Auto 3855 de mayo 3 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Proceso 540012331000200301386 01

Rad. Interna 3855

Consejero Ponente:

Dr. Reinaldo Chavarro Buriticá

Bogotá, D.C., tres de mayo de dos mil seis.

Demandantes: Procuraduría General de la Nación y otros.

Electoral. Auto.

Decide la Sala el recurso de reposición interpuesto por el demandado contra el auto proferido por esta sección el 6 de abril de 2006, en cuanto en el numeral 1º no accedió a la solicitud de adición de la sentencia de segunda instancia.

El recurso se fundamenta en los siguientes argumentos: 1) El conjuez que determinó la mayoría con la cual se aprobó el proyecto de sentencia de segunda instancia no fue citado a la sesión en la que se adoptó la providencia recurrida para integrar debidamente la sección y adoptar legalmente la decisión, lo cual era necesario porque a partir del sorteo de conjuez la Sala quedó integrada por 5 magistrados y no por 4; 2) La ponencia de la providencia recurrida correspondía al consejero Filemón Jiménez Ochoa y como otro consejero actuó como ponente “existe incompetencia funcional”.

Consideraciones

En primer lugar, la Sala advierte que existe total identidad entre los argumentos expuestos por el recurrente como fundamento del recurso estudiado y los motivos de nulidad del auto de 6 de abril del año en curso aducidos por el mismo. Estos no se refirieron al contenido y alcance de la referida providencia sino a presuntas violaciones a las leyes en materia de competencias y debido proceso.

1. En relación con la primera de las razones en que se apoya el demandado para solicitar que se revoque el auto impugnado la Sala precisa lo siguiente:

1.1. Las normas que regulan la designación, posesión y funciones de los conjueces en la jurisdicción contencioso administrativa son los artículos 54 y 61 del estatuto orgánico de la administración de justicia, Ley 270 de 1996, 99, 99A, 100 y 102 del Código Contencioso Administrativo, y 36 del Acuerdo 58 de 15 de septiembre de 1999 de la Sala Plena del Consejo de Estado. Las normas mencionadas de la Ley 270 de 1996 establecen:

“ART. 54.—Quórum deliberatorio y decisorio. Todas las decisiones que las corporaciones judiciales en pleno o cualquiera de sus salas o secciones deban tomar, requerirán para su deliberación y decisión, de la asistencia y voto de la mayoría de los miembros de la corporación, Sala o sección... Cuando quiera que el número de los magistrados que deban separarse del conocimiento de un asunto jurisdiccional por impedimento o recusación o por causal legal de separación del cargo, disminuya el de quienes deban decidirlo a menos de la pluralidad mínima prevista en el primer inciso, para completar esta se acudirá a la designación de conjueces”.

“ART. 61.—De los conjueces. Serán designados conjueces, de acuerdo con las leyes procesales y los reglamentos de las corporaciones judiciales, las personas que reúnan los requisitos para desempeñar los cargos en propiedad, las cuales en todo caso no podrán ser miembros de las corporaciones públicas, empleados o trabajadores de ninguna entidad que cumplan funciones públicas durante el período de sus funciones. Sus servicios serán remunerados.

Los conjueces tienen los mismos deberes que los magistrados y estarán sujetos a las mismas responsabilidades de estos”.

Los artículos 99, 99A y 100 y 102 del Código Contencioso Administrativo, expresan lo siguiente:

“ART. 99.—Para ser conjuez se requieren las mismas calidades que para ser Consejero de Estado, sin que obste el haber llegado a la edad de retiro forzoso.

Los conjueces llenarán las faltas de los consejeros por impedimento o recusación, dirimirán los empates que se presenten en las salas plenas de lo contencioso administrativo y de consulta y servicio civil e intervendrán en las mismas, para completar la mayoría decisoria, cuando esta no se hubiere logrado.

La elección y el sorteo de los conjueces se hará por la Sala de Consulta y Servicio Civil y por las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo y se regirán por lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto-Ley 1265 de 1970.

ART. 99A.—Adicionado por la Ley 446 de 199, (sic) artículo 34. Designado el conjuez, deberá tomar posesión del cargo ante el presidente de la Sala o sección respectiva, por una sola vez, y cuando fuere sorteado bastará la simple comunicación para que asuman sus funciones.

ART. 100.—Quórum deliberatorio. El Consejo de Estado en pleno o cualquiera de sus salas o secciones necesitará para deliberar válidamente de la asistencia de la mitad más uno de sus miembros.

ART. 102.—Quórum para otras decisiones. Toda decisión de carácter jurisdiccional o no, diferente de la indicada en el artículo anterior, que tome el Consejo de Estado o cualquiera de sus salas o secciones requiere el voto de la mayoría absoluta de sus miembros.

