Auto 38722 de junio 27 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

Aprobado Acta 239

Bogotá, D.C., veintisiete de junio dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte:

1. Cuestión previa:

Con el propósito de determinar la procedencia o no de la práctica de un medio de persuasión dentro de la fase judicial del trámite de extradición, se debe tener presente que el mismo esté relacionado con alguno de los aspectos a revisar por la corporación al momento de emitir el respectivo concepto.

1.1. En este sentido, la pretensión probatoria debe estar vinculada, de acuerdo con lo señalado en el artículo 502 de la Ley 906 de 2004(1), con:

a) La validez formal de la documentación presentada por el Estado requirente;

b) La demostración plena de la identidad de la persona solicitada en extradición con la que haya sido capturada con tal fin;

c) El principio de la doble incriminación, según el cual el hecho que motiva la petición de entrega también debe estar previsto en Colombia como delito y encontrarse reprimido con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años;

d) Que la providencia proferida por la autoridad extranjera sea una sentencia o al menos se asimile, de conformidad con nuestro sistema procesal penal, a la acusación; y

e) El cumplimiento de lo dispuesto en tratados públicos, de ser necesario.

1.2. Ahora, acorde con la jurisprudencia de esta colegiatura(2), también se debe constatar si en Colombia se profirió decisión con fuerza de cosa juzgada, por los mismos hechos que sustentan la petición de extradición.

1.3. A su vez, como de acuerdo con lo manifestado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, según quedó consignado inicialmente, este asunto se rige por el Código de Procedimiento Penal de 2004, será necesario tener presente que en su artículo 139 señala a los jueces el deber de rechazar de plano los “actos que sean manifiestamente inconducentes, impertinentes o superfluos”, mientras que en el artículo 359 del mismo estatuto atribuye a tales funcionarios “la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que, de conformidad con las reglas establecidas en este código, resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieran prueba”. Y, finalmente, que en el artículo 375 ibídem se indican las pautas para determinar la pertinencia de las pruebas, al subrayar la necesidad de que las mismas se refieran “directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta”; alcance que trasladado al trámite de extradición, debe aplicarse a los requisitos contenidos en el artículo 502 de la Ley 906 de 2004.

En esa medida, de conformidad con las normas anotadas, en la fase judicial del trámite de extradición sólo se decretarán las pruebas pertinentes, es decir, las que demuestren los supuestos derivados de las exigencias previstas tanto en el referido artículo 502, como los requisitos puntualizados en los artículos 490, 493 y 495 de la Ley 906 de 2004 y la jurisprudencia de esta Sala.

Igualmente, se ordenarán las conducentes, esto es, aquellas autorizadas en la ley con capacidad para comprobar los precisos aspectos sobre los cuales compete a la Corte rendir su concepto.

Finalmente, se evacuarán las útiles, o sea las llamadas a acreditar un asunto aún no corroborado y de verdadero interés para la actuación.

Precisados los parámetros bajo los cuales corresponde adelantar la actividad probatoria en la fase judicial del trámite de extradición, se procederá a resolver las pretensiones formuladas al respecto.

2. Sobre la petición probatoria de la defensa:

2.1. A pesar de que en principio habría lugar a sostener que la prueba reclamada por la defensa no es pertinente, por cuanto no se vincula con los requisitos que debe constatar la Corte al momento de emitir el concepto respectivo, a su vez no debe perderse de vista que el medio de convicción deprecado tiene relación con los eventuales condicionamientos que pueden imponerse en caso de que el concepto sea favorable a la extradición, en particular en punto del tratamiento que se le debe prodigar al solicitado por su calidad de persona humana y de nacional colombiano por nacimiento.

2.2. En efecto, a través de su actividad jurisprudencial, la Corte ha venido precisando un conjunto de condicionamientos, los cuales tuvieron su génesis en el concepto del 5 de septiembre de 2006, emitido dentro de la radicación 25625, en el cual afirmó:

“Del mismo modo, es preciso advertir que como el instrumento de la extradición entre Estados Unidos de América y Colombia se rige, en ausencia de un instrumento internacional que regule los motivos de procedencia, requisitos, trámite y condiciones, por las normas contenidas en la Constitución Política (art. 35) y en el Código de Procedimiento Penal (L. 600/2000, arts. 508 a 533) [hoy artículos 490 a 514 de la Ley 906 de 2004], cuando recae sobre ciudadanos colombianos por nacimiento —si es pasiva—, es imperioso que el Gobierno Nacional haga las exigencias que estime convenientes en aras a que en el país reclamante se le reconozcan todos los derechos y garantías inherentes a su calidad de colombiano y de procesado, en especial las contenidas en la Carta Fundamental y en el denominado bloque de constitucionalidad, es decir, en aquellos convenios internacionales ratificados por Colombia que consagran y desarrollan derechos humanos (art. 93 de la Constitución, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en virtud del deber de protección a esos derechos que para todas las autoridades públicas emana del artículo 2º ibídem.

Los condicionamientos en cuestión tienen carácter imperioso, porque la extradición de un ciudadano colombiano por nacimiento, cualquiera sea el delito que dio lugar a su entrega a un país extranjero, no implica que pierda su nacionalidad ni los derechos que le son anejos a tal calidad. Por tanto, el deber de protección de las autoridades colombianas se extiende a tal punto, que han de vigilar que en el país reclamante se le respeten los derechos y garantías tal como si fuese juzgado en Colombia. A lo que renuncia el Estado que accede a la entrega de un connacional es a ejercer su soberanía jurisdiccional, de modo que en tanto aquél siga siendo súbdito de Colombia, conserva a su favor todas las prerrogativas, garantías y derechos que emanan de la Constitución y la ley, en particular, aquellos que se relacionan con su calidad de procesado y que tienen que ver con la dignidad humana” (negrillas fuera de texto).

Posteriormente, la Corte ha venido delimitando los condicionamientos en caso de la entrega de nacionales colombianos por nacimiento con ocasión de la emisión de conceptos favorables a la extradición, de la siguiente manera:

“3.2. Del mismo modo, le corresponde condicionar [al Gobierno Nacional] la entrega del solicitado a que se le respeten todas las garantías debidas en razón de su condición de nacional colombiano(3), en concreto a: tener acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, esté asistido por un intérprete, cuente con un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, pueda presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, la pena que eventualmente se le imponga no trascienda de su persona y tenga la finalidad esencial de reforma y adaptación social.

3.3. El Gobierno Nacional también deberá imponer al Estado requirente, en orden a salvaguardar los derechos fundamentales del reclamado, la obligación de facilitar los medios necesarios para garantizar su repatriación en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, en caso de llegar a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o su situación jurídica resuelta definitivamente de manera semejante en el país solicitante, incluso, con posterioridad a su liberación una vez cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria originada en los cargos por los cuales procede la presente extradición.

3.4. Así mismo, deberá condicionar la entrega a que el país requirente, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y reales para que el solicitado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 califica a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, la cual también es protegida por la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 17 y 23, respectivamente”(4) (negrillas fuera de texto).

2.3. De lo anterior se sigue, que en los conceptos favorables emitidos por la Corte ha sido una constante asegurar el respeto por la dignidad humana de los solicitados en extradición, en particular cuando se trata de nacionales colombianos por nacimiento y para el efecto se tienen en cuenta como referente los instrumentos internacionales sobre derechos humanos suscritos por Colombia.

2.4. Bajo esa perspectiva, resulta oportuno mencionar que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevé:

“ART. 10.—1. Toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

(...)”.

A su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos preceptúa:

“ART. 4º—Derecho a la vida.

1. Toda persona tiene derecho a la vida...

(...)

ART. 5º—Derecho a la integridad personal.

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de la libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad humana inherente al ser humano.

(...)”.

2.5. De otra parte, a manera ilustrativa resulta oportuno recordar que en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, se señala:

“Servicios médicos.

22.1. Todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un médico calificado que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos. Los servicios médicos deberán organizarse íntimamente vinculados con la administración general del servicio sanitario de la comunidad o de la nación. Deberán comprender un servicio psiquiátrico para el diagnóstico y, si fuere necesario, para el tratamiento de los casos de enfermedades mentales. 2) Se dispondrá el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, a establecimientos penitenciarios especializados o a hospitales civiles. Cuando el establecimiento disponga de servicios internos de hospital, éstos estarán provistos del material, del instrumental y de los productos farmacéuticos necesario para proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el tratamiento adecuados. Además, el personal deberá poseer suficiente preparación profesional. 3) Todo recluso debe poder utilizar los servicios de un dentista calificado” (negrilla fuera de texto).

Así mismo, conviene recordar que en el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, adoptados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas mediante la Resolución 43/173 del 9 de diciembre de 1988, se previó:

“Principio 1:

Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

(...)

Principio 24:

Se ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado con la menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención o prisión y, posteriormente, esas personas recibirán atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. Esa atención y ese tratamiento serán gratuitos”.

Con el mismo propósito ilustrativo, se tiene que en los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, adoptados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su Resolución 45/111 de 14 de diciembre de 1990, se concluyó:

“1. Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor inherentes de seres humanos.

(...)

5. Con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y, cuando el Estado de que se trate sea parte, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, así como de los demás derechos estipulados en otros instrumentos de las Naciones Unidas.

(...)

9. Los reclusos tendrán acceso a los servicios de salud de que disponga el país, sin discriminación por su condición jurídica” (negrillas fuera de texto).

2.6. Ahora, es del caso mencionar que la corporación expresó en un caso donde se recogió un supuesto de hecho semejante al que ahora concita la atención, lo siguiente:

“En lo atinente a la prueba relacionada con la práctica de un examen psiquiátrico a la requerida, pedida tanto por el defensor (ord. 9º del capítulo de pruebas), como por la representante del Ministerio Público, encuentra la Sala, que se hace necesario determinar su estado de salud mental, en aras de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la señora... y obtener los elementos de juicio necesarios para, eventualmente, emitir un concepto bajo ciertas y específicas condiciones o desfavorable según sea procedente, y a la vez disponer lo necesario para que por parte de las autoridades correspondientes se brinde una atención conforme al principio de solidaridad social en la protección especial de los disminuidos mentalmente(5), además adoptar las decisiones a que haya lugar, conforme a lo previsto por los artículos 13 (inc. 2 y 3) y 47 de la Carta Política y los tratados internacionales sobre la materia(6), tal como lo ha señalado la Corte Constitucional al referirse a los derechos y al tratamiento que por parte del Estado Social de Derecho debe dispensarse a los inimputables”.

2.7. Así las cosas, se observa que la prueba deprecada por la defensora del reclamado Héctor Álvaro Martínez Rujana resulta pertinente, por cuanto se relaciona con la eventual necesidad de señalar un condicionamiento especial en caso de que el concepto a emitir por la Corte sea favorable a la extradición del citado, en aras de preservar tanto su salud como su vida, condicionamientos que cabe resaltar, ya han sido objeto de atención por la Sala(7).

No obstante, no se oficiará al centro asistencial donde se encuentra hospitalizado el reclamado Martínez Rujana, es decir, a la Clínica Sociedad de Enfermeras Profesionales con el propósito de establecer su condición actual de salud, sino que se requerirá al Instituto Nacional de Medicina Legal, en orden a establecer:

a) Si en la actualidad el señor Héctor Álvaro Martínez Rujana padece de enfermedad física o mental, en caso positivo, se determine cuál.

b) Si tal padecimiento es de carácter transitorio o permanente.

c) Qué tipo de tratamiento requiere y si el mismo es incompatible o no con la reclusión intramural.

Para los efectos del examen a practicar al reclamado Martínez Rujana, por Secretaría de la Sala se requerirá a la Clínica Sociedad de Enfermeras Profesionales o donde se encuentre hospitalizado el citado, para que facilite copia íntegra y actualizada de la historia clínica del mencionado.

A su vez, se requerirá al Instituto Nacional de Medicina Legal para que designe un médico forense a efectos de que se traslade a la Clínica Sociedad de Enfermeras Profesionales o donde se encuentre internado Héctor Álvaro Martínez Rujana, en razón de su condición de salud, en orden a que se le practique reconocimiento médico legal con el propósito anotado.

Así mismo, se oficiará a la Fiscalía General de la Nación, por cuenta de quién se encuentra el solicitado Martínez Rujana, para efectos de los trámites a que haya lugar a fin de concretar la práctica de la prueba ordenada.

3. Sobre la pretensión probatoria del representante el Ministerio Público:

3.1. La prueba deprecada por el Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal orientada a constatar si el reclamado Héctor Álvaro Martínez Rujana ha sido juzgado en Colombia por los mismos hechos que sustentan su petición de extradición, en orden a salvaguardar el principio de la cosa juzgada, no resulta pertinente, conforme pasa a exponerse.

En efecto, si bien en la documentación aportada por el gobierno requirente, en particular en la Nota Verbal 634 del 23 de marzo de 2012, por cuyo medio se formalizó la solicitud de extradición de Martínez Rujana, se sostuvo:

“Desde aproximadamente marzo de 2004 hasta el 30 de junio de 2007... Héctor Álvaro Martínez Rujana... se involucraron en actividades de lavado de dinero. Durante este tiempo, los cuatro fugitivos realizaron la transferencia de cientos de miles de dólares, derivados de las utilidades provenientes de las ventas de narcóticos. Para facilitar su esquema de lavado de dinero, los acusados utilizaban cuentas bancarias de los Estados Unidos, un negocio recientemente constituido en el Estado de la Florida y registros falsos de negocios para obtener permiso del gobierno de Colombia para recibir dólares de los Estados Unidos en cuentas en una empresa de corretaje de valores de Colombia. Sin que los acusados supieran, las cuentas en bancos de los Estados Unidos y el negocio recientemente constituido fueron creados con la ayuda y bajo el control del Servicio Interno de Impuestos (IRS) de los Estados Unidos. Después de obtener la aprobación del gobierno de Colombia, los coasociados abrieron una cuenta en una empresa de corretaje de valores en Colombia con el propósito de recibir y convertir los dólares de los Estados Unidos en pesos colombianos. Los acusados entregaron contratos ficticios de servicios para obras de ingeniería que no tuvieron, ni tendrían lugar, como medio para esconder la verdadera naturaleza de los fondos obtenidos ilícitamente.

La investigación reveló que... 3) Martínez Rujana suministró las instrucciones de transferencia cablegráfica para transferir las utilidades provenientes de la venta de narcóticos de bancos de los Estados Unidos a cuentas de corretaje de valores en Colombia, lo cual resultó en el lavado de más de $3.000.000 de dólares de los Estados Unidos...”.

Así mismo, en la declaración jurada de Kurt Evan Hartweell, Agente Especial del Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos, allegada en sustento de la solicitud de extradición, se consignó:

“... esta declaración jurada se presenta en respaldo a la solicitud de los Estados Unidos a favor de la extradición de... Héctor Álvaro Martínez Rujana... de Colombia a Estados Unidos en virtud de la acusación formal emitida en el Tribunal Federal del Distrito Sur de la Florida en la causa penal 09-20941CR-LENARD.

Los cargos contra estos acusados se derivaron de una extensa investigación de varios años realizada por el Servicio de Rentas Internas. Las pruebas que he revisado incluyen expedientes bancarios, expedientes de transferencias electrónicas de la Reserva Federal, comunicaciones electrónicas (“e-mail”), transcripciones de conversaciones telefónicas grabadas, audiograbaciones de reuniones, e informes de entrevistas con informantes confidenciales y otros testigos con conocimiento pertinente sobre la actividad delictiva en este caso”.

Así las cosas, es claro que de lo anterior no se desprende la existencia de una decisión con efectos de cosa juzgada y tampoco el representante del Ministerio Público identifica en concreto la constatación de una investigación en la que efectivamente se haya proferido una providencia de la connotación jurídica advertida.

Conviene recordar que incluso la Corte ha manifestado sobre el particular:

“No obstante, el imperativo de verificar esta circunstancia se presenta en situaciones en las que existe evidencia que apunte a demostrar la eventual lesión del derecho fundamental al debido proceso por desconocimiento del principio de cosa juzgada, en la medida que el afectado o su defensor informen que el asunto fue investigado y juzgado en Colombia y suministren la información relacionada con las autoridades judiciales colombianas que hubieren conocido de la actuación; o que por cualquier otro medio fundadamente se pueda suponer el ejercicio previo de jurisdicción, por ejemplo, porque la orden de captura con fines de extradición se cumple estando la persona privada de libertad y resulte necesario establecer la razón por la cual se dispuso la limitación de ese derecho al requerido.

En el presente asunto ni el solicitado ni su defensor suministraron información relacionada con la posibilidad de que el Estado colombiano lo hubiere investigado, juzgado y sentenciado, absolviéndolo o condenándolo por los mismos hechos a los que alude el pedido de extradición elevado por el gobierno de..., circunstancia que resulta suficiente para desvirtuar la lesión o la amenaza del derecho fundamental al debido proceso del ciudadano... en lo relacionado con el principio de cosa juzgada”(8).

Se advierte, por tanto, la impertinencia de la prueba solicitada por el Procurador Delegado, motivo por el cual no se ordenará su práctica.

3.2. La petición del representante del Ministerio Público para que se requiera a la Registraduría Nacional del Estado Civil a fin de que remita la tarjeta decadactilar que figure a nombre del reclamado, identificado con la cédula de ciudadanía 17.026.787, no resulta útil, pues dentro de la documentación recaudada en virtud del presente trámite de extradición aparece dicho documento(9), además, la información aportada por el Estado requirente es suficiente para adelantar el examen sobre la plena identidad del solicitado.

En efecto, son múltiples las oportunidades en que se mencionada la identidad del requerido por el Gobierno extranjero, así se puede constatar tanto en las notas verbales 2952 del 22 de diciembre de 2011 y 634 del 23 de marzo de 2012, como también en la declaración jurada de Kurt Evan Hartweell, Agente Especial del Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos, aportada en apoyo de la solicitud de extradición.

Así mismo, se cuenta con el estudio lofoscópico practicado por el Cuerpo Técnico de Investigación al requerido Héctor Álvaro Martínez Rujana el día de su captura, a efectos de establecer su identidad.

4. Sobre la petición de las hijas del requerido en extradición:

Como quiera que las descendientes del reclamado Héctor Álvaro Martínez Rujana, solicitan que se reconozca como apoderado de su progenitor al abogado indicado por ellas, pues aducen que esa fue la voluntad de su padre cuando aún gozaba de sus facultades mentales, se estará a lo resuelto en el auto del 23 de mayo de 2012, a través del cual se decidió igual pretensión, señalándose que carecían de legitimidad para elevar solicitudes en este trámite de extradición, pero además, se advirtió que al requerido se le nombró un defensor de oficio en atención a lo preceptuado en el artículo 510 de la Ley 906 de 2004.

Por tanto, se comunicará esta determinación a las señoras Claudia Patricia y María Catalina Martínez Gómez y, a su vez, se desglosarán los documentos aportados por éstas y se hará su devolución a las mismas.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. ORDENAR la práctica de la prueba solicitada por la defensora del señor Héctor Álvaro Martínez Rujana, en los términos señalados en el numeral 2.7 de la parte considerativa de esta determinación.

2. NEGAR la práctica de las pruebas solicitadas por el representante del Ministerio Público.

3. DISPONER el desglose de los documentos allegados por las hijas del requerido Héctor Álvaro Martínez Rujana, señoras Claudia Patricia y María Catalina Martínez Gómez, a quienes se hará devolución de los mismos.

4. COMUNICAR a las citadas en el numeral precedente, la decisión adoptada en relación con su petición.

Contra esta providencia procede el recurso de reposición.

Notifíquese y cúmplase».

SALVAMENTO PARCIAL Y ACLARACIÓN DE VOTO

Al resolver las solicitudes probatorias del Ministerio Público y de la defensa dentro del trámite de extradición del ciudadano colombiano Héctor Álvaro Martínez Rujana, requerido por el Gobierno de los Estados Unidos, la Sala mayoritaria dispuso:

i) Ordenar la práctica de examen médico al solicitado para establecer su condición actual de salud y,

ii) Negar la práctica de las pruebas impetradas por el Procurador Judicial, previa mención de los aspectos a corroborar por la corporación, dentro de los cuales incluyó el relativo al ejercicio de la jurisdicción nacional sobre el hecho que sustenta la petición de extradición.

Como no comparto la primera de dichas decisiones y encuentro reparos en torno a la argumentación otorgada por la corporación al adoptar la segunda, procedo a expresar las razones de mi salvamento parcial y aclaración de voto:

Mi respetuosa discrepancia se funda en que, en ambos eventos, contrario a lo expresado por la mayoría, de acuerdo con la normatividad aplicable a este trámite, a la Corte no le corresponde revisar el estado de salud del requerido y, menos aún, la configuración del instituto de la cosa juzgada. Por tanto, al adentrarse en estudio de tópicos no previstos en la ley, excede la competencia que le ha sido atribuida.

En efecto, los quebrantos de salud de un requerido, por graves que sean, y el adelantamiento en Colombia de un proceso o la existencia de sentencia ejecutoriada por los mismos hechos en contra del exigido en extradición, son asuntos por completo ajenos a la órbita de competencia funcional de la Corte al conceptuar sobre el tema.

Tratándose de un concepto sobre la viabilidad de una extradición, la Corte debe concentrarse en corroborar los siguientes aspectos: a) demostración de la plena identidad del solicitado; b) validez formal de la documentación presentada como soporte de la solicitud; c) principio de doble incriminación; d) equivalencia de la providencia extranjera con la resolución de acusación colombiana; y e) cumplimiento de los tratados, si fuere el caso.

Dentro tales presupuestos, consagrados en los artículos 500 de la Ley 600 de 2000 y 502 de la Ley 906 de 2004, no se incluye la revisión del estado de salud del solicitado ni el examen del instituto de la cosa juzgada; de haber sido ese el querer del legislador, así lo habría establecido en el ordenamiento procesal.

En ese contexto, advierto cómo la Sala no debió ordenar la verificación de la condición médica del señor Martínez Rujana ni plasmar en el auto ninguna manifestación respecto del instituto de la cosa juzgada, pues no le corresponde analizar tales aspectos

El estado salud del requerido o la existencia en su contra de sentencia ejecutoriada emitida en Colombia en contra por los mismos hechos origen de la petición, constituyen asuntos ajenos a la órbita de competencia funcional de la Corte; si tal situación concurre en un caso concreto, le corresponde a la Sala precisar que dichas temáticas deben ser dilucidadas por el Presidente de la República, en su condición de máximo director de las relaciones internacionales, de acuerdo con las funciones políticas deferidas por el artículo 189 del Ordenamiento Superior.

Este criterio tiene fundamento en el principio de legalidad, aplicable también al trámite de extradición, como integrante del debido proceso reconocido expresamente en el artículo 29 de la Carta Política.

En ese orden, las pruebas que se soliciten y decreten dentro del trámite de extradición deben orientarse, exclusivamente, a demostrar o desvirtuar la configuración de tales exigencias formales; por ello, no es viable ordenar el recaudo de medios de convicción encaminados a corroborar la condición médica del requerido o establecer si en Colombia se le ha juzgado por los mismos hechos objeto de la entrega, porque tal aspecto escapa a las atribuciones de la Corte, de manera que las solicitudes probatorias en ese sentido carecen de conducencia y pertinencia.

En los anteriores términos dejo sentado mi salvamento parcial y aclaración de voto.

Con toda atención,

María del Rosario González Muñoz, magistrada.

Fecha ut supra. 

 

(1) En el presente caso se aplica la Ley 906 de 2004, por cuanto los hechos que sustentan la petición de extradición se cometieron incluso después del 1º de enero de 2005, fecha en la cual entró en vigencia el nuevo Código de Procedimiento Penal. En este sentido, ver Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, autos del 4 de abril y 3 de octubre de 2006, radicaciones 24187 y 25080, respectivamente, entre otros.

(2) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, conceptos del 19 de febrero y del 16 de septiembre de 2009, radicados 30374 y 31036, respectivamente.

(3) “Según el criterio de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, concepto del 5 de septiembre de 2006, radicación 25625, a pesar de que se produzca la entrega del ciudadano colombiano, este conserva los derechos inherentes a su nacionalidad consagrados en la Constitución Política y en los tratados sobre derechos humanos suscritos por el país”.

(4) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, concepto del 25 de abril de 2012, radicación 38284, entre muchos otros.

(5) “Corte Constitucional Sentencia T-558 de 2005”.

(6) “La Corte Constitucional, en la Sentencia T-966 de 2008 puntualizó: “El constituyente de 1991, en virtud de la necesidad de desarrollar los principios y valores que fundamentan el Estado Social de derecho Colombiano —entre los que se encuentra la protección especial a las personas que por condiciones físicas o mentales se hallan en circunstancias de debilidad manifiesta—, estableció en la Carta Política de 1991 el deber estatal de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y libertades; protegiéndolos de cualquier forma de maltrato y abandono para garantizar su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos”; y en la Sentencia C-176 de 1993, expresó: “El hombre para gozar de una vida digna debe rodearse de ciertos elementos de orden cualitativo: debe gozar de igualdad, de libre desarrollo de su personalidad, de libertad y de salud, entre otros atributos todos ellos esenciales. Ahora bien, por fenómenos naturales o accidentales no todos los hombres se encuentran ubicados en situaciones semejantes para poder aspirar y disfrutar de tan altos bienes materiales y espirituales. Aquellas personas que el derecho penal ha denominado “inimputables”, en efecto, se encuentran en inferioridad de condiciones síquicas para poder autodeterminarse y gozar a plenitud de la calidad de dignidad. Ello sin embargo no implica que tales personas carezcan de ella. Los inimputables poseen ciertamente dignidad, pero sus especiales condiciones síquicas requieren precisamente que el Estado y la sociedad los rodee de ciertas condiciones para que se rehabiliten y puedan así equilibrarse con los demás. Tal es la implicación concreta que tiene el vocablo Estado social de derecho respecto de los disminuidos síquicos. Las anteriores notas constitucionales encuentran su respaldo en el derecho internacional sobre derechos humanos ratificados por Colombia, el cual hace parte del ordenamiento interno, según el artículo 93 de la Carta. Entre tales instrumentos internacionales se destacan los siguientes: a) Pacto de Derechos civiles y Políticos de las Naciones Unidas de 1966, aprobado mediante Ley 74 de 1968, en el Preámbulo establece: Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad la justicia y la paz del mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y sus derechos iguales e inalienables. Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana (...); b) Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. Aprobada mediante la Ley 16 de 1.972, en el Preámbulo establece: Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tiene como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos (...); c) El artículo 10º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece: 1. Toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (...); d) En las Recomendaciones para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas se encuentra en capítulo especial el tratamiento de las personas que han cometido el hecho punible en estado de inimputabilidad. Dichas Recomendaciones son las siguientes: B. Reclusos alienados y enfermos mentales. 82. 1) Los alienados no deberán ser recluidos en prisiones. Se tomarán disposiciones para trasladarlos lo antes posible a establecimientos para enfermos mentales. 2) Los reclusos que sufran otras enfermedades o anormalidades mentales deberán ser observados y tratados en instituciones especializadas dirigidas por médicos. 3) Durante su permanencia en la prisión, dichos reclusos estarán bajo la vigilancia especial de un médico. 4) El servicio médico o psiquiátrico de los establecimientos penitenciarios deberá asegurar el tratamiento psiquiátrico de todos los demás reclusos que necesiten dicho tratamiento. 83. Convendrá que se tomen disposiciones, de acuerdo con los organismos competentes, para que, en caso necesario, se continúe el tratamiento psiquiátrico después de la liberación y se asegure una asistencia social postpenitenciaria de carácter psiquiátrico”. En el mismo sentido Sentencia T-1103 de 2004”.

(7) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, conceptos del 10 de agosto de 2005, 31 de julio de 2009 y 16 de junio de 2010, radicaciones 23013, 30329 y 32238, respectivamente.

(8) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto del 26 de agosto de 2009, radicación 31951.

(9) Ver folios 36,109 108 y 169 de la carpeta de anexos.