Auto 38525 de septiembre 19 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE INSTRUCCIÓN

Aprobado Acta Nº 350

Bogotá, D.C., diecinueve de septiembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. La conducta punible es origen de la obligación de pagar los perjuicios materiales y morales ocasionados con ella, con arreglo a las previsiones hechas por los artículos 94 y 95 de la Ley 599 de la Ley 599 de 2000. En consecuencia, las personas naturales o sus sucesores y las jurídicas afectadas directamente con el delito, tienen el derecho a accionar para alcanzar la indemnización a la luz del Código Procesal Penal.

Los daños han de ser reparados en forma solidaria por los culpables del delito y por quienes conforme a la ley tienen el deber de responder, según el artículo 96 del mismo estatuto.

A partir de la Sentencia C-228 de 2002 mediante la cual la Corte Constitucional declaró exequible los artículos 137 y 138 de la Ley 600 de 2000, bajo el entendimiento que la parte civil además del derecho a perseguir el pago de los deterioros causados, le asiste los de alcanzar el esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia.

Adicionalmente, la víctima o el perjudicado tienen acceso directo a la actuación una vez constituidos en parte, pero si no lo hacen, mediante el derecho de petición a partir de la investigación previa. La Sala ha insistido en que la participación de las víctimas o perjudicados en el proceso ha sufrido los siguientes cambios, en lo concerniente a este asunto:

Puede constituirse en parte civil desde la apertura de la indagación previa con el fin de obtener la reparación económica, la verdad y la justicia, o únicamente los dos últimos propósitos.

La reclamación económica le permite postular pruebas con el objetivo de conseguir esa pretensión y las de verdad y justicia, a denunciar bienes del procesado, a demandar su embargo y secuestro e impugnar las decisiones que afecten sus derechos. Si busca únicamente la verdad y la justicia, carece de capacidad para elevar peticiones orientadas al pago de las pérdidas económicas y su compensación.

Para acreditar la legitimidad sustantiva en los casos de pretender el pago de los perjuicios y por contera esclarecer los hechos y hacer justicia, la víctima o perjudicado está compelida a demostrar la ocurrencia de un daño económico. Pero si la intención es conquistar la verdad y la justicia, debe comprobar la presencia de un perjuicio real y específico directamente con la conducta investigada, así no sea de orden patrimonial.

Si la meta es alcanzar la cancelación del daño, atañe a la víctima o al lesionado acreditar las personerías sustantiva y adjetiva, y presentar la demanda con el lleno de los requisitos del artículo 48 de la Ley 600 de 2000, ellos son: registrar los nombres y domicilios del perjudicado, del presunto autor si lo conoce y de los representantes o apoderados de los sujetos procesales, manifestar bajo juramento no haber accionado ante la jurisdicción civil para obtener la reparación de los daños y perjuicios causados, concretar los hechos fuente de los detrimentos cuya indemnización se reclama, relacionar los daños de orden material y moral producidos, la cuantía del resarcimiento y las medidas a adoptar para reestablecer el derecho si fuere posible, concretar los fundamentos jurídicos de las aspiraciones, las pruebas a hacer valer sobre los daños, la cuantía de la compensación y su conexión con los presuntos perjuicios acusados cuando fuere posible, y la entrega de anexos confirmando la representación judicial, si fuere el caso.

La demanda será inadmitida por incumplimiento de estas exigencias al tenor de lo normado por los artículos 51 y 52 del mencionado estatuto, y rechazada de probarse que el demandante ha incoado independientemente la acción civil, o se ha efectivizado el pago de los perjuicios o hecho la reparación del daño, o que quien la promueve no sea el ofendido directo.

Si el actor pretende obtener la verdad y la justicia, por separado podrá perseguir la indemnización de los daños y perjuicios causados con el delito por las vías civil o contencioso administrativa a través de la acción de reparación directa o acción de grupo; en este caso, carecerá de interés para solicitar pruebas y controvertir las decisiones que tengan por objeto la cancelación de los perjuicios, para denunciar bienes del procesado y solicitar su embargo y secuestro.

2. Como el demandante expresa su deseo de obtener la compensación de los eventuales daños causados con las conductas puestas en conocimiento, el esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia, está obligado a acreditar las personerías sustantiva y adjetiva, y presentar la demanda observando los requisitos formales.

Si no cumple estos últimos y comprueba la concurrencia de un perjuicio directamente generado por la conducta así no sea patrimonial, se reconocerá la parte civil en búsqueda de la verdad y la justicia e inadmitirá la demanda orientada a obtener el resarcimiento, pues para alcanzar los primeros propósitos es suficiente acreditar que el posible delito generó un daño a la víctima o al perjudicado.

Pues bien, la demanda fue presentada oportunamente, estando en curso la investigación previa.