Si en la votación no se lograre la mayoría absoluta, se repetirá aquella, y si tampoco se obtuviere, se procederá al sorteo de conjuez o conjueces, según el caso, para dirimir el empate o para conseguir tal mayoría...”.

Y el Acuerdo 58 de 15 de septiembre de 1999 de la Sala Plena del Consejo de Estado, por su parte, prescribe:

“ART. 36.—Decisión por conjueces. Cuando por discrepancias con el proyecto original hubiere más de dos tesis en discusión y ninguna alcanzare el mínimo de votos requerido, se sortearán conjueces hasta obtener la mayoría necesaria”.

Conforme a las normas transcritas, la designación de conjueces está motivada por el hecho de que el número de los magistrados que deben separarse del conocimiento de un asunto jurisdiccional por impedimento, recusación u otra causal legal de separación del cargo, disminuye el de quienes deben deliberar y decidirlo conforme a la ley, así como por la existencia de empates en las votaciones que impidan decidir un asunto determinado, y la función que corresponde a los conjueces es la de completar la mayoría decisoria cuando no se haya logrado o dirimir los empates de las salas o secciones de las corporaciones judiciales.

Aunque no existe norma jurídica que indique de manera expresa hasta qué momento procesal debe extenderse la actuación de los conjueces designados y posesionados, es evidente que en algunas ocasiones deberán actuar como miembros de la Sala o sección hasta la terminación del proceso, en otras, durante una parte mas o menos considerable del mismo, y que en ciertas oportunidades cumplirán su función en una actuación procesal específica, todo lo cual determinado por el motivo específico que hizo necesaria su designación.

En efecto, si por impedimento, recusación o causa legal de separación del cargo de un número determinado de magistrados no es posible conformar la mayoría exigida por la ley para deliberar y decidir, y tal circunstancia se mantiene a lo largo de todo el proceso, el conjuez designado ejercerá sus funciones hasta cuando termine el proceso, pues si se separara de su conocimiento tal mayoría se desintegra. Contrario sensu, si el motivo de separación del cargo de dichos magistrados desaparece, en el momento procesal en que ello ocurra se reconstituirá la mayoría exigida por la ley y deberá cesar la vinculación del conjuez o conjueces designados, cuya participación en la Sala de Decisión ya no resulta necesaria. Pero si lo que determina la necesidad de recurrir a un conjuez es la necesidad de dirimir un empate, la función de este debe limitarse a participar en la expedición del auto o sentencia que ha dado lugar al empate.

Conforme a lo anterior, el conjuez designado para dirimir el empate que se presentó en la votación del fallo de segunda instancia cumplió su función al dirimirlo y su participación no era necesaria para decidir la solicitud de aclaración y de adición de la misma, pues al no presentarse empate respecto de esta última, su participación carecía de objeto. Por lo tanto, por este aspecto no prospera la impugnación.

2. El recurrente afirma que existe incompetencia funcional porque la ponencia de la providencia recurrida debió corresponder al señor consejero Filemón Jiménez Ochoa, quien elaboró el proyecto de sentencia de segunda instancia que no fue aprobado y no al señor consejero Reinaldo Chavarro Buriticá quien fue ponente del proyecto de sentencia de segunda instancia aprobado con la participación de un conjuez.

El argumento del demandante no es de recibo porque supone, sin fundamento legal alguno, que la competencia de esta sección está determinada por la condición de ponente que adopte uno u otro de los consejeros que la componen y no tiene en cuenta que la Constitución y la ley asignan competencias para conocer procesos judiciales al Consejo de Estado para que las ejerza a través de sus salas y secciones.

Como está claro que esta sección tenía competencia para dictar la sentencia de segunda instancia en el proceso electoral de la referencia y también para dictar la providencia que decidió negar la solicitud de aclaración y adición relacionada con la misma y ninguna de las normas en que se funda dicha competencia la condiciona al cumplimiento de reglas relacionadas con la designación de ponente, el recurso no prosperará.

No sobra advertir que el reglamento de las corporaciones judiciales prevé el traslado del expediente al magistrado que siga en turno y que participe de criterio diferente del sostenido en la ponencia que haya sido negada. Si esta contingencia procesal tiene lugar en relación con la sentencia resulta contrario a la lógica más elemental que cuando la Sala deba decidir las solicitudes de aclaración y complementación de la misma se deba cambiar al magistrado que fue ponente de la sentencia que adoptó.

Las anteriores razones son suficientes para denegar prosperidad al recurso interpuesto.

En mérito de lo expuesto, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,

RESUELVE:

1. Confirmar el auto proferido el 6 de abril de 2006 en el proceso de la referencia, en cuanto en el numeral 1º no se accedió a la solicitud de adición de la sentencia.

2. Una vez ejecutoriado el presente auto remítase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Reinaldo Chavarro Buriticá, Presidente—María Nohemí Hernández Pinzón—Filemón Jiménez Ochoa—Darío Quiñones Pinilla.

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