Auto 37696 de febrero 8 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 31.

Magistrado Ponente

Dr. Sigifredo Espinosa Pérez

Bogotá, D.C., ocho de febrero de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Los argumentos esbozados por los defensores de Teresa de Jesús Vivas de Rodríguez, Gloria Inés Ríos de Aguirre y Ruth Villa Ramírez realmente no atacan las razones de fondo que llevaron a la Sala a negar la prescripción de la acción penal por el delito de peculado por apropiación imputado a sus representadas, pues se limitaron a reclamar por la aplicación de la diminuente punitiva contemplada en el inciso 3º del artículo 30 del Código Penal, para la contabilización de los términos de prescripción, reiterando que con base en ella la pena máxima a imponer ascendía a 135 meses de prisión, lapso de prescripción que en el juicio sólo corría por la mitad.

Pero en esa argumentación dejan de lado que de manera clara la Sala expresó que la disminución del artículo 30 que se reconoció a los procesados determinadores del peculado por apropiación, por ser contraria a la debida sustancialidad, no vinculaba para la contabilización del término de prescripción, porque los efectos de esa equivocación no podían trascender más allá de lo ya consolidado, que precisamente se reflejó en la dosificación punitiva benéfica establecida en la sentencia y que no desconoció la Corte en salvaguarda del principio de no reformatio in pejus.

Los censores tampoco refutan el segundo argumento central de la tesis de la Sala, según el cual los ejercicios de contabilización de los términos de prescripción y de dosificación de la pena a imponer de manera particular, demandan la consideración de elementos completamente diferentes, como diferenciables son los objetos de cada uno de tales actos procesales.

El primero obliga a la consideración del “máximo de la pena fijada en la ley” para el delito investigado o juzgado, porque se trata de una institución en virtud de la cual el Estado cesa su potestad punitiva por el trascurso del tiempo. Como es una sanción por la inactividad estatal, la consideración de los términos debe someterse estrictamente a los parámetros que para el caso particular fija la ley, pues de lo contrario se afectarían gravemente postulados mínimos de justicia.

En cambio, la tasación de la pena, si bien exige el respeto de los parámetros legales, en muy pocos casos su fijación lleva a la imposición de la máxima sanción establecida en la norma, porque allí entran en juego otros aspectos particulares del caso y de los fines de la pena, que no se consideran en el primer evento y que llevan incluso a la imposición de penas distintas en su monto, frente a una misma conducta punible.

Se reitera así que, tratándose de ejercicios completamente diversos en sus fines y objetos, no puede pretenderse, como lo alegan los recurrentes, que los errores cometidos por el juzgador en la dosificación punitiva para el caso particular, modifique los términos concedidos al Estado para la persecución penal, porque en su consideración sólo es posible mirar la pena máxima fijada en la ley y no la pena determinada por el juez en el caso particular, con base en consideraciones no autorizadas en ella.

En cuanto a las alegaciones vertidas por la defensora de Nelsy Leonor Valdés y Nora Isabel Osorio Vega, destaca la Sala, en primer lugar, el equívoco en que incurre cuando asimila el término de prescripción con el de la pena impuesta, esto es, 60 meses, pues ya se explicó que no sólo se trata de dos ejercicios completamente diversos, sino que es la misma ley —artículo 83 del Código Penal— la que dispone que la acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la norma y no igual al máximo de la pena fijada en la sentencia.

En segundo lugar, para responder otras inquietudes de la recurrente, se reiteran las explicaciones vertidas sobre la imposibilidad legal de que al “determinador” de un delito funcional se le reconozca la rebaja del “interviniente” cuando su actuación no es asimilable con la del autor o coautor material del delito, única forma donde cobra importancia la cualificación jurídica de funcionario público, sin que en la figura del mencionado inciso 3º del artículo 30 del Código Penal, pueden englobarse otras formas de participación que no exigen las condiciones especiales, como es el caso de los determinadores y cómplices, en la medida en que el primero no ejecuta de manera directa la conducta y el segundo tiene apenas una participación accesoria, siendo irrelevante, en ambos eventos, que tenga o no la condición de funcionario público.

Este, dijo la Sala, es un aspecto ampliamente decantado en la jurisprudencia, razón por la cual no puede desconocerse sin argumentos válidos para ello.

Y si, como allí también se reseña, esa rebaja punitiva no tenía respaldo legal para su aplicación en el caso debatido, donde la imputación por el delito de peculado por apropiación lo fue a título de determinación, no puede pretenderse que la misma se considere en la contabilización de los términos de prescripción, porque es la propia Carta Política la que dispone que los jueces en sus decisiones sólo estén sometidos al imperio de la ley.

Como la ley aplicable al caso no autoriza esa rebaja, la misma no puede regular nada distinto a lo ya consolidado, que fue precisamente la tasación de la pena a imponer a cada uno de los condenados, en la que, con los ajustes pertinentes, se mantuvo incólume ese incorrecto reconocimiento, respetándose así el principio de no reformatio in pejus, por lo que tampoco asiste razón a la recurrente cuando acusa violado este principio en la decisión impugnada.

Por lo demás, es cierto que para efectos de la prescripción no pueden recibir igual trato el sujeto activo cualificado del tipo penal de peculado y el copartícipe sin esa cualificación, pero tal aspecto se previene con la sola observancia de la regla contenida en el inciso 5º del artículo 83 del Código Penal, según la cual el término de prescripción debe aumentarse en una tercera parte al servidor público que en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con ocasión de ellos realice una conducta punible o participe en ella, norma que garantiza un trato más severo para un participe con tales características, frente al que no las reúne.

En suma, no se repondrá la decisión impugnada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

NO REPONER la providencia de fecha 7 de diciembre de 2011, por las razones aducidas en las precedentes consideraciones.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»