Auto 395 de junio 2 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

EJECUCIÓN POR JURISDICCIÓN COACTIVA

SUSPENSIÓN POR PREJUDICIALIDAD

EXTRACTOS: «Al concluir la etapa gubernativa, los actos administrativos adquieren firmeza: 1) cuando contra ellos no procede ningún recurso; 2) cuando los recursos interpuestos se hayan decidido; 3) cuando no se interponen recursos o cuando se renuncia expresamente a ellos; y 4) cuando hay lugar a la perención o se aceptan los desistimientos (CCA, art. 62).

De conformidad con el artículo 64 del CCA, los actos administrativos que queden en firme son suficientes por sí mismos para que la administración pueda ejecutar de inmediato la actuación tendiente a su cumplimiento, aún en contra de la voluntad del interesado; y son obligatorios mientras no pierdan su fuerza ejecutoria por las causales taxativamente enunciadas en el artículo 66 ibídem, como son: por suspensión provisional; cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho y de derecho; cuando al cabo de cinco años de estar en firme la administración no ha realizado los actos que le corresponda para su ejecución; cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el actor; y cuando pierdan su vigencia.

En armonía con las anteriores disposiciones, el artículo 68 de la misma codificación determina que todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de la Nación, de una entidad territorial o un establecimiento público de cualquier orden, la obligación de pagar una suma líquida de dinero, presta mérito ejecutivo siempre que dicha obligación reúna los requisitos de ser clara, expresa y actualmente exigible.

En el sub lite, como las resoluciones 1690 y 3061 de 20 de mayo y 22 de agosto de 1991, emanadas de la Superintendencia Bancaria, que en su orden, impusieron sanción pecuniaria en cuantía de $ 2.650.000 a favor del tesoro nacional y a cargo de la sociedad Bursátil de Seguros Ltda., Corredores de Seguros, y agotaron la vía gubernativa, están en firme y contienen una obligación clara, expresa y exigible, la administración podía adelantar los actos necesarios para obtener su cumplimiento.

Además, dichas resoluciones conservan su fuerza ejecutoria ya que no hay evidencia en autos del acaecimiento de cualquiera de las causales señaladas en el artículo 66 del CCA, anteriormente enunciado.

Ahora bien, diferente es que, una vez agotada la vía gubernativa, el interesado resuelva discutir la legalidad de las resoluciones mencionadas utilizando las acciones que para tal propósito consagra el Código Contencioso Administrativo, pero en este caso tal procedimiento no descalifica los actos para quitarles su firmeza y fuerza ejecutoria, que son base fundamental para proferir mandamiento de pago en el proceso por jurisdicción coactiva.

La prejudicialidad, basada en la existencia de una demanda de nulidad contra los actos administrativos que sirven de fundamento a la acción ejecutiva requiere, tal como lo ha reiterado la Sala en múltiples ocasiones, no sólo demostrar que efectivamente existe tal proceso, sino que también concurren los restantes requisitos señalados en el artículo 171 del Código de Procedimiento Civil. Empero su declaración y la consecuente suspensión en el asunto que corresponda, no compete al Consejo de Estado sino al juez del conocimiento, a solicitud de la parte interesada».

(Auto de junio 2 de 1994. Expediente 0395. Consejero Ponente: Dr. Miguel Viana Patiño).

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