Auto 38507 de marzo 5 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 38507

Aprobado: Acta 71

Magistrado Ponente:

Dr. Augusto J. Ibáñez Guzmán

Bogotá, D.C., cinco de marzo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, es competente para decidir sobre la solicitud de cambio de radicación de procesos penales, de un distrito judicial a otro durante la etapa del juzgamiento, al tenor de lo dispuesto en el artículo 75 numeral 8º de la Ley 600 de 2000.

2. La figura jurídica opera en los casos taxativamente contemplados en el artículo 85 ibídem, esto es, cuando en el territorio donde se esté adelantando la actuación procesal existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento, la seguridad o integridad personal de los intervinientes, en especial de las víctimas o de los servidores públicos.

3. Es una medida de carácter excepcional y residual a la que se acude cuando se demuestra que existen circunstancias externas con capacidad suficiente para alterar el normal desarrollo del proceso. Su finalidad, es asegurar una recta, cumplida y eficiente administración de justicia, al no existir otros mecanismos jurídicos distintos que permitan neutralizar las causas extrañas que se invocan.

4. Desde ahora anuncia la Sala que no accederá a la solicitud impetrada, por resultar abiertamente improcedente:

4.1. Según el artículo 87 del Código de Procedimiento Penal, quien reclama el instituto debe comprobar que el caso concreto se ubica dentro de las previsiones aludidas en el artículo 85(4) del mismo estatuto, exigencias que de ninguna manera satisfizo al invocarlo, pues ningún elemento de prueba fundamenta su solicitud.

4.2. El escrito mismo descarta la viabilidad del instituto reclamado, como que este no fue reglado para intentarlo de manera genérica. Y es que no basta con alegar la condición de salud de los procesados, su carencia de recursos económicos, o una infundada falta de competencia, para que por esta vía se abra paso su pretensión.

5. La Sala destaca, que el cambio de radicación de un proceso no puede estar condicionado a las consideraciones subjetivas de los sujetos procesales, sino a la prueba suficiente, por tanto atendible, de que en el lugar en donde se desarrolla el juicio no se dan las circunstancias indispensables para que se adelante con respeto a los derechos de los intervinientes y en cumplimiento de su finalidad que no es otra que impartir justicia.

Bajo los argumentos presentados por el solicitante resulta incuestionable que el defensor no verificó —como le correspondía— ninguna situación externa que pueda incidir notoriamente en el juzgamiento de este caso particular y concreto.

Así las cosas, las situaciones sobre las que especula no se enmarcan dentro de las circunstancias de alteración de que trata el artículo 85 de la Ley 600 de 2000, y, por tanto se negará el cambio de radicación.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. Negar el cambio de radicación del proceso adelantado contra Wilson Tomás y Olaris Patricia Ibarra Oduber.

2. Remitir la actuación al Juzgado 15 Penal del circuito destacado para el tema de Foncolpuertos con sede en Bogotá, para que continúe con el trámite.

Comuníquese y cúmplase».

(4) ART. 85.—Finalidad y procedencia. El cambio de radicación podrá disponerse cuando, en el territorio donde se esté adelantando la actuación procesal, existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento, la seguridad o integridad personal de los sujetos procesales o de los funcionarios judiciales.