Auto 38710 de mayo 23 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 201

Magistrado Ponente

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

Bogotá, D.C., veintitrés de mayo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «La Corte considera

1. Competencia.

1.1. Es competente la Corte Suprema de Justicia para resolver el recurso de apelación interpuesto por el defensor de Diojanol Gallego Castrillón contra la decisión de primera instancia proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al tenor de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 26 de la Ley 975 de 2005, en concordancia con el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004.

2. Libertad provisional.

2.1. La Sala ha sostenido, de manera reiterada y uniforme, la improcedencia de la libertad provisional en el trámite especial previsto por la Ley 975 de 2005, pues su ausencia en dicha normatividad no responde a una omisión involuntaria del legislador. La corporación ha manifestado lo siguiente:

“... La conclusión así anticipada ya ha sido ampliamente sustentada por la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, al precisar que el hecho de que la ley de justicia y paz, a diferencia del Código de Procedimiento Penal ordinario, no consagre expresamente causales de libertad provisional a favor de los desmovilizados de grupos armados ilegales que aspiran a acceder a los beneficios punitivos de la justicia transicional, no puede atribuirse precisamente a una omisión involuntaria del legislador, la cual pueda ser subsanada a través de la aplicación de las causales previstas en la Ley 906 de 2004 o 600 de 2000, en virtud del principio de complementariedad que describe el artículo 62 de la Ley 975 de 2005.

La improcedencia de la aplicación del principio mencionado para así introducir al régimen de la Ley 975 de 2005 causales de libertad provisional surge nítida si se considera la diferente naturaleza de las dos clases de procesos: en especial, la corporación ha de considerar aquí que es precisamente el propio procesado quien acude ante las autoridades encargadas de la aplicación de la Ley 975 de 2005 no, en principio, para que esta derribe la presunción de inocencia que lo cobija, sino justamente a confesar ante la autoridad y la sociedad la comisión de hechos constitutivos de crímenes de lesa humanidad. En retribución, siempre y cuando atienda su compromiso de verdad, justicia y reparación con las víctimas y la comunidad, el procesado se hará acreedor a una pena alternativa, único beneficio que se le concede.

Las precisiones precedentes permiten afirmar que sería naturalmente ilógico que quien se acoge voluntariamente al proceso de la ley de justicia y paz para, a través de él, confesar públicamente sus crímenes, comprometerse con los derechos de las víctimas y someterse a la detención preventiva en establecimiento carcelario, resulte favorecido con una libertad provisional, cuando aún no ha cumplido los presupuestos que le permiten gozar del beneficio punitivo que trae aparejada la sentencia que en su contra se profiera, según el régimen de justicia transicional.

La Sala ahonda en su convicción sobre la improcedencia de la libertad provisional dentro de los procesos que se tramitan conforme a la ley de justicia y paz, tras considerar que uno de los fundamentos de dicho régimen es que se trata del juzgamiento de conductas de la más extrema gravedad, de procesados que han dedicado largos años de su vida al ejercicio sistemático y reiterado de actos de violencia contra la población civil, y que como se trata de un proceso diseñado ‘a la medida de las víctimas’ se impone atender a su percepción de justicia, la cual naturalmente se vería burlada si se concediese la libertad provisional a quien voluntariamente se ha acogido al estatuto especial, en busca de una condena con beneficios.

Ahora bien, el hecho de que los procesados hayan demostrado su inclinación a colaborar con este particular trámite, lo que constituye obviamente una de sus obligaciones más elementales si aspiran a beneficiarse en el futuro de la pena alternativa, en manera alguna tal disposición, por sí misma, permite la concesión de un beneficio distinto a los expresamente consagrados en la Ley 975 de 2005”(2).

2.2. En el caso examinado, no encuentra la Sala circunstancias fácticas o jurídicas que ameriten un cambio en la interpretación dada por la Corte, por lo cual resulta necesario reiterar lo dicho en precedencia en cuanto la libertad provisional requerida por el impugnante, deriva improcedente en el proceso excepcional de justicia y paz.

2.3. Adicional a lo anterior, con el propósito de responder a la totalidad de la censura esgrimida por la defensa, se debe recordar que la figura de la revocatoria de la medida de aseguramiento tampoco es viable en el trámite de justicia transicional. Dijo la Sala en su oportunidad:

“(...) dentro de las especiales características que gobiernan la ley de justicia y paz y sus decretos reglamentarios, resulta improcedente dar aplicación al principio de complementariedad para invocar la revocatoria de la medida de aseguramiento consagrada en el artículo 318 de la Ley 906 de 2004, pues aquella, en uno y otro caso persiguen objetivos diferentes.

