Auto 38029 de febrero 27 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 38029

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

Aprobado acta 057

Bogotá, D.C., veintisiete de febrero de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

La casación en la Ley 906 de 2004

Sea lo primero advertir que a la Sala le asiste competencia para resolver sobre los requisitos de admisibilidad de la demanda de casación, conforme la competencia que fija el artículo 32-1 de la Ley 906 de 2004, en asocio con el inciso 1º del artículo 184 del mismo estatuto.

Antes de ocuparse la corporación de los requisitos formales de la demanda, estima necesario insistir en que en el nuevo sistema procesal penal, la casación es un medio extraordinario de control constitucional y legal con origen en el artículo 235 de la Constitución Política y desarrollado en la Ley 906 de 2004, que procede contra las sentencias dictadas en segunda instancia que ponen fin al juzgamiento de comportamientos punibles, cuando las decisiones proferidas, o bien el trámite surtido, afectan de manera trascendente y decisiva, derechos de los intervinientes.

Su finalidad es entonces, la de lograr la efectividad del derecho material desconocido, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios sufridos por estos y la unificación de la jurisprudencia, propósitos que como lo tiene dicho esta última, son los mismos del proceso penal.

Respecto de las exigencias que debe cumplir la demanda que sustenta la impugnación extraordinaria, la corporación ha señalado que aún cuando el estatuto procesal de 2004 no las enumera rigurosamente como sí lo hacía el artículo 212 de la Ley 600 de 2000, lo cierto es que de los artículos 183 y 184 se pueden deducir los siguientes: a) señalar de manera precisa y concisa las causales invocadas, b) desarrollar los cargos, esto es, que se expresen sus fundamentos o se ofrezca una sustentación suficiente y c) demostrar la necesidad del fallo para cumplir alguna de las finalidades del recurso.

En contraste, el inciso 2º del artículo últimamente citado dispone que no será seleccionada la demanda que no demuestre interés jurídico del impugnante para acudir a esta sede extraordinaria; prescinda de señalar la causal; omita desarrollar los cargos de manera adecuada, o bien cuando de su contexto se advierta que no hay relación entre la necesidad del fallo y los fines de la casación.

El libelista debe entonces, demostrar que la intervención de la Corte es imperiosa para materializar los fines del medio de impugnación extraordinario; para ello debe elaborar un discurso que se sujete a los lineamientos que ha decantado la jurisprudencia de la Sala.

No debe olvidar el recurrente extraordinario que la casación no es un instrumento para continuar el debate fáctico y jurídico llevado a cabo en el agotado proceso y por lo tanto, no le está permitido realizar toda clase de cuestionamientos a manera de instancia adicional a las ordinarias del trámite; por el contrario, la demanda debe contener un razonamiento claro, lógico, coherente y sistemático que con apoyo en las causales consagradas en la ley, demuestre los errores, bien sea de juicio o de procedimiento en que haya podido incurrir el sentenciador, conforme a los parámetros que la jurisprudencia de la Sala ha fijado de tiempo atrás.

Presupuestos de lógica y debida fundamentación de la infracción indirecta de la ley material

En esta modalidad de vulneración de la norma, se acepta que el error del juzgador ocurrió de manera mediata, es decir, en la elaboración del juicio de hecho derivado de errores en la apreciación de la prueba, falencia que se ve reflejada en la aplicación del derecho.

En el plano de la postulación, al casacionista compete enseñar a la Corte en qué consistió el error en la valoración de los medios de convicción, es decir, si fue de hecho o de derecho y el falso juicio que lo determinó, esto es, si de existencia, identidad, raciocinio, legalidad o convicción.

Y por último, evidenciar cómo el mencionado vicio incidió en la aplicación del derecho, en la medida en que se seleccionó una norma que no era la llamada a gobernar el asunto o, se excluyó otra que sí resolvía todos los extremos de la relación jurídico procesal.

En cuanto al error de derecho por falso juicio de legalidad propuesto, el demandante está en la obligación de fundamentar y demostrar, tanto fáctica como jurídicamente, que los elementos de juicio sobre los cuales se infirió la existencia del hecho y la responsabilidad de la acusada, no cumplieron el rito reglado en la ley, en orden al proceso de producción e incorporación de las probanzas al trámite, razón por la cual debieron ser excluidos del acto de apreciación, indicando igualmente su incidencia frente a las decisiones adoptadas en la sentencia, teniendo como derrotero los demás medios de convicción en que se apoyó el juzgador de instancia.

Calificación de la demanda

En primer lugar, resulta claro que el actor tiene legitimidad e interés, a fin de cuestionar la decisión del tribunal, en la medida en que la ley lo habita para ese efecto y el fallo es de naturaleza condenatoria, impugnación extraordinaria que fue propuesta, toda vez que las censuras buscan demostrar la inocencia de la procesada.

