Auto 38882 de mayo 16 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 38882

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

Aprobado Acta 189

Bogotá, D.C., dieciséis de mayo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. El artículo 32, numeral 4º de la Ley 906 del 2004, dispone que la Corte conoce de “la definición de competencia cuando se trate de aforados constitucionales y legales, o de tribunales, o de juzgados de diferentes distritos”; hipótesis a la cual se acomoda la situación planteada en este asunto, pues el indiciado Rafael Enrique Rojas Forero ostenta fuero legal como fiscal delegado ante el Tribunal de Santa Marta.

2. El numeral 9º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, dispone que será competencia de la Corte Suprema de Justicia el juzgamiento “del viceprocurador, vicefiscal, magistrados de los consejos seccionales de la judicatura, del Tribunal Superior Militar, del Consejo Nacional Electoral, fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y tribunales, procuradores delegados, procuradores judiciales II, Registrador Nacional del Estado Civil, director nacional de fiscalía y directores seccionales de fiscalía” (resaltado añadido).

2.1. En consonancia el parágrafo 1º del artículo 39 del mismo estatuto procedimental señala que “En los casos que conozca la Corte Suprema de Justicia, la función de juez de control de garantías será ejercida por un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá”.

3. El problema jurídico que presenta el caso en cuestión radica en determinar el funcionario competente para ejercer las funciones de control de garantías frente al indiciado, quien ostenta un fuero legal por desempeñarse como fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Santa Marta. Al respecto la Sala se ha pronunciado en los siguientes términos:

“Sabido es que existen servidores públicos que de acuerdo con su investidura, vinculada con la importancia del cargo que desempeñan y de la institución a la que pertenecen, el juzgamiento de sus actos está asignado a las más altas autoridades de la jurisdicción ordinaria, lo cual se determina por vía constitucional, respecto de unos funcionarios y por vía legal, en relación con otros.

(...).

El procedimiento contenido en la Ley 906 de 2004 indica que en los procesos adelantados contra estos funcionarios, el control de garantías corresponde a un magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, según se prevé en el parágrafo primero del artículo 39.

En relación con los aforados constitucionales no existe pues ninguna discrepancia frente a la autoridad judicial encargada de las funciones de control de garantías.

Al parecer, el tema deja de ser pacífico frente a la definición del funcionario que debe ejercer el control de garantías en relación con los aforados legales.

Los aforados legales son aquellos cuyo juzgamiento corresponde a esta corporación por asignación legal. Así, el artículo 32 del Código de Procedimiento Penal incorpora dentro de la competencia de esta corporación el juzgamiento “del viceprocurador, vicefiscal, magistrados de los consejos seccionales de la judicatura, del Tribunal Superior Militar, del Consejo Nacional Electoral, fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y tribunales, procuradores delegados, procuradores judiciales II, Registrador Nacional del Estado Civil, director nacional de fiscalía y directores seccionales de fiscalía”.

Y comoquiera que la situación problemática que se está definiendo es quién ejerce la función de control de garantías en relación con ellos, con los aforados legales, desde ya debe concluirse que la solución jurídica la brinda el parágrafo del artículo 39 de nuestro ordenamiento procesal penal, el cual es diáfano, simple, sin exclusiones ni condicionamientos relacionados con la naturaleza del cargo, ni con el origen del fuero, ni con discriminaciones de ninguna índole, y es evidente que allí donde la ley no hace distinciones no puede hacerlas el intérprete”.

3.1. De lo anterior se concluye, sin temor a equívocos, que la competencia para ejercer la función de control de garantías frente a aquellos funcionarios que gozan de un fuero legal, como es el caso de los fiscales delegados ante el tribunal, radica en un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

4. Así mismo, la Sala debe recalcar que el fuero que cobija a Rafael Enrique Rojas Forero existe por la importancia del cargo que desempeña y la institución a la que pertenece, por lo cual es irrelevante que el procesado no ostentara dicha calidad al momento en que ocurrieron los hechos, puesto que el fuero se mantiene durante todo el trámite judicial.

4.1. Circunstancia distinta ocurriría si el indiciado renunciara o se apartara de su cargo, pues el fuero solo se mantendría para los delitos que tengan relación con las funciones desempeñadas, de conformidad con el parágrafo del artículo 32 del Código de Procedimiento Penal.

5. Así las cosas, en atención a que Rafael Enrique Rojas Forero se desempeña en la actualidad como fiscal delegado ante el Tribunal de Santa Marta, se debe concluir que ostenta un fuero de carácter legal, por lo cual la función de control de garantías debe radicar en un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

6. En cuanto a las diligencias adelantadas en contra de Ivette Beatriz Núñez Juviano, comoquiera que no hubo objeción alguna con respecto a la competencia para conocer de su caso, aquellas se devolverán al Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones de control de garantías de Santa Marta, bajo el entendido que se produce la ruptura procesal.

En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

ASIGNAR la competencia para ejercer la función de control de garantías dentro del proceso contra Rafael Enrique Rojas Forero, por los presuntos delitos de prevaricato por acción y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, a un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal (Reparto), conforme con las consideraciones expuestas en esta decisión, a donde será remitido el expediente.

ORDENAR la remisión de la carpeta correspondiente a Ivette Beatriz Núñez Juviano, al juzgado cuarto penal municipal con funciones de control de garantías de Santa Marta, el cual deberá proseguir con el trámite correspondiente.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase».