabra los no recurrentes, el fiscal del caso y los representantes de la defensa al unísono consideraron que el recurso no había sido sustentado, en la medida en que el apelante, en vez de controvertir la decisión de la Sala, se dedicó a enunciar las razones por las cuales insistía en la configuración de la conducta punible de omisión de socorro, aspecto éste ya superado.

3. El tribunal, por su parte, aunque reconoció la falta de fundamentación de la alzada, se amparó en el “principio de caridad” para estimar válida la argumentación de la víctima. Al efecto, dijo entender su dolor y falta de conocimientos jurídicos, destacando que por lo menos expuso una serie de circunstancias que podrían constituir “un sustento digámoslo relativamente mínimo, así no sea debido”.

En esa medida, concedió el recurso y envió la actuación a esta corporación para los fines correspondientes.

Consideraciones de la Corte

1. Cuestiones previas.

La Corte es competente para conocer de los recursos de apelación que se interpongan en contra de los autos que profieran en primera instancia los tribunales superiores, de conformidad con lo previsto en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004.

En este evento, vale aclarar, se trata de la apelación promovida directamente por la víctima, en contra de la decisión interlocutoria dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, consistente en precluir la investigación adelantada por el delito de prevaricato por acción, en contra de las doctoras Inés Mercedes Mendoza Mora, Margarita Diana Ramírez Espinel y Claudia Jimena Marín Mora, en sus condiciones de fiscales seccionales de esa ciudad.

En aras de un mejor entendimiento del asunto, la Sala precisará el comportamiento que se le endilga a las funcionarias investigadas, para luego abordar lo atinente a la impugnación.

En efecto, la génesis de los procesos en los que se dictaron las tres providencias tildadas de prevaricadoras, se remonta al martes 12 de octubre de 2004, cuando en la ciudad de Bucaramanga ocurrió un accidente de tránsito en el que perdió la vida el señor Lodwing Oseider Parra Colorado, quien conducía una motocicleta que colisionó contra la camioneta Chevrolet Luv conducida por Ever Marino Libreros Berón.

Los hechos anteriores dieron origen a la investigación penal adelantada por la Fiscalía 29 Seccional de esa ciudad en contra de Libreros Berón, a quien le fueron imputadas las conductas punibles de homicidio culposo y omisión de socorro.

Dicho proceso, iniciado el 27 de octubre de 2004, culminó el 25 de enero de 2006 cuando al calificarse el mérito probatorio del sumario, la fiscal 29 seccional de Bucaramanga, doctora Inés Mercedes Mendoza Mora, dispuso la preclusión de la investigación a favor de Libreros Berón “por los punibles homicidio en accidente de tránsito y omisión de socorro”, y ordenó compulsar copias “para que por separado se investigue la conducta en que pudieron incurrir las autoridades de policía y tránsito que arribaron al lugar de los hechos, tal como se expresó en la parte motiva de esta resolución”.

La misma dependencia fiscal, en cumplimiento a lo dispuesto en su proveído calificatorio, inició investigación previa el 21 de febrero de 2006, con el fin de determinar lo atinente al delito de omisión de socorro.

Luego, el 21 de febrero de 2006, tras considerar que no estaban individualizados los autores del hecho y que el mismo no configuraba delito alguno, esa Fiscalía, para ese entonces regentada por la doctora Margarita Diana Ramírez Espinel, dictó la resolución inhibitoria que el 26 de marzo de 2008 fue revocada por el superior funcional, el cual ordenó que se continuara con la investigación, con el fin de individualizar e identificar a los agentes que intervinieron en el procedimiento generado a raíz del accidente vehicular en el que perdió la vida Parra Colorado.

Lo anterior dio lugar a una nueva indagación preliminar, que aunque iniciada por el mismo despacho el 22 de abril de 2008, la finiquitó la Fiscalía 11 Seccional de ese municipio, a cargo de la doctora Claudia Jimena Marín Mora, quien dictó resolución inhibitoria el 12 de marzo de 2009, al estimar, definitivamente, que no se estructuró el ilícito de omisión de socorro.

En cada uno de los tres trámites fue reconocido como víctima el señor Joaquín María Parra, padre del occiso Lodwing Oseider Parra Colorado, quien en el curso de los mismos sentó su voz de protesta por las decisiones adoptadas y presentó múltiples denuncias y quejas en contra de los diferentes funcionarios que por uno u otro motivo estuvieron relacionados con las diligencias, ante diversas autoridades nacionales y regionales, tales como esta corporación, Corte Constitucional, vicepresidencia de la República, ministerios de Defensa Nacional y del Interior y de Justicia, Procuraduría General de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Salas Administrativa y Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, y Grupo de Control Disciplinario de la Policía Nacional.

De igual modo, elevó varias reclamaciones ante la Fiscalía General de la Nación, en una de las cuales denunció penalmente a las fiscales Inés Mercedes Mendoza Mora, Margarita Diana Ramírez Espinel y Claudia Jimena Marín Mora por el delito de prevaricato por acción.

Dicha denuncia, entonces, fue la que suscitó el presente trámite en el que, conforme se consignó en el resumen del decurso procesal, fue igualmente reconocido como víctima y, en tal condición, apeló la decisión preclusiva dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, por solicitud de la Fiscalía Sexta delegada ante ese Colegiatura, la cual invocó la causal 4º del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, alusiva a la atipicidad de los hechos investigados.

2. La legitimidad de la víctima para interponer y sustentar directamente el recurso de apelación, en contra del auto que decide la preclusión de la investigación.

En el marco del sistema penal acusatorio regulado por la Ley 906 de 2004, la Sala se ha pronunciado en varias ocasiones frente a la posibilidad que tiene la víctima de interponer y sustentar directamente el recurso de apelación en contra del auto preclusivo, cuando no ostenta la condición de abogado, tal y como ocurre en el presente evento, en el que, adicionalmente, se adolece de falta de una debida argumentación.

A continuación, entonces, se hará una reseña en la que se indicará claramente cómo ha evolucionado la jurisprudencia de la Corte en torno a esta temática, resaltando las diversas posturas hasta aceptar, finalmente, no solo que sí es posible que la víctima, así no sea profesional del derecho, ejerza directamente el contradictorio, sino también que incluso es factible superar los defectos de fundamentación de la alzada.

2.1. En el auto de segunda instancia del 9 de diciembre de 2010 (rad. 34.782), la Sala ratificó el concepto de víctima a la luz de la Ley 906 de 2004 y determinó que ostentaba la prerrogativa de impugnar la preclusión de la instrucción.

Sobre el primer tópico, trajo a colación precedentes de la Corte Constitucional y de la propia corporación para insistir en que de acuerdo a lo previsto en el artículo 132 de la citada normatividad, víctima es (i) la persona natural o jurídica (ii) que ha sufrido un daño, (iii) individual o colectivo, (iv) como consecuencia del delito. A su turno, el daño debe ser (i) real y concreto y (ii) no necesariamente de contenido patrimonial.

De igual forma, la Sala consideró que

“la intervención del titular de la acción civil dentro del proceso penal puede estar determinada por su interés en la verdad, la justicia y la reparación, sin que la pretensión ajena al ámbito exclusivamente patrimonial torne ilegítima su condición de sujeto procesal o imposibilite su intervención en el trámite, siempre que subsistan los dos o uno de los restantes intereses y se demuestre el daño concreto respecto de ellos, que justifiquen su presencia dentro de la actuación penal(2).

En síntesis, para acceder al reconocimiento como víctima dentro del proceso penal actual no basta con pregonar un daño genérico o potencial; además, es preciso señalar el daño real y concreto causado con el delito, así se persigan exclusivamente los objetivos de justicia y verdad y se prescinda de la reparación pecuniaria”.

