Auto 39416 de agosto 8 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Julio Enrique Socha Salamanca

Aprobado Acta 289

Bogotá, D.C., ocho de agosto de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La Corte es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra los autos y sentencias que profieran en primera instancia los tribunales superiores de distrito judicial, de conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004.

2. Desde ya la Sala anuncia que el auto materia de apelación será revocado con base en los siguientes argumentos:

2.1. Ante todo se ha de recordar que la audiencia preparatoria constituye el escenario por excelencia para el decreto por parte del juez de las pruebas solicitadas (L. 906/2004, art. 357, inc. 2º) y la consideración de temas probatorios inherentes a exclusión, rechazo e inadmisibilidad (art. 359 ibíd.). Se constata que en aquel rito procesal la evidencia documental número tres, (la misma cuya incorporación solicitó el fiscal en el juicio oral), fue admitida, es decir, no se negó su exclusión como así lo solicitara la defensa.

El juez colegiado a quo sostuvo que dicha evidencia había sido recaudada acorde con las reglas de procedimiento y sin violación de garantías fundamentales; no obstante precisó, que la discusión sobre la autenticidad se hallaba reservada para la audiencia de juicio oral.

2.2. En consecuencia, siendo ello así, y teniéndose en cuenta que la evidencia referida fuera anunciada desde el escrito acusatorio, descubierta en la audiencia de formulación de acusación y suscitada la discusión acerca de la misma en la audiencia preparatoria atrás anotada, no era dable que la Sala Penal del Tribunal Superior de Riohacha, se “abstuviera de admitir” aquella evidencia, por la potísima razón de que el escrutinio inherente a pertinencia y admisibilidad se había cumplido en la audiencia preparatoria y solo restaba que en el juicio oral se produjera su práctica y ulterior pedimento al juez colegiado de parte del fiscal de incorporación o aducción; sin que el ítem tocante con autenticidad llevara al extremo de no incorporar la evidencia número tres de la fiscalía como prueba, que a la sazón fue a la determinación que arribó, así impropiamente sostuviera que no la “admitía”; pues tal examen arriba aludido se había verificado en la audiencia preparatoria, imperando por contera el principio de preclusión de actos procesales, que fue desconocido por el juzgador colegiado de instancia.

3. El fiscal a través del testigo de acreditación, Luci Marlene López Pérez (investigadora del CTI), identificó y autenticó la evidencia número tres, tanto así que sostuvo que en virtud de orden de trabajo de policía judicial derivada del programa metodológico, practicó diligencia de inspección judicial sobre una carpeta, de la cual le fueron facilitadas copias y que ello aconteció en la Fiscalía Tercera Seccional del Municipio de San Juan de César (Guajira) y enunció el número de la radicación correspondiente e identificó la actuación y relacionó los documentos que en esencia conformaban el expediente que tuvo a la vista, y que no fue otro que el caso relacionado con la captura y judicialización de Manuel Agustín Acosta Brito.

4. Por manera que razón más que suficiente le asiste al impugnante cuando sostiene que la evidencia documental número tres no requería su presentación en original, según lo dispuesto por el artículo 434 de la Ley 906 de 2004 en concordancia con el artículo 433 ejusdem, tema sobre el cual ya se pronunció la Sala(1) (misma providencia que fuera invocada en forma insistente por el fiscal y de parte del juzgador a quo, no hubo mención alguna) así:

“Es que, la introducción de los documentos, objetos u otros elementos al juicio oral se cumple a través de un testigo de acreditación, quien se encargará de corroborar que el elemento, objeto o documento es lo que la parte dijo que era y no otra cosa(2).

Específicamente en lo que se refiere a los documentos públicos, consagra la legislación procesal (L. 906/2004) una presunción legal de autenticidad (art. 425), al señalar que “Salvo prueba en contrario, se tendrá como auténtico (...) los documentos o instrumentos públicos ...

Entonces, los que no están incluidos en esa deben autenticarse conforme lo dispone el artículo 426 ídem:

(...).

En consecuencia, no se requiere la presentación del texto original, porque se trata de un documento público, cuya autenticidad se presume y está expresamente excluido de la regla de mejor evidencia (art. 433, ídem), porque así lo prevé el artículo 434: “Se exceptúa de lo anterior los documentos públicos ...

En el presente evento, no desvirtuó la parte interesada (acusado o defensor), la naturaleza de públicos que se le atribuyó a los documentos aducidos como objeto de la falsedad ideológica imputada e introducidos como prueba en el juicio oral por intermedio del testigo de acreditación, lo cual hubiese permitido derrumbar la presunción legal de autenticidad que ampara ese tipo de textos oficiales”.

La Corte ya se había pronunciado al respecto, en los siguientes términos:

“El artículo 425 del Código de Procedimiento Penal (L. 906/2004) adopta una presunción de autenticidad para amparar, entre otros, a los documentos públicos, las publicaciones periódicas de prensa o revistas especializadas; y a aquellos documentos sobre los cuales se tiene conocimiento cierto sobre la persona que los ha elaborado, manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado o producido por algún otro mecanismo. Esa presunción admite prueba en contrario a cargo de la parte que pretenda desvirtuarla.

La autenticidad del documento es una calidad o cualificación del mismo cuya mayor importancia reluce al ser tomado como ítem de su valoración o asignación de mérito, después que se ha admitido o incorporado formalmente como prueba en la audiencia pública.

Lo anterior no obsta para que dicho factor de mérito o valor suasorio —la autenticidad— se impugne con anticipación —en alguna de las audiencias preliminares o en la audiencia preparatoria, por ejemplo— con el fin de impedir que llegue a admitirse o decretarse como medio de prueba; y en caso tal, su rechazo ocurrirá, no por motivos de ilegalidad, sino porque de ante mano se sabría que ese medio probatorio va a resultar inepto o inane para la aproximación racional a la verdad.

Frente a los documentos amparados con presunción de autenticidad, la parte interesada en desvirtuar esa presunción tiene la carga de demostrar que no son auténticos, acudiendo a su vez a cualquiera de los medios probatorios admisibles. El silencio deja esa presunción incólume”(3).

5. Colige la Sala, como desacertada la decisión del a quo de abstenerse de incorporar evidencia marcada como F3 que la fiscalía válidamente ordenara recaudar, luego descubriera, ofreciera y fuera admitida su práctica, determinación última adoptada en la audiencia preparatoria, pues como quedó visto lo atinente a la autenticidad era tema inherente a la audiencia preparatoria y no como equívocamente lo dispuso el tribunal.

6. La manifestación de inconformidad de la defensa en relación con el tema de autenticidad, que desde sus inicios se tornó confusa, hasta el punto que el magistrado sustanciador hubo de instarla a que fuera más precisa, pues exclamó “me permito objetar dicho documento”, debió ser equiparada por el juzgador a quo como una oposición frente al tema de autenticidad, cuyo escenario había expirado, de donde una tal manifestación debía ser abordada si se quiere, en los alegatos de clausura, contexto indicado para análisis, valoración y crítica de la prueba producida, practicada e introducida en el juicio (art. 443 ibíd.) con la ulterior y correlativa respuesta en la sentencia de mérito a que haya lugar.

7. Pues piénsese en un juicio donde deban introducirse un sinnúmero de elementos materiales probatorios, evidencia física e información (L. 906/2004, art. 275) a través de testigos de acreditación (art. 337, num. 5º, lit. “d)” ejusdem) por parte de la fiscalía, como también por la defensa; de adoptarse la metodología que utilizó en este caso el juzgador colegiado a quo, se llegaría al absurdo que se “inadmitan” o “excluyan”,evidencias cuyo filtro de pertinencia y admisibilidad (L. 906/2004, arts. 375 y 376, respectivamente) fue efectuado en la audiencia preparatoria, pues no otra conclusión se deriva del contenido del artículo 374 ibídem —oportunidad de pruebas— que establece: “Toda prueba deberá ser solicitada o presentada en la audiencia preparatoria, salvo lo dispuesto en el artículo 357, y se practicará en el momento correspondiente del juicio oral y público”, sobre lo cual deberá existir pronunciamiento de parte del juez (L. 906/2004, art. 357, inc. 2º).

Disposiciones que guardan correspondencia con lo establecido en el inciso 2º del artículo 371 de la Ley 906 de 2004 —práctica de pruebas en el orden prevenido en la audiencia preparatoria— y en el artículo 379 ibídem —principio de inmediación— esto es, que el “juez deberá tener en cuenta como pruebas únicamente las que hayan sido practicadas y controvertidas en su presencia (...)”.

8. Acerca de la autenticidad, en algunas legislaciones foráneas (sistema procesal de Puerto Rico) que guarda similitudes con la Ley 906 de 2004 se le denomina “autenticación prima facie” sobre el cual la doctrina(4), refiere:

“Es importante señalar que al tenor con lo establecido en la regla 79 sobre evidencia autenticada prima facie, existe prueba para la cual no es necesaria la presentación de evidencia extrínseca de autenticación como condición previa a su admisibilidad en los tribunales. La regla 79 sobre autenticación prima facie, nos habla de documentos que no requieren de evidencia extrínseca de autenticación. En otras palabras son documentos que con su mera presentación quedan autenticados. Es decir, que cuentan con una presunción de autenticación. Ahora bien, la parte que se opone a la admisibilidad de dicha evidencia podrá presentar prueba para refutar la autenticidad de la misma.

La regla enumera los documentos autenticados prima facie, los cuales se resumen a continuación: En resumen son los siguientes: (1) documentos reconocidos por funcionarios que faculta la ley para ello (ej.: Notario público); (2) documentos públicos expedidos bajo sello oficial; (3) documentos públicos suscritos por funcionarios; (4) documentos públicos extranjeros; (5) copias certificadas de récords de documentos públicos; (6) publicaciones oficiales; (7) periódicos y revistas y; (8) etiquetas comerciales.

Esta regla responde a la realidad de que es improbable la falta de autenticidad de este tipo de documentos. Se presume que es sumamente difícil falsificar este tipo de documentos, por lo que se exime a quien lo presenta en evidencia tener que autenticarlos. En vista que se presumen auténticos, correspondería a la parte que se opone a la misma presentar prueba que refute esta presunción de autenticidad. El efecto de esta presunción es que se aligeran los procedimientos y se evitan controversias colaterales en los pleitos”.

9. Con estas consideraciones, la Sala revocará el auto emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Riohacha (Guajira) dentro del juicio oral, con base en el cual se “inadmitió” la evidencia número tres de la fiscalía (carpeta contentiva de las diligencias de judicialización de la policía de San Juan de César, Guajira) y en su lugar dispondrá su incorporación para que sea valorada en el estadio procesal pertinente.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

REVOCAR el auto emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Riohacha (Guajira) el 26 de junio de 2012, dentro del juicio oral, que se adelanta contra el acusado Manuel Antonio José Ariza Carrascal por el delito de prevaricato por acción, con base en el cual se inadmitió la evidencia número tres de la fiscalía, y en su lugar DISPONER su incorporación para que sea valorada en el estadio procesal pertinente y se prosiga con dicho rito sin más dilaciones.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Casación, Radicación 36.884 del 19 de octubre de 2011.

(2) ART. 337.—Contenido de la acusación y documentos anexos. El escrito de acusación deberá contener: (...).

5. El descubrimiento de las pruebas. Para este efecto se presentará documento anexo que deberá contener: (...).

d) Los documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse, junto con los respectivos testigos de acreditación.

(3) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 21 de febrero de 2007. Radicado 25.920.

(4) Díaz Díaz, Rafael Ángel, Evidencia criminal para el oficial de orden público. Reimpresión a la primera edición 2002. Caguas Puerto Rico, pág. 85.