Auto 3894 de julio 11 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE

IMPUGNACIÓN DEL ACTO ASÍ NOTIFICADO

EXTRACTOS: «Tanto el artículo 209 de la Carta Política como el artículo 3º del Código Contencioso Administrativo tienen estatuido que uno de los principios que debe orientar la función administrativa, y dentro de ésta las actuaciones administrativas, es el de la publicidad, que para el caso de los actos administrativos de carácter particular se traduce en ponerlos en conocimiento de sus destinatarios a través de su notificación personal o por edicto, como lo disponen los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, y respecto de los terceros que no hayan intervenido en la actuación y que a juicio de las autoridades los afecten en forma directa, hacerles conocer la decisión administrativa mediante la publicación de la parte resolutiva del acto, por una vez, en el Diario Oficial, o en el medio oficialmente destinado para estos efectos, o en un periódico de amplia circulación en el territorio donde sea competente quien expidió las decisiones, como lo determina el artículo 46 ibídem.

De otra parte, el artículo 48 del Código Contencioso Administrativo también contempla la figura de la notificación por conducta concluyente, que tiene por finalidad convalidar o legitimar la falta o irregularidad en la notificación personal o por edicto o, respecto de los terceros, la falta de las publicaciones de que trata el citado artículo 46 ibídem, cuando ellas sean del caso, y se da en dos eventos, de acuerdo con la indicada norma: Cuando el interesado dándose por suficientemente enterado, conviene con el acto, esto es, está de acuerdo con el contenido mismo; o cuando aquél utiliza en tiempo los recursos gubernativos procedentes.

Al circunscribirse a los dos eventos anotados aparece claro que el citado artículo 48 presenta un vacío y es el de que no contempla la posibilidad de que el interesado, a pesar de no haberse surtido las formalidades para la notificación personal o por edicto o las mencionadas publicaciones pueda tener conocimiento de la existencia y contenido del acto, esté en desacuerdo con el mismo y no hubiere ejercido en tiempo los recursos gubernativos procedentes. Ante tal vacío, debe acudirse a las normas del Código de Procedimiento Civil, por mandato del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo.

El estatuto procesal civil en su artículo 330 regula la notificación por conducta concluyente, así:

“Cuando una parte o un tercero manifieste que conoce determinada providencia o la menciona en escrito que lleve su firma, o verbalmente durante una audiencia o diligencia, si queda constancia en el acta, se considerará notificada personalmente de dicha providencia en la fecha de presentación del escrito o de la audiencia o diligencia...”.

El texto legal transcrito sirve de sustento a la modalidad de notificación anteriormente enunciada.

En este punto la Sala considera que si en el acto administrativo del cual se surte la notificación por conducta concluyente están expresamente indicados los recursos que legalmente proceden contra el mismo, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo, como lo ordena el artículo 47 del Código Contencioso Administrativo, resulta imperioso concluir que el interesado tiene la doble opción que consagra el artículo 48 ibídem, esto es, convenir con la decisión o utilizar en tiempo dichos recursos dentro del plazo legal a partir de la notificación por conducta concluyente, puesto que si no lo hace en este último caso, no agota la vía gubernativa, requisito sine qua non para ocurrir en demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, conforme lo dispone el inciso primero del artículo 135 ibídem. Por el contrario, la Sala considera que si en el texto del acto administrativo del cual se surte la notificación por conducta concluyente no se indican expresamente los recursos que proceden contra el mismo, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo, ello debe entenderse como que la Administración no le dio al interesado la oportunidad de recurrir, en cuyo caso se presenta la figura que contempla el inciso tercero del citado artículo 135, es decir, que puede demandar directamente los correspondientes actos dentro de los cuatro (4) meses siguientes al de la fecha en que se produjo la notificación por conducta concluyente, pues de lo contrario la acción de nulidad y restablecimiento que se ejerza habrá caducado».

(Auto de julio 11 de 1996. Expediente 3894. Consejero Ponente: Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez).

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