Sentencia 39269 de octubre 17 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. José Leonidas Bustos Martínez

Aprobado Acta 382

Bogotá, D.C., diecisiete de octubre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La Corte es competente para conocer del recurso de apelación en virtud de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 975 de 2005.

Cuestión previa. En el trámite regulado por la Ley 975 de 2005, tanto los postulados como las víctimas esperan decisiones prontas mediante las cuales se resuelvan sus expectativas procesales; y la sociedad reclama a la administración de justicia —fiscales y jueces— resultados en relación con la política pública de reconciliación con los grupos armados al margen de la ley. De manera, que, teniéndose claro que el tiempo juega en contra de todos los involucrados en este asunto, bien valdría la ocasión para llamar la atención sobre aspectos que podrían contribuir a la celeridad en el desarrollo de tal procedimiento, a partir de lo observado, precisamente en la tramitación de la impugnación que ahora se resuelve:

En primer término debe recalcarse lo relacionado con las identidades institucionales. Esto por cuanto en el proceso intervienen representantes de varios órganos del Estado, tales como la Defensoría del Pueblo, en sus vertientes de representantes de víctimas y de postulados, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación; instituciones de las cuales se espera una posición, sino monolítica por la naturaleza de sus funciones, por lo menos coherente y constante en relación con los temas más importantes que se debaten en el proceso transicional; lo cual podría garantizarse, entre otras cosas, en cuanto sea posible, con la permanencia de criterios institucionales consistentes durante todo el trámite judicial.

De otra parte, en asuntos en los que interviene un número significativo de profesionales del derecho, corresponde al tribunal invitarlos a renunciar a formalidades innecesarias, y a considerar la opción de ponerse de acuerdo en designar voceros comunes de posiciones que reflejen el mismo sentir, para evitar repeticiones innecesarias que hacen que las audiencias se demoren más de lo razonable, alejando de manera inapropiada la expectativa de celeridad que todos coincidimos en cifrar en el proceso transicional; sin sacrificar, claro está, lo sustancial de los derechos que se debaten en dicho trámite.

Precisamente, en este sentido, hay que recordar que el contenido de los traslados propios de los recursos está restringido a la sustentación de los mismos, no siendo oportunidad para que los profesionales del derecho dirijan nuevos ataques contra la decisión que dejaron de impugnar, ya que, como lo manifestó uno de los intervinientes en la extensa audiencia de sustentación y de traslado, el proceso transicional tiene como protagonista a las víctimas y no a los abogados.

También resulta conveniente prescindir de excesivas formalidades, como la que se contrae al tiempo invertido en la presentación de los asistentes, quienes perfectamente podrían dejar registrados sus nombres en un documento que hará parte del acta de la diligencia, o aquello de correr traslado de cada petición al resto de los intervinientes, lo cual no sólo no es necesario, sino que contraviene el presupuesto de celeridad, que es precisamente uno de los pilares de la oralidad y que justifica entre otros la superación del método escritural.

En el caso concreto se advierte, por ejemplo, que el procurador socava la lógica de los recursos y los traslados a los no recurrentes, puesto que confunde ambas fases procesales en tanto pretende desistir del recurso pero a su vez impugna la decisión con nuevos argumentos en el traslado a los no recurrentes, oportunidad en la que exclusivamente podrían ocuparse del contenido de las alegaciones sustentatorias del recurso expresada por los inconformes.

Así, frente a las discusiones que se presentan en el contexto del proceso transicional se hace imperativo ponderar —a efectos de su eventual permisión— si el resultado de la misma mejora sustancialmente la situación procesal de un gran número de víctimas, si agiliza su trámite, y si incorpora aspectos fundamentales del proceso de paz, cuya facilitación justifica precisamente la existencia de la Ley 975 de 2005.

Así, pues, la Sala aprovecha la oportunidad para requerir a los sujetos procesales e intervinientes a asumir una actitud proactiva en aras de imprimirle celeridad y orden al proceso, frente a su efectiva eficacia, por tratarse de un modelo de justicia transicional cuya filosofía se sustenta en el aseguramiento de la paz.

Asentadas las anteriores bases, el problema jurídico que debe afrontar la Sala en el asunto de la referencia está relacionado con la acumulación procesal, esto es, con la adopción de decisiones tendientes a vincular o a separar hechos, cargos y desmovilizados.

En principio, hay que precisar que el proceso transicional, operativamente, está soportado en la iniciativa del Fiscal, quien por tanto actúa como requirente de la mayoría de las decisiones trascendentales de su dinámica:

a) Es el encargado de verificar los requisitos de elegibilidad y la voluntad permanente del postulado dirigida a ser beneficiario de la pena alternativa, en consecuencia, a escucharlos en versión libre, a buscar y oír a las víctimas de cada desmovilizado y por tanto a ubicar y traer para el proceso transicional aquellos adelantados en la justicia ordinaria por delitos perpetrados en su accionar armado, a solicitar la medida de aseguramiento por cada delito confesado(1), las medidas cautelares sobre los bienes entregados con fines de reparación y restitución, a elaborar y desarrollar el programa metodológico, a imputar y formular los cargos surgidos, lo mismo que a solicitar su legalización; a gerenciar el incidente de reparación integral, y en general, a cumplir con las cargas procesales que le asignó la Ley 975 de 2005.

b) En este contexto, es la Fiscalía General de la Nación la que debe contar con un mapa general de los objetivos de la justicia transicional, que a esta altura de su desenvolvimiento, ha de tener, por lo menos inventariados los hechos y delitos confesados, las víctimas generadas por ellos, el perpetrador o victimarios que responden por cada uno, las pruebas con fundamento en las cuales se los imputará, acusará y solicitará condena, aquellas con las cuales se acreditarán los perjuicios, y las medidas de reparación, tanto efectivas como simbólicas, individuales y colectivas.

c) En torno de ello debe proyectar los apoyos a las víctimas, al proceso y a su legalidad, a la investigación, a la garantía de los derechos de quienes intervienen ofrecidos por las otras instituciones públicas, las organizaciones no gubernamentales nacionales como internacionales, a los defensores de confianza, a los representantes contractuales de las víctimas, a peritos, etcétera.

En ese cometido asignado fundamentalmente a la Fiscalía General de la Nación, esta Sala, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 975 de 2005, en materia de unidad procesal, ha facilitado progresivamente su labor: primero, señalando que la imputación podría ser excepcionalmente parcial, luego que las imputaciones así realizadas debían juntarse en la audiencia de legalización de cargos(2), y posteriormente —criterio que actualmente se mantiene—, admitiendo la posibilidad de emisión de sentencias parciales(3).

Desde el inicio de dicho recorrido se advirtió(4):

“El principio de unidad procesal dispone que las conductas punibles conexas se investiguen y juzguen conjuntamente; pero su ruptura no genera nulidad siempre que no resulten garantías fundamentales afectadas.

Sólo en el caso de conexidad sustancial de delitos, es decir, básicamente cuando existen varias conductas punibles autónomas que guardan una relación sustancial entre sí, obliga a la investigación conjunta, de modo que jurídicamente tampoco se encuentra impedimento mostrándose en este caso viable la ruptura de la unidad procesal, dada la presencia de una conexidad procesal, pues si bien puede haber identidad de sujeto agente, en muchos casos no habrá comunidad de prueba, así como tampoco unidad de denuncia, pero lo más importante para sostener el mencionado fraccionamiento de la unidad descansa en el respeto de las garantías fundamentales de los intervinientes”.

Todo en aras de permitirle a la fiscalía que fuera ella la que dispusiera, en su calidad de gestora, gerente y requirente dentro del proceso transicional, el rumbo del mismo; pues dicha institución es la que debe indicarle a los magistrados encargados de orientar los procedimientos, cómo proyectan la distribución de la totalidad de los casos que habrán de reflejarse en las sentencias. Es, de hecho, la que selecciona el orden en que se presenta, tanto los cargos como los desmovilizados a los efectos de las distintas audiencias.

d) Lo que se espera de dicha entidad, por tanto, es que tenga un plan general, una visión sistemática, de contexto, de aquello que está imputando y acusando, estableciendo la prioridad que la gravedad de los delitos, las condiciones y la cantidad de víctimas, un patrón o designio común, sus sitios de ubicación, la época de su comisión, la alarma social que causaron, la condición de mando de los perpetradores, entre otros aspectos, hagan más aconsejable.

Es también la Fiscalía la que califica los delitos —actividad en la cual se han presentado más discusiones de las necesarias habida consideración de tratarse de una justicia transicional—, para lo cual ha de tener —o estar en proceso de— una contextualización de la macrocriminalidad, especificando cuál es atribuible a los grupos subversivos y cuál a los paramilitares, dividiendo y especificando por bloques, o por lo menos por frentes, para ir decidiendo en cuántos procesos y en cuáles, y cuántas sentencias proferidas contra quiénes, se irá conteniendo la verdad que el país espera de este proceso de reconciliación.

Por supuesto, elemental lógica nos invitaría a sostener que es suficiente y conveniente una sola sentencia en razón de los hechos relacionados con el conflicto armado, por lo menos en lo relativo a la violencia producida por los grupos paramilitares, sino fuera porque la complejidad y el tamaño de dicha violencia lo hacen imposible; luego, es competencia de la Fiscalía, en presencia de un plan integral que cubra la totalidad, ir indicando las acumulaciones y las parcialidades cuyo decreto encuentra necesarias para cumplir con su deber. Es, en síntesis este sujeto procesal el único que está legitimado para ejercer dicha facultad.

Sin embargo, como viene afirmándose, tales solicitudes deben originarse en un plan completo de proyección de fallos, que de manera posible pueda cumplirse, buscando la acumulación de tantos delitos como aconseje la prudencia y la posibilidad real de sentencias prontas, siempre que se acrediten además los factores de conexidad que hagan viable la medida.

De tal instituto la Sala ha advertido —interpretando el artículo 20— que la Ley de Justicia y Paz ordenó acumular al proceso transicional, las penas que ya le han sido impuestas así como los procesos que se adelanten contra el desmovilizado en la jurisdicción ordinaria por delitos cometidos en desarrollo del conflicto armado(5):

“Al efecto se tiene que la Ley 975 y sus decretos reglamentarios preceptúan dos formas de acumulación, una para procesos en curso y otra de penas (L. 975, art. 20; D. 4760/2005, art. 7º; D. 3391/2006, art. 11)(6).

Evidentemente, no es a este tipo de acumulación de procesos a las cuales se refiere la decisión del Tribunal de Medellín, téngase en cuenta que en el caso de las normas citadas, se trata de la acumulación de procesos respecto de un mismo postulado, mediante la cual se atraen a la justicia transicional las causas adelantadas por la justicia ordinaria, respecto de delitos que hayan tenido lugar con ocasión de la pertenencia del postulado a grupos organizados al margen de la ley. Esta acumulación procede luego de que se ha verificado la aceptación de cargos ante la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior. Ninguno de esos presupuestos concurre en el presente caso, en tanto se trata de acumular procesos contra dos procesados distintos y en ninguno de los dos casos que se pretende acumular se ha verificado la audiencia de legalización de la aceptación de cargos ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior”.

Precisamente, en reciente pronunciamiento la Sala invitó al Fiscal General de la Nación a que dispusiera la concentración en el trámite transicional, de los procesos que en la justicia ordinaria se adelantan contra el desmovilizado(7):

En conclusión, se llama la atención a la Fiscalía de que tienda a concentrar todos los procesos que se adelanten contra el desmovilizado por delitos cometidos en desarrollo del conflicto armado, en el contexto del proceso transicional, evitando que los procesos que por tales punibles adelanta la justicia ordinaria avancen y más aún, que se presenten sentencias anticipadas en dicha jurisdicción; evitando así la multiplicidad de esfuerzos y de competencias, desgastes innecesarios, falta de sistematicidad de la información en torno de los postulados, la falta de especialización para el conocimiento de los delitos cometidos en el contexto del conflicto armado, y sobre todo, la desinformación y desatención a las víctimas, lo cual se traduce finalmente en indiferencia, y en falta de reconocimiento de sus perjuicios; siendo todo ello a todas luces inaceptable”.

Por otra parte, si bien la Ley 975 de 2005 no contempla la acumulación de procesos en curso adelantados por el trámite transicional, contra varios desmovilizados, se puede acudir por remisión, a las disposiciones del Código de Procedimiento Penal que regulan la materia, tal como ya ha tenido oportunidad de señalarlo la Sala, al indicar que además tal medida procede sólo después de que los cargos por acumular, han surtido la fase de su legalización ante la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz(8).

