Auto 38359 de febrero de 19 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Javier Zapata Ortiz

Aprobado Acta 49

Bogotá, D.C., diecinueve de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Cuestión previa. La Corte viene señalando, que con la entrada en vigencia del sistema procesal penal acusatorio previsto en la Ley 906 de 2004, se amplió el radio de acción para acceder al recurso extraordinario de casación, pues en la actualidad la impugnación es susceptible contra decisiones de segunda instancia dictadas por los diversos tribunales de Distrito Judicial asignados en el territorio nacional, atacando los fallos de condena o absolución, sin tener en cuenta como presupuesto para su admisibilidad el quantum mínimo de pena descrito en cada injusto típico, como lo imponían las legislaciones anteriores.

En esencia, para ser admitida la demanda, el censor debe tener interés, formular y desarrollar los ataques contra la sentencia de segundo nivel y, desde luego, acreditar la afectación de derechos y garantías fundamentales. Siendo imprescindible, además, materializar el contenido del artículo 180 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que una de las obligaciones al confeccionarla es demostrar la necesidad de intervención de la Corte para el logro de cualquiera de los fines establecidos por el instituto.

Siendo ello así, el principio de intervención debe ser el norte del profesional del derecho, pues integra cuatro aspectos teleológicos que se traducen en el espíritu de las censuras: (i) la efectividad del derecho material, (ii) el respeto de las garantías de los intervinientes, (iii) la reparación de los agravios inferidos a las partes y (iv) la unificación de la jurisprudencia.

Estos propósitos se deben conjugar, en armonía, coherencia total y avenencia con los progresos jurisprudenciales cristalizados en punto de los supuestos requeridos para atacar y demostrar los posibles yerros conculcados por los funcionarios judiciales, sin ser permitido desligar, apartar o separar el trípode casacional: fines, causales(debida sustentación) y trascendencia; excepto cuando la Sala advierta, que por vigencia de derechos y garantías fundamentales constitucionales, obviamente quebrantados en instancias, implique casar de oficio la decisión del juez colegiado, desde luego, con base en motivos diversos a los expuestos en la demanda o expuestos sin ninguna temática extraordinaria, tal es el caso, cuando solo enuncian el planteamiento jurídico sin ningún desarrollo debido o el ataque es incoherente y confuso, intrínsecamente a sus anheladas pretensiones.

El anterior criterio se consolida al entender que la Corte de Casación Penal, jamás ha predicado la inexistencia, ausencia o falta de los requisitos formales para decidir de fondo el caso o el éxito de la demanda en el nuevo esquema procesal penal acusatorio; todo lo contrario, el recurso en esta sede, no perdió su entidad de juicio lógico-argumentativo, pues el libelo deberá cumplir pautas que impidan concebirlo como tercera instancia, donde los reparos compilen presupuestos racionales de no contradicción, claridad y precisión. Tampoco le corresponde, en consecuencia, interpretar las alegaciones de los recurrentes(29), rehacer, modificar, readecuar o transformar el fondo de los ataques.

La Sala, por tanto, viene sosteniendo que para admitir o seleccionar un escrito forjado con esos designios, es decir, casar la sentencia impugnada, él mismo tendrá que sujetarse al cumplimiento de los presupuestos formales consagrados en el artículo 184, ordinal 2º de la Ley 906 de 2004, con el propósito de demostrar la evidente vulneración a los derechos fundamentales constitucionales en cualquiera de sus enunciados cognoscentes y extraordinarios por parte de los intervinientes con la actuación penal; siendo ello así, se deben tener siempre presentes los principios de taxatividad, claridad, autonomía, razón suficiente, no contradicción, limitación, objetividad, comprensión y precisión, entre otros, para —de la mano con ellos— desplegar una argumentación puntual y razonable, habida consideración de compendiar en las censuras, aquellos errores de juicio o de actividad en los que pudieron haber incurrido los juzgadores, a fin de evidenciar, por ejemplo, la efectiva e indiscutible normatividad jurídica que debió regir el asunto, la adecuada y legal valoración de los medios probatorios o desentrañar manifiestos desfases contra el debido proceso.

También ha indicado la jurisprudencia, en numerosas oportunidades que (i) la correcta selección de la causal, (ii) el interés del actor, (iii) la coherencia de los cargos aducidos, (iv) la puntual fundamentación fáctica y jurídica, (v) el cumplimiento de al menos uno de los fines del instituto, marcan la pauta para declarar la inconstitucionalidad o ilegalidad del fallo en atención al artículo 184, 3 de la Ley 906 de 2004.

De cara al segundo referente disciplinado, se tiene que el interés se halla intrínsecamente relacionado al concepto de agravio, perjuicio o daño que, desde luego, tiene que afectar los derechos fundamentales de las partes con la decisión por ellos recurrida en sede extraordinaria; sin embargo, si el interviniente no sufrió ningún menoscabo real u objetivo con el fallo atacado, tampoco, como es obvio, tendrá interés en cuestionarla, justamente, porque no habrá ninguna garantía que subsanar ni se podrá, por ende, restablecer alguna norma constitucional o legal de las llamadas a regular el caso, sencillamente porque no existe vulneración a la legalidad del proceso en sus disímiles expresiones cognitivas(30).

2. Oportunidad para interponer el recurso de casación. El artículo 98 de la Ley 1395 de 2010, modificó el precepto 183 de la Ley 906 de 2004, en punto de las exigencias procesales para iniciar el trámite de casación, por tal razón, la Sala constata, que en el presente caso, se dio estricto cumplimiento a los presupuestos allí plasmados, por parte del juez colegiado; motivo esencial y suficiente para continuar el estudio del libelo.

3. Caso concreto. La Corte advierte que los ataques formulados contra la sentencia de segundo nivel expedida por el Tribunal Superior de Cundinamarca, no reúnen los mínimos presupuestos de coherencia y lógica-argumentativa descritos por la jurisprudencia para admitir las tres demandas presentadas a favor de los hoy condenados Jorge Eulises Bermúdez Riveros, Carlos Barboza Malaver y Willington Montenegro Ariza, para lograr la infirmación de la decisión cuestionada, en tanto, los defensores incurrieron en graves, múltiples y exacerbadas falencias, las cuales atentan contra la filosofía que inspira el recurso extraordinario de casación.

Menos aún puede entenderse los reproches como nuevas rutas para confeccionar escritos de libre importe y, ensayar, por ese camino, derrumbar la doble presunción de acierto y legalidad inherente a las decisiones concebidas en los proveídos; tampoco consiste en añadir un cúmulo de ideas disgregadas y fragmentadas en los libelos en búsqueda de fines jurídicos subjetivos o hipotéticos para asegurar un posible éxito, tal como lo plasmaron los impugnantes.

Como metodología, la Sala abordará el estudio de los ataques en bloque, estableciendo aquellos puntos más sobresalientes en cada uno, a fin de determinar de manera precisa los desatinos de mayor impacto lógico argumentativo, con el inmediato objeto de brindarles a los juristas suficiente claridad en torno a los dislates presentados en sus ataques.

3.1. Sobre la demanda presentada a nombre de Jorge Eulises Bermúdez Riveros:

3.1.1. Principio de congruencia. Con base en el artículo 448 de la Ley 906 de 2004(31), viene acreditando la jurisprudencia(32) respecto al axioma en comento que, el funcionario judicial puede condenar por un punible diferente al formulado en la acusación, cuando se cumplan los siguientes presupuestos i) el fiscal lo peticione de manera expresa, ii) la nueva tipicidad se acople a un injusto del mismo género y, por supuesto, si las pruebas legalmente aportadas a la actuación, demuestran ser más favorable a los intereses jurídicos del inculpado, iii) la sustitución lo será por un delito de menor entidad punitiva, iv) la infracción novedosa debe respetar el núcleo fáctico de la acusación, v) dicho trámite jamás podrán cercenar los derechos de las partes.

