Sentencia 38895 de seis de marzofebrero(sic) de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 38895

Acta 07

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Javier Osorio Lopez

Auto admisorio

Bogotá D.C., seis de marzofebrero(sic) de dos mil nueve.

Resuelve la Corte sobre la admisión de la demanda ordinaria laboral instaurada por la señora Blanca Nubia Villalba Torres contra la embajada del Perú en Colombia, representada legalmente por su embajador señor Antonio Meier Espinosa.

Antecedentes

Por intermedio de apoderado, la señora Blanca Nubia Villalba Torres, presenta demanda en contra de la embajada del Perú en Colombia, para que previos los trámites de un proceso ordinario, se declare la existencia de un contrato de trabajo entre ellas, y esta sea condenada a reconocerle y pagarle las indemnizaciones por terminación unilateral del contrato sin justa causa y por moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, y la indexación respectiva.

Como sustento de esas pretensiones, argumenta que laboró para la demandada sin interrupción, mediante un contrato de trabajo, entre el 18 de julio de 2000 y el 31 de diciembre de 2006, desempeñando el cargo de encargada del área administrativa; que el último salario mensual que devengó fue de $ 2.022.300; que su horario de trabajo era de 9 a.m. a 7 p.m.; que el 21 de marzo de 2006, las partes suscribieron un contrato con vigencia del 1º de abril al 31 de diciembre del mismo año; y que mediante comunicación del 13 de diciembre de igual año el embajador del Perú le manifestó que dicho contrato no sería renovado.

Consideraciones de la Corte

Mediante providencia del 13 de diciembre de 2007 Radicado 32096, esta corporación modificó su reiterada posición respecto a su falta de competencia para conocer de demandas en contra de una misión diplomática extranjera, basaba en la inmunidad de que gozan sus agentes diplomáticos, conforme a las normas de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, ratificada por nuestro país, mediante la Ley 6ª de 1972, y que, según se expresó en el auto del 2 de julio de 1987, al igual que ocurre en esta oportunidad, se trataba de “... unas labores cumplidas en beneficio de una agencia oficial de gobierno extranjero, esa demanda viene a equivaler un intento de que la justicia colombiana, cuyo ámbito se circunscribe al de nuestro propio territorio, llame a juicio al Gobierno de otro Estado soberano y eventualmente profiera sentencia contra él como consecuencia de actos oficiales de aquel país extranjero, intento este que resulta inadmisible a todas las luces”.

Ese cambio de criterio, se apoyó básicamente sobre dos pilares: i) en que la Convención de Viena de 1961 no se ocupó de la inmunidad de jurisdicción de los Estados en materia laboral y ii) el concepto de la inmunidad absoluta de los Estados “par in parem not habet imperium”, ha venido evolucionando, jalonado básicamente por las necesidades del comercio entre Estados, hacia un concepto relativo, en donde se ha de distinguir cuándo el sujeto de derecho internacional actúa con “postestad de imperium”, o sea, aquella que lo coloca como igual frente a los otros Estados, y cuándo opera despojado de ella, en un plano de igualdad con sujetos de derecho privado (actos de iure gestionis), que exige un trato y una responsabilidad al mismo nivel particular, lo que ha venido evolucionando más palmariamente en el ámbito comercial, creando un nuevo derecho consuetudinario.

Dijo la Sala en el citado auto del 13 de diciembre de 2007:

“Innegablemente, si durante el siglo XIX imperó la tesis de la inmunidad de los Estados “par in parem not habet imperium”, con el advenimiento del siglo XX, tal postura se ha morigerado ante la irresistible necesidad de mejorar las relaciones comerciales entre los Estados, quienes no solo empezaron a actuar conforme a las potestades soberanas que les correspondían, sino que asumieron un rol como si se tratara de cualquier otro individuo.

Esta modificación en el universo jurídico, indudablemente, generó diversas diferencias en el ámbito internacional, que debieron ser discutidas y zanjadas, pasándose de una concepción de la inmunidad absoluta de jurisdicción, a una aplicación relativa, en la que el Estado debía responder por los actos que, como particular, hubiera realizado.

Y no podría ser de otra manera, pues surgía evidente que, de seguirse admitiendo la referida inmunidad absoluta, el individuo acreedor, quedaría en situación de desigualdad y desventaja, al no poder obtener una respuesta eficaz frente a la eventual demanda que llegase a presentar, acorde con los ordenamientos legales internos.

Así por ejemplo en materia laboral, distintos países, con fundamento en la costumbre internacional, han admitido su sujeción a las normas laborales internas. Entre ellos se encuentran: Estados Unidos, Polonia, Chile, República Islámica de Irán, Grecia, Rusia, Rumania, Francia, Tailandia, Indonesia, Brasil, Perú, Panamá, Guatemala, Suráfrica, Kenia, Honduras, Nueva Zelanda, Nicaragua, India, Italia, Austria, Hungría, Bulgaria y Argentina. De ello dan cuenta las comunicaciones pertinentes que estos han enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Lo anterior pone de manifiesto, que la tesis de la inmunidad absoluta de jurisdicción de los Estados se ha debilitado, dando paso a otra —inmunidad relativa—, que no puede ignorarse, pues sería tanto como estar de espaldas ante un episodio de la humanidad que reclama su propio tratamiento.

Si en el ámbito de las relaciones comerciales, esta última práctica adquirió relevancia, en un tema tan sensible como el derivado de las controversias laborales, se ha venido convirtiendo en la única forma de efectivizar aquellos derechos hasta ahora ilusorios; tanta es su trascendencia que la redacción de la Convención de las Naciones Unidas, sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, de diciembre 2 de 2004, se ocupó del tema, al delimitar los conceptos respecto de las inmunidades, y su aplicación en el tema de los contratos laborales ejecutados en el país del Estado foro.

Bien es sabido que los tratados materializan los postulados que los Estados han creado a través de la costumbre internacional, o el ius cogens, por lo que, pese a no estar ratificado el aludido convenio en nuestro ordenamiento, en el momento actual se constituye en el instrumento idóneo para pregonar que, en la praxis de las naciones, la inmunidad de jurisdicción de los Estados ha sido revaluada, lo que impone la adopción de las medidas pertinentes.

Esta nueva orientación, conlleva la necesidad de responder a los ciudadanos del Estado, cuando, como en este caso, a pesar de ser habitantes nacionales, y haber prestado servicios a misiones diplomáticas de otros países, esta Corte ha venido negando la posibilidad de verificar mediante un proceso, si les asiste un derecho salarial o prestacional, basada en el respeto a la soberanía inviolable de los Estados. Realmente, en la actualidad no existe fundamento alguno de orden constitucional o legal para persistir en dicha tesis, porque de esta forma, eventualmente, se desconocerían los enunciados beneficios, y las normas del derecho laboral. Ello es así, dado que, frente a una relación laboral, acorde con las normas del trabajo del Estado receptor, para este asunto el de Colombia, ese servicio es distinto de las actividades que el país extranjero desarrolla dentro del ámbito de sus funciones soberanas, es decir, que aquellas no son gubernamentales”.

En el caso que nos ocupa, es claro que la demanda se dirige, no contra el agente diplomático, sino contra la embajada del Perú en Colombia, en la que se personifica Perú como Estado, por ser ella su órgano superior extraterritorial en nuestro país, representada legalmente por su embajador, por lo que no es materia a dilucidar en este asunto, el alcance de la inmunidad personal del agente diplomático que representa al estado extranjero conforme a las reglas de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961, sino como se señaló, la inmunidad restringida del Estado conforme al nuevo derecho consuetudinario internacional.

Valga advertir, que en el pronunciamiento de esta Sala que se ha citado, se invocó la Convención de las Naciones Unidas sobre inmunidades jurisdiccionales de los Estados y sus bienes de diciembre de 2004, no como derecho formal, sino por su valor demostrativo de la costumbre internacional en este tema y como medio de interpretación de las normas de derecho consuetudinario internacional en materia de inmunidad de estado.

De acuerdo con lo anterior, siendo que el accionado es un estado extranjero; que quien lo demanda es un residente en Colombia y que lo que reclama son derechos laborales, por un contrato de trabajo realizado en Colombia, sin duda, de acuerdo con la multiplicidad de normas que le dan a esta materia el carácter de acto iure gestionis, la Sala ha de admitir la demanda entendiendo que ella se dirige contra el Estado del Perú, personificado en su embajada en Colombia y representado por su embajador, por tratarse de un asunto sometido a la jurisdicción colombiana, según se desprende claramente del artículo 2º del Código Sustantivo del Trabajo, que textualmente reza:

“Aplicación territorial. El presente código rige en todo el territorio de la República, para todos sus habitantes, sin consideración a su nacionalidad”.

En consecuencia esta corporación es competente para conocer de la acción incoada, conforme lo dispone el artículo 235 de la Constitución Política, en cuanto señala:

“Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:

(...).

5. Conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la Nación, en los casos previstos por el derecho internacional”.

Así las cosas, es indiscutible que cuando el ordenamiento superior impone el conocimiento a esta corporación de los negocios contenciosos, es porque también les ofrece un fuero especial a los agentes diplomáticos, que por fuerza se extiende también al Estado.

Lo acotado, conduce a que por tratarse la Corte de un órgano límite, se adelantará la actuación por los trámites del proceso ordinario de única instancia, de conformidad con los artículos 70 y siguientes del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en concordancia con la Ley 1149 de 2007 y demás normas del Código Procesal del Trabajo; además, se observarán las reglas previstas en las prácticas internacionales o los arreglos especiales de notificación con el Perú, para lo cual se remitirá el texto de la demanda y de esta providencia al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, para que allí se gestione lo correspondiente, con observancia de las normas propias del debido proceso como lo manda el artículo 29 de la Carta Política.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,

RESUELVE:

1. ADMITIR la demanda instaurada por Blanca Nubia Villalba Torres contra el Estado del Perú, representado legalmente por su embajador en Colombia señor Antonio Meier Espinosa.

2. NOTIFÍQUESE el presente auto, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Estado del Perú representado legalmente por su embajador en Colombia señor Antonio Meier Espinosa, o quien haga sus veces, haciéndosele saber que debe comparecer a contestar la demanda el día diez (10) de junio del presente año a las diez (10:00) de la mañana, acorde con lo previsto por los artículos 70 y ss. del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social y con la Ley 1149 de 2007, oportunidad en la cual también se celebrará la audiencia de conciliación, saneamiento, fijación del litigio, decreto y práctica de pruebas.

3. NOTIFÍQUESE la presente decisión a la parte demandante.

4. Se reconoce personería al abogado Daniel Emilio Mendoza Leal, con tarjeta profesional 102.615 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar a la demandante, en los términos y para los efectos del poder que le fue conferido.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Luis Javier Osorio López—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Gustavo José Gnecco Mendoza—Eduardo López Villegas—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego—Isaura Vargas Díaz.

María Ismenia García Mendoza, Secretaria.

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