Auto 387 de mayo 18 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

SUSPENSIÓN DEL PROCESO EJECUTIVO

PRUEBA DE LA PREJUDICIALIDAD

EXTRACTOS: «1. De conformidad con lo establecido en el artículo 351-6 del CPC, el auto que decide sobre la suspensión del proceso es susceptible del recurso de apelación y esta Sala es competente para resolverlo, por disposición de los artículos 129-3 del CCA, en concordancia con el 265 ibídem y 1º del Acuerdo Nº 39 de 1990, expedido por el Consejo de Estado.

2. El artículo 135 del Código de Procedimiento Civil, dispone:

“Incidentes y otras cuestiones accesorias. Se tramitarán como incidente las cuestiones accesorias que la ley expresamente señale; las demás se resolverán de plano, y si hubiere hechos que probar, a la petición se acompañará prueba siquiera sumaria de ellos”.

En relación con la suspensión del proceso, los artículos 170-2 y 171 ibídem preceptúan:

“ART. 170.—Suspensión del proceso. El juez decretará la suspensión del proceso: (...).

2. Cuando la sentencia que deba dictarse en un proceso, dependa de lo que deba decidirse en otro proceso civil que verse sobre cuestión que no sea procedente resolver en el primero, o de un acto administrativo, de alcance particular cuya nulidad esté pendiente del resultado de un proceso contencioso administrativo, salvo lo dispuesto en los Códigos Civil y de Comercio y en cualquiera otra ley.

ART. 171.—Decreto de la suspensión y sus efectos. Corresponderá al juez que conoce del proceso, resolver sobre la procedencia de la suspensión.

La suspensión a que se refieren los numerales 1º y 2º del artículo precedente, sólo se decretará mediante la prueba de la existencia del proceso que la determina y una vez que el proceso que debe suspenderse se encuentre en estado de dictar sentencia” (resalta y subraya la Sala).

Aplicando los preceptos transcritos al evento subanálisis se tiene: el apoderado de la entidad ejecutada solicitó la suspensión del presente proceso, invocando la prejudicialidad administrativa, en razón de que las providencias ejecutoriadas que en esta causa sirvieron de título ejecutivo se encuentran demandadas en acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Con la respectiva solicitud, el peticionario no sólo aportó copia del libelo en el que impetra la nulidad de las Resoluciones 0971 y 4005 del 27 de marzo y del 1º de noviembre de 1991 sino que además pidió al ejecutor que oficiara al Tribunal referido, para que certificara sobre la existencia de tal acción y remitiera copia autenticada de toda la actuación.

Dado que las disposiciones que regulan la figura de la suspensión del proceso (arts. 170 y 171 del C.P.C.) no consagran el trámite incidental (art. 137, C.P.C.), la petición en tal sentido debe decidirse de plano, conforme ordena el artículo 135 del C.P.C., lo que a su vez implica que no hay traslado a la contraparte, ni término probatorio alguno, puesto que las probanzas necesarias para la decisión aludida, deben ser aportadas con la petición correspondiente.

Así las cosas, asistió la razón al funcionario ejecutor al fundamentar la decisión de suspensión en la prueba que el peticionario aportó junto con la respectiva solicitud, es decir, en la copia de la demanda contra las Resoluciones 0971/91 y 4005/91, que registra el recibo del libelo por parte de esa Corporación, prueba que evidentemente no cumple con la exigencia señalada en el artículo 171 del C.P.C., puesto que la presentación del libelo no supone la iniciación del proceso, ya que eventualmente puede inadmitirse o ser rechazado. Es el auto admisorio de la demanda debidamente notificada lo que traba la relación jurídico-procesal; sin esa providencia ni puede afirmarse que se inició un proceso contra los títulos ejecutivos y que a su vez determinaría la suspensión del presente; tampoco podría asegurarse con convicción plena que tal causa aún existe y menos podría determinarse el estado en que ella se encuentra, luego, también por este aspecto, estuvo acertado el a quo al desestimar la copia de la demanda presentada ante la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la que solicita la nulidad de las Resoluciones 0971 del 27 de marzo de 1991 y 4005 del 1º de noviembre del mismo año.

3. La oportunidad para acompañar la prueba demostrativa de la existencia del aludido proceso contencioso era, según el artículo 135 del C.P.C., el momento en que se solicitó la suspensión de éste, razón suficiente para que la Sala no tome en cuenta los elementos probatorios que en esta instancia aportó el recurrente al descorrer el traslado ordenado por auto del 12 de abril de 1994 (fl. 129).

En mérito de lo brevemente expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Admininis-trativo —Sección Quinta—,

RESUELVE:

Confírmase el auto dictado el 26 de noviembre de 1993, mediante el cual el grupo de cobro coactivo de la subsecretaría jurídica de la secretaría administrativa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público resolvió no suspender el presente proceso».

(Auto de mayo 18 de 1994. Expediente 0387. Consejero Ponente: Dr. Luis Eduardo Jaramillo Mejía).

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