Bajo ese entendido, no se discute la condición de víctima por parte del denunciante y ahora apelante Joaquín María Parra, quien no solo fue reconocido como tal en los tres trámites penales que se adelantaron a raíz de los hechos en los que perdió la vida su hijo, sino también en el presente, desde que fue asumido por la fiscalía instructora, hasta la audiencia de preclusión ventilada ante la Sala de Conocimiento.

Ahora bien, retomando lo consignado en el auto del 9 de diciembre de 2010, también allí la Corte señaló que no había duda sobre la prerrogativa ostentada por las víctimas, de impugnar la sentencia absolutoria “y, de contera, la preclusión de la investigación, pues la misma les fue reconocida mediante sentencias C-004 de 2003 y C-047 de 2006 de 2007 de la Corte Constitucional”.

Sin embargo, al abordar el estudio de ese caso concreto, aseveró que en tratándose de personas a quienes se les ha reconocido la calidad de víctimas, en punto de su intervención en audiencias donde se adopten decisiones como la preclusión de la investigación, debía indicárseles la necesidad de designar apoderado que las represente y si, eventualmente, manifiestan la imposibilidad de sufragar los costos de un abogado y así se verifica, se les deberá designar un profesional adscrito a la defensoría pública.

Ello, por cuanto

“…[e]l acceso de la víctima al proceso penal debe ser efectivo y no meramente formal, tal como lo ordena el artículo 229 de la Constitución Nacional, razón por la cual la garantía de igualdad de condiciones comporta el ejercicio material de las prerrogativas que les han sido reconocidas.

En este sentido, nótese cómo desde la investigación la víctima puede perseguir la verdad, la justicia y la reparación. Así mismo, en esa fase pueden adoptarse determinaciones de carácter jurídico lesivas para sus intereses, las cuales, por su carácter técnico, sólo podrían ser controvertidas de manera efectiva por personas versadas en derecho, verbigracia, la aplicación del principio de oportunidad, la celebración de acuerdos y preacuerdos, la solicitud de medidas cautelares, la preclusión de la investigación, entre otras.

Si ello es así, resulta contrario al acceso judicial efectivo de las víctimas permitir que se enfrenten a situaciones tan complejas como la sustentación de un recurso de apelación sin la representación de un abogado.

Aún más, por regla general dentro del ordenamiento jurídico colombiano, las partes deben acudir a los procesos representados por abogado; por excepción y en los casos expresamente previstos en la ley se puede actuar sin tal representación”.

En suma, de la decisión proferida en el radicado 34.782 se desprende claramente que la víctima (i) debe ser previamente reconocida como tal, (ii) puede apelar el auto de preclusión y, ante esa eventualidad, (iii) debe estar asistido por profesional del derecho, ya sea porque lo nombre directamente o porque se le designe uno adscrito a la defensoría pública.

2.2. En el auto del 23 de febrero de 2011 (rad. 35.678), la Sala, al conocer nuevamente de un recurso de apelación promovido directamente por la víctima en contra del proveído preclusivo, aprovechó la oportunidad para ocuparse de la naturaleza del mismo, del tratamiento que debe dar la judicatura a las discrepancias que surjan entre la víctima y su representante técnico, y de los requisitos de la sustentación del recurso de apelación.

Con relación al primer tópico, reiteró su jurisprudencia anterior, según la cual, la decisión que decreta la preclusión de la instrucción no tiene el carácter de fallo(3) sino de auto, motivo suficiente para que su apelación deba ser sustentada en la misma audiencia pública, al tenor de lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010.

En lo concerniente al segundo punto, referido a las discrepancias entre la víctima y su representante, la Corte consideró que no era viable aplicar analógicamente el artículo 130 del Código Procesal Penal de 2004, el cual señala que “de mediar conflicto entre las peticiones o actuaciones de la defensa con las del imputado o procesado prevalecen las de aquella”.