Por otro lado, la Sala en sentencia del 15 de mayo de 2008(33), en punto del principio en estudio, viene afirmando:

... la congruencia exhibe un trípode hermenéutico, en tres aspectos (i) personal —partes o intervinientes—, (ii) fáctico —hechos y circunstancias— y (iii) jurídico —modalidad delictiva—; que dependiendo del enfoque, argumentación y trascendencia, si se demuestra que ellos no se identifican entre decisiones emanadas por los fiscales y los jueces, el sentenciado no podrá ser sorprendido con un fallo que trasforme como se indicó, uno de los tres aspectos enunciados, en detrimento del debido proceso y del derecho de defensa, con una correlativa proyección punitiva desfavorable.

En consecuencia, pueden presentarse variadas hipótesis en cabeza de los falladores, relacionadas con el principio en estudio, o lo que es igual, se vulnera el postulado de congruencia por acción: (i) cuando se condena por hechos o conductas ilícitas diversas a las tipificadas en el escrito de acusación o las audiencias de formulación de acusación, (ii) si el delito jamás hizo parte de la formulación de imputación, pues menos podrá fundarse un fallo de condena con base en él y (iii) cuando al condenarse por el punible imputado, se le adiciona una o varias circunstancias específicas o genéricas de mayor punibilidad. Y, por omisión se cercena: al suprimírsele en el fallo alguna circunstancia, genérica o específica, de menor punibilidad que se hubiese reconocido en las audiencias de formulación de acusación.

Es por tales razones que la Corte viene afianzando el criterio que el principio de congruencia, para su cabal entendimiento debe partir de la clase de procedimiento que le impriman las partes, es decir, abreviado u ordinario: el primero, se manifiesta cuando el sentenciado acudió a una de las formas anticipadas de terminación anormal del proceso (allanamientos, preacuerdos o negociaciones) celebrados entre la fiscalía y el imputado, investigado o acusado. El procedimiento ordinario, excluye cualquier forma de terminación irregular de la actuación.

Así mismo, la Sala, viene construyendo una línea de pensamiento, en pos de unificar criterios que brotan deshilvanados de la multiplicidad de perspectivas teóricas que compendia la administración de justicia, como el que afirma que entre acusador y fallador debe mediar un parámetro de racionalidad, toda vez que lo declarado por uno circunscribe las facultades del otro. En el entendido que los juzgadores no pueden, extralimitar su actuación más allá del marco jurídico y fáctico propuesto por la fiscalía de manera pormenorizada, específica y definida; so pena de cercenar la correspondencia de los hechos y las normas jurídicas aplicadas a determinado caso, entre decisiones.

Son múltiples y complejos los yerros detectados.

1. El memorialista, en un mismo texto explicativo, mezcló en forma indiscriminada institutos jurídicos excluyentes, los cuales deben ser revelados por separado aunque el uno dependa del otro: yerros de estructura versus de garantía. Con tal actuar vulneró el postulado de autonomía propio del recurso extraordinario de casación, puesto que cada embestida conlleva un razonamiento independiente y, al combinarlos, se tornan confusos e imprecisos, desapareciendo de contera su alcance, validez y efectividad; pues el rumbo del disenso estuvo dirigido principalmente sobre el segundo presupuesto antes que el seleccionado como principal, cuando expresó por ejemplo: “deberían saber a ciencia cierta en qué consistía exactamente la imputación fáctica y jurídica para poder defenderse y poder plantear la estrategia defensiva, no se hizo, es que se obstruyó así el derecho de defensa”.

2. Desde la imputación realizada el 26 de octubre de 2009, el escrito de acusación, audiencias de imputación, preparatoria, juicio oral y fallos, el ente instructor mantuvo su criterio jurídico sobre los delitos vulnerados por los inculpados: contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, incluso, hizo hincapié en aspectos jurídicamente relevantes como el acuerdo verbal realizado en el año 2007 entre la anterior administración y Alfonso Arévalo Gómez, vendedor de las facturas preimpresas, el valor ($2’325.000); la entrega de las mismas a la alcaldía cinco meses atrás y el no pago de tal suministro por ausencia de reserva presupuestal.

En forma igual, discriminó los actos antijurídicos de cada uno de los inculpados: el alcalde Carlos Barbosa Malaver signó el contrato 052 de 2008 con la aprobación del jefe de la oficina jurídica, Willington Montenegro Ariza, después Jorge Eulises Bermúdez Riveros, recibió los insumos en almacén municipal: actividad realizada por los procesados, teniendo conocimiento que el objeto contractual se había cumplido en el año anterior, pero así lo hicieron, “para efecto de darle apariencia de cumplimiento(34).

Por tanto, la queja del censor, es solo eso, un alegato de libre importe, vacío de sustancia y trascendencia, sin que hubiese explicado de manera coherente, cómo se le afectó el derecho de defensa a su representado Jorge Eulises Bermúdez Riveros, si desde el inicio de la actuación la estructura fáctica, personal y jurídica fue diáfana tanto así que los fallos condenatorios fueron por los mismos injustos atribuidos por el ente instructor.

3. Cuando afirmó el recurrente que “la defensa se vio gravemente obstruida en orden a conocer, con debida claridad y precisión los cargos tanto jurídicos como fácticos en que se basaba la Fiscalía”, su aserción paso al plano subjetivo al pretender incorporar nuevas razones en franco desconocimiento de las elevadas por las instancias, desde luego, en amplío rechazo de los fundamentos de la acusación, sin convencer con explicaciones válidas, cuáles eran los faltantes y qué derecho y norma se vilipendió, en tanto, la “debida claridad” anhelada por la defensa, es solo una apreciación insustancial, pues los proveídos colmaron de contenidos fácticos y jurídicos aquellos aspectos que para el demandante estaban vacíos.

4. Inundó de hipótesis generales el desarrollo de su ataque contra las decisiones de instancia, al decir que, del contrato 52 de 2008, se predica “su plenitud de formas más no así la veracidad del contenido (falsedad ideológica). Tamaño galimatías de la fiscalía”; dejando en el olvido el jurista, su imprescindible explicación, verbigracia, la legalización de un contrato excluye de contera la consumación de cualquier punibles de contenido ideológico o quizás la forma cuando se celebran de contratos estatales no es típica para la legislación patria, en esas condiciones, puede o no, coexistir concurso de injustos de esa catadura, entre muchas otras motivaciones, ignoradas por el memorialista, con lo cual, su embestida se torna inane.

3.1.2. Vía directa. Si el demandante elige como ruta procesal de ataque la indicada, para minar la decisión judicial revelada por el juez colegiado, como es obvio, contraria a sus intereses jurídicos, le es obligado centrar su inconformidad en uno de tres eventos, dos de ellos se relacionan con defectos de selección negativos y positivos: el primero tiene capacidad extraordinaria, cuando los funcionarios, no ajustan al caso objeto de estudio, la norma real y efectiva que en derecho se acople a los hechos materia de investigación y juzgamiento, es pues una falta de aplicación o exclusión evidente de un precepto que debería entrar a regir el caso; por el contrario, el segundo, se presenta cuando a la conducta prohibida por el legislador, se aplica un mandato que nada tiene que ver con el asunto puesto a su consideración. En tercer lugar, yace en el mismo cuerpo, un último sentido de embate contra la decisión judicial, plasmado por la ley y desarrollado por la jurisprudencia, denominado interpretación errónea, el cual entiende que la norma que recoge la acción ilegal, fue debidamente elegida por los juzgadores, no obstante, la judicatura concibió y generó de ella, efectos jurídicos diversos a los que el mismo canon ostenta, tiene o brota de su espíritu al extender consecuencias no idóneas a sus postulados, es pues, un yerro de intelección o más exactamente de comprensión normativa.

En las tres modalidades de postulación que se pueden erigir contra la sentencia de segundo nivel, el impugnante tiene la inevitable obligación de dejar indemne el plexo probatorio y no intentar modificar, variar o transformar los aspectos fácticos declarados y juzgados por las instancias; es decir, su deber profesional tiene una restricción objetiva: admitir los hechos antijurídicos objeto de reproche penal como el análisis suasorios generado por la judicatura a las pruebas; por tanto, todas sus reflexiones tendrán como meta epistemológica demostrar potenciales falencias de cara al derecho aplicado al caso, mediante un ejercicio rigurosamente normativo y correlacionado, como es obvio, con cada caso en particular.

5. Jamás trabajó el libelista, como era su obligación, los elementos normativos del injusto que dijo ser el adecuado al caso, mucho menos se refirió a la conducta —descrita en los otros reatos contra la fe pública— tampoco abordó el cotejó típico entre los punibles objeto de condena y aquél que entraría a regir los destinos jurídicos de su prohijado: con tales falencias, dejó el cargo huérfano de contenido y sentido, pues la mención de una variación normativa, no se suple con efímeros argumentos.

6. Sus apreciaciones fueron indeterminadas, en tanto, ignoró explicar por qué razón la conducta de su protegido aunque se asimila a un acto ilícito de los dispuestos en los artículos 286, 287, 288, 289, 291, 292 y 293 de la Ley 599 de 2000, es de menor entidad ilegal, como para adecuarla a la descripción típica pretendida, de ahí, la pena de multa allí consagrada; por otro lado, la falsedad para obtener prueba de hecho verdadero, no puede entenderse como la exteriorización de actos legales, como parece entenderlo el libelista, en tanto, las instancias consideraron que el objeto contractual se había cumplido en el año 2007 y se legalizó en el 2008, vulnerándose de lleno el tenor del precepto 410 de la Ley 599 de 2000, sin que se hubiese explicado en forma debida, por qué no era el apropiado al caso y si un nuevo canon que observado en contexto las instancias descartaron.

7. El presente yerro deviene del anterior, por el desconocimiento del memorialista de aquellos contenidos jurisprudenciales que le dan vida al cargo por él seleccionado, pues si se excluye o desecha el valor suasorio brindado por la judicatura a las pruebas, en el fondo se está atacando los medios de demostrativos, más no aceptándolos tal y como fueron vertidos y analizados en instancias: cuestión, desde luego, inadecuada e inconveniente.

8. Supeditar la obligada motivación en sede extraordinaria, relegándola a los alegatos finales del anterior defensor, es ni más ni menos, trasladar lo actuado en instancias a casación, lo cual, es insostenible, por ser un recurso exigente y rogado; las tesis expuestas ante los falladores de primer y segundo nivel, pueden aprehenderse ante esta judicatura, ello es bien claro, no obstante, deben aparejar mínimos presupuestos explicativos a tono con la ley y la jurisprudencia, entre los que no se cuenta, extractar ideas, juicios o teorías lanzadas sin ningún desarrollo sustancial sostenible.

9. Menos aún se refirió a los contenidos judiciales que le estaban indicando que el caso objeto de estudio, no se acoplaba el tipo penal sugerido: “falsedad para obtener prueba de hecho verdadero”) frente a los actos antijurídicos denunciados, tal y como la primera instancia lo plasmó, sin que soportara alguna variación en el tribunal o, al menos, atacarlos con las debidas pautas jurisprudenciales, lo cual, tampoco realizó; véase, por ejemplo, sin que se aprecie como una respuesta de fondo, que dijo al respecto, la Juez de conocimiento:

De consiguiente, para el despacho no resultan de recibo los planteamientos esbozados por la defensa en cuanto que en el caso presente nos encontramos ante la figura del falso veraz y, por ende, la conducta se estructuraría en una falsedad para obtener prueba de un hecho verdadero... pues lo que la doctrina denomina la llamada falsedad veraz no implica un contrasentido, en la medida en que se trata de elaborar o alterar un documento para dejar en él un texto ideológicamente verdadero, eventualidad no acaecida en el caso debatido, pues, se repite, el contenido y fecha del contrato 052 resulta mendaz, circunstancias que impide encuadrar la conducta en otro comportamiento típico diferente(35).

3.1.3. Vía indirecta. Falso juicio de identidad. El error demandado, debe ser motivado teniendo en cuenta, precisamente, la identidad de las pruebas; las que —por esta vía— pueden socavarse de tres formas distintas e incompatibles: a) por tergiversación, al cambiarle el juzgador el sentido literal a la prueba, b) por adición, consistente en que se le añade a la misma aspectos fácticos no comprendidos en ella, c) por cercenamiento, se descubre cuando se exime del contexto probatorio hechos o circunstancias esenciales —incluidos, como es obvio, objetivamente en el medio— que al haber sido suprimidos, desquician y trastocan la decisión del juzgador.

En las tres modalidades se muda textualmente la prueba para ponerla a decir lo que ella, en su propia naturaleza y condición no dice, muestra o enuncia; vicio, desde luego, que conlleva a la declaratoria de una verdad fáctica diversa a la revelada por los falladores. De igual forma, es dable aclarar que no cualquier prueba cumple tales exigencias jurisprudenciales, pues cada sentido de ataque conlleva implícitamente una estructura trascendente que debe incidir de manera concluyente en la decisión cuestionada, verbigracia, si se a cercenó o tergiversó algún contenido testimonial, el mismo tuvo que ser incidente en la toma de la decisión cuestionada, para tenerse como tal y, de ahí consolidar una nueva valoración del plexo probatorio.

10. La tergiversación versó, según el memorialista, en que al vendedor de los insumos Alfonso Arévalo Gómez, se le trasmutaron sus afirmaciones, porque él dejó a “guardar” o en “bodega” las facturas preimpresas en la oficina de servicios públicos de la alcaldía de Anapoima y no en cumplimiento de un “contrato impago”, lo cual, hizo legalmente, ante la nueva administración municipal; sin embargo, el ataque, solo fue eso, un intento por degradar las decisiones judiciales, sin ninguna pauta jurisprudencial precisa tendiente a ese cometido, habida cuenta que dejó sin ningún desarrollo temas primordiales como los siguientes:

1. Sino(sic) existió ningún contrato con el municipio por qué fueron entregadas en el mes de octubre de 2007, quince mil (15.000) facturas proforma para el cobro de servicios públicos, 2. Anunció que Alfonso Arévalo Gómez, las dejó a “guardar” o en “bodega” al interior de las instalaciones de la alcaldía, sin explicar cómo puede una persona desconocida a la función pública, sin que medie ningún acuerdo, entregar tal cantidad de material; menos aún indicó, si se firmó algún contrato de arrendamiento de bodegaje por tal almacenamiento de mercancía —cinco meses— en una entidad municipal, pues denominarlo así no más, raya en el absurdo, 3. tampoco reveló, cómo es posible que unos elementos ubicados en el interior de una oficina pública, con destinación propia, puedan ser trasladados de una jefatura a otra por un tercero (particular) para venderlos a la misma entidad, entre otras muchas tesis dejadas en el camino argumentativo por el defensor, como aquella de no habérselas llevado a Bogotá por los costos, como si las instalaciones de la alcaldía fuesen el resguardo de bienes ajenos a ella, junto con el manejo y control de los mismos de la mano de intereses particulares.

11. Al suponer que las instancias debieron aplicar el contenido del artículo 10 de la Ley 599 de 2000, “respecto a la estricta tipicidad del comportamiento”, dejó en simples enunciados su pretensión, en tanto, la adecuación factico-normativa construida judicialmente de cara a la atribución de la responsabilidad, desde luego, es factible cuestionarla en casación, pero no hasta el punto de presentar su disentimiento de forma general, indeterminada e hipotética, porque en esas precisas condiciones, el ataque se presenta como una escueta y llana expectativa indemostrada y sin ningún fundamento serio para ser desarrollado en sede extraordinaria.