Así las cosas, de la acumulación de procesos en curso, se pueden identificar las siguientes reglas:

1. Se ordena en audiencia(9), y a solicitud exclusiva de la Fiscalía General de la Nación.

2. Sólo procede una vez se haya reconocido la legalidad de los cargos por juntarse(10), previa expresión o inventario completo de los hechos a ser acumulados.

3. La petición debe estar acompañada de las razones que la justifican, los factores de conexidad invocados —no siendo suficiente la mera pertenencia al mismo frente(11)—, además de —aunque sea de manera general y sintética— la expresión del pronóstico de sentencias que cubran la totalidad de hechos del Frente correspondiente, según la proyección que tenga la Fiscalía.

4. Sólo se podrán acumular actuaciones que se encuentren en audiencia de legalización de cargos.

5. La Fiscalía debe considerar previamente que el proceso acumulado siga siendo manejable y operativamente ágil, de cara a su próxima terminación.

El caso concreto

Como se ha mencionado, el problema jurídico que contiene la apelación que ahora se resuelve se origina en una solicitud de ruptura de la unidad procesal y del proferimiento de sentencia parcial, elevada por el representante del Ministerio Público, la cual, aunque fue despachada desfavorablemente, denota la intromisión de dicho funcionario en las responsabilidades del fiscal de Justicia y Paz.

Ahora bien, el argumento con fundamento en el cual se deniega el fraccionamiento de la actuación por parte del a quo, esto es, la carencia de sustento jurídico para la ruptura de la unidad procesal, en principio, carece de sentido en la justicia transicional, escenario excepcional en el cual el objetivo supremo de consolidación del monopolio de la fuerza en cabeza del Estado, subordina aspectos de naturaleza eminentemente procesal como éste; y por tal razón sería indiferente(12), siendo eso sí fundamental y trascendente, la explicación del plan general que la Fiscalía se hubiese trazado en cuyo cumplimiento cobra sentido la petición de la ruptura. Así, el primer aspecto de la decisión apelada será objeto de confirmación.

El segundo numeral de la decisión atacada, esto es, la acumulación bajo el mismo proceso de todos aquellos adelantados en contra de Hernán Giraldo Serna, Carmen Rincón, Eliseo Beltrán Cadena, Cristian Jhovany Ochoa Pinzón, Omar Martín Ochoa Ballesteros y Édgar Antonio Ochoa Ballesteros, será revocado.

En primer término por cuanto no se alcanzó a decretar la legalidad de ninguno de los cargos y por tanto no se logró arribar al momento procesal propicio para dicha determinación; en segundo lugar, por cuanto la solicitud expresada por la Fiscalía ni indicó cuáles eran los hechos cuya acumulación solicitaba, y cuáles las razones precisas de tal pretensión —en la decisión impugnada sólo encontró comunidad entre 31 de los delitos imputados a todos los desmovilizados—, tampoco reveló la existencia del plan de manejo de la totalidad de los delitos atribuibles al frente Resistencia Tayrona; en cambio dejó entrever una improvisada e inmotivada petición en respuesta a una solicitud de ruptura de la unidad procesal elevada por el representante del Ministerio Público.

Por tales razones se revocará el numeral segundo de la decisión apelada y se devolverá el proceso al a quo a efectos de que continúe con la audiencia de legalización de los cargos.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el numeral primero de la decisión apelada.

2. REVOCAR el numeral segundo de la decisión impugnada, mediante el cual se ordena una acumulación procesal, y se devuelve el proceso al a quo a efectos de que continúe la audiencia de legalización de cargos.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase».

 

(1) Auto de 9 de diciembre de 2010, radicado 34606.

(2) Auto de Justicia y Paz de 21 de septiembre de 2009, radicado 32.022.

(3) Auto de Justicia y Paz de 13 de diciembre de 2010 radicado 33065.

(4) Auto de Justicia y Paz de 23 de julio de 2008, radicado 30120.

(5) Auto de 18 de abril de 2012 radicado 38526.