En efecto, además de recabar sobre los derechos de las víctimas y su intervención en el marco del sistema acusatorio penal, esto consignó sobre el particular:

“A diferencia de lo regulado sobre las discrepancias del defensor y el imputado, no existe norma procesal que dirima las divergencias que se puedan presentar entre la víctima y su abogado. Por este motivo la decisión que adopte el Juez penal ante una diferencia como ésta debe sustentarse en la garantía de los derechos constitucionales y legales de la víctima, previo análisis del contexto específico de cada audiencia y estudio de las particularidades del respectivo caso.

Ha reiterado la jurisprudencia de la corporación la importancia que ha adquirido el derecho de las víctimas en el proceso criminal al subrayar que existe un marco jurídico que reconoce a éstas no solamente los daños que le ocasione el delito, sino también la protección integral de sus derechos a la verdad y la justicia para garantizar el principio de la dignidad humana. La Corte Constitucional ha declarado la exequibilidad de numerosas normas de la Ley 906 de 2004 de manera condicionada, en el entendido de que la mayoría de las garantías de los imputados se extiendan a las víctimas, de tal forma que las prerrogativas de éstas ocupan un lugar destacado en el proceso penal y su papel no se limita a la obtención de un resarcimiento de índole económica.

Bajo el anterior marco jurisprudencial, debe resolver el juez penal los conflictos que surjan entre la víctima y su representante técnico, teniendo en cuenta que la actuación de las personas afectadas con el delito, en el nuevo modelo de investigación y juzgamiento está explicada por el imperativo de hacer efectivas sus prerrogativas a conocer la verdad de lo sucedido y a obtener de manera expedita la correlativa justicia material. El funcionario está en la obligación de hacer un análisis pormenorizado y específico de cada una de las discrepancias aludidas y resolverlas siguiendo el norte constitucional reseñado, para determinar, cuál criterio debe primar, lo cual excluye la aplicación analógica del artículo 130 de la Ley 906 de 2004 al conflicto mencionado. Enfatiza la Sala que los problemas jurídicos que se susciten sobre el particular exigen la contemplación de las características del proceso correspondiente, premisa que excluye una solución general, abstracta y uniforme en todas las actuaciones penales.

Así las cosas, en el caso examinado acertó el a quo al definir, frente al conflicto surgido entre Ramírez Arboleda y su apoderado, que prevalecía el criterio de la víctima”.

Por estas razones, la Corte avaló que el a quo, frente a la discrepancia presentada entre la víctima y su defensor de cara a la apelación de la providencia preclusoria, hubiese dado curso al trámite de la impugnación formulada por el primero, permitiéndole así oponerse a la pretensión de la fiscalía, dentro de la perspectiva constitucional vigente.

Estos es, hizo prevalecer los criterios de la víctima en contradicción con los de su representante, garantizándole así sus derechos constitucionales como persona afectada con la presunta conducta delictiva, pues, de haber aplicado analógicamente el artículo 130 de la Ley 906 de 2004, no habría tenido la oportunidad de expresar sus criterios sobre el tema discutido y de acceder al tribunal de cierre de la jurisdicción ordinaria para que se pronunciara en relación con lo que originó su disentimiento.

No obstante lo anterior, opinó la Sala al asumir el estudio del tercer punto, el respeto por los derechos de la víctima y la prevalencia de su criterio sobre el de su defensor, no eximían al apelante del cumplimiento de los requisitos de forma y fondo inherentes a la sustentación del recurso de apelación.

En ese orden de ideas, se apoyó en el contenido del artículo 90 de la Ley 1395 citada, alusiva a la debida sustentación del recurso, para insistir en que es esta una exigencia legal que no se cumplía con la simple manifestación de oposición o inconformismo frente a la decisión y, por el contrario, exigía una mínima formalidad en la exposición de motivos y argumentos que propugnaran por la revocatoria o modificación de la providencia cuestionada.