3.2. Demanda motivada a favor de Carlos Barbosa Malaver:

3.2.1. Falso raciocinio. No se percató el defensor, en atención al cargo aludido, que con sólo enunciarlo, trabajar algunos de sus presupuestos o resolver interrogantes, no se suple la debida argumentación ni se entiende vulnerada la ley sustancial; además de ello, era su deber constatar que los medios allegados al proceso legalmente, al ser sopesados por los falladores en su exacta dimensión fáctica, le asignaron un mérito persuasivo en total transgresión a los postulados de la lógica (aceptados como tales por esta disciplina del saber con exclusión de creaciones individuales) de la ciencia o pautas de la experiencia.

Habida consideración, tendrá como meta didáctica el demandante determinar: i) qué dice de manera objetiva el medio, ii) qué infirió de él el juzgador, iii) cuál valor persuasivo le fue otorgado, iv) indicar la regla de la lógica omitida o apropiada al caso, v) o señalar la máxima de la experiencia que debió valorarse, con el inmediato objetivo de probar que el fallo motivo de impugnación tuvo que ser sustancialmente opuesto: requerimientos que deben ser desarrollados de manera coherente con el fin perseguido, siendo precario elaborar el libelo contestando cada uno de las interrogantes referidos, lo cual genera una separada, inane e insustancial forma de abordar un yerro en sede extraordinaria, pues estos traducen, más bien, el norte del núcleo esencial del ataque.

Por último, es compromiso intelectual del profesional del derecho mostrar cuál es el aporte científico correcto y, por supuesto, la trascendencia del error, para ello tiene que presentar un nuevo panorama fáctico, como es obvio, contrario al declarado en instancias.

Yerros detectados:

1. Cuando el jurista expresó que las instancias le asignaron “al testimonio mérito para acreditar dicha existencia, el sentenciador incurre en violación de una de las reglas de la sana crítica, como es el desconocimiento de los postulados de la ciencia, en este caso, por ser lo que se resuelve un punto de derecho, de la ciencia jurídica”; en esas condiciones, retrajo su pretensión al dejar de explicar por qué en casos como el que aquí se juzgó no es válida la prueba testimonial para probar o refutar los actos antijurídicos denunciados: apreciación que no conjugó con los artículos 373 y 404 de la Ley 906 de 2004.

2. El supuesto postulado de la ciencia anunciado por el defensor, amén de no haber sido identificado como tal, tampoco fue desarrollado en punto de las exigencias jurisprudenciales, en tanto, la escueta transcripción normativa de algunos artículos de Ley 80 de 1993, jamás demuestra el daño alegado, pues si lo perseguido por el letrado era evidenciar las exigidas formalidades contractuales entre acuerdos verbales y escritos; y, a partir de ahí, predicar la inexistencia jurídica del primero, su emplazamiento se quedó en simples enunciados.

3. manifestó el profesional del derecho que su tesis fue avalada por una decisión de esta Sala, con lo cual, su postura una vez más, se aísla de su pretensión y posa sofística, pues el perfeccionamiento o no del contrato estatal, es en grado sumo, diverso a la responsabilidad penal que deba o no atribuirse a una persona, justamente, porque en el fondo yace un acto ilegal: véanse algunos aspectos del fallo traído a colación por el libelista para entender que su anhelo desborda el contenido de lo allí previsto, cuando la Corte expuso:

Por manera que hay eventos excepcionales en los que a pesar de no constar por escrito el contrato, se le da validez y plenos efectos jurídicos.

Esa solemnidad —constar por escrito— cuando es reclamada por el legislador, es un requisito para que el acuerdo negocial se entienda perfeccionado, esto es, para su oponibilidad frente a terceros y para predicar efectos jurídicos entre las partes, como reclamar derechos y obligaciones. De modo que su inobservancia constituye (i) una irregularidad al régimen de contratación; (ii) un atentado a los principios de transparencia, responsabilidad y selección objetiva y (iii) su ineficacia negocial o inejecutabilidad...

Empero, conviene precisar que esa inexistencia del negocio jurídico por ausencia de la totalidad de requisitos no haber sido escrito, cuando a ellos hay lugar, no permea la responsabilidad penal del servidor público que, a pesar de conocer las formalidades exigidas en la ley para la celebración de un contrato estatal, obra desconociéndolas, haciéndolas a un lado, con total desconocimiento de los principios que orientan la función administrativa.

Siguiendo la jurisprudencia del Consejo de Estado, es acertado afirmar que los contratos estatales verbales no tienen fuerza vinculante, lo que se traduce en que no son ejecutables y, por contera, no es viable ejercer las acciones contractuales dirigidas a lograr su cumplimiento. No obstante, se configuran como faltas que pueden comprometer la responsabilidad de la entidad y del servidor público, en cuanto son una de las causas de los hechos cumplidos...

De manera que la solemnidad del escrito como forma de instrumentalizar la relación jurídica contractual no conlleva, per se, ausencia de responsabilidad penal para el servidor público(36).

Más aún: expresó el togado que su protegido jurídico no era el alcalde de Anapoima en el año 2007, motivo suficiente para descartar cualquier participación de él en los hechos ilegales, incluso, porque del presunto acuerdo verbal, es imposible derivar efectos jurídicos, por ello, el contrato escrito del 2008 fungió como cierto, legal y exigible, sin ninguna relación con el anterior; siendo esto así, el defensor fragmentó la sucesión fáctica para sacar adelante su propuesta, lo cual es, insustancial en casación, como se ampliará más adelante al tratar nuevos desatinos contenidos en la demanda.

4. Sin que se entienda como una respuesta de fondo sino en virtud del ejercicio pedagógico que viene realizando la Sala, como una garantía más de los derechos constitucionales fundamentales de las partes, se especificaran algunos aspectos esenciales al caso en estudio, en punto a lo razonado por los juzgadores de cara al postulado de casación de unidad de decisiones, en este sentido, véase lo plasmado por la primera instancia, sobre el particular:

Por ello, para el despacho el contrato verbal realizado en el año 2007 por la alcaldía de Anapoima y el señor Arévalo Gomez (sic), reúne los requisitos generales que demanda dicha clase de contrato, ya que entre ellos se dio un acuerdo de voluntades, un objeto y se pactó un precio por el suministro (papelería preimpresa para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio). En efecto, las partes voluntariamente acordaron que el contratista se encargaría de suministrar tales bienes al municipio, los cuales efectivamente entregó, con sus especificaciones y cualidades, en el mes de octubre de dicho año a la oficina de servicios públicos, tal como dicho contratista lo puso de presente en su testimonio. Acordándose como precio la suma de $2.325.000, el cual el contratista no recibió a pesar de haber cumplido con el mismo. En consecuencia, dicho contrato no se perfeccionó pero existió.

Así las cosas, para el despacho no resulta acertada la tesis pregonada por la defensa, en el sentido de que como quiera que dicho contrato no constó por escrito resulta inexistente y, por ello, en tal medida el contrato 52 de 2008 suscrito por la nueva administración resulta legítimo, toda vez que tal como se ha aceptado por vía jurisprudencial(37) en materia penal la solemnidad del escrito no comporta por sí losa ausencia de responsabilidad para el servidor público y, por ende, puede ser hallado responsable del punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, eventualidad que tiene otras aristas dentro del ámbito del derecho administrativo, donde tal omisión comporta es que el mismo resulte inejecutable frente al cumplimiento o no de las obligaciones de las partes.

Aquí, la funcionaria de conocimiento, concluyó que aunque no se cumplieron los requisitos exigidos por ley para ser considerado un verdadero contrato estatal el acuerdo verbal del 2007, sí existía una relación directa y sustancial de ese acto con el contrato 52, el que fue exclusivamente tramitado para refrendar su objeto, en fechas diversas y por servidores públicos que avalaron tal situación irregular a pesar de tener pleno conocimiento de su ilegalidad.