Las personerías sustantiva y adjetiva fueron acreditadas, dado que las conductas atribuidas al aforado alusivas a la posible apropiación de bienes de su padre, valiéndose de la enfermedad de Alzheimer que padece y de un poder a él otorgado desde el año 1986, pueden haber ocasionado menoscabo de orden patrimonial a su hermana Dorotea Laserna Jaramillo, quien pretende constituirse en parte civil, y la demanda fue presentada por un profesional del derecho.

Sin embargo, el libelo no cumple las exigencias de los incisos 5º y 6º del artículo 48 de la Ley de 2000, en lo relativo a determinar los hechos origen de los y perjuicios cuya indemnización se reclama; como los deterioros de orden material y moral causados, la cuantía de la indemnización y las medidas que deban adoptarse para el restablecimiento del derecho cuando fuere posible.

Respecto al contenido y alcance de estos requisitos, la Sala viene sosteniendo(1).

“De ahí que como lo tiene de tiempo atrás establecido la jurisprudencia de la Sala, en materia de condena por perjuicios en procesos en los que se han presentado demanda de parte civil (en la legislación actual cuando se persigue el pago de perjuicios) rigen al interior del proceso penal las disposiciones básicas de cualquier proceso civil, principalmente aquellas que están llamadas a garantizar una debida composición de la relación jurídico procesal en tanto dichas reglas no resulten incompatibles con la naturaleza del proceso penal o no estén reguladas de manera indistinta por la ley.

“Siendo ello así, surge imperativo que los requisitos 4, 5 y 6 del artículo 46 del Código de Procedimiento Penal —artículo 48 del nuevo Código Procesal Penal— para quien pretenda constituirse como parte civil dentro del proceso penal son más que un mero formalismo y por tanto su acreditación no se supera con la sola mención de la norma o con la pura enunciación del monto de los perjuicios.

“La acreditación de la pretensión, debe respetar su estructura. Ella está conformada por los sujetos, el objeto y la causa. Y, esta, a su vez, tiene un aspecto fáctico y otro jurídico. El primero es el conjunto de hechos con relevancia jurídica en que el autor funda la pretensión y el segundo está formado por las fuentes y consideraciones concretadas de carácter jurídico que referida a los hechos permitan declarar el derecho subjetivo a ser indemnizado y la extensión de esa indemnización.

“En este caso particular la demanda indica que los perjuicios materiales asciende a…, suma a la que limita su pedido y a la que eventualmente ascendería la condena. No concretó empero de dónde deriva tal suma. Ello no puede dejarse indeterminado, sino que es parte del deber de concreción del demandante civil en el proceso penal, no solo porque así lo dispone la ley, sino fundamentalmente porque con ello se enmarca el contradictorio, se impide la sorpresa y se permite tener claro el referente sobre la conducencia de la prueba y la defensa de la misma”.

En suma, corresponde al actor referir los hechos causantes de los daños cuya compensación reclama, de suerte que entre unos y otros exista nexo de correspondencia suficiente para declarar judicialmente que lo uno deriva de lo otro, solo de esa manera sería congruente el fallo.

En otras palabras, el deterioro debe provenir causalmente de las conductas supuestamente punibles. Desde esa óptica, solo podrá constituirse en parte civil quien pretenda obtener la verdad, la justicia y/o la reparación económica, en conexión con los punibles averiguados.

Como ya se anunció, la demandante cumple apenas parcialmente estos presupuestos, pues si bien anhela obtener el pago de perjuicios no indica si estos cubren los materiales y morales, de ser así, cuál es su cuantía, no individualizó sus componentes, v. gr. el daño emergente y el lucro cesante en los materiales, si aspira a su pago, además, omitió hacer cualquier referencia a los de orden moral, como también la descripción de los hechos fuente de los supuestos daños y su conexión con las conductas investigadas.

Si se admitiera la demanda sin especificar el valor de lo reclamado, los hechos en los cuales se fundamentan y el nexo directo entre los perjuicios y las conductas averiguadas, sería imposible constatar en su momento el juicio de pertinencia, conducencia y utilidad de las pruebas dirigidas a demostrarlos, socavando los derechos de contradicción y defensa del demandado, por cuanto no conocería con precisión de qué defenderse e impediría a la Sala en la sentencia, de llegarse a ese extremo, liquidar los perjuicios en armonía con los hechos y las pretensiones.

En consecuencia, se admitirá como parte civil a la denunciante Dorotea Laserna Jaramillo, con el fin de obtener la verdad y la justicia, e inadmitirá la demanda respecto a su aspiración de alcanzar el pago de los daños causados con las conductas atribuidas al aforado, por las razones dichas.

Por lo expuesto, la Sala de Instrucción:

RESUELVE:

1. Reconocer como parte civil en la actuación a la señora Dorotea Laserna Jaramillo, en procura de obtener la verdad y la justicia, y al abogado Jaime Lombana Villalba como su apoderado, a quien otorgó poder para el efecto.

2. Inadmitir la demanda de constitución de parte civil presentada por Dorotea Laserna Jaramillo, para el logro del pago de los perjuicios eventualmente causados con las conductas investigadas, por las razones expuestas.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Única Nº 34842 del 20 de marzo de 2012.