Al efecto, trajo a colación pronunciamiento anterior sobre el tópico, para luego sostener que:

“La impugnación es la herramienta de carácter constitucional que tienen las partes para controvertir la legalidad de la providencia emitida. Por este motivo, el recurrente debe ser claro y coherente al expresar las razones por las cuales considera que la decisión cuestionada no se ajusta a las normas procesales o sustantivas en las que se debe fundamentar. Cualquier otra expresión o manifestación del recurrente que no esté dirigida a demostrar esta inconsistencia legal, no puede considerarse como sustento de la impugnación. Ello no implica necesariamente el uso de un lenguaje técnico, sobre todo cuando el recurrente no es abogado, como que basta la expresión de los argumentos de oposición presentados en forma clara y comprensible”.

Como en ese evento la víctima optó por presentar y sustentar ella misma el recurso de apelación en contra de la providencia de preclusión, pero se abstuvo de cumplir con las exigencias legales para su fundamentación, la Corte declaró desierta la alzada, en la medida en que no hubo una censura concreta a la legalidad y acierto del auto apelado, lo cual le impedía confrontar las causales de inconformidad del recurrente con el contenido del proveído respectivo y, por ende, desatar el recurso.

En síntesis, de lo decidido en el radicado 35.678, se tiene que (i) se ratifica que la decisión de preclusión es auto y no sentencia, (ii) las discrepancias entre la víctima y su representante deben resolverse a favor de la primera, (iii) puede ella, por tanto, apelar directamente el auto de preclusión, (iv) aunque al efecto deba cumplir con los rigores de fundamentación del recurso, so pena de que el mismo sea declarado desierto.

Como en el caso anterior, la Corte mantuvo incólume la facultad de la víctima de apelar directamente la decisión preclusoria, pero dejó de lado la exigencia de que para tal efecto tuviese que estar asistida por un profesional del derecho que se encargase de su sustentación.

De esa forma, al no ostentar la victima la condición de abogado, corría el riesgo de que su argumentación no fuese adecuada ni suficiente, conduciendo la misma, indefectiblemente, a que se declarara desierta su impugnación.

Ello fue matizado por la Sala en auto reciente, al cual se hará referencia a continuación.

2.3. En efecto, en el auto del 21 de septiembre de 2011 (rad. 36.852), resolviendo un caso similar a los anteriormente mencionados, la Corte volvió a aludir a la legitimidad de la víctima para impugnar el auto de preclusión.

En dicho asunto, el abogado que asistía a la víctima renunció a su mandato en el curso de la audiencia de preclusión, la que no obstante se llevó a cabo, toda vez que aquella manifestó que no lo requería.

La Sala estimó irregular esa situación, porque si bien es cierto que el artículo 229 de la Constitución Política defiere a la ley determinar los casos en que una persona puede acceder a la administración de justicia y actuar en causa propia, es decir, sin representación de un abogado, no podía entenderse que en tan trascendental diligencia, la víctima, sin ostentar esa calidad, pudiera actuar directamente.

En concreto, esto aseveró:

“En efecto, de acuerdo con el artículo 137-3 de la Ley 906 de 2004, para el ejercicio de sus derechos, no es obligatorio que las víctimas estén representadas por un abogado, salvo a partir de la audiencia preparatoria, de donde el a quo concluyó que en este caso donde ni siquiera se ha formulado imputación, la víctima estaba autorizada para actuar directamente, esto es, sin asistencia de un profesional del derecho o estudiante de consultorio jurídico. Considera la Sala que, dada la trascendencia de la audiencia de preclusión en la cual se pretende poner fin a la actuación con lo cual se enervarían algunos de los derechos de la víctima, sí resultaba oportuna y necesaria la asistencia por parte de un profesional del derecho…”.

Sobre todo en ese caso, agregó la Sala, en el que la fiscalía anunció el tratamiento de aspectos muy técnicos, propios de las causales invocadas, que no podían ser del manejo de una persona sin formación jurídica.

Esa situación, desde luego, trajo como resultado una pobre argumentación por parte de la víctima apelante, que en últimas la Corte decidió pasar por alto, anotando:

“No obstante lo anterior, la Sala procederá a pronunciarse sobre las inquietudes planteadas por el denunciante Romero Chaves, y que constituyen el núcleo de su expresado disenso, dando prevalencia al derecho sustancial como lo manda el artículo 228 constitucional, siendo indiscutible la inconformidad del recurrente con la preclusión decretada y su voluntad de que fuese revisada por una instancia superior”.

Esta decisión, que en principio pareciera contradecir lo resuelto en las anteriores ocasiones, no lo hace, en la medida en que una cosa es que haya discrepancia entre la víctima y su defensor y otra muy distinta es la ausencia absoluta del último, que es, precisamente, lo ocurrido en ese evento, en el que la Sala decidió resolver la alzada superando los defectos de fundamentación, para decidir de fondo sobre la preclusión recurrida.

Armonizando todo lo anterior, se tiene entonces que (i) la víctima puede apelar directamente la decisión de preclusión, (ii) independientemente de que coincida con el criterio de su defensor, (iii) aunque si decide hacerlo está obligada a cumplir con la carga argumentativa, so pena de que se declare desierto el recurso, (iv) a menos que durante la audiencia no esté representado por profesional del derecho, caso en el cual puede admitirse la apelación.

3. El caso concreto.

Hechas las anteriores precisiones, en el estudio del caso concreto, la Corte concluye que:

(i) El señor Joaquín María Parra fue reconocido como víctima durante el presente trámite, tal como lo fue en las investigaciones que adelantaron las fiscales denunciadas, doctoras Inés Mercedes Mendoza Mora, Margarita Diana Ramírez Espinel y Claudia Jimena Marín Mora.

(ii) En esa condición, el señor Joaquín María Parra fue convocado a la audiencia de preclusión, en la que estuvo asistido por miembro activo del consultorio jurídico de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga.

(iii) Durante la audiencia de preclusión, llevada a cabo el 7 de julio 2011, la fiscalía invocó la causal 4ª del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, esto es, la atipicidad de los hechos investigados.

(iv) La solicitud de preclusión fue respaldada por el delegado del Ministerio Público y los defensores de las fiscales indiciadas, pero no por el representante de la víctima, quien se opuso a ella, advirtiendo que las investigaciones adelantadas por el delito de omisión de socorro(4) no contaban con suficientes elementos de juicio para decretarla.

(v) La Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga aceptó la petición preclusiva, mediante auto del 29 de agosto de ese año.

(vi) En audiencia de lectura celebrada el 6 de septiembre siguiente, el delegado del Ministerio Público, los defensores de las fiscales investigadas y el representante de la víctima, manifestaron su aquiescencia con lo decidido por el tribunal.

(vii) Sólo la víctima se mostró inconforme con la decisión preclusiva, exteriorizando su deseo de impugnarla.

(viii) Ante la disparidad de criterios entre la víctima y su representante en lo tocante a la apelación del auto de preclusión, la Sala de Conocimiento aplicó el precedente de la Corte del 23 de febrero de 2011 (rad. 35.678), en virtud del cual hizo primar la voluntad de la primera.

(ix) La sustentación del recurso por parte de la víctima fue confusa y precaria, en la medida en que no atacó los fundamentos de la providencia preclusoria, sino que se limitó a criticar, de manera muy genérica, la prueba testimonial y documental que fue el soporte de las resoluciones de preclusión e inhibitorias dictadas por las fiscales denunciadas, a las que igualmente reprochó por su falta de actividad.

Dejó claro, en todo caso, que no compartía lo resuelto en torno a la conducta punible de omisión de socorro, para lo cual reiteró que los hechos no ocurrieron a la hora determinada por las funcionarias.

(x) Al ser provistos del uso de la palabra como no recurrentes, el delegado del Ministerio Público y los defensores de las indiciadas coincidieron en afirmar que no había sido sustentado, toda vez que el apelante, en vez de controvertir la decisión de la Sala, se dedicó a enunciar las razones por las cuales insistía en la configuración de la conducta punible de omisión de socorro, aspecto éste ya superado.

