Auto 38894 de julio 11 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 253

Magistrado Ponente:

Dr. Julio Enrique Socha Salamanca

Bogotá, D.C., once de julio de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Es competente la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para resolver el recurso interpuesto por el representante judicial de Víctor Manuel Correa Montalvo y Donatila Manuela Montalvo Suárez, al tenor del inciso 2º del artículo 26 de la Ley 975 de 2005.

2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, se entiende por víctima, la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva) sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley.

El artículo 14 del Decreto 4760 de 2005, reglamentario de la Ley 975 del mismo año, tiene establecido:

“Cuando la víctima considere que fue despojada ilícitamente de su dominio, posesión, usufructo o de cualquier otro derecho real o precario sobre un bien como consecuencia de una conducta punible cometida por los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley que se hayan acogido al procedimiento establecido por la Ley 975 de 2005 y pretenda la restitución del mismo, podrá presentar su pretensión en el incidente de reparación integral, cuyo trámite decisión y efectividad se regirán por lo dispuesto en la citada ley...”.

El artículo 44 ibídem precisa el alcance de los actos de reparación, indicando que la misma, “comporta los deberes de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción”, de donde el de restitución es el primero de todos.

A su turno, el artículo 46 de la misma ley, al concretar el deber de restitución advierte que:

“La restitución implica la realización de los actos que propendan por la devolución a la víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos. Incluye el restablecimiento de la libertad, el retorno a su lugar de residencia y la devolución de sus propiedades”.

Quien pretenda la restitución de bienes presuntamente despojados por grupos armados al margen de la ley, tiene la carga de demostrar la condición de víctima y el nexo causal del daño con las actividades del grupo armado ilegal, no resultando suficiente enunciar tal calidad.

Así lo precisó esta corporación en proveído de 30 de marzo de 2011, dentro del Radicado 34.415 (reiterado en rads. 37.972 de feb. 1º/2012 y 38.178 de mar. 21/2012) al señalar:

“Tampoco cabe duda acerca de que la citada Ley 975 privilegia a las víctimas dentro de ese proceso de reconciliación nacional y, en razón de ello, consagra una serie de mecanismos tendientes a garantizarles la verdad, la justicia y la reparación de los daños causados, estos últimos no solo desde el punto de vista material, sino en relación con los aspectos físico y moral.

En efecto, el artículo 8º ibídem señala que las acciones de reparación propenden por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas.

La restitución, está definida en la misma disposición como la realización de las acciones que tiendan por regresar a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito; y, el artículo 46 ídem, señala queLa restitución implica la realización de los actos que propendan por la devolución a la víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos. Incluye el restablecimiento de la libertad, el retorno a su lugar de residencia y la devolución de sus propiedades.

Entonces, lo primero que debe demostrar quien pretenda, entre otras cosas, la reparación de los agravios inferidos por un grupo armado ilegal, es la condición de víctima, porque no basta con afirmar tal circunstancia...”.

3. En el caso objeto de análisis dichas condiciones no se cumplen, pues como se constató en el trámite incidental mediante variada y copiosa prueba se probó que la negociación que se hizo sobre los predios rurales denominados “El Sencillo” y “Campo Alegre” fue ajustada a la legalidad, no obstante que el señor Víctor Manuel Correa Montalvo, en forma empecinada pretendió sostener lo contrario, hasta el punto que el dictamen dactiloscópico acerca de la firma y huella arrojó resultado positivo, esto es, que sí fue la persona que participó en tales negociaciones, quedando a la luz la mendacidad con que actuó para hacer creer lo contrario, lo cual ameritó que el magistrado de control de garantías a cargo del caso, dispusiera la compulsación de copias por la presunta comisión del delito de falso testimonio o el que haya lugar ante la autoridad competente.