Por tal motivo, el libelista violentó el postulado de corrección material que rige el recurso extraordinario, pues al cotejar la Sala la demanda frente a los contenidos judiciales, se observa que el impugnante desdeña y repudia lo plasmado por la judicatura, circunstancia que vulnera de tajo el axioma en estudio, según el cual, las razones, fundamentos y contenidos argumentativos diseñados en la censura deben ajustarse en un todo a la verdad procesal, cuestión que aquí no sucedió, al decir, por ejemplo, que no se celebró ningún contrato verbal o escrito en el año 2007, toda vez que, el municipio no era el propietario de las facturas preimpresas ni tampoco las podía incluir en sus inventarios, cuando lo cierto del caso —aceptado por el recurrente— es que quince mil facturas preimpresas se hallaban cinco meses atrás en las instalaciones de la alcaldía municipal, sin que mediara ningún contrato de bodegaje, arrendamiento o quizás alguna explicación sería o diversa a aquella dada por el mismo Alfonso Arévalo Gómez, que desde luego, antes que excluir, vincula a los funcionarios públicos con los reatos por los que fueron condenados.

Tampoco explicó el jurista la escisión que hace de cara a los dos actos: acuerdo verbal versus contrato escrito y por qué razón, se debe aislar, apartar o separar uno de otro, por tratarse de un ente territorial, con un alcalde elegido en reemplazo de otro, con datos precisos de entrega de los insumos, valor idéntico del producto, igual destinación y análogo número de venta; menos, adujo, por qué circunstancia, un particular —de aceptarse su tesis— puede vender libremente productos a una alcaldía cuando la mercancía del objeto contractual, se encuentra en las mismas instalaciones oficiales, entregadas meses atrás, como consecuencia, justamente, de un acuerdo realizado con funcionarios de la entidad para esos precisos fines: todo lo cual, se muestra, de manera indiscutible como un escrito de libre importe, como es lógico, sin fuerza persuasiva en sede extraordinaria.

5. Asumió el libelista una argumentación sofística al decir que el tribunal desconoció “la regla jurídica consistente en que los contratos estatales deben constar por escrito so pena de que no se perfeccionen y por tanto no existan”; sin embargo, las instancias adujeron que el contrato verbal “no se perfeccionó pero existió, bajo tal jaez, el defensor, jamás especificó ni desarrolló ninguna tópico dogmático con el inmediato fin de explicar, por qué en el caso en examen, confluían —en su opinión— aquellos contenidos descriptivos y normativos de la estructura típica del injusto de celebración indebida de contratos, con la ineficacia contractual producto de irregularidades en el proceso de su celebración y liquidación.

6. Menos aún indicó el impugnante, cuáles aspectos esenciales y vinculantes —contrario a tesis genéricas y ecuménicas—, se hallaban latentes en las jurisprudencias con apoyo racional, lógico y fundado a sus ataques; mismos criterios afianzados por las instancias para soportar el compromiso penal de su asistido jurídico: este proceder, antes que expresar algún soporte jurídico, muestra fragilidad e incertidumbre argumentativa.

7. Menos aún se entiende cómo, si en su concepto, el acuerdo verbal nunca nació a la vida jurídica, traiga a colación el criterio de ausencia de “capacidad legal para contratar” de Sergio Triviño Valencia, que de suyo está excluido, justamente, porque no se perfeccionó el acuerdo del 2007 y, a partir de ahí, el defensor rechace las valoraciones judiciales en punto de la credibilidad impresa por las instancias al testimonio del vendedor de los insumos Alfonso Arévalo Gómez; explicado de otra forma: bajo un argumento volátil se cuestiona la veracidad de un testigo, lo cual, es insostenible.

3.2.2. Falso juicio de identidad. Este desafuero —octavo— consistió en desestimar la prueba y las valoraciones judiciales generadas a partir de ella, en tanto, el vendedor atestiguó que entregó materialmente las facturas preimpresas en la alcaldía en el mes de octubre de 2007; ante esta evidencia, entre otras, pretende el togado restarle cualquier validez a ese hecho, incomunicando los contenidos demostrativos, restándole cualquier apreciación o consecuencia, sin entrar a exponer, cómo es posible que un particular pueda tomarse la molestia —motu proprio— de elaborar quince mil (15.000) “Formas separables en papel bond de 90 grs. a una tinta en el frente y en su dorso para la facturación de los servicios públicos, según diseño establecido para Anapoima(38), sin que hubiese algún indicio, vinculo, o contrato con la administración en el 2007: esta supuesta inexistencia contractual, fue generada por el libelista, aislando los contenidos fácticos para sacar adelante su propuesta extraordinaria en esas condiciones, lo cual es insustancial.

No obstante, las mismas preformas “A (1) tinta en el frene y en el dorso(39), con esas precisas especificaciones, cinco meses antes, fueron entregadas por el vendedor en las instalaciones municipales y, sin ningún problema, el mismo contratista Alfonso Arévalo Gómez, las retiró de una jefatura a otra, una vez se suscribe el contrato 52 que, curiosamente, legaliza todas las irregularidades, como bien lo sabía la nueva administración, al pasar las fases contractuales con ese propósito: toda esta motivación traída por los juzgadores, fue ignorada por el libelista, saltada y algunos aspectos objetados a manera de imposición de criterio por encima del de las instancias, con ello, una vez más, su embate comporta el inmediato rechazo de la demanda.

9. Inundó el demandante el cargo con ideas generales, hipotéticas y subjetivas, como cuando expresó que, no importaba cuáles facturas preimpresas entregó a la administración el contratista y que en el 2007 solo realizó una “simple entrega” a la alcaldía, en franco desconocimiento de los hechos antijurídicos que motivaron la atribución de responsabilidad penal elevada contra su asistido jurídico.

3.3. Libelo exhibido a nombre de Willington Montenegro Ariza:

3.3.1. Nulidades. Por sustracción de materia, los tres cargos motivados por esta vía, serán contestados en bloque.

Los sentidos de ataque dispuestos por la ley y desarrollados por la jurisprudencia de cara al yerro señalado, no se pueden aproximar a cualquier discurso con el que se pretenda su declaratoria, en tanto, ella en sí, encierra, unos presupuestos mínimos de argumentación, precisión y alcance, sin estos, la arremetida contra la legalidad de la actuación queda huérfana, solitaria y carente de sentido; incluso, es preciso explicar, además, que cada censura presentada por esta arremetida, tiene un tratamiento independiente, debiéndose identificar la clase de falencia (estructura o garantía), denunciando el sentido en forma autónoma sin mezclar violaciones al debido proceso entre sí, o al derecho de defensa (técnico y material).

El postulado de prioridad, de igual modo, debe ser el norte del libelista, con el objeto de explicar qué ataque de los potencialmente presentados por esta prerrogativa —entre varias alternativas— tiene mayor entidad o extensión de lesión en el proceso; por tanto, dicha labor es exclusiva del demandante, pues de prosperar el que reúna tales características judiciales, superaría a los demás; también tendrá como labor esencial, pormenorizar las normas sustanciales virtualmente vilipendiadas y, desde luego, mostrar un desarrollo inherente a la legislación base de la censura, indicar la repercusión final y trascendente de cada nulidad propuesta y señalar desde qué instante solicita su declaratoria, respaldando las razones para ello, en cargos separados, como es obvio, si son varios los embates.

Lo precedente, por cuanto, la nulidad es un remedio extremo que busca revertir el derecho quebrantado y dejar incólume la estructura del proceso; entonces, es compromiso del abogado demandante argumentarlo en ilación con las pautas expuestas y demostrar objetivamente la existencia material de la infracción junto con la correspondiente consecuencia, pues no cualquier falencia que se alegue rompe el equilibrio jurídico previsto en el artículo 29 de la Constitución Nacional. Por consiguiente, si se quiere proponer alguna, como las alegadas, incumbe señalar cómo se fracturaron las bases legales, ya sea en su aspecto formal o conceptual, de qué forma se quebrantaron las garantías exigidas, cuáles fueron las repercusiones y el daño causado con tales vulneraciones en desmedro de la ley como de los intervinientes, hasta qué acto procesal y por qué en el caso indicado habría que retrotraer lo actuado en instancias; entre otros presupuestos, descritos ampliamente por la jurisprudencia(40).

Sin que olvide el recurrente los principios que las rigen como el de taxatividad (sin norma precedente y exacta jamás se podrá alegar alguna nulidad), de él dependen y se enmarcan para generar su pertinencia; convalidación, finalidad de los actos, entre otros, a fin de fortalecer la infirmación del último fallo: tópicos a los que jamás se refirió el demandante.

Ellas, además, se rigen por el postulado de trascendencia en sus diversas connotaciones epistemológicas; por un lado, la exclusiva irregularidad o menoscabo a la ley, no es presupuesto dominante para su configuración; se requiere, en segundo lugar, el efectivo detrimento, perjuicio o lesión de los derechos y garantías adquiridas por los intervinientes o partes en la dinámica judicial; en tercer término, es obligación del jurista mostrar en interés legal de su representado las bondades, beneficios y ventajas(41) del ataque propuesto.

Cada caso de estudio deberá someterse a un nuevo escrutinio o filtro jurídico, en pos de evidenciar si la nulidad corresponde declararla total o parcialmente: esta última opción, entre otras, trae consigo ordenarla en la sentencia de casación cuando su efecto jurídico se pueda conjurar o desglosar desde este concluyente pronunciamiento de la jurisdicción ordinaria, es decir, en cuanto sus consecuencias procesales se puedan normalizar, enderezar y reivindicar excluyendo el vicio sin necesidad de retrotraer lo actuado.; lo cual dependerá del momento procesal en que se haya materializado o generado la infracción a la normatividad sustancial.

Siendo ello así, la transgresión al debido proceso o al derecho de defensa (técnico o material), debe ser de bulto, grosera, que pretermita u omita un acto procesal distinguido por la ley y al que obligatoriamente los funcionarios deban acceder, desde luego, evitando su no conculcación o, si se quiere, garantizándole los derechos constitucionales fundamentales a los intervinientes, en todos los frentes judiciales.

Errores observados:

1. Inundó el memorialista los tres cargos elevados por nulidad con afirmaciones subjetivas e indemostradas, como aquellas sustentadas sobre posibles omisiones de su antecesor en el ejercicio de la defensa técnica, porque no cuestionó la responsabilidad penal de su asistido o cuando en varias oportunidades sostuvo que el ex alcalde era el verdadero responsable de los delitos aquí juzgados al tener jerarquía funcional sobre los otros imputados, incluso, al decir, que su procurado no incurrió en ninguna irregularidad: todas son premisas insustanciales y lanzadas al vacío sin evocar presupuestos sólidos para su estructuración, en tanto, jamás demostró, por ejemplo, el daño generado con la insinuación genérica de la violación al derecho de defensa técnico alegado, el perjuicio exacto o las consecuencias desfavorables por tal vulneración, pues el mismo no se comprende con un fallo adverso a sus pretensiones, el cual, ni más ni menos, es el resultado de la actividad judicial; menos aún, con aserciones indefinidas: “podría existir incompatibilidad en el ejercicio de la defensa”, o al decir que se condenó a su asistido “fruto de la fuerza” ello, entraña, ausencia de claridad y objetividad, más aún, cuando el artículo 122 de la Ley 906 de 2004, disciplina que “la defensa de varios imputados podrá adelantarla un defensor común”: temática relegada por el recurrente.

Cuando expresó que en instancias el abogado de la época no dejó declarar a su prohijado o que desistió de la práctica de pruebas; ello en sí, son sucesos procesales ligados a la estrategia defensiva, con carga positiva en su quehacer jurídico, en tanto, jamás reveló el memorialista por qué se debe entender nocivo el actuar de su predecesor, máxime si el flujo probatorio fue lo bastante sólido como para concebir que un hecho ilegal puede ser demostrado por cualquier medio idóneo, desde luego, autorizado por la ley.

2. La proposición jurídica completa, aunque no determina la inadmisión de una demanda, si es procedente en este acápite aclarar que ella no se estructura tal y como lo hizo el recurrente en las tres nulidades, pues antes que nada, tiene que ver con el precepto dejado de aplicar o excluido en correlación inmediata con aquél objeto de ataque, sin que sea de recibo enarbolar una serie de afirmaciones, producto más del avance de la censura que una verdadera enunciación objetiva del planeamiento del problema jurídico a resolver, en ilación con su consecuente desarrollo, a fin de demostrar por qué se vilipendió una norma de derecho sustancial, lo cual, en dado caso, trasmutaría la decisión judicial censurada.

3. Cuando indicó el libelista que el juez plural individualizó la actividad ilegal de cada uno de los enjuiciados y en el mismo cuerpo de la censura afirmó lo opuesto, es decir, que se dejó de concretar tales aspectos, violentó el principio de la lógica de no contradicción.

4. Tampoco demostró por qué su proposición: “era muy importante escuchar a los acusados en el juicio” para que el sentido del fallo hubiese sido “absolutorio”, es una regla general o de aplicación exacta, pues no en todos los casos en los que declaran los procesados resultan absueltos, mejor aún, si esa fuere la condición muy seguramente ningún inculpado dejaría de testificar en su propio juicio: afirmación dejada en el limbo jurídico.

5. En el cargo sustentado por incongruencia, trajo una variedad de temas: estructura del delito, cualificación del sujeto activo, deber funcional del punible de contratación, postulados de la función administrativa y los fundió con el de incompatibilidad de la defensa en conjunto, violando de esta forma, los postulados de claridad y objetividad que rigen el recurso de casación, en tanto, el último fue base esencial del primer ataque de nulidad.

6. Al decir que el juez de instancia produjo en el fallo un falso juicio de legalidad al requerir dos ofertas cuando tal hecho había sido erradicado por el legislador, vulneró el principio de autonomía que gobierna el recurso extraordinario, porque fundió argumentos de dos causales en una, incluso, su argumento resulta inane y todo lo que de él hizo depender, incluso, sus esfuerzos se tornan inanes e insustanciales, en la medida que el tribunal excluyó cualquier alusión al tema, como es obvio, por no estar vigente la pluralidad de ofertas en la contratación realizada por el ex alcalde.

7. Por último, en lo que concierne a este ataque, violentó el memorialista el principio de la lógica de no contradicción, tantas veces aquí recordado, cuando expuso: “la modificación de los hechos jurídicamente relevantes no desbordó la situación jurídica imputada”, dejando su arremetida sin ninguna trascendencia y entidad demostrativa.

8. No cabe duda que los defectos de motivación, bien sea por ausencia absoluta, deficiencia sustancial o ambigüedad, conllevan a la trasgresión de los derechos al debido proceso y a la defensa y pueden ser atacados por la vía de la nulidad.

Sin embargo, la postulación específica de uno u otro tipo de error no es homogénea, pues la argumentación que los soporta es diversa en cada caso, en tanto, el primero, apunta a la categórica falta de fundamentación fáctico jurídica del fallo, la segunda, a la ausencia parcial de elementos de juicio suficientes de orden probatorio o legal que lo tornan incompleto y la última, a la confusa, contradictoria, oscura, imprecisa o dilógica proposición de los argumentos de la decisión que la hacen ininteligible.

Ahora, el cuarto defecto de motivación, que no corresponde a un error in procedendo sino a uno de juicio, denominado falsa motivación, se ataca, en cambio, por la vía de la causal tercera, en el sistema de la Ley 906 de 2004.

Si el togado entiende, tal y como lo aceptó, que la sentencia del tribunal fue “persuasiva e hilvanada” y corrigió las falencias del juez de conocimiento, no es clara ni objetiva su pretensión al no saberse exactamente dónde se ubica la motivación incompleta o deficiente denunciada, amen que pasa de una causal a otra, cuando mezcló en esta censura una supuesta violación al derecho de defensa (principio de autonomía).