(xi) El tribunal reconoció esa falta de fundamentación de la alzada, pero se amparó en el “principio de caridad” para estimar válida la argumentación de la víctima, pues, entendía su dolor y falta de conocimientos jurídicos, destacando que por lo menos expuso una serie de circunstancias que podrían constituir “un sustento digámoslo relativamente mínimo, así no sea debido”.

(xii) Para la Corte, no hay duda alguna de que la víctima se abstuvo de cumplir con las exigencias legales para la fundamentación del recurso de apelación, en la medida en que no hubo una censura concreta a la legalidad y acierto del auto apelado. De esta manera, resulta imposible confrontar las razones de su inconformidad con el contenido del proveído y, por ende, desatar el recurso.

Es que, vale aclarar, unas son las razones que tuvieron las servidoras judiciales investigadas para declarar que no se estructuraba el delito de omisión de socorro, y otras muy diferentes las invocadas por el a quo para precluir la instrucción adelantada en contra de ellas por un probable delito de prevaricato por acción.

La víctima apelante, a no dudarlo, circunscribió su ya de por sí precaria sustentación del recurso al primer aspecto, el cual es ajeno al tema penal debatido y en contraste omitió por completo el segundo, ligado directamente a la discusión jurídica propia de la audiencia de preclusión. Esa circunstancia, se reitera, impide a la Corte conocer los aspectos del pronunciamiento atacado de los que se predica el agravio y le imposibilita, por consiguiente, para resolver el recurso.

En este orden de ideas, conviene recordar que sobre la carga de argumentar el recurso de apelación, en reiteradas ocasiones la Sala ha precisado que(5):

“Si bien el derecho fundamental al debido proceso de que trata el artículo 29 de la Carta se concibe como un conjunto de reglas y principios a los que debe someterse la acción del Estado, de modo que ésta no resulte arbitraria, no menos cierto es que la intervención y actividad de los sujetos procesales y de terceros tampoco queda a la discrecionalidad de los mismos, pues es claro que varios de los elementos que hacen parte de dicha garantía, dada su estructura lógica, admiten limitaciones o condicionamientos que no tienen finalidad distinta que la de garantizar su vigencia y asegurar el equilibrio de los diversos intereses que se confrontan en el ámbito del proceso.

Así, siendo que el proceso penal, según lo señaló la Sala en decisión del 15 de marzo de 1.999 con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Eduardo Mejía, es, en esencia, un escenario de controversia, a través del cual el Estado ejercita su derecho de investigar, juzgar y penar las conductas prohibidas por el ordenamiento jurídico, no obstante lo cual, esa actividad, en virtud del principio de legalidad, no puede desarrollarse de manera arbitraria, es a la vez incuestionable que su adelantamiento se encuentra sometido a un conjunto de reglas determinadas por el legislador a las que también deben someter su actividad los sujetos procesales y los funcionarios judiciales” (rad. 18619, segunda instancia. 19 de noviembre de 2002, M.P. Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote).

En el caso que ocupa la atención de la Sala, el impugnante no cumplió con la carga de señalar en concreto las razones de su inconformidad con la providencia recurrida, ya que en la primera parte de su escrito se limita a afirmar, genéricamente, que la funcionaria judicial debió ser condenada, al haber transgredido gravemente la ley penal, y que su comportamiento fue doloso, sin ni siquiera percatarse que fue absuelta por ausencia de tipicidad normativa, como quiera que el tribunal consideró que las decisiones tomadas “si bien hipotéticamente” podrían ser contrarias a la ley no lo eran de manera ostensible, sin que el apelante hubiera dedicado un solo renglón a exponer porqué, en su criterio, sí lo eran.

En la última parte simplemente remite a los argumentos expuestos por el fiscal y la agente del Ministerio Público en el acto de la audiencia pública, como si ellos no hubieran sido analizados y no compartidos en la sentencia impugnada.

En otros términos, remitirse a lo expresado con antelación a la providencia que se recurre, no puede considerarse como sustentación, teniendo el recurrente el deber de indicarle a la Sala, si estimaba que tales sujetos procesales tenían razón, los motivos concretos y precisos por los cuales han debido ser compartidos y, por lo tanto, por qué el tribunal se equivocó”.

