Sentencia 38799 de marzo 13 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Rad.: 38799

Acta 8

Bogotá, D.C., trece de marzo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IX. Consideraciones de la Corte

Para confirmar la condena por sanción moratoria, que es la única que se rebate en el recurso extraordinario, el Tribunal se fincó básicamente en la copia del fallo de fecha 20 de noviembre de 2002, proferido por esa misma corporación dentro de un proceso adelantado contra la misma demandada, de donde dedujo que la conducta de esta no estuvo revestida de buena fe por cuanto de ese pronunciamiento era dable inferir que conocía los derechos que le correspondían al demandante y a pesar de ello persistió en la celebración de contratos de prestación de servicios.

El recurrente cuestiona el anterior planteamiento aduciendo que el tribunal quebrantó el principio de cosa juzgada y de otra parte desconoció la premisa que él mismo había sentado antes en el sentido de que la buena fe había que determinarla en cada proceso, aparte de que con ese solo documento no era posible llegar a la inferencia de inexistencia de buena fe, porque el hecho de que en otro proceso haya habido condena por la declaración de existencia de contrato realidad, no es suficiente para predicar el conocimiento de la demandada del derecho que correspondía al demandante.

Para resolver la controversia, considera la Sala necesario rememorar lo dicho en su pronunciamiento de diciembre 7 de 2010, radicado 38822, porque con base en una sola sentencia en la que se declaró la existencia de un contrato de trabajo y se fulminaron las condignas condenas, no es dable inferir que se haya presentado reticencia sistemática de parte de la entidad de adecuar su comportamiento a los resultados de múltiples procesos judiciales en los que se ventilaron situaciones similares a las que ahora son materia de análisis.

De manera que de lo anterior aflora que el cargo es fundado, porque de esa sola prueba no era posible deducir que la conducta de la demandada no estuvo revestida de buena fe. Se casará, entonces, la sentencia de segundo grado, únicamente en lo relativo a la indemnización moratoria, en cuanto confirmó la condena impuesta por su inferior, pero modificando la fecha de su causación desde el 26 de septiembre de 2003.

Para resolver en instancia, además de lo dicho en sede extraordinaria, caben las siguientes observaciones:

En los folios 287 a 291, aparece la certificación expedida por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos, Seccional Norte de Santander del Instituto de Seguros Sociales, en la que se hace constar los diferentes contratos que suscribieron las partes. El último de ellos fue el VA016484 de 2003 por el término de cinco (5) meses contados a partir del 1º de julio de 2003, el cual “A raíz del artículo 23 del Decreto 1750 del 26 de junio de 2003, el Contrato VAO16484 del 1-07-2003 fue cedido por el Instituto del Seguro Social a la Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander”.

De acuerdo con las disposiciones del Decreto 1750 de 2003, que escindió el Instituto de Seguros Sociales y creó unas Empresas Sociales del Estado, especialmente los artículos 16, 17, 19 y 23, el actor pasó de ser trabajador oficial del ISS a empleado público de la ESE Francisco de Paula Santander sin solución de continuidad, es decir, que fue por ministerio de la ley el cambio de la naturaleza jurídica de su vínculo contractual, y ello descarta que su contrato de trabajo inicial hubiera sido terminado por decisión unilateral e injusta del Instituto de Seguros Sociales.

Por tanto, si el contrato de trabajo que lo ligó con el Instituto de Seguros Sociales no se terminó por la decisión del ente estatal empleador, sino que por la voluntad de la administración central se mutó la condición de trabajador oficial a empleado público, existiendo continuidad en la prestación de los servicios del actor, mal puede atribuírsele al Instituto de Seguros Sociales una mala fe por no haber pagado salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a la terminación del contrato de trabajo, cuando ha quedado visto que eso jamás ocurrió, por lo que la consecuencia inexorable es la improcedencia de la condena a la indemnización moratoria prevista en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949.

En ese orden, se revocará la condena impuesta por la indemnización moratoria por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta en la sentencia del 22 de febrero de 2008, y en su lugar se absolverá al Instituto de Seguros Sociales de dicha pretensión, confirmándose en lo demás dicha providencia.

No hay lugar a costas en casación y en la alzada. Las de primera instancia son a cargo del Instituto de Seguros Sociales.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cúcuta el 13 de agosto de 2008, dentro del proceso adelantado por Pablo Emilio Lobo Rangel contra el Instituto de Seguros Sociales, únicamente en cuanto confirmó la condena a la indemnización moratoria impuesta por el a quo, la cual modificó al fijarla desde el 26 de septiembre de 2003, Y NO LA CASA EN LO DEMÁS. En sede de instancia, REVOCA la condenadispuesta por ese concepto por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta en la sentencia del 22 de febrero de 2008, y en su lugar ABSUELVE al Instituto de Seguros Sociales de dicha pretensión.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».