Para afianzar esta consideración el magistrado de instancia argumentó válidamente que:

“El anterior dictamen, que precisó que las firmas que aparecen en el documento ‘Memorial Poder’, eran uniprocedentes con la firma de Víctor Manuel Correa Montalvo, que ya fue objeto de análisis y valoración, y este nuevo que determinó la uniprocedencia de las huellas dactilares obrantes son la prueba final de que el señor Correa Montalvo, ha mentido en torno a la forma como se produjo la negociación de sus tierras, derrumbándose estrepitosamente su coartada de que nunca otorgó poder al señor Daniel Rojas, para que negociara sus tierras, como lo hizo también su señora madre.

No vacila la magistratura en afirmar que el señor Víctor Manuel Correa Montalvo, no ha sido sincero en el trámite de este asunto, y que el afán desesperado de recuperar sus tierras, que como se demostrará más adelante fueron enajenadas bajo el amparo de normas válidas, no le ha importado acudir ante los estrados judiciales a efectuar afirmaciones alejadas de la verdad”.

4. Se aleja de la realidad, como lo sostiene el impugnante, que únicamente la providencia de instancia examinó el testimonio de Víctor Manuel Correa Montalvo, pues se verifica en amplios apartes de la decisión recurrida la valoración de otros testimonios (Afranio Manuel Solano Morales, Carlos Yamil Páez Díaz e Iván Darío Vélez Correa), con los que se concluyó de manera diferente a como lo esperaba el actor, pues allí se consignó que las constantes y contradictorias afirmaciones “se quedan huérfanas y aisladas, no encontrando eco ni respaldo ni siquiera en las pruebas aportadas por quien defiende su causa”.

Con respecto al testimonio ofrecido por la Fiscalía, el de Nalbeiro Correa Montalvo (hermano del reclamante de tierras, Víctor Manuel Correa Montalvo), quien declaró el 1º de octubre de 2010 en Medellín ante la fiscalía 111 seccional, se advierte que desmiente en gran parte lo que sostuvo su consanguíneo, al señalar que hubo una negociación lícita, que su señora madre recibió el dinero, que no se halla en situaciones precarias y que las circunstancias del supuesto desplazamiento no acontecieron de la forma en que fueron narradas por su hermano.

5. Igualmente de forma prolija fue valorada la prueba documental allegada a la actuación, tal, es el caso del “compromiso de venta” suscrito entre los aquí reclamantes y el señor Daniel Rojas, donde quedó patentizado el pacto de venta de los ya referenciados predios; y el posterior documento denominado “contrato de promesa de compraventa”; como también el “memorial poder”; documentos que como acertadamente lo dijo el a quo no fueron tachados de falsos en desarrollo del incidente.

6. La afirmación que hace el apelante en torno a que no se examinó el “contexto histórico” en que supuestamente acontecieron los hechos sobre cuya base pretenden los reclamantes las medidas cautelares, no se aviene a la realidad, pues desde que se formuló tal solicitud (ago. 29/2011) el magistrado de instancia mediante el acopio probatorio, con el claro propósito de ahondar en garantías procesales para las partes además, examinó en conjunto el material probatorio para sustentar; fue así como destacó que la sola alusión de presencia en la zona de presuntos paramilitares, no convierte a los reclamantes en supuestas víctimas, sino que resultaba determinante que los postulados dentro de la presente actuación hubieran participado en el despojo de los predios, según lo afirman los peticionarios, respecto de lo cual con la evidencia recopilada hasta el momento, no puede sostenerse.

7. Inherente a la existencia de los supuestos comisionistas que arribaron a la vereda Guacamayas del municipio de Mutatá; dígase que al haber degradado credibilidad el testimonio del reclamante Víctor Manuel Correa Montalvo, y establecido que la negociación respecto de los aludidos predios fue lícita, tal aparición de aquellos en ese escenario no puede servir de argumento a lo que es materia de debate.

8. En cuanto a los títulos valores (cheques) que constituyeron parte del medio para realizar la negociación ((recuérdese que también se entregó dinero en efectivo en la compraventa) y sobre los cuales el impugnante realiza diversas glosas; dígase que lo esencial es que finalmente fueron cobrados y no se demostró en la actuación inconsistencias de fondo, que pusieran en tela de juicio tal negocio jurídico.