En palabras sencillas debe concluirse que en la Ley 975 de 2005 no es procedente la revocatoria de la medida de aseguramiento, sin que resulten de recibo las alegaciones que en este sentido elevaron los recurrentes, pues lo cierto es que uno de los principios basilares que gobiernan este proceso, es el de la verdad y por tanto además de su improcedencia carece de lógica y sindéresis citar como argumento que la fiscalía no ha realizado las gestiones tendientes a establecer si lo que el versionado confesó es cierto, pues a este proceso no se llega a mentir con el propósito de encontrar inmerecidos descuentos punitivos”(3).

2.4. De conformidad con lo expuesto, de manera anticipada, se debe concluir que la petición elevada por la defensa, objeto del presente recurso, deviene improcedente dentro del proceso que se rige por la Ley 975 de 2005, motivo por el cual se confirmará el auto apelado.

3. Con relación al supuesto cumplimiento del término máximo previsto para la pena alternativa, se debe precisar que esta figura es aplicable, exclusivamente, cuando se haya verificado el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, de modo que resulta inadecuado presumirse su otorgamiento en una etapa procesal previa al fallo condenatorio. Al respecto se ha pronunciado esta Corte:

“(...) como se trata de un proceso caracterizado por el sometimiento a la justicia por parte de una persona interesada en la obtención de una pena alternativa, no hay lugar al otorgamiento de libertad provisional dentro del trámite porque su elegibilidad a dicha pena excepcional apenas se consolida en el momento del fallo de condena y no antes(4) (resaltado añadido).

3.1. El artículo 11º de la Ley 975 de 2005 prescribe los requisitos de elegibilidad para la desmovilización individual de miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, entre los que se incluye i) la entrega de información o colaboración con el desmantelamiento del grupo al que pertenecía, ii) suscripción de un acta de compromiso con el Gobierno Nacional, iii) que se haya desmovilizado y dejado las armas en los términos establecidos por el Gobierno Nacional para el efecto, iv) que cese toda actividad ilícita, v) la entrega de los bienes producto de la actividad ilegal, para que se repare la víctima y, vi) que su actividad no haya tenido como finalidad el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito.

3.2. Se colige de lo anterior, que la elegibilidad del postulado solo puede verificarse una vez realizada la legalización de cargos y el incidente de reparación, de modo que la sentencia constituye el único momento procesal en que se puede reconocer el beneficio de la pena alternativa.

3.3. Descendiendo al caso en cuestión, se tiene que el proceso contra Diojanol Gallego Castrillón no ha agotado las etapas procesales posteriores a la formulación de cargos, motivo por el cual se desconoce el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y la procedencia de la pena alternativa. Por lo anterior, es inviable argüir que se ha cumplido con el tiempo previsto para la pena descrita en el artículo 29, ya que esta solo se verificará en la respectiva sentencia.

4. Así mismo, resulta necesario esclarecer el lapso que ha descontado Diojanol Gallego Castrillón dentro del proceso especial de la ley de justicia y paz, comoquiera que el procesado se encuentra privado de la libertad desde el 23 de marzo de 2003.

4.1. En efecto, el postulado se acogió a lo prescrito en el parágrafo del artículo 10 de la ley de justicia y paz, comoquiera que se encontraba privado de la libertad al momento de ser postulado por el Gobierno Nacional mediante oficio F-1076974, GJP 0301 de 30 de marzo de 2007.

4.2. De acuerdo con lo anterior, se debe señalar que Gallego Castrillón ingresó al trámite especial de la justicia transicional a partir de su postulación, esto es el 30 de marzo de 2007, por lo que a la fecha ha descontado algo más de 5 años, de donde resulta inadmisible considerar que el tiempo en que ha estado privado de la libertad en razón de la condena proferida en la justicia ordinaria, se contabilice como parte de la pena que se impondrá en la justicia excepcional.

En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

CONFIRMAR el auto de 28 de marzo de 2012, proferido por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante la cual se negó una solicitud de libertad promovida en favor de Diojanol Gallego Castrillón.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».

(2) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto de 23 de marzo de 2011, Rad. 36051. Auto de 24 de junio de 2010. Rad. 34170.

(3) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto de 15 de marzo de 2012. Rad. 38105.

(4) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto de 24 de junio de 2010. Rad. 34170.