Auto 37839 de diciembre 12 de 2011

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE INSTRUCCIÓN

Proceso 37839

Magistrado ponente:

Dr. Augusto J. Ibáñez Guzmán

Aprobado Acta 436

Bogotá, D.C., doce de diciembre de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

1.1. Con arreglo a lo dispuesto por los artículos 235-3 de la Constitución Política y 75-7 de la Ley 600 de 2000 la Sala es la llamada a investigar la presunta actuación ilícita a cargo del representante a la cámara Jaime Armando Yepes Martínez.

Según constancia expedida por el señor secretario de la Cámara de Representantes, el presunto implicado se encuentra vinculado al cuerpo legislativo desde el 20 de julio de 2010. Entonces, ha de concluirse, que el citado parlamentario funge como miembro actual del Congreso de la República.

1.2. De igual forma se advierte, que en estricto acatamiento a la Sentencia C-545 de mayo 28 de 2008 emanada de la Corte Constitucional, referente a la separación de las funciones de instrucción y juzgamiento en los procesos adelantados contra los miembros del Congreso de la República, y en aras a respetar plenamente dicha garantía, se dispone el adelantamiento de las presentes diligencias por parte de la Sala de instrucción conformada por tres magistrados conforme se dispuso en el Acuerdo 1 de 2009 proferido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.

2. El cargo.

2.1. Se concretaría en determinar si se presentó quebrantamiento a la ley penal por parte del señor representante a la cámara, doctor Jaime Armando Yepes Martínez, al hacer público en la entrevista rendida a una cadena radial de Ibagué su participación política en los comicios del pasado mes de octubre.

Entonces, se tiene, que estos presuntos hechos encontrarían su adecuación típica en el delito de intervención en política de que trata el artículo 422 de la Ley 599 de 2000:

“... El servidor público que ejerza jurisdicción, autoridad civil o política, cargo de dirección administrativa, o se desempeñe en los órganos judicial, electoral, de control, que forme parte de comités, juntas o directorios políticos, o utilice su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior los miembros de las corporaciones públicas de elección popular”.

2.2. De acuerdo con la descripción típica, son supuestos para la realización del tipo objetivo: i) ostentar la calidad de servidor público que satisfaga uno de dos requisitos: que ejerza jurisdicción, autoridad civil o política, o, incluso, que desempeñe un cargo de dirección administrativa; o, que se desempeñe en los órganos judicial, electoral o de control y ii) desarrollar la conducta prohibida, la que se ofrece alternativa, por cuanto se puede concretar por dos vías diversas: formar parte de los comités, juntas o directorios políticos; o, utilizar el poder del que está investido para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político.

3. La conducta es atípica.

3.1. De la anterior descripción se advierte sin dificultad que el legislador penal excluyó expresamente a los miembros de las corporaciones públicas de elección popular como sujetos activos de tal conducta.

O, lo que es lo mismo, el ejercicio de la actividad política y las diversas acciones proselitistas no le podrán ser incriminadas y menos aun penados a los miembros del Congreso de la República.

En esa y no otra conclusión, a la que arriba la Sala tras valorar el escrito y la grabación remitida.

3.2. Como se observa, la prohibición de actividades políticas de carácter proselitista es absoluta en relación con los servidores públicos que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o política, cargo de dirección administrativa o a los integrantes del poder judicial y los órganos electoral y de control; veda apenas obvia en aras de preservar la independencia y autonomía de la que fueron dotados dichos organismos por la Constitución Política, con el fin de que esa libertad les permita actuar imparcialmente.

3.3. Luego, si el reproche descansa en las alianzas políticas por parte del representante a la cámara, tal actividad (presentada en la forma como viene de verse) no se muestra irregular, pues justamente a los miembros del Congreso de la República se les concedió tal libertad de participación.

3.4. Dígase que, le resultaba perfectamente válido al señor representante a la cámara Jaime Armando Yepes Martínez que con total respeto a la Constitución y a la ley que le eran debidas en su calidad de funcionario público, realizara actos de proselitismo político.

3.5. Igual, ha de señalarse que de los hechos puestos de presente por parte del doctor Luis Ángel Carmona Fitzerald, magistrado del Tribunal Seccional de Garantías y Vigilancia Electoral del Tolima, no se asoma ni siquiera el más mínimo vestigio de que tal acción pueda adecuarse a alguno de los tipos penales descritos en el título XIV, de los delitos contra los mecanismos de participación democrática, que en cualquier caso sí le serían imputables a los miembros del Congreso de la República.

3.6. Se concluye así que la conducta denunciada es atípica por lo que de conformidad con el artículo 327 del Código de Procedimiento Penal, la Corte se abstendrá de iniciar instrucción en este asunto.

3.7. Finalmente, y toda vez que la actuación puesta en conocimiento de la Corte cobijaría, igualmente, al señor gobernador del departamento del Tolima, funcionario frente al que la Sala no es competente para su investigación(3), se dispone remitir copia tanto del escrito como de la grabación con destino a la Fiscalía General de la Nación para que adopte las decisiones que sean de su competencia.

3.8. También se habrá de expedir copia del medio magnético al señor procurador primero delegado para la investigación y el juzgamiento penal conforme lo solicitara.

Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. ABSTENERSE de iniciar investigación en contra del representante a la cámara Jaime Armando Yepes Martínez, conforme a las razones consignadas en el cuerpo de esta providencia.

2. Contra esta decisión procede el recurso de reposición.

3. Remítase las copias dispuestas con destino a la Fiscalía General de la Nación y expídase copia del medio magnético solicitado por señor procurador primero delegado para la investigación y el juzgamiento penal.

En firme esta providencia, archívese la actuación.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(3) De conformidad con el artículo 235, numeral 4º de la Constitución Política, a la Sala le corresponde juzgar, previa acusación del Fiscal General de la Nación, entre otros, a los gobernadores de los departamentos.