9. El postulado de unidad de decisiones, se entiende como un bloque de identidad temática indivisible, en donde la sentencia de primera instancia se complementa esencial e idiomáticamente con la del tribunal, excepto, como es obvio, proveídos contrarios en el mismo asunto; dado el caso, únicamente será combatida la última.

Siendo ello así, las motivaciones plasmadas por los funcionarios que administran justicia en los planos inferior y superior, son inconmovibles y se integran en forma apodíctica, hasta entender que los vacíos de uno los compensa la otro, por tanto, jamás puede concebirse la ausencia de motivación en punto de una decisión de segundo nivel, si el de primer grado se refirió al tema objeto de reconvención (contrato verbal del año 2007) aunque el tribunal no lo hubiese ni mencionado, pues una actuación así, vilipendia el postulado señalado, en otras palabras, el ataque resulta trivial e intrascendente.

10. sin embargo, el desafuero va más allá, pues cuando afirmó el libelista que el juez colegiado jamás se refirió al contrato verbal, no es lógico en el mismo contexto indicar que solo lo hizo “salvo las referencias marginales” o cuando expuso que la magistratura “simplemente se detuvo a resolver el problema jurídico planteado”, dejando de explicar por qué motivo, razón o circunstancia la segunda instancia debe explayarse en aspectos no recurridos contra lo disciplinado por el legislador; menos aún al decir el memorialista: “se podría contra argumentar que ninguna trascendencia ostenta el error denunciado” porque el defensor de instancia aceptó lo motivado por el juez sobre el contrato verbal.

11. en relación con el falso juicio de identidad, ninguna pauta trabajó el censor, aunque aseguró que sí, quien solo se contentó con esgrimir algunas ideas de por sí disgregadas, confusas y fuera de contexto, para fomentar un ataque que jamás desarrolló según las pautas jurisprudenciales reseñadas en esta decisión; por tanto, no es de recibo en esta sede extraordinaria, extraer conjeturas con el fin de constatar un desatino sino demostrarle a la judicatura el error en su exacta dimensión objetiva, para luego explicitar su obligada transcendencia.

El memorialista impuso su criterio personal y subjetivo sobre el de las instancias al decir que el delito de contratación nunca nació a la vida jurídica o cuando afirmó que no entiende por qué se condenó a su prohijado; por otro lado, vulneró el principio de autonomía harto recordado aquí al fusionar en el cargo objeto de estudio, presupuestos del falso raciocinio, al decir por ejemplo: “fácilmente se infiere que no estamos ante un hecho cumplido”.

2. en la misma medida el defensor dejó de lado la totalidad de la prueba incriminatoria como los documentos aportados al plenario y algunos contenidos testimoniales que le dan sobrada razón a las instancias para haber arribado a la decisión por él cuestionada y, si bien es cierto, el vendedor de las facturas nunca firmó contrato en el año 2007, ello no obstó para que los funcionarios judiciales construyeran la prueba incriminatoria, para demostrar, justamente, la ilegalidad de la actuación de los aquí condenados.

13. cuando adujo que los verdaderos responsables penalmente de los delitos atribuidos por la Fiscalía eran el ex alcalde y el secretario de desarrollo integral y, a renglón seguido, pidió absolver a los acusados, volvió a incursionar en la violación al postulado de la lógica de no contradicción; amén que la testigo investigadora Martina Cruz Martínez, le comunicó a la justicia, basada en sus pesquisas, que se había celebrado un contrato verbal en el 2007 entre la administración y el vendedor de las facturas, lo cual fue, aunado a los otros elementos de juicio materiales recopilados por los falladores, motivo de valoración, sin que hubiese indicado el recurrente, en dónde estuvo la tergiversación asociada con ese testimonio o el ataque a la declaración de Alfonso Arévalo Gómez, quien no lo dijo de manera expresa, pero jamás explicó el defensor por qué estaban unas facturas preimpresas del municipio varios meses atrás, previo a la suscripción del contrato 52.

14. El error de hecho enunciado por falso juicio de existencia, se presenta cuando los juzgadores omiten sopesar un determinado medio probatorio legalmente aportado al proceso o suponen uno, que por el contrario, no fue válidamente incorporado al expediente y, en esas condiciones, fundamentan la decisión de responsabilidad penal o inocencia.

Siendo ello así, es imprescindible: (i) determinar la prueba dejada de apreciar o imaginada por los funcionarios que administran justicia, (ii) estimarla en su integridad, sin fraccionarla o limitar su contexto hermenéutico, (iii) valorarla en cuanto a su convergencia o divergencia junto con las demás y (iv) acreditar la trascendencia del daño expresando los motivos de manera clara, puntual y objetiva del por qué la ausencia de mérito de ese medio, presentado como tal o aquella prueba objeto de fantasía, incidieron de forma decisiva en el sentido del fallo.

La principal y más notoria dificultad del memorialista consistió en combatir la sentencia de segundo nivel por la vía inferencial pero al amparo del sentido de ataque aludido, con ello, vilipendió el tantas veces aquí nombrado postulado de autonomía, pues no es de recibo tratar de cuestionar la prueba circunstancial por este sentido a no ser que se cuestione el origen del medio, caso no corroborado por el defensor, quien se explayó sobre la suposición del tribunal del elemento subjetivo del delito, pero sin ubicar ninguna prueba para acreditar su pretensión, con lo cual, la vía de ataque, era la directa y no la seleccionada.

15. Basó el éxito del ataque debatiendo la actuación de la Fiscalía que no identificó en debida forma y menos aún explicó cuál era concretamente el yerro al no haber sido interrogado su prohijado, pues bien sabido es que una actuación así, es permitida por la legislación colombiana; incluso, cuando afirmó que el ente instructor jamás demostró que su mandante tenía conocimiento de lo sucedido sobre las facturas preimpresas en el año 2007 porque se posesionó en el 2008, su aserción se quedó en el limbo jurídico, en tanto, no demostró por qué una persona en esas condiciones no puede consumar un delito, es decir, partir de esa premisa, presupone un criterio de aceptación general, que tal y como se expone, dista mucho de ser cierto, en tanto, tal hecho no puede ser tomado como atípico, si se quiere, por la sencilla razón que las pruebas incriminatorias le mostraron a las instancias otras realidad judicial.

Con todo, vilipendió el libelista los principios de casación de claridad, objetividad y precisión en el proceso demostrativo extraordinario, en tanto, sus argumentos posan confusos, imprecisos e indefinidos, aunado a aquellas aserciones subjetivas, por ejemplo, al decir que “la contrariedad del documento en la realidad es bien discutible”, a manera de crítica personal y subjetiva de una prueba aportada legalmente al proceso.

Vicios comunes a las demandas:

a) Los defensores en ninguno de sus ataques expusieron como lo exige la jurisprudencia, las consecuencias de las violaciones a la ley sustancial por ellos demandadas, contra el fallo del juez colegiado.

Con tal proceder adecuaron sus propuestas al sofisma de petición de principio, el cual enseña, en sus diversas manifestaciones epistemológicas, que no se puede dar por demostrado lo que le es exigible probar —a los recurrentes en sede extraordinaria—, por ello, dejaron a un lado la parte más fundamental de los ataques.

En efecto: los profesionales del derecho ignoraron por completo el postulado de trascendencia, en todas las censuras alegadas, en este sentido, abandonaron su cometido desde la misma presentación, luego, siempre será, en esas precisas condiciones, imposible constatar alguna proposición, pensamiento, teoría o premisa jurídica; menos aún, las confutaron de manera lógica argumentativa con el plexo probatorio en el caso de la vía indirecta y en la directa los yerros lógico argumentativos no fueron de menor entidad, menos aún, respecto a las supuestas violaciones al debido proceso, las cuales dejaron totalmente inanes, y, por el contrario, inundaron sus escritos de cavilaciones individuales e hipotéticas: con esa omisión sustancial, se muestra anodina la eficacia de sus expectativas jurídicas.

