Auto 3898 de mayo 16 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACION PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Sigifredo Espinosa Pérez

Aprobado Acta 189

Bogotá, D.C., dieciséis de mayo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 32-4 de la Ley 906 de 2004, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce de “la definición de competencia cuando se trate de aforados constitucionales y legales”.

En esa medida, a la Sala le asiste atribución para pronunciarse respecto de la impugnación de la competencia que con ocasión del presente asunto promueve el defensor de la imputada Marilú Méndez Rada, buscando apartar de su conocimiento al Juzgado 33 Penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, al considerar que a su defendida debe aplicársele un test de proporcionalidad con el que se determine que goza de fuero legal y, en consecuencia, su juzgamiento debe adelantarse ante esta corporación.

Para la Corte, debe anotarse desde ya, la impugnación de la competencia propuesta por la defensa, pese a que veladamente la entronizó por la vía de la nulidad, se ofrece no solo innecesaria, sino contraria a claros principios de celeridad y eficacia.

El juez de conocimiento, entonces, si bien despachó negativamente la nulidad deprecada, no podía pasar por alto que el trasfondo del asunto implicaba una impugnación de la competencia, dado que, para el defensor de la acusada era necesario aplicar un test de proporcionalidad en punto de igualdad, con el que se determinase su calidad de aforada legal en los términos del numeral 9° del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, evento en el cual la competencia para su juzgamiento recaería en esta corporación.

Así, al margen de los argumentos esbozados por el juez penal del circuito para negar la invalidación del proceso —decisión que, vale aclarar, quedó en firme—, para la Sala es evidente que si de entrada se advierte clara la redacción del artículo 32 citado, resulta cuando menos inoficioso —y dilatorio—, que el impugnante cuestione la competencia, desconociendo que fue el legislador quien legítimamente optó por no otorgarle la condición de aforados legales a quienes se desempeñen como directores nacionales del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación.

En efecto, el numeral 9º del precepto en cuestión dispone que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce:

“Del juzgamiento del viceprocurador, vicefiscal, magistrados de los consejos seccionales de la judicatura, del Tribunal Superior Militar, del Consejo Nacional Electoral, fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y tribunales, procuradores delegados, procuradores judiciales II, Registrador Nacional del Estado Civil, Director Nacional de Fiscalía y directores seccionales de fiscalía.

Competencia”.

Entonces, no es objeto de discusión que el director nacional del CTI quedó excluido de la norma, no siendo relevante determinar que de acuerdo con la estructura orgánica de la Fiscalía General de la Nación, tenga el mismo nivel que el director nacional de fiscalías, o incluso un rango superior al de los directores seccionales, como tampoco comparar las funciones que desempeñen unos y otros funcionarios, con el objeto de concluir que al primero —como ocurre con los otros— debe reconocérsele calidad foral.

El fuero, ha reiterado la Sala(1), es una garantía que establecen la Constitución o la ley en relación con determinadas personas, consistente en que por razón del cargo o de la función que desempeñen sólo pueden ser investigadas y juzgadas por funcionarios a quienes especialmente se les asigna la competencia.

Son por tanto, “el cargo, la investidura o las funciones discernidas los factores que determinan la aplicación del fuero y la autoridad competente para conocer del asunto, independientemente de la persona individualmente considerada.

La prerrogativa del fuero corresponde a una decisión política que busca preservar no la inmunidad del servidor desde una visión personal, sino desde la función, lo cual explica que el Fiscal General de la Nación o la Corte, según sea el caso, puedan retener la competencia sólo en aquellos eventos en que se demuestre que el funcionario ejecutó una conducta que tiene una relación de imputación concreta con el cargo o con la función realizada, pese a que esa condición en la actualidad no la ostente”.

En ese sentido, la calidad foral la definen la Constitución y la ley, siendo válido afirmar, en consecuencia, que existen dos tipos de fuero regulados en nuestro ordenamiento penal, “el uno personal o constitucional, que remite a la prerrogativa de que los altos funcionarios del Estado sean juzgados por la más alta instancia ordinaria en el ámbito penal —por virtud del cual, cabe relevar, no importa el tipo de delito ejecutado, sino el cargo que ostenta el vinculado penalmente, para efectos de que su juzgamiento, mientras mantenga esta condición o incluso cuando la adquiere con posterioridad a los hechos, se radique exclusivamente en el máximo tribunal—; y el otro, de carácter legal, referido no a la condición de servidor público, o mejor, alta dignidad de que esta investida la persona, sino al tipo de función que ella desarrolla, a cuyo efecto es siempre necesario delimitar cuál es el tipo de delito ejecutado y, en concreto, si este deviene o no consecuencia del cargo o la función”(2).

En suma, como el fuero se determina por vía constitucional, respecto de unos funcionarios y por vía legal, en relación con otros, es procedente apelar a la definición que simple pero tajantemente acuñó la Sala concerniente al último, afirmando(3) que “los aforados legales son aquellos cuyo juzgamiento corresponde a esta corporación por asignación legal”.

Y si ello es así, en punto de competencia debe significarse objetivo que a favor de los directores nacionales del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación no asoma la condición de aforado legal, a efectos de determinar específica competencia para el conocimiento del juzgamiento, conforme lo dispuesto por el artículo 32-9 de la Ley 906 de 2004, deviniendo general la definición del juez natural, dentro de los ámbitos objetivo, territorial y funcional específicos que regulan la materia en la codificación adjetiva penal, pues, ha de reiterarse, la sola condición de que la procesada tuviese rango o funciones similares a quienes sí ostentan esa calidad, no habilita determinar cubiertas las exigencias contempladas en la ley para delimitar materializado este factor subjetivo concreto de competencia.

Ello, por cuanto el instituto del fuero corresponde a una condición excepcional a las normas generales que habilitan la competencia para la investigación y el juzgamiento penales. Tal carácter de excepcionalidad, implica necesario que la ubicación del cargo o persona se encuentren expresamente definidos en la ley para entender que es ajena al carácter ordinario de la competencia. Por ende, ninguna posibilidad existe de señalar la existencia de cargos de aforados por equivalencia.

Por consiguiente, de manera inmediata se enviará la actuación al Juzgado 33 Penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, para que sin más dilaciones inoficiosas proceda a continuar con la audiencia de formulación de acusación.

En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

RATIFICAR que el conocimiento para conocer este caso, corresponde al Juez 33 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, a cuyo despacho se ordena la remisión inmediata del mismo.

En consecuencia, se DECLARA infundada la impugnación que en contra de esa competencia hiciera el defensor de la acusada Marilú Méndez Rada, en curso de la audiencia de formulación de acusación.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cúmplase».

 

(1) Lo reiteró recientemente, en providencia del 14 de diciembre de 2011, Radicado 37.914.

(2) Diferencias que son reseñadas en al auto del 14 de marzo de 2007, Radicado 26.601.

(3) Auto del 2 de septiembre de 2008, Radicado 30.172.