Respecto a los presupuestos de lógica y debida fundamentación, la Sala advierte que el censor desconoce esos parámetros, encaminados a que se declare la ilegalidad de varias pruebas y consecuentemente, se absuelva a su procurada del punible por el que fue condenada.

Sin embargo, la Corte infiere que los reparos presentados por el casacionista, bajo la égida de un cargo único, no se encuentran correctamente elaborados, en orden a demostrar la existencia y trascendencia del yerro.

En efecto, en lo que atañe a la ilegalidad de las escuchas telefónicas, el actor desarrolla un extenso discurso en cuanto a la manera como se produjo la orden de interceptar los teléfonos, el día en que la misma fue legalizada ante el juez de control de garantías y la posible incidencia del vicio con relación al juicio de responsabilidad de la acusada.

De esas hipótesis no se puede colegir cuáles fueron los presupuestos legales omitidos en el proceso de producción y aducción de las multimencionadas interceptaciones telefónicas, en tanto el actor se limita a informar que no se dio cumplimiento a lo preceptuado en las normas jurídicas, respecto al día en que se debió cumplir el acto de legalización.

Empero, no hizo el mayor esfuerzo para demostrar que el plazo que se tomó la fiscalía, en orden a deprecar la legalización de la probanza ante el juez de control de garantías, resulta extraño a lo preceptuado en el artículo 235, modificado por el artículo 15 de la Ley 1142 de 2007, razón por la cual se impone la exclusión de la prueba.

Además, el enunciado tema fue objeto de estudio por las instancias, advirtiéndose por el tribunal que “los órganos de investigación cuentan con un término de tres meses para captar las comunicaciones, término que puede ser prorrogado por un tiempo igual cuando sea necesario, luego será al cabo de ese término, si es que así lo consideraron pertinente los funcionarios encargados de verificar la utilidad de las conversaciones, que se expongan los resultados de la interceptación al juez de control de garantías.

“Así, pues, resultados podrán obtenerse muchos o ninguno durante ese trámite, empero, por contemplarse en la ley un límite temporal para obtenerlos, es que debe entenderse que la legalización de los contenidos de las conversaciones, debe ser una sola y no varias por cada una de las que se escuchen y que reporten beneficio para la investigación.

“En ese orden de ideas, aunque el resultado positivo se logró en el mes de febrero, la fiscalía contaba con casi dos meses más para conseguir otros datos que le resultaban útiles, sin que fuera necesario que al día siguiente de esa comunicación, debiera acudir ante el juez de control de garantías.

“23. Se impone en este ítem hacer hincapié en que los defensores a la hora de contabilizar los términos, se ubicaron en extremos temporales que, como ya se vio, no eran los correctos, obviando entonces y con ello convalidando, que la solicitud de legalización se presentó excediendo en unas pocas horas, el término legal de veinticuatro (24) horas.

“Lo anterior, por cuanto la audiencia de control posterior, debía tener ocurrencia el 26 de marzo de 2009 y no el 27, pues el informe fue recibido por la fiscal encargada del caso, el 25 de marzo de 2009. Sin embargo ello desemboca en un error de forma insustancial que no afecta garantías procesales, por cuanto, como ya se acotó, la orden fue emitida por autoridad competente, durante el período previsto en la ley y en todo caso fue sometida a examen de legalidad por parte de la jurisdicción, sin que en las oportunidades procesales previstas para solicitar la exclusión de esta prueba, la defensa hubiera solicitado tal sanción.

“Así las cosas, ese defecto de forma no tiene la entidad suficiente para producir la exclusión de la prueba”.

En tales condiciones, el libelista dejó el reparo en un simple enunciado, carente de la debida demostración, razón por la cual el mismo se inadmite.

En lo atinente al segundo motivo de inconformidad, con el cual el censor pretende igualmente obtener el calificativo de prueba ilegal, consistente en que el testimonio que rindió Gómez Castaño fue de referencia, por lo que debió ser excluido del acto de valoración probatoria, también se quedó en el plano de la denuncia, puesto que no demostró la existencia del vicio y la trascendencia frente a las plurales decisiones adoptadas en el fallo.

En este puntual asunto vale insistir que el juzgador incurre en un error de derecho por falso juicio de legalidad cuando valora un elemento de juicio que no cumplió con el rito consagrado en la ley, en orden a su producción e incorporación al trámite penal.

De tal manera, no puede confundirse la credibilidad de un testigo, teniendo como soporte los principios técnicos-científicos sobre la percepción y la memoria en cuanto al objeto percibido, con los presupuestos que condicionan la validez del mismo, puesto que el primero atañe al mérito suasorio derivado de la apreciación de los elementos de juicio, y el otro regula los aspectos de legalidad en cuanto a la manera como se produjo y allegó el medio de prueba al proceso.

Por tanto, resulta desatinada la propuesta del casacionista, en torno a que la declaratoria de una versión juramentada como prueba de referencia trae necesariamente su exclusión del acto de valoración, en tanto esa condición no está cuestionando su legalidad, sino la credibilidad, conforme a los criterios de apreciación del testimonio, según lo reglado en el artículo 404 de la Ley 906 de 2004.

Además, como una constante, el libelista no presenta argumento tendiente a sacar avante su hipótesis, lo cual impide a la Corte entrar a desentrañar el verdadero sentido del reparo, en virtud del principio de limitación que rige la casación.

De todos modos, vale recordarle al casacionista que el tribunal reconoce que la versión dada por el investigador del Cuerpo Técnico de Investigación fue calificada como de referencia. Sin embargo, apreciado este elemento de conocimiento con las demás pruebas allegadas al juicio oral, público y concentrado, el sentenciador arribó al grado de conocimiento más allá de toda duda razonable, respecto a la existencia del hecho y la responsabilidad de la acusada a título de determinadora.

Así las cosas, se inadmitirá el único cargo presentado contra la sentencia de segunda instancia.

Resta señalar que no se observa que con ocasión del fallo impugnado o dentro de la actuación se violaran derechos o garantías de los intervinientes, como para que tal circunstancia imponga superar los defectos del libelo, en orden a decidir de fondo, según lo dispone el inciso 3º del artículo 184 de la Ley 906 de 2004.

El mecanismo de la insistencia

Al amparo del artículo 184 de la Ley 906 de 2004, cuando la Corte decida no darle curso a una demanda de casación, es procedente la insistencia, cuyas reglas, en ausencia de disposición legal, han sido definidas por la Sala en los siguientes términos(1):

(ii) La insistencia solo puede ser promovida por el demandante, por ser él a quien asiste interés en que se reconsidere la decisión. Los demás intervinientes en el proceso no tienen dicha facultad, en tanto que habiendo tenido ocasión de acudir al recurso extraordinario, el no hacerlo supone conformidad con los fallos adoptados en sede de las instancias.

(iii) La solicitud de insistencia puede elevarse ante el Ministerio Público, a través de sus delegados para la casación penal, o ante alguno de los magistrados integrantes de la Sala de Casación Penal, según lo decida el demandante.

(iv) La solicitud respectiva puede tener dos finalidades: la de rebatir los argumentos con fundamento en los cuales la Sala decidió no admitir la demanda, o para demostrar por qué no empecé las incorrecciones del libelo, es preciso que la Corte haga uso de su facultad oficiosa para superar sus defectos y decidir de fondo.

(v) Es potestativo del magistrado disidente o del delegado del Ministerio Público ante quien se formula la insistencia, optar por someter el asunto a consideración de la Sala o no presentarlo para su revisión, evento último en que informará de ello al peticionario. Así mismo, cualquiera de ellos puede invocar la insistencia directamente ante la Sala de manera oficiosa.

(vi) El auto a través del cual no se admite la demanda de casación trae como consecuencia la firmeza de la sentencia de segunda instancia contra la cual se formuló el recurso, con la consecuente imposibilidad de invocar la prescripción de la acción penal, efectos que no se alteran con la petición de insistencia, ni con su trámite, a no ser que ella prospere y conlleve a la admisión de la demanda.

A su turno, comoquiera que la ley no establece términos para el trámite de la insistencia, es preciso fijarlos conforme la facultad que en tal sentido se consagra en el artículo 159 de la Ley 906 de 2004.

Con tal propósito, teniendo en cuenta que la decisión a través de la cual no se admitió la demanda está contenida en un auto a cuyo enteramiento o publicidad debe procederse obligatoriamente, con arreglo a lo dispuesto en Sentencia C-641 del 13 de agosto de 2002, por vía del procedimiento señalado en el artículo 169, inciso 3º, de la Ley 906 de 2004, esto es “mediante comunicación escrita dirigida por telegrama, correo certificado, facsímil, correo electrónico o cualquier otro medio idóneo que haya sido indicado por las partes”, se establecerá el término de cinco (5) días contados a partir de la fecha en que se produzca alguna de las anteriores formas de notificación al demandante, como plazo para que este solicite al Ministerio Público o a alguno de los magistrados integrantes de la Sala, si a bien lo tiene, insistencia en el asunto.

A su vez, teniendo en cuenta que el examen de la solicitud de insistencia supone un estudio ponderado de la misma, de la demanda, del auto por el cual no se admitió y de la actuación respectiva, se otorgará al Ministerio Público o al magistrado interesado un término de quince (15) días para el examen de la temática planteada, vencido el cual podrán someter el asunto a discusión de la Sala o informar al peticionario sobre su decisión de no darle curso a la petición.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. INADMITIR la demanda de casación presentada a nombre de Luz María Villegas Gutiérrez.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, es viable la interposición del mecanismo de insistencia en los términos precisados atrás por la Sala.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Auto del 12 de diciembre de 2005 (rad. 24.322).