Siendo ello así, el daño propuesto se entiende efímero, por cuanto el aludido principio jamás se acredita con la repetición de los argumentos diseñados en la parte motiva del libelo y menos aún —como en el presente caso— dándolos por acreditados o excluyéndolos en forma total o parcial de la argumentación; la demostración del yerro evocado, será, pues, el reflejo latente de las consecuencias jurídicas reveladas con la violación demandada, para luego, correlacionarla, en su esencia, con un precepto del bloque de constitucionalidad, la Constitución o la norma llamada a regular el caso.

Poco de lo expuesto realizaron los juristas, como se verificó en el examen separado de cada una de sus demandas y del cotejo con el proceso, pues la suerte del cargo va ligada sustancialmente a sus secuelas ilegales y nocivas al interior de la actuación, sin que hubiesen demostrado, algún daño de efecto sustancial que deba remediar esta judicatura.

b) Pasaron por encima o les fue indiferente a los profesionales del derecho, los elementos descriptivos y normativos de los delitos por los que fueron sentenciados sus poderdantes, ignorando además, la concatenación de hechos sucedidos entre los años 2007 y 2008 —en la alcaldía de Anapoima— con los que anclaron los funcionarios la declaración de responsabilidad penal.

c) Los libelistas impusieron sus criterios personales, individuales y subjetivos por encima del de los juzgadores, obviando todos los contenidos judiciales, desde donde debían haber aprehendido sus propuestas extraordinarias, pues no es de recibo suprimir pruebas o hechos, para luego sacar provecho de tal situación, en tanto, se desdibuja la filosofía, sentido y alcance del recurso de casación.

Así las cosas y como quiera que el recurso extraordinario de casación está regido, entre otros, por el principio de limitación, las deficiencias de las demandas jamás podrán ser remediadas por la Corte, pues no le corresponde asumir la tarea cuestionable propia de los recurrentes, para complementarlas, adicionarlas o corregirlas, máxime cuando es antiquísimo el criterio de la Corte, de ser un juicio lógico-argumentativo regulado por el legislador y desarrollado por la jurisprudencia, con el propósito de evitar convertirla en una tercera instancia.

Otro de los postulados del recurso extraordinario de casación es el dispositivo, con el cual, lo acometido en el libelo convoca inexorablemente a su delimitación. Sin que pueda ni deba hacerse, una readecuación de las censuras y sus fundamentos, para así cumplir con la forma y luego de fondo, dictar la sentencia correspondiente. Esto concitaría a actuar en dos extremos excluyentes y exclusivos, en donde se unificarían las pretensiones contenidas en el escrito con el criterio jurídico de la Sala al enmendarlas, perfeccionarlas y, desde luego, dejarlas trascendentes para fallar en consecuencia. Por tanto, si se admite un libelo que incumpla elementales presupuestos de lógica y debida argumentación, no se combate ningún agravio sino se promueve la impugnación, usurpando facultades inherentes a las partes, en una actuación penal, lo cual es inadmisible.

Por esta potísima razón, se insiste en la consagración de algunos requerimientos sin los cuales el recurso se torna inane y queda convertido en un simple alegato de instancia —como en el caso de análisis— donde solo impera la exclusiva voluntad de los demandantes, más no se exponen de manera trascendente la injuria, vilipendio o afrenta a la ley, la Constitución o al bloque de constitucionalidad.

No es que la “técnica” por si misma tenga como fin enervar los derechos adquiridos a los intervinientes, ni pueda reflexionarse siquiera que los yerros conducen a la Corte a desconocer situaciones fáctico-jurídicas de mayor relevancia; por tanto, si la Sala entra a solucionar todos los defectos contenidos en el libelo admitiéndolo se le irrogaría a la Judicatura un poder absoluto y arbitrario al reconfeccionarlo y adecuarlo a posturas argumentativas decantadas por las partes en el proceso, para luego entrar a decidir el problema de fondo: lo cual es absurdo, inconveniente e incorrecto.

Se verifica, entonces, que los impugnantes presentaron alegaciones producto de sus exclusivas percepciones del derecho, los hechos y las pruebas contra lo afirmado por los funcionarios judiciales, sin ninguna prevalencia en la lógica-jurídica requerida para sustentar la censura, con lo cual sus pretensiones se alejan de la filosofía que irradia el instituto casacional; circunstancia por la cual, la Corte inadmitirá los libelos presentados a nombre de Jorge Eulises Bermúdez Riveros, Carlos Barboza Malaver y Willington Montenegro Ariza.

Por otra parte, no se advierte que con ocasión a la sentencia impugnada o dentro de la actuación hubiese existido violación de derechos o garantías de los sentenciados, como para superar los defectos y decidir de fondo, según lo impone la preceptiva del inciso 3º del artículo 184 de la Ley 906 de 2004.

Mecanismo de insistencia:

Puede ser promovido por el recurrente, dentro de los cinco días siguientes a la notificación del proveído que resolvió inadmitir la demanda, con el objeto de reconsiderar lo decidido(42), siendo potestativo de los funcionarios ante quienes se reformula, optar por someter el caso a nuevo escrutinio de la Sala o rechazar la petición; si se presenta el segundo evento, se informará al interesado en un plazo de quince días; por último, su no selección trae como consecuencia la firmeza de la sentencia atacada, salvo que prospere y permita su acogimiento, motivo esencial para citar a audiencia de sustentación.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. INADMITIR las TRES demandas de casación presentadas a nombre de Jorge Eulises Bermúdez Riveros, Carlos Barboza Malaver y Willington Montenegro Ariza, por las razones aducidas en la parte motiva del presente proveído.

2. Contra la no selección procede el MECANISMO DE INSISTENCIA de conformidad con el inciso 2º del artículo 184 de la Ley 906 de 2004, en los términos detallados en el acápite final de esta determinación.

3. Cópiese, comuníquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».

(29) Corte Suprema de Justicia: radicado: 25.565 (8-6-06).

(30) Corte Suprema de Justicia, mismo sentido: radicado 25.248 (10-5-06), 15.488 (16-7-01) y 24.026 (20-10-05).

(31) “Congruencia. El acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena”.

(32) Mismo sentido, CSJ, Sala de Casación Penal, radicado 28.649 (3-6-09) y 30.838 (3-7-9).

(33) Radicado 25.193.

(34) Ver folio 30, carpeta.

(35) Ver folio 244, carpeta.

(36) CSJ, radicado: 30.512 (13-05-09), el cual no casó la sentencia impugnada, según imputación por idénticos delitos a los aquí juzgados.

(37) Aquí citó el radicado 19.392 (18-12-06).

(38) Según se plasmó en el contrato 52 de febrero 25 de 2008, con plazo de ejecución de 10 días.

(39) Ver carpeta, cotización 17-07, folio 166.

(40) La forma lógica y argumentativa en sede extraordinaria para presentar una demanda, entre otros motivos, no se traduce en formularle preguntas a la Corte, de cómo pudo o no ser tratado algún tema o explicitando aquellas falencias advertidas por los recurrentes a manera de resolver un interrogatorio o cuestionario; ello encierra más bien, un verdadero análisis demostrativo, en donde paso a paso, el profesional del derecho, vaya demeritando y degradando la presunción de acierto y legalidad que viene atada a las decisiones proferidas por los funcionarios que administran justicia.

(41) Corte Suprema de Justicia, mismo sentido, ver Sentencia 15.223 de 12 de febrero de 2002.

(42) Opera oficiosamente para los procuradores delegados en Casación, excepto si el demandante es el Ministerio Público del tribunal, el magistrado disidente o el que no haya participado en el debate ni suscrito el auto inadmisorio.