Auto 38137 de septiembre 19 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

Aprobado Acta Nº 348

Bogotá, D.C., diecinueve de septiembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La Corte es competente para resolver los recursos de apelación contra las decisiones que toman en primera instancia los tribunales superiores (L. 906/2004, art. 32-3).

2. Dispone el artículo 178 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010:

Trámite del recurso de apelación contra autos. Se interpondrá, sustentará y correrá traslado a los no impugnantes en la respectiva audiencia. Si el recurso fuere debidamente sustentado se concederá de inmediato ante el superior en el efecto previsto en el artículo anterior.

De la lectura de la norma, frente a la problemática que plantea el caso sub examine, surgen claras dos conclusiones:

Primero, la necesidad de sustentar debidamente la impugnación presentada. Esto comporta, de una parte, que toda impugnación debe ser sustentada, pero además, que no basta la mera sustentación, sino que esta debe ser adecuada al objeto de controversia.

De manera pues que no basta con sustentar sino que esa argumentación debe ser debida, adecuada, apropiada al caso.

Una sustentación debe entenderse adecuada, cuando está orientada a controvertir los argumentos de la decisión cuestionada, pretendiendo de manera razonable demostrar el desacierto de la misma y las bondades de la tesis que se propone. La sustentación tiene como objetivo atacar o controvertir la tesis expuesta en la decisión, ello se logra presentando razones, destacando falencias, tratando de mostrar el desacierto de la decisión.

De manera reiterativa la Corte se ha referido al tema:

“De ahí que la fundamentación de la apelación constituya un acto trascendente en la composición del rito procesal, en la medida que no basta con que el recurrente exprese inconformidad genérica con la providencia impugnada, sino que le es indispensable concretar el tema o materia de disentimiento, presentando los argumentos fácticos y jurídicos que conducen a cuestionar la determinación impugnada, carga que de no ser acatada, obliga a declarar desierto el recurso, sin que se abra a trámite la segunda instancia, toda vez que de frente a una fundamentación deficiente el funcionario no puede conocer acerca de qué aspectos del pronunciamiento se predica el agravio. Pero una vez satisfecho el presupuesto de la fundamentación explicita o suficiente, en cuanto identifica la pretensión del recurrente, adquiere la característica de convertirse en límite de la competencia del superior, en consideración a que sólo se le permite revisar los aspectos impugnados(1).

Y, en otra reciente decisión se ratifica:

La impugnación es la herramienta de carácter constitucional que tienen las partes para controvertir la legalidad de la providencia emitida. Por este motivo, el recurrente debe ser claro y coherente al expresar las razones por las cuales considera que la decisión cuestionada no se ajusta a las normas procesales o sustantivas en las que se debe fundamentar. Cualquier otra expresión o manifestación del recurrente que no esté dirigida a demostrar esta inconsistencia legal, no puede considerarse como sustento de la impugnación. Ello no implica necesariamente el uso de un lenguaje técnico, sobre todo cuando el recurrente no es abogado, como que basta la expresión de los argumentos de oposición presentados en forma clara y comprensible(2).

En otra decisión:

La jurisprudencia de la Sala viene sosteniendo que el recurso de reposición es un mecanismo que la ley otorga a los sujetos procesales, para que provoquen el reexamen de la decisión, frente a los argumentos expuestos en la sustentación, con el objeto de que el funcionario corrija los errores en que haya podido incurrir. Por tanto, el impugnante está obligado a exponer de manera clara y precisa los motivos por los cuales estima que se debe revocar, modificar o aclarar la providencia recurrida o, dicho en otros términos, debe referirse en forma específica a los fundamentos del auto atacado con el fin de lograr que se profiera una nueva decisión en cualquiera de los sentidos atrás indicados(3).

En una más reciente decisión:

3.1. Quien controvierte una decisión judicial tiene una carga argumentativa alta, pues debe exponer de manera clara las razones por las que no se comparte la providencia recurrida, indicando por qué razón se aparta de ella.

3.2. En ese orden de ideas se debe presentar un debate entre los fundamentos de la decisión y sus planteamientos, y la razón por la que se debe acoger la tesis propuesta, la que se opone a la decisión cuestionada, para que a partir de allí se trabe en debida forma el debate y tenga razón de ser el recurso, pues la finalidad del mismo no es otra que rebatir los asuntos allí consignados(4).

En segundo lugar, es claro que cuando la norma (art. 178) indica que “si el recurso fuere debidamente sustentado, se concederá”, no está indicando otra cosa que el operador jurídico de primer grado, esto es, ante quien se interpone el recurso, está llamado a examinar la procedencia del recurso, la oportunidad, y de la misma forma, la suficiencia argumentativa de la impugnación, que es presupuesto de su concesión.

No es cierto como lo pregona el tribunal a quo, que esta sea una carga exclusiva del ad quem, por cuanto si así fuese no tendría sentido el recurso que se consagra en el artículo de la misma ley procesal, o tampoco tendría sentido el recurso de queja, previsto para la denegación, por parte del funcionario de primera instancia del recurso de apelación (art. 179 B ibíd.).

3. En el presente caso, como lo evidenciaron el fiscal y el defensor, la defensa no cumplió con la carga que le correspondía de controvertir la decisión cuestionada. Se limitó a exponer genéricas descalificaciones de la actuación del indiciado, como que se divorció de las normas, o que fue errático en el manejo de tal asunto, pero nunca concretó argumento alguno que pretendiese indicar el desacierto de la decisión cuya revisión demandaba. No hubo, en el discurso del apelante, ninguna referencia a la decisión del tribunal.

Curiosamente, en las puntuales referencias que hace el impugnante a las actuaciones del indiciado, en ninguna de ellas intervino, puesto que, como está claro, otro funcionario fue el encargado de dirigir e impartir aprobación al acuerdo a que llegaron el señor Carlos Alberto Giraldo y la señora Alba Marina Osorio, lo cual sucedió antes de que comenzase a oficiar como Juez Civil del Circuito de Aguadas el indiciado López Gartner. De la misma forma, las críticas que se hacen a la dirección de todo lo que tiene que ver con el remate del inmueble, tampoco recaen sobre el imputado, quien para entonces ya había hecho dejación del cargo.

El recurrente no solo desconoció el deber de una adecuada sustentación, omitiendo referencias a la atipicidad de las conductas declaradas por el tribunal, sino que incurrió en evidentes desatinos sobre la fijación de los hechos y circunstancias temporales de los mismos atribuidas al indiciado.

Se impone por consiguiente, como se ha advertido, declarar desierto el recurso.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación interpuesto por el representante de la víctima contra la decisión proferida por el Tribunal Superior de Manizales, mediante la cual dispuso la preclusión de la investigación adelantada en contra del doctor John Roger López Gartner.

2. Esta decisión se notifica en estrados y contra ella no proceden recursos.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Radicación 23667 sentencia 11 de abril de 2007.

(2) Auto 23 de febrero de 2011, Radicación 35678.

(3) Radicación 21673.

(4) Radicación 36407.