Auto 3875 de diciembre 5 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

EL TÉRMINO NO REVIVE POR LA NULIDAD DEL ACTO GENERAL EN QUE SE BASÓ EL ACTO PARTICULAR

Consejero Ponente: Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda

Ref.: Expediente Nº 3875-02. Actor Juan Carlos Canal Colmenares.

Bogotá, Distrito Capital, cinco (5) de diciembre de dos mil dos (2002).

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la providencia del 12 de abril de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se rechazó la demanda por caducidad de la acción.

Antecedentes

La parte actora, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda con el fin de obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución 2453 del 15 de octubre de 1991, mediante la cual el director del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica ICEL, hoy Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas, IPSE, le acepta la solicitud de retiro voluntario del cargo de técnico administrativo 4065-11 a partir del 16 de octubre del mismo año.

Como restablecimiento del derecho solicita el reintegro al mismo cargo o a uno de superior categoría, el pago indexado de todos los salarios y prestaciones y que se declare que no existió solución de continuidad.

Las anteriores pretensiones las formula con base en la declaratoria de nulidad de la Resolución 1984 del 3 de septiembre de 1991, mediante la cual la Dirección General del ICEL adoptó el plan colectivo de retiro compensado de carácter mixto, declarada por sentencia de esta corporación, expediente 1036-00 del 12 de julio de 2001, M.P. Dra. Ana Margarita Olaya Forero.

Que de acuerdo con ello, debe darse primacía al derecho sustancial sobre el formal y en ese orden de ideas, no puede aplicarse para el sub lite, lo consagrado en lo atinente a la caducidad de las acciones del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, como quiera que esta “norma es excluyente del derecho de acción proveniente de los efectos de la nulidad absoluta declarada por la jurisdicción competente del acto en que tuvo origen la desvinculación de la parte actora”.

La providencia del tribunal

El tribunal rechazó la demanda por caducidad de la acción, ya que para el caso sub lite, dicho fenómeno operó pasados los cuatro meses de conocida la resolución impugnada y como la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se instauró en 2002, ya habían transcurrido 11 años.

El recurso

La parte actora interpone recurso de apelación contra la decisión del tribunal, expresando, en síntesis, que el a quo ni siquiera examinó la procedencia y oportunidad de la demanda presentada, sino que se limitó únicamente a estudiar la caducidad de la acción, providencia que es notoriamente contraria a la Constitución, a las leyes y a la jurisprudencia del Consejo de Estado.

En efecto, dice, que el tribunal dejó de lado la prevalencia del derecho sustancial de rango constitucional para aplicar el formal, artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, constituyendo su actuación una vía de hecho, para lo cual está prevista la sanción de la Carta Política del artículo 90, como quiera que de ser condenado el Estado por daños antijurídicos por culpa o dolo de uno de sus agentes, deberá responder patrimonialmente, sin perjuicio de que repita contra éste.

Finalmente, dice que debe de contarse entonces, el término de caducidad desde la fecha de ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del acto general que le daba sustento al acto particular, tal como se cumple a cabalidad en el caso en estudio, como quiera que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se intenta dentro del término legal.

Consideraciones

La decisión materia de apelación habrá de ser confirmada, por las siguientes razones:

La demanda se dirige a atacar en nulidad y restablecimiento del derecho la Resolución 2453 del 15 de octubre de 1991, mediante la cual el director del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, ICEL, hoy Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas, IPSE, le acepta la solicitud de retiro voluntario del cargo de técnico administrativo 4065-11 a partir del 16 de octubre del mismo año. Pretensión que se demanda con base en la declaratoria de nulidad de la Resolución 1984 del 3 de septiembre de 1991, decretada por sentencia de esta corporación, expediente 1036-00 del 12 de julio de 2001, M.P. Dra. Ana Margarita Olaya Forero.

Primero ha de advertir la Sala que son dos los puntos que han de definirse: primero, la resolución particular impugnada y segundo, la declaratoria de nulidad de la Resolución 1984.

Con respecto a la primera, que es el acto particular que verdaderamente afectó la situación jurídica de la parte actora, es decir, el acto que tuvo la fuerza suficiente para desvincularla del cargo, es contra el cual debe dirigirse la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del término de caducidad de los cuatro meses, consagrado en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. Pero como dicho acto fue producido en 1991 y la demanda se presentó en 2002, es decir pasados 11 años, la demanda debe rechazarse por caducidad de la acción.

Ahora bien, con respecto al segundo aspecto, la declaratoria de nulidad de la Resolución 1984 del 3 de septiembre de 1991, mediante la cual la dirección general del ICEL, hoy IPSE, adoptó el plan colectivo de retiro compensado de carácter mixto, ha de advertirse que es el acto general de cuya nulidad no podría derivarse restablecimiento de derechos de carácter particular.

Es decir, la declaratoria de nulidad del acto que sirvió de base para emitir la resolución que afectó particularmente a la parte actora, no puede revivir términos más que precluidos para intentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

Como bien lo ha expresado esta sección en casos análogos al del sub lite, la nulidad que se declara, no restablece automáticamente derechos particulares, por cuanto cada determinación de alcance particular que haya adoptado la administración, mantiene su presunción de legalidad, la cual sólo puede ser desvirtuada por sentencia judicial, amén de lo cual debe afirmarse que la nulidad de un acto general se produce para el mantenimiento de la legalidad abstracta y la de un acto particular, para el resarcimiento de un derecho subjetivo.

Por esta simple razón, no es procedente interpretar que el término de caducidad haya de contarse a partir de la nulidad del acto general.

Ahora bien, debe advertir la Sala al recurrente, que no es de recibo afirmar con tanta vehemencia que el tribunal incurrió en vías de hecho por haber rechazado la demanda por caducidad de la acción. Es menester recordar que de conformidad con lo consagrado en el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, el juez está obligado a rechazar in limine la demanda que esté caducada.

Ahora bien, tampoco puede hablarse de que el a quo obró con prevalencia del derecho formal sobre el sustancial, ya que la caducidad es un presupuesto de la acción contencioso administrativa que como se sabe, los presupuestos son las condiciones previas indispensables para que el juez pueda proveer en el fondo del asunto y que garantizan que se trabe regularmente la relación procesal.

Por todo lo anterior, esta Sala confirmará la providencia materia de apelación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

RESUELVE:

Confírmase el auto del 12 de abril de 2002 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en la sesión de (5) de diciembre de dos dos (2002).

Alberto Arango Mantilla—Tarsicio Cáceres Toro—Jesús María Lemos Bustamante—Ana Margarita Olaya Forero—Alejandro Ordóñez Bustamante—Nicolás Pájaro Peñaranda. 

Eneida Wadnipar Ramos, Secretaria.

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