Téngase en cuenta que el discurso del impugnante se centró en hacer alusiones sobre fechas y formas de cobro de los cheques, sin que del mismo se vislumbre un argumento sólido que tenga la virtualidad de mutar la legalidad de la transacción que sobre los predios se hiciera, en actos que ostenten la connotación que los vendedores actuaron bajo presión o amenaza como infructuosamente se ha pretendido presentar; aunado a las circunstancias que se derivan del testimonio vertido por el señor Nalbeiro Correa Montalvo, quien declaró acerca de la legalidad de la citada compraventa.

9. La afirmación del apelante, en punto a que por el paso del tiempo y el temor que embargaba al reclamante Víctor Manuel Correa Montalvo, fue lo que motivó que incurriera en contradicciones, dígase que las mismas no pueden tenerse como intrascendentes como lo pretende hacer ver aquel.

Pues téngase en cuenta que versaron sobre aspectos fundamentales; en principio sostuvo que no había firmado el poder y luego aceptó que sí; igual circunstancia aconteció con la huella estampada en dicho documento; (lo cual fue infirmado y desvirtuado por dictamen pericial); respecto de las fechas de la negociación y la época donde supuestamente fue objeto de desplazamiento; al igual que haber sostenido que su señora madre se hallaba en un asilo, cuando su hermano lo desmintió y dijo que esta residía en un municipio en el área urbana y se sostenía con el dinero de la venta de la finca.

Recuérdese que testificó más de seis veces, en diferentes escenarios, denotándose que paulatinamente iba acomodando su versión al devenir de las circunstancias y particulares intereses; lo cual refleja un afán desmedido de pretender mostrar un cuadro de la realidad que no aconteció y sus aseveraciones se debilitaron, perdieron eficacia probatoria, hasta el extremo que inexorablemente tuvo que aceptar que había firmado el poder y estampado su huella, pues únicamente hizo cuando fue interrogado por el magistrado.

De manera que si la base fundamental de la reclamación lo fundó el actor en dicho testimonio, desacreditada su credibilidad, este pierde eficacia probatoria. Ya que no puede aceptar la Sala —que frente a tan protuberantes contradicciones y faltas a la verdad— (que ameritaron compulsación de copias en su contra ante la Fiscalía por el presunto delito de falso testimonio) se pretenda sostener un desplazamiento forzado, actos de violencia, despojo y una supuesta negociación de predios bajo amenaza, cuando es el propio hermano del reclamante, Nalbeiro Correa Montalvo, quien sostuvo que la venta de los predios estuvo precedida de negociación lícita, que su señora madre Donatila Manuela Montalvo Suárez firmó a ruego y que él tuvo conocimiento de la misma, declaración que para la Sala aparece como espontáneo y sincero, sin que se vislumbre interés alguno o parcialidad hacía las partes, hasta el punto que sostuvo que con su hermano el trato no era muy frecuente.

10. Añádase, que la Corte que en reciente decisión(1) (postulados Justicia y Paz: Raúl Emilio Hasbún Mendoza y Elkin Jorge Castañeda Naranjo) sostuvo frente al tema de bienes respecto de los cuales, —como en el presente caso— se pretende la suspensión del poder dispositivo o cualquier medida cautelar, que:

“Lo que subyace en el fondo de la discusión que se propone en torno del recurso que ahora se resuelve, es la precisión de cuando un bien puede ser interferido o afectado por la senda del proceso transicional.

Frente a dicho tópico ya la Sala ha precisado que debe existir una clara relación entre la situación victimizante y la confesión del desmovilizado en justicia y paz, lo cual debe estar íntimamente ligado con el bien que en cumplimiento de su obligación de reparación ha entregado el candidato a la pena alternativa, ya porque su propiedad o posesión esté en cabeza suya, ora porque su titularidad la ostente un agente suyo, o se ejerza en su nombre.

Por tal razón, se insiste, en el proceso transicional solo se pueden intervenir los bienes que son entregados por el desmovilizado en cumplimiento de las obligaciones que adquiere al ser candidatizado a ser beneficiario de la indulgencia punitiva que la Ley 975 de 2005 ofrece. Así lo ha indicado la Sala(2):

‘Así pues, un aspecto como el que a través de esta segunda instancia se debate, relacionado con la imposición de medidas cautelares que cobijen a los bienes ofrecidos para la reparación de las víctimas, es claro que está en estrecha vinculación con los derechos de las víctimas a obtener una reparación integral, especialmente en lo que toca con la restitución, a fin de que las cosas regresen a su estado original previo al de la violación, y al de recibir una indemnización que compense económicamente el daño causado.

Lo anterior, porque solo a través de la imposición de tales medidas sobre los bienes ofrecidos se logra el cometido de garantizar que salgan de la esfera de disponibilidad del desmovilizado, para lo cual no es suficiente, en sentido contrario a lo que señala el procurador judicial en su intervención, con entregarlos para su administración al Fondo para la Reparación de la Víctimas creado en el artículo 54 de la Ley 975, sobre lo cual más adelante se profundizará’ (destacado no original)”.

Y más adelante precisó la providencia en cita:

“Conviene aclarar que las víctimas cuyo victimario no esté siendo procesado, o aquellas que no conocen al causante de su desgracia, o las que reclaman un bien o discuten un derecho respecto de un activo no entregado por el desmovilizado con fines de reparación en el proceso transicional, no es que no tengan a dónde acudir. Fue ciertamente para ellas que se consolidó todo el contexto de protección contenido en la Ley 1448 de 2011” (destacado fuera de texto).

11. Aplicados los anteriores criterios jurisprudenciales al caso objeto de estudio se tiene que en manera alguna ninguna de las diversas hipótesis allí contenidas se cumplen: i) Los postulados Fredy Rendón Herrera, Raúl Emilio Hasbún Mendoza, y Elkin Jorge Castañeda Naranjo, no denunciaron ni mucho menos hicieron entrega de los bienes cuya afectación cautelar se solicita; ii) No obra hasta el momento prueba que demuestre que la situación presuntamente victimizante de los solicitantes y manifestación de los postulados, haya tenido relación con los presuntos hechos de despojo de los predios a que se contrae la pretensión de los reclamantes, como lo desvirtuó el material probatorio recaudado y lo sostuvieron aquellos enfáticamente en el trámite del incidente de solicitud de medidas cautelares.

12. Los bienes respecto de los cuales se solicitaron las medidas cautelares (“El Sencillo” y “Campo Alegre”) no pueden ser materia de intervención dentro del presente proceso transicional, ya que no fueron entregados por los desmovilizados en cumplimiento de las obligaciones que adquirieron de ser candidatizado a beneficiarios dentro del marco de la Ley 975 de 2005.

13. El trámite incidental para los propósitos ya conocidos sirvió para develar distintos aspectos que están aconteciendo en el trasfondo de dichos escenarios cuya fuente primigenia se está constituyendo en pretensiones inherentes a medidas cautelares sobre bienes, que no han sido objeto de entrega de parte de los postulados, ni eventualmente han sido denunciados por la Fiscalía como de aquellos ubicados por la unidad respectiva para tal fin.

14. Finalmente precisa la Sala, los incidentes no pueden ser utilizados como medio para ignorar el procedimiento que establece la ley y la jurisprudencia para que una persona pueda ser reconocida como víctima, que es lo que a la postre constituye una de las pretensiones del representante de los reclamantes.

Son las razones anteriores, por las cuales será confirmada la providencia materia de apelación.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Confirmar la decisión emitida el 26 de marzo de 2012 por el magistrado con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz de la ciudad de Medellín, de no acceder a la solicitud de suspensión del poder dispositivo sobre bienes inmuebles y a su entrega provisional, por las razones a que se hizo alusión en la parte considerativa de la presente decisión.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Radicación 39.020 de junio 12 de 2012

(2) Auto de Justicia y Paz del 23 de agosto de 2007, Radicado 28040.