Auto 3930 de agosto 25 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

CONCEPTO DE DERECHOS SUCESORALES

PARA FIJAR LA COMPETENCIA

EXTRACTOS: «Como es bien sabido, en ejercicio de facultades extraordinarias que le fueron otorgadas por la Ley 30 de 1987 y constituyendo para muchos la culminación normativa de un largo camino emprendido desde hace más de tres lustros para imprimirle plena autonomía en el país al Derecho de Familia, el Gobierno Nacional puso en vigencia el Decreto-Ley 2272 de 1989 por cuya virtud se creó y organizó la “magistratura” especializada en asuntos de familia, concibiéndola dicho estatuto, en términos generales, como una verdadera jurisdicción con perfiles orgánicos propios y materia exclusiva a ella reservada, materia ésta que por lo tanto quedó sustraída del conocimiento de los jueces civiles ordinarios y, desde el punto de vista objetivo, aparece definida fundamentalmente en los artículos 5º y 7º del aludido decreto.

Así pues, dentro de este marco legal de referencia son los juzgados de familia, comunes y promiscuos, junto con las Salas que llevan igual denominación en los Tribunales Superiores de Distrito, autoridades en el orden jurisdiccional cuyo círculo de atribuciones está restringido al conocimiento de causas de determinada especie donde, a juicio del legislador, adquieren preponderancia aquellas normas de marcado interés público que se ocupan de regular la constitución, el desenvolvimiento y la extinción de los vínculos que de la existencia misma del núcleo familiar se derivan para las personas físicas, bien sea asignándoles deberes de inevitable observancia o ya otorgándoles derechos en no pocas veces de alcance patrimonial, luego ciertamente y dada la singularidad funcional que a dichos organismos les es característica, no pueden ellos intervenir válidamente en el conocimiento de asuntos distintos de los que, por aparecer incluidos con absoluta claridad en el elenco de materias contenido en los preceptos atrás mencionados, pueda sostenerse de modo concluyente que ese conocimiento les ha sido encomendado por el ordenamiento positivo; en otras palabras, se trata sin duda de disposiciones de excepción que a gusto del intérprete no pueden ser ampliadas aduciendo argumentos de analogía o por mayoría de razón, ni menos aún invocando motivos de mera utilidad procesal, que por sus resultados y en ausencia del necesario texto legal que los apoye, redundan en injustificado menoscabo del radio de competencia general que es propio de la jurisdicción civil ordinaria, la cual, se repite, es la llamada a entender del común de los litigios de derecho privado, téngaseles o no como de interés público, y por mandato del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil en ese campo goza de la “vis atractiva” .

3. En este orden de ideas y frente a la letra del numeral 12 del artículo 5º del Decreto 2272 de 1989 que les señala a los órganos jurisdiccionales especializados en el ramo de familia la competencia para conocer “... de los procesos contenciosos (...) sobre derechos sucesorales ...”, preciso es tener en cuenta que son dos los elementos relevantes en punto de fijar el genuino alcance que esa atribución tiene, elementos que desde luego implican a la vez límites objetivos que condicionan su legítimo ejercicio y, en síntesis, son los siguientes:

a) El primero, genérico si se quiere, alude a la clase de asuntos que deben constituir la sustancia de la causa, exigencia que el legislador define con la expresión “derechos sucesorales” para referirse evidentemente, no al Derecho de Sucesiones entendido como aquella parte del ordenamiento positivo que regula la sucesión mortis causa y en esencia ubica el destino último de las titularidades patrimoniales activas y pasivas de una persona después de fallecida, sino al concepto de “derecho hereditario” en su sentido subjetivo, vale decir a los derechos que les corresponden sobre el patrimonio del difunto a los sucesores por causa de muerte, a título universal como ocurre con los herederos o a título particular de lo que son ejemplo los acreedores hereditarios que la codificación civil denomina legatarios, instituidos unos y otros como tales, bien sea por la ley o ya por la voluntad del causante, lo que dicho de otra manera significa que el núcleo de la controversia tendrá que versar sobre cualquiera de los factores personales, reales o formales que juegan papel en la configuración jurídica de esos derechos.

b) El segundo, resultante también del lenguaje empleado en el texto legal materia de examen, es que el conflicto concreto ante el cual ha de ponerse de manifiesto el ejercicio de la jurisdicción del Estado a través de la “magistratura” de familia, tenga expresión procesal única en pretensiones insatisfechas, disputadas o no, cuyo fundamento o título, concebido como la singular situación de la cual pretende quien la invoca extraer en su provecho consecuencias en derecho relevantes, emane directamente de aquella relación jurídica de sucesión hereditaria que en la base misma del pleito debe existir, luego si así no se dan las cosas, si con vista en los escritos rectores de un determinado proceso no puede afirmarse que su contenido litigioso lo constituyen tan solo acciones que tienen en esa clase de relaciones soporte jurídico, y por motivos de cualquiera otra índole las expectativas que una parte aduce en su demanda contra la otra, por ejemplo, recaen apenas de modo indirecto sobre bienes integrantes de un patrimonio relicto o si lo que se propone el actor es el reconocimiento de un derecho contra la herencia pero por fuera del marco de una controversia sucesoral en sentido estricto, esos componentes que en verdad el ordenamiento sucesorio regula, aun cuando contenidos en la litis, no son los dominantes en orden a identificar el régimen jurídico propio del conflicto de intereses que ella representa y, por lo tanto, son los jueces civiles comunes los llamados a asumir el conocimiento de los respectivos procesos.