Todo lo anterior es válido en tratándose de la sistemática acusatoria implantada por la Ley 906 de 2004 que se aplica en este evento, en la que la carga procesal de argumentar inicialmente cambió de escenario, pues, con su entrada en vigencia se llevaba a cabo en la segunda instancia, pero con ocasión de la expedición de la Ley 1395 de 2010, ahora debe realizarse de frente al funcionario de primer grado, ante el cual el recurrente tiene el deber de exponer los fundamentos de su disenso, presentándose en esa sede un verdadero debate.

Y al efecto, precisa la Sala, no es que se reclame del impugnante una específica técnica o el seguimiento estricto de líneas argumentales, sino que, cuando menos, para que se entienda una verdadera controversia, al apelante le corre la obligación de señalar en concreto las razones del disenso con lo decidido, para cuyo efecto, huelga anotar, el objeto sobre el cual debe recaer su discurso no puede ser otro diferente a la providencia misma.

No sobra recordar, en este sentido, que independientemente de la mayor, menor o nula formación jurídica del apelante, lo exigido es establecer con claridad, a través de la correspondiente exposición de premisas fácticas y jurídicas, una mejor solución a la planteada por el funcionario, o determinar el yerro en el que incurrió este.

El que se trate, el recurrente, de la víctima, no faculta pasar por alto tan precisas exigencias, ni mucho menos, otorga una especie de habilitación para que en segunda instancia —dentro de un supuesto principio de “caridad”, por completo ajeno a lo que las exigencias legales postulan—, el funcionario judicial aborde el conocimiento del asunto, como si se tratase de una suerte de consulta del fallo y no de la impugnación del mismo, entre otras razones, porque si se asume, digamos, de oficio, la tarea de verificar la integridad de lo decidido, ante la impropiedad o vaguedad de la crítica, no solo se vulnera de manera profunda el principio de imparcialidad, sino que se pasa por alto el de competencia, visto que precisamente la legitimidad del pronunciamiento del ad quem, viene dada por las razones del disenso y lo íntimamente ligado a ello.

Ello, para lo debatido, porque esa “caridad” pregonada por el tribunal resulta por completo inoficiosa o innecesaria, dado que la víctima, se resalta, estaba acompañada de defensor idóneo, quien con sus conocimientos técnicos advirtió la impropiedad de la apelación. Entonces, si en contra del consejo autorizado del profesional del derecho encargado de asistirla, la víctima estima necesario apelar, lo menos que puede exigírsele es que lo haga de manera clara y precisa, señalando el yerro de la decisión que controvierte, dado que ninguna desprotección puede pregonarse existir en su caso y para que, finalmente, la impugnación comporte un mínimo de seriedad y respeto a parámetros básicos.

RESUELVE:

DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación presentado por la víctima, en contra del auto de preclusión dictado por el Tribunal Superior de Bucaramanga el 29 de agosto de 2011, a favor de las fiscales Inés Mercedes Mendoza Mora, Margarita Diana Ramírez Espinel y Claudia Jimena Marín Mora, quienes fueron denunciadas como posibles autoras de la conducta punible de prevaricato por acción.

(1) Dicho proveído, vale aclarar, fue apelado por el representante del Ministerio Público y no por la defensa como equivocadamente consigna el tribunal.

(2) Cfr. Providencia del 10 de agosto de 2006, radicación 22289.

(3) Como erradamente parece considerarlo el magistrado ponente del asunto, quien en varias oportunidades, se constata en los registros escuchados, se refiere a la misma como “fallo”.

(4) En efecto, tanto el representante de la víctima, como ella misma, señor Joaquín María Parra, dejaron claro desde el comienzo que su oposición se centraba única y exclusivamente en lo resuelto respecto de la conducta punible de omisión de socorro, marginando del debate lo decidido en lo concerniente al ilícito de homicidio culposo.

(5) Auto del 16 de enero de 2003, radicado 18.665.