Auto 38764 de abril 25 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

Aprobado Acta 147

Bogotá, D.C., veinticinco de abril de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte:

1. De conformidad con lo señalado en los artículos 32-4 y 54 de la Ley 906 de 2004, esta Sala es competente para conocer de la definición de competencia originada en la petición del defensor del imputado Cleiman Nixón Blanco Dávila, según fue expuesta ante el Juzgado Catorce Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá.

Así lo ha precisado la corporación al sostener:

“Entonces, acorde con el ordinal 4º del artículo 32 del Código de Procedimiento Penal, el competente para definir la competencia será la Corte Suprema de Justicia en los siguientes casos:

1. Cuando la declaratoria de incompetencia se produzca dentro de actuación en la que el acusado tenga fuero constitucional o fuero legal.

2. Cuando la declaratoria de incompetencia proviene de un tribunal superior o la autoridad que así lo hace, es decir un juzgado cualquiera, señala que el competente es un tribunal.

3. Cuando la declaratoria de incompetencia provenga de un juzgado penal del circuito especializado, penal del circuito o penal municipal, que manifiesta que el competente es un juzgado que pertenece a otro distrito judicial”(1).

2. El caso que ocupa la atención de la Sala se enmarca dentro del referido numeral 3º, toda vez que el defensor reclama que el presente asunto sea remitido al Juzgado Penal del Circuito de Socorro (Santander) al estimar la incompetencia del homólogo de Bogotá.

3. De otra parte, a partir del contenido del escrito de acusación, se conoce que en octubre de 2006, al inmueble de propiedad del señor Luis Alberto Reyes García, llegó el padre de Cleiman Nixón Blanco Dávila para proponerle que le compraba el bien, a quien inicialmente se le ofrecieron algunos bienes como forma de pago, fórmula que rechazó, así que los Blanco volvieron después, en junio de 2007, a insistir en el ofrecimiento, pero el señor Reyes García mantuvo su posición y lo propio ocurrió en marzo de 2008.

En junio de 2008, el señor Luis Alberto Reyes García aceptó la oferta que por $ 1.200.000.000 le hicieron los Blanco, pero estos no volvieron a contactarlo sino hasta diciembre de ese año, época en que le afirmaron que estaban listos para hacer el negocio, ofreciendo como arras un vehículo marca Audi avaluado en $ 50.000.000, por lo que convencido el vendedor de la seriedad de la oferta, se pusieron una cita para el 19 de diciembre siguiente en el centro comercial Gran Estación de Bogotá, a donde concurrieron todos, no obstante, los compradores cambiaron la oferta y la fijaron en $ 800.000.000, propuesta que no aceptó el dueño del bien, sin embargo, en la noche de ese mismo día le comunicaron que aceptaban pagar el precio inicialmente pactado, por lo que Cleiman Nixón Blanco Dávila le propuso pagarle $300.000.000 y entregarle el automotor el 18 de febrero de 2009 y que el saldo se cancelaría el 27 de marzo siguiente.

El 20 de diciembre de 2008, nuevamente Blanco Dávila conversó en Bogotá con el señor Reyes García para informarle que ya no le entregaría el vehículo sino un cheque por la suma acordada como arras, pero que ese cheque solamente se lo daría hasta el 19 de febrero de 2009 y que necesitaba que la entrega de la finca se hiciera antes del 24 de diciembre de 2008, pues quería pasar la navidad allí con su familia, así se que se acordó la entrega para el 23 de diciembre.

El 20 de diciembre de 2008, se reunieron en Bogotá Blanco Dávila y el señor Reyes García, firmaron la promesa de compraventa, el señor Reyes recibió los cheques como forma de pago, lo cuales pertenecían a cuentas de sucursales con sede en la capital y en efecto Cleiman Nixón Blanco Dávila tomó posesión del inmueble en la fecha fijada.

Finalmente, también en Bogotá, el 19 de febrero de 2009, el comprador llamó a la esposa del vendedor para solicitarle un nuevo plazo para el pago de las arras y la primera cuota, pues tenía pendiente el resultado de un negocio con un tercero, así que nuevamente se reunieron en la capital con ese tercero, encuentro en medio del cual el comprador pidió una nueva prórroga para cancelar la obligación y luego tal situación se repitió un par de veces más, tras lo cual, el señor Luis Alberto Reyes García, señaló un último plazo para el 27 de marzo de 2009, día en que consignados los cheques fueron devueltos por fondos insuficientes, así que a la fecha de presentación del escrito de acusación, esto es, el 11 de octubre de 2011, no se había producido ni el pago efectivo ni la devolución del inmueble.

4. Este recuento muestra cómo inicialmente el vendedor fue abordado por el imputado y su padre en la finca de su propiedad y que luego los protagonistas de los hechos se trasladaron a Bogotá, en donde se presentaron un conjunto de circunstancias supuestamente propiciadas por el inculpado, a través de las cuales logró obtener el bien y evadir el pago del precio.

Esta particular situación, pone en evidencia la presencia de actos dirigidos a obtener el presunto provecho ilícito en dos sitios y momentos distintos, como sin reparo lo admite la defensa al cuestionar la competencia del Juzgado Catorce Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá.

5. La Sala ha expresado reiteradamente, que “la estafa se consuma en el lugar donde se obtiene el provecho patrimonial como consecuencia de la inducción en error”(2), no obstante, “ello no excluye la posibilidad de que por razón de la naturaleza de la conducta, que conlleva la ejecución de actos encaminados a inducir en error a la víctima para que ésta se despoje de bienes de su patrimonio, no por expresión de su libre voluntad, sino de su distorsionada comprensión de la realidad, situación a la que se llega a través del ardid, el engaño, las palabras o los hechos fingidos, actos ejecutivos que pueden darse en varios momentos y lugares, lo cual abre la posibilidad de que opere la competencia a prevención(3).

6. El artículo 43 de la Ley 906 de 2004, estipula que la competencia para el juzgamiento recae en el lugar donde ocurrió el delito y si este realizó en varios lugares, como acontece en el sub judice, precisa:

“la competencia del juez de conocimiento se fija por el lugar donde se formule acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación, lo cual hará donde se encuentren los elementos fundamentales de la acusación”.

7. De lo anterior se sigue, que cuando la consumación de un delito se produce en diferentes lugares del territorio nacional, es la Fiscalía General de la Nación quien tiene la potestad de elegir el juez de conocimiento.

Pero dicha facultad no es arbitraria ni omnímoda, sino que tal elección está limitada por el lugar de ubicación de la mayor cantidad y calidad de los “elementos fundamentales de la acusación”.

8. Lo anterior significa que en principio cuando la Fiscalía presenta el escrito de acusación ha realizado un proceso de ponderación para determinar cuál debe ser el juez de conocimiento.

Ahora, para llegar a tal conclusión, los fiscales delegados deben examinar fundamentalmente, que no exclusivamente, en qué lugar se encuentran los testigos que comparecerán al juicio oral para sustentar el pliego acusatorio.

Igualmente, dónde se encuentra concentrada la evidencia física, los elementos materiales de prueba y la información legalmente obtenida, como también la ubicación de las personas privadas de la libertad(4).

9. Al examinar el contenido del escrito de acusación, se constata que buena parte de los testigos que la Fiscalía pretende citar a juicio se encuentran en la ciudad de Bogotá e, igualmente, allí se concentraron los elementos materiales de prueba y la información legalmente obtenida, de donde se sigue que la elección hecha por la Fiscalía, es la que mejor consulta los propósitos del sistema acusatorio.

10. De lo anterior se concluye, que el conocimiento del presente asunto corresponde al Juzgado Catorce Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá y no como lo sugiere el defensor del imputado, quien a pesar de admitir los hechos como aquí se registran, simplemente pretende que se imponga su criterio para que la competencia se radique en el juzgado homólogo de Socorro (Santander).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

DEFINIR que la competencia para conocer del proceso penal adelantado contra Cleiman Nixón Blanco Dávila por el delito de estafa agravada, es del Juzgado Catorce Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá. Por tanto, a ese despacho se regresará la actuación.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase».

(1) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 23 de enero de 2008, radicación 29035.

(2) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 16 de diciembre de 1999, radicación 16565, entre muchos otros.

(3) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 6 de mayo de 2009, radicación 31723.

(4) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 15 de julio de 2008, radicación 30152.