4. En la especie sub examine la colisión negativa se presentó entre las Salas Civil y de Familia del Tribunal Superior de Medellín, habida consideración precisamente de una discrepancia que en últimas se origina en el entendimiento que debe dársele al numeral 12 del artículo 5º del Decreto 2272 de 1989 y por ello entendió la segunda no ser competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra providencias de naturaleza cautelar providencias éstas proferidas por uno de los juzgados promiscuos de familia del circuito de Bello dentro de un proceso ordinario que da cuenta de una acción de simulación entablada por Ricardo Antonio Díaz Viasús haciendo valer derechos propios aunque por sus consecuencias patrimoniales referidos a la herencia de su padre en la que concurre con la demandada Ana María Díaz Soto.

Y si el que acaba de describirse en sus rasgos cardinales es el fondo de la litis, preciso es concluir que aun cuando se trata sí de un asunto contencioso que involucra a dos de los herederos de Raúl Antonio Díaz Ortega y la trascendencia que a la postre tendrá el fallo sobre la masa de bienes susceptibles de constituir allí objeto de sucesión, tampoco se remite a duda, lo cierto es que el carácter de la controversia que precisamente le imprime su fisonomía al juicio lo viene a fijar la pretensión de simulación cuyo propósito, según quedó visto, es el de poner al descubierto la liberalidad que al decir del demandante se oculta tras la falsa apariencia contractual que suministra la escritura pública 1540 otorgada ante el Notario Único de Girardota.

Por este aspecto específico, pues, tuvo razón la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medellín al sostener con argumentos valederos que el litigio en cuestión corresponde a materia reservada por la ley a la jurisdicción civil».

(Auto de agosto 25 de 1992. Expediente 3930. Magistrado Ponente: Carlos Esteban Jaramillo Schloss).

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «El artículo 5º-12 del Decreto 2272 de 1989, dispone que al juez de familia le corresponde conocer en primera instancia de “Los procesos contenciosos'''' sobre “derechos sucesorales”. De modo que cuando la controversia gire en torno a la discusión de derechos en la herencia, sea para que se declare que un bien forma parte de la masa sucesoral partible y se le reconozca al demandante su derecho hereditario sea para que se declare que se tiene la calidad de heredero y que por eso existe el derecho sobre determinados bienes, se está frente a un asunto contencioso sobre derechos hereditarios.

En efecto, si la sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su último domicilio según el artículo 1012 del Código Civil; si la delación es el actual llamamiento de la ley a aceptar o repudiar la asignación y si la herencia o legado se defiere al heredero o legatario en el momento de fallecer la persona cuya sucesión se trata si el heredero o legatario no es llamado condicionalmente, o en el momento de cumplirse la condición si el llamamiento es condicional, como dispone el artículo 1013 ibídem, síguese que derecho sucesoral es el que tiene una persona como heredero o legatario en los bienes de la persona de cuya sucesión se trata.

"Todas las acciones o defensas que antes competían al difunto corresponden ahora al heredero, pero aparece también una acción nueva en favor del heredero para proteger el título hereditario; con la petitio hereditatis puede pedir el heredero el reconocimiento de su cualidad de tal frente a cualquiera que le desconozca o niegue, y reivindicar el patrimonio hereditario de todo tercero que ilegítimamente lo detente'''' (De Ruggiero, Roberto, Instituciones de Derecho Civil, Tomo 11, volumen segundo, Nº 129 págs. 350 y 351).

De esta manera el derecho sucesoral puede referirse a la calidad, o recaer sobre la universalidad herencial, o sobre el bien objeto del legado en especie (arts. 1163 y ss., C.C.)

Si esta es la naturaleza jurídica del derecho sucesoral, síguese que siempre que en relación con él surja contención y sea necesario acudir a la jurisdicción para que provea, se trata de un asunto contencioso sobre derechos sucesorales, que comprende la regla del numeral 12 del artículo 5º del Decreto 2272 de 1989, y corresponde por consiguiente a la jurisdicción de familia.

Para mejor comprensión convenga quizá recordar que una de las clasificaciones de los procesos judiciales hecha con fundamento en la pretensión y adoptada por la legislación procesal civil patria, es la de procesos contenciosos y procesos de jurisdicción voluntaria. Los primeros, a su turno, clasificados en procesos declarativos y en procesos de ejecución. Los declarativos estructurados para emitir una declaración judicial de existencia o de certeza, de un derecho subjetivo o de un estado civil. Los de ejecución para obtener el pago de un derecho crédito cierto.

Así mismo, que sucesión por causa de muerte suele usarse en sentido subjetivo como objetivo.

"Desde un punto de vista objetivo, la sucesión de una persona es la masa de bienes, el caudal hereditario dejada por ella al morir. Y así, por ejemplo, se habla de la cuantiosa “sucesión” de tal persona.

Se emplea la expresión sucesión en un sentido subjetivo para designar a los herederos del causante, y así por ejemplo, se dice que la “sucesión” del causante la componen sus tres hijos legítimos” (Somarriva Undurraga, Manuel, Derecho Sucesorio, versión de René Albeliuk, 1976, pág. 9, Nº 2).

"Pero también, por una especie de figura retórico-jurídica, recibida en el lenguaje científico lo mismo que en el vulgar, se emplea la palabra “sucesión'''' como sinónimo de “herencia”, de patrimonio que debe transmitirse por causa de muerte” (Carrizosa Pardo, Hernando, Las Sucesiones, Librería Voluntad S.A., 1941, pág. 9, Nº 2).

Por lo tanto, tratándose de derechos sucesorales, sin distinción por el legislador, el sentido que hay que dar a la expresión es que comprende tanto el significado objetivo —masa herencial— como el subjetivo-sucesores del autor.

Luego puede decirse que un asunto es contencioso sobre derechos sucesorales cuando se contiende ya respecto de la calidad para tener el derecho sucesoral, ya respecto del derecho en los bienes dejados por la persona de cuya sucesión se trata, sin que por emplearse “derechos sucesorales” y no “derecho sucesoral” deba entenderse de otra manera.

De otra parte, es imposible pasar por alto que “la sucesión es en primer lugar una institución de orden familiar ... La existencia de esta legítima denota el interés de la familia en el derecho de sucesión ... Las leyes sucesorales interesan a la organización de la familia y del Estado” (Ripert, Georges, y Boulanger, Jean, Tratado de Derecho Civil, Tomo X, primer volumen, La Ley, Buenos Aires 1965, Nº 1476, pág. 15).

Por modo que lo relacionado con derechos sucesorales, o con el derecho sucesoral, es derecho de familia y, por ende, establecida una jurisdicción especializada para que fundamentalmente entienda en esa área jurídica, los conflictos cuyo objeto sean de esa naturaleza deben corresponder a tal jurisdicción. Así es porque el propósito del Estado al organizar la jurisdicción de familia, fue proteger el interés jurídico de la familia, como el comprometido en el orden que con dicha regulación quiere proteger y garantizar, por calificar la familia como la célula natural y fundamental de la sociedad, según expresiones de esta corporación (sentencias de Sala Plena del 13 de abril de 1973 y 6 de junio de 1974), con mayor razón frente a las normas de la Carta Política de 1991 (arts. 42 y 44, entre otros). De manera que las contiendas sobre derechos que entrañen discusión acerca de la calidad de miembro de familia o de derechos que por esa calidad se afirma tener en la sucesión de persona determinada, se refieren a discusión “sobre derechos sucesorales”.

Con otras palabras, si la contienda se refiere a la calidad de miembro de la familia de la persona de cuya sucesión se trata o de asignatario en la sucesión para discutir esa calidad, o el derecho que a esa calidad le confiere la ley o el testamento, y en alguna forma en la contienda se involucra el derecho sucesoral, es un asunto contencioso sobre derechos sucesorales cuya competencia corresponde a los órganos de la jurisdicción de familia, conforme con el artículo 5º-12 del Decreto 2272 de 1989.

Así, pues, no puede afirmarse categóricamente a priori que litigios con pretensiones de simulación, nulidad absoluta o relativa, lesión enorme, resolución de contratos y semejantes, sean o no asuntos contenciosos sobre derechos sucesorales, porque en cada caso concreto es indispensable analizar el thema decidendum para determinar la naturaleza de las cuestiones singularmente propuestas y concluir si es o no asunto contencioso sobre derechos sucesorales y, como consecuencia, a cuál órgano judicial le está atribuido su conocimiento. Lo fundamental entonces para establecer el órgano competente, es determinar la naturaleza de la cuestión discutida, pues como acaba de decirse, si la contienda se contrae a discutir la calidad de heredero, o de legatario en su caso, o los derechos que esa calidad determina en la sucesión, o la una y los otros, el asunto versa sobre derechos sucesorales y corresponde a los órganos de la jurisdicción de familia. Así lo indican la continencia de la causa y desde luego la economía procesal.

4. Por consiguiente, siendo así que en este caso el tema sometido a la decisión del juzgador contiene una discusión sobre los derechos que el demandante afirma tener como heredero en la sucesión de su padre, y pide que unos bienes de que éste dispuso son de la sucesión y por eso a ella deben restituirse para que su derecho sucesoral se le reconozca, el asunto versa sobre derechos sucesorales, por lo que el competente para decidir los recursos de apelación contra decisiones del Juzgado Primero Promiscuo de familia de Bello, es la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y por supuesto compete a esa jurisdicción especializada entender del asunto».

Pedro Lafont Pianetta—Alberto Ospina Botero—Eduardo García Sarmiento. 

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