(6) ART. 20.—Acumulación de procesos y penas. Para los efectos procesales de la presente ley, se acumularán los procesos que se hallen en curso por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia del desmovilizado a un grupo armado organizado al margen de la ley. En ningún caso procederá la acumulación por conductas punibles cometidas con anterioridad a la pertenencia del desmovilizado al grupo armado organizado al margen de la ley. Cuando el desmovilizado haya sido previamente condenado por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia a un grupo armado organizado al margen de la ley, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Código Penal sobre acumulación jurídica de penas.

ART. 11.—Acumulación de procesos. De conformidad con los artículos 16 y 20 de la Ley 975 de 2005, para los efectos procesales se acumularán todos los procesos que se hallen en curso o deban iniciarse por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia del desmovilizado a un grupo armado organizado al margen de la ley, de lo cual será informado. En ningún caso procederá la acumulación por conductas punibles cometidas con anterioridad a la pertenencia del desmovilizado al grupo armado organizado al margen de la ley.

Si en relación con el desmovilizado existe medida de aseguramiento de detención dictada en otro proceso, recibida la lista de postulados elaborada por el Gobierno Nacional en la forma prevista por el artículo 1º del Decreto 2898 de 2006, el fiscal delegado asignado de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, una vez cumplidas las averiguaciones de que tratan los artículos 15 y 16 de la Ley 975 de 2005 y obtenidas las copias pertinentes de las actuaciones procesales solicitadas por él, le recibirá versión libre. Si el desmovilizado se encuentra privado de la libertad por orden de otra autoridad judicial, continuará en esa situación. En todo caso, una vez adoptada la medida de aseguramiento por el magistrado de control de garantías dentro del proceso de Justicia y Paz, que incluya los hechos por los cuales se profirió la detención en el otro proceso, este se suspenderá, respecto del postulado, hasta que termine la audiencia de formulación de cargos dispuesta en el artículo 19 de la Ley 975 de 2005. En esta se incluirán aquellos por los cuales se ha impuesto medida de aseguramiento en el proceso suspendido siempre y cuando se relacionen con conductas punibles cometidas durante y con ocasión de la pertenencia del desmovilizado al grupo armado organizado al margen de la ley.

Declarada la legalidad de la aceptación de los cargos por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial, la actuación procesal suspendida se acumulará definitivamente al proceso que se rige por la Ley 975 de 2005 respecto del postulado. Sin embargo, en caso de que no acepte los cargos o se retracte de los admitidos, inmediatamente se avisará al funcionario judicial competente para la reanudación del proceso suspendido.

Mientras se encuentre suspendido el proceso judicial ordinario no correrán los términos de la actuación penal en relación con el imputado que se acoge a los beneficios de la Ley 975 de 2005.

PAR.—Los miembros desmovilizados del grupo armado organizado al margen de la ley, que voluntariamente se pongan a disposición de las autoridades en virtud de su acogimiento a la Ley 975 de 2005, podrán ser ubicados en los establecimientos de reclusión de justicia y paz administrados y definidos por el Inpec y en los previstos por el parágrafo 2º del artículo 21 de la Ley 65 de 1993, mientras se adelantan los procesos judiciales pertinentes de que trata la citada ley. El tiempo de privación de la libertad cumplido en estos establecimientos de reclusión, previo a que el magistrado de control de garantías profiera la respectiva medida de aseguramiento de conformidad con la Ley 975 de 2005, se imputará al cumplimiento de la pena alternativa que corresponda.

(7) Colisión de competencias de 1º de agosto de 2012, radicado 39454.

(8) Siendo el precedente más reciente al respecto el contenido en el auto de Justicia y Paz de 18 de abril de 2012, radicado 38526.

(9) Tal como se afirma, entre otras decisiones, en providencia de 18 de abril de 2012 radicado 38526.

(10) Auto de Justicia y Paz de 25 de septiembre de 2007 radicado 28250.

(11) Auto de Justicia y Paz de 3 de agosto de 2011 radicado 36563.

(12) Así lo reconoció la Sala en auto de Justicia y Paz de 3 de agosto de 2011, al señalar: “La Sala de Casación Penal ha avalado, incluso, que en supuestos en donde en estricto sentido no se estructure una causal de las regladas para disponer la ruptura de la unidad procesal, es viable que el juzgador opte por ella para evitar la dilación injustificada del trámite, lo cual sucedería en el caso de Torres León, no tanto en desmedro suyo, sino en el de las víctimas que dependen de la solución de su caso”.