Auto 38005 de julio 17 de 2013

 

Auto 38005 de julio 17 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Bogotá, D.C., diecisiete de julio de dos mil trece.

Sería del caso que la Corte entrara a resolver la solicitud de sustitución de prisión intramural por domiciliaria presentada el 12 de julio de los corrientes por el defensor de la condenada ex juez María Cristina Saavedra Yepes quien aún no se encuentra detenida, si no fuera porque es incompetente.

1. Conforme al inciso 2º del artículo 187 de la Ley 600 de 2000 las decisiones de segunda instancia, cobran ejecutoria en el momento en que son suscritas, es decir que para el caso que nos ocupa, ello ocurrió el 3 de julio de 2013 fecha en que la Corte se pronunció sobre la apelación presentada por diferentes sujetos procesales frente al fallo emitido por el a quo, en consecuencia, en firme la sentencia, el paso a seguir es su ejecución, la cual corresponde a los funcionarios designados por ley con tal propósito.

Si bien, con posterioridad a la fecha mencionada se hizo necesario que el expediente continuara en la Corte algunos días

más con el fin de que por secretaría se enviaran comunicaciones para dar publicidad a lo decidido, ello en manera alguna puede interpretarse como que habilita a la Sala para decidir tal petición.

2. De este modo, el funcionario competerte para hacer cumplir la pena de condenados que gozan de fuero legal, lo es el de ejecución de penas y medidas de seguridad conforme al parágrafo del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, según el cual:

“Cuando se trate de condenados que gocen de fuero constitucional o legal, la competencia para la ejecución de las sanciones penales corresponderá, en primera instancia, a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad del lugar donde se encuentre cumpliendo la pena. La segunda instancia corresponderá al respectivo juez de conocimiento” (destacado fuera de texto).

Lo anterior, aun cuando los procesos se hayan consolidado con la Ley 600 de 2000, pues, como ha tenido oportunidad de precisarlo la Sala en varias oportunidades, en tales casos se aplica la disposición pertinente de la Ley 906 de 2004, por resultar favorable al condenado en tanto prevé una segunda instancia, a diferencia de lo normado en el último inciso del artículo 79 de la primera normatividad en cita(1).

Al respecto de manera pacífica ha sostenido la Sala:

“Si bien es cierto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79-8 de la Ley 600 de 2000, la competencia para conocer de la ejecución de la sentencia condenatoria en los casos de procesados o condenados que gocen de fuero constitucional o legal permanece en la autoridad judicial de conocimiento, advierte la Corte que con la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, tal precepto resulta inaplicable por restrictivo en los casos de única instancia de que conoce la corporación, al no permitir la impugnación de sus decisiones ya que la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria en el país, ‘en tanto que al asignarla al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad el nuevo Código de Procedimiento Penal y la segunda instancia al respectivo juez de conocimiento, materializa las garantías fundamentales de impugnación y segunda instancia a través del recurso ordinario de apelación, las cuales hacen parte del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Carta Política’ tal cual ha sido indicado por la jurisprudencia“ (Cfr. auto de única instancia de agosto 3 de 2005. Rad. 22099).

3. Ahora bien, aunque la doctora Saavedra Yepes aún no se encuentra recluida en un centro penitenciario, ello no obsta para que sea el funcionario de penas de Buga lugar donde se profirió el fallo de primera instancia, el facultado para pronunciarse sobre el asunto, conforme al inciso 2º del Acuerdo 54 del 24 de mayo de 1994 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, según el cual:

“ART. 1º—Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, conocen de todas las cuestiones relacionadas con la ejecución punitiva de los condenados que se encuentren en las cárceles del respectivo circuito donde estuvieren radicados, sin consideración al lugar donde se hubiere proferido la respectiva sentencia”.

“Asimismo conocerán del cumplimiento de las sentencias condenatorias, donde no se hubiere dispuesto el descuento efectivo de la pena, siempre y cuando que el fallo de primera o única instancia se hubiere proferido en el lugar de su sede”.

En consecuencia se ordena remitir de inmediato la presente petición al reparto del centro de servicios de los jueces de ejecución de penas y medias de seguridad de Buga, sitio donde se profirió el fallo de primera instancia, para su decisión.

Cúmplase

Magistrados: Javier Zapata OrtizNubia Yolanda Nova García, Secretaria—.

(1) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal auto del 28 de junio de 2005, Rad. 19093.