Sentencia 39751 de septiembre 6 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 39751

Acta 031

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Cartagena de Indias, seis de septiembre de dos mil doce.

VII. Consideraciones de la Corte

Sostiene el recurrente, en lo esencial, que el tribunal se equivocó al entender que el suministro de carne se hacía en forma gratuita y que precisamente ese mal entendimiento lo llevó a dar naturaleza salarial a esa entrega en especie. Sin embargo, leída juiciosamente la sentencia recurrida, no se advierte por lado alguno esa afirmación; por el contrario, cuando el tribunal aseveró que las entregas estaban destinadas a preservar el patrimonio del trabajador porque le permitía ahorrar dinero, tácitamente estaba partiendo del supuesto de que se le entregaban por un precio inferior al del mercado.

De manera que una precisión que resulta necesario hacer es la relacionada con que el ad quem en ningún momento planteó si la entrega de carne sin ningún costo para el adquirente tenía o no carácter salarial, pues claramente partió de la premisa de que dicha entrega fue subsidiada, como antes se vio. Incluso el propio recurrente deja entrever que en este evento la diferencia entre el costo y el precio de venta podría constituir salario, planteamiento con el que antes que disentir, más bien coincide con lo dicho por el juzgador.

Ahora bien, considera la Sala que la definición acerca de si un reconocimiento extralegal del empleador al trabajador es o no salario, no surge del hecho de si se suministra sin ningún costo al trabajador o a un precio inferior, sino de la regulación que las partes hayan establecido en el acuerdo respectivo o al momento de establecer la prestación.

Dice el recurrente que el mismo ad quem admitió en sus consideraciones que las partes acordaron en el contrato de trabajo excluir como factor o elemento constitutivo de salario aquellas facilidades dentro de las cuales se encuentra la alimentación. Empero, auscultado el documento respectivo (fls. 134 y 135), no aparece allí plasmada tal excepción, ni siquiera en la cláusula novena, cuyo texto es el siguiente:

“También declaran las partes expresamente que para efectos de liquidación de prestaciones sociales de carácter legal o extralegal, no constituye salario las sumas que ocasionalmente reciba el trabajador por mera liberalidad, tales como primas, bonificaciones y gratificaciones y lo que reciba en dinero o en especie no para su beneficio, ni como retribución de servicios, ni para subvenir a sus necesidades, ni enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, o como facilidades, en determinadas zonas de trabajo, tales como campamentos, casa de habitación, vehículos y alimentos u otros rubros semejantes”.

En esta cláusula no aparece consignado, por ningún lado, que el suministro de carne no se tendrá como factor salarial. El recurrente se limita a sostener lo contrario pero se abstiene de explicar a la Corte en cuál expresión, frase o enunciado del artículo se basa para hacer esta aserción. Solamente se hace una referencia a alimentación, pero de allí no es dable concluir de manera inexorable y certera que se refiere al suministro de carne, pues se trata de locuciones diferentes y bien se sabe que el error de hecho en casación debe ser manifiesto y ostensible, situación que aquí no se presenta, porque a simple vista no es posible colegir si el beneficio en especie referido encaja en alguna de las nociones usadas en la disposición contractual. Incluso, el tribunal consideró que la cláusula contenía una especie de carga probatoria a cargo de la empleadora en cuanto a la obligación de demostrar que lo entregado al trabajador en especie no era para su beneficio, ni como retribución de servicios, ni para subvenir a sus necesidades, ni enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, sustento del fallo que no es controvertido en el cargo y que al permanecer indemne le sirve de sustento.

Observa la Sala en todo caso que no aparece claro que el suministro de carne sea de aquellos reconocimientos destinados a que el trabajador desempeñe a cabalidad sus funciones, aparte de que según la cláusula convencional trascrita para que tales pagos no sean tenidos como salario es menester que se trate de determinadas zonas de trabajo, sin que estas sean precisadas, ni sea fácil deducirlas del solo contenido material del contrato de trabajo.

Igualmente se hace necesario anotar que uno de los elementos que sirvió de base al tribunal para deducir la naturaleza salarial del suministro de carne, fue su carácter periódico y habitual, aspecto que el recurrente tampoco controvierte y que al permanecer intacto también sirve de sostén al fallo cuestionado.

Frente a la norma convencional denunciada en el cargo, tampoco surge el yerro evidente allí señalado.

En efecto, la parte pertinente del artículo 57 de la convención colectiva de trabajo, dice “PAR. 1.—(...) El suministro de carne será de doscientos cincuenta (250) gramos diarios por persona mayor de un (1) año de edad, que forme parte de la familia inscrita del trabajador, durante seis (6) días en la semana (...)”.

Al examinar la literalidad de la cláusula se observa que no se refiere expresamente a si dicho suministro constituye o no factor salarial, por lo que no resulta descabellado ni ilógico entender que pueda tener connotación salarial, como lo coligió el tribunal después de efectuar el análisis junto con la cláusula 9 del contrato de trabajo y el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, conclusión que no se torna desproporcionada ni irrazonable.

La sola admisibilidad de la apreciación efectuada por el tribunal, así existan otras posibles, como las que plantea el censor, o así ella no se comparta, de por sí excluye la evidencia del error, necesario para proceder al quiebre de la decisión.

En consecuencia, de lo analizado no surge el error evidente de hecho que denuncia la sociedad recurrente.

En consecuencia, el cargo se desestima.

VIII. Segundo cargo

Acusa la sentencia de violar indirectamente, por aplicación indebida, los artículos 1º, 16 y 18 del Código Sustantivo del Trabajo en relación con los artículos 3º, 4º, 9º, 13, 14, 19, 55, 127, 128, 129, 249, 259, 260, 306, 461, 467 y 470 ibídem; 3º de la Ley 48 de 1968; 51, 55, 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo.

Asevera que por haber apreciado con error el laudo arbitral, punto 12 (fl. 58), el tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho.

“1. Dar por probado, sin estarlo, que el actor tenía derecho al pago proporcional de la bonificación que se decretó para compensar la falta de incremento de salarios por el tiempo transcurrido entre la expiración de la convención colectiva de trabajo y la fecha en que se produjo la decisión arbitral.

2. Dar por establecido, no siendo cierto, que la sentencia arbitral contenía efectos retrospectivos respecto de la bonificación que se decretó para compensar la falta de incremento de salarios por el tiempo transcurrido entre la expiración de la convención colectiva de trabajo y la fecha en que se produjo la decisión arbitral, cuando en realidad lo que le hizo producir fue efectos retroactivos.

Afirma el recