Auto 38875 de mayo 23 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 198

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

Bogotá, D.C., veintitrés de mayo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Calificación de la demanda

Cualquiera sea la causal invocada, la demanda de casación no es un escrito de libre elaboración, en tanto que debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 212 de la Ley 600 de 2000, como citar las normas que se consideren infringidas, determinar la clase de quebrantamiento, indicar los fundamentos completos con claridad, precisión y lógica, en armonía con la naturaleza del vicio reprochado, además de demostrar la trascendencia del yerro en la decisión.

Primer cargo: Violación directa de la ley sustancial por error de derecho

1. La corporación(1) tiene fijado que para recurrir en casación a través de la causal primera, cuerpo primero (L. 600/2000, art. 207-1), se exige que el actor cumpla con los siguientes requisitos:

Afirmar y probar que el juzgador de segunda instancia ha incurrido en error ya sea (i) Por falta de aplicación o exclusión evidente, que se presenta cuando el funcionario judicial yerra acerca de la existencia de la norma y por eso no la aplica al caso específico que la reclama. Ignora o desconoce la ley que regula la materia y por eso no la tiene en cuenta habiendo incurrido en error sobre su existencia o validez en el tiempo o en el espacio; (ii) Por aplicación indebida que se origina cuando el juzgador por equivocarse al calificar jurídicamente los hechos o, cuando habiendo acertado en su adecuación, yerra, sin embargo, al elegir la norma correspondiente a la calificación jurídica impartida. Y (iii) por interpretación errónea. Que ocurre cuando el juez selecciona bien y adecuadamente la norma que corresponde al caso sometido a su consideración, pero se equivoca al interpretarla y le atribuye un sentido jurídico que no tiene o le asigna efectos contrarios a su real contenido.

Alegar la violación directa de la ley sustancial por errores del sentenciador en la aplicación o interpretación de la ley, implica del censor, abstenerse de reprochar la prueba, pues debe aceptar la apreciación que de ella hizo el fallador y conformarse de manera absoluta con la declaración de los hechos contenida en la sentencia.

2. Si bien es cierto, advierte la Corte que el censor acertó en la selección de la causal de casación al aducir un error en el juicio de adecuación típica, fundado en la indebida aplicación del artículo 382 del Código Penal por parte del tribunal, al considerar el censor que el supuesto de hecho endilgado a su procurada no se ajusta a la hipótesis prevista para el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, de todas formas en la fundamentación de la censura no demuestra que los razonamientos del ad quem resulten desatinados frente a su propia argumentación acerca de que la venta o comercialización de determinadas cantidades de sustancias utilizadas para el procesamiento de narcóticos, no es ilícita, como sí su transporte, su entrada o salida del país o su porte.

En forma acertada el tribunal de Cali hizo un juicioso análisis sobre la tipicidad de la conducta atribuida a la acusada cuando en su condición de administradora de Químicos de Occidente y ser la persona encargada de llevar los libros de ventas sobre sustancias controladas, permitió el suministro a particulares en más de una oportunidad de productos utilizados para la elaboración de narcóticos en cantidades muy superiores a las permitidas, tal como así lo declaró el fallador al valorar los medios de convicción.

Resulta absurdo el razonamiento del recurrente al afirmar que como la descripción típica no incluye el verbo rector vender, la acción de quien movido por un ánimo de lucro proporciona las sustancias superando los topes fijados por la autoridad administrativa al tratarse de un tipo penal en blanco, no incurre en él, olvidando el censor la denominación misma del delito conocido como tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, término que incluye una serie de acciones como la desplegada por la procesada, como in extenso lo expuso el tribunal de Cali en su sentencia.

A lo anterior se adiciona el hecho de que al constituir la conducta descrita en el artículo 382 del Código Penal, un tipo penal en blanco, es necesario para el aplicador judicial acudir a normas extrapenales varias de ellas emitidas por autoridades administrativas, en orden a determinar la tipicidad de ciertas conductas, según así se señaló en la Sentencia C-605 de 2006, citada por el libelista y que declaró exequible el referido mandato.

Es así que en la materia que regula el citado precepto, corresponde analizar las resoluciones 99 de 1987 y 71 de 1992 del Consejo Nacional de Estupefacientes, con el fin de fijar el marco de la prohibición, de modo que por ejemplo la Resolución 9 de 1987 en su capítulo segundo, artículo tercero denominado “definiciones”, incluye como destinatarios de la norma, la cual debe tenerse por integrada al artículo 382 del Código Penal, a los distribuidores, entendidos como toda persona natural o jurídica que comercialice u ofrezca al público a cambio de una remuneración ya sea en dinero o en especie, una o más sustancias o productos de que trata el artículo primero de esa resolución. Y por razón de su artículo 32 el incumplimiento de sus disposiciones, acarrea responsabilidad penal.

Es claro entonces que una interpretación sistemática de la norma cuya aplicación el recurrente califica de indebida, no admite la aceptación de su hipótesis, según la cual quien distribuye con fines de lucro las sustancias prohibidas, no puede ser cobijado con responsabilidad penal, pues su comportamiento resulta atípico, cuando lo que se advierte es que la prohibición penal cobija también a quien ejerce como distribuidor, como es el caso de la señorita Diana Carolina Henao Escobar en su condición de administradora del establecimiento Químicos de Occidente y por tanto, controladora única de la venta de los productos restringidos, circunstancia esta última que fue dada por acreditada por el sentenciador y que no puede ser objeto de controversia por parte del casacionista, cuando decidió acudir a la violación directa de la ley sustancial, habida cuenta que este tipo de censura implica la aceptación de la declaración de los hechos, tal cual se consignan en el fallo, estando vedado para el libelista discutirlos a menos que acuda a otro motivo de violación.

Justamente este es otro de los defectos de los que adolece la postulación del primer cargo, cuando se dedica a discutir el vínculo que tenía la acusada con el establecimiento de comercio tantas veces mencionado, señalando que ella era una simple empleada por lo que no tenía ninguna injerencia en la distribución que se hacía al público de los productos que comercializaba, en orden a desligarla de cualquier tipo de responsabilidad.

En este orden de ideas, el primer cargo será inadmitido.

Segundo cargo: “Violación directa de la ley sustancial por error de hecho”

Dentro de esta censura plantea una discusión sobre la tergiversación de las pruebas, pese a lo cual se condenó a Diana Carolina Henao Escobar, incurriendo el casacionista en falta a los mínimos lógicos y de coherencia, en la medida en que si su queja se dirige a atacar la valoración probatoria desplegada por el tribunal por un error de hecho, debió haber propuesto la violación indirecta de la ley sustancial, seleccionando el falso juicio que determinó el yerro del fallador, esto es, si fue de identidad, existencia o raciocinio, lo cual claramente se omite en el libelo, pues en el segundo cargo, primero alude a una violación directa pero desarrolla la censura como una trasgresión indirecta al hablar de una tergiversación de los testimonios de dos de las personas que fueron sorprendidas en posesión de 30 galones de ácido sulfúrico que obtuvieron en el almacén administrado por la acusada.

Además del anterior reparo en la selección de la causal de casación, también se equivoca el demandante al pretender acreditar la trascendencia del error, en orden a probar que la supuesta tergiversación de los dichos de estos declarantes, tenía la vocación de desquiciar el fallo para que la Corte proceda a absolver a la procesada, pues desconoce los razonamientos del tribunal sobre la responsabilidad de la señorita Henao Escobar, fundados en medios de convicción tales como las interceptaciones telefónicas a los números de la empresa, siendo interlocutora la sindicada y en las que de acuerdo con lo analizado por el sentenciador, se advierte un lenguaje cifrado que se refiere a la actividad ilegal descrita en el artículo 382, sumado a los resultados de una inspección que se hizo a los libros manejados por Diana Carolina Henao Escobar en donde se constató que se consignaron transacciones ficticias con otros clientes del almacén en aras de justificar la salida de los productos, en más de una ocasión y no solo del episodio del 14 de mayo de 2005, al igual que quien era la única encargada de llevar esa documentación era la procesada, según así lo manifestó el propietario del establecimiento de comercio, cuando señaló que en su condición de administradora Henao Escobar era la encargada de esa delicada tarea.

De conformidad con lo expuesto, también se dispondrá la inadmisión de este cargo.

Por último del estudio del proceso no se vislumbra violación de derechos fundamentales o garantías de los intervinientes que amerite ejercer la facultad oficiosa de índole legal que al respecto le asiste a la Sala.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

INADMITIR la demanda de casación presentada a nombre de la procesada Diana Carolina Henao Escobar.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase».

(1) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencias de 2 de marzo de 2005, radicación 19627 y de 3 de agosto de 2005, radicación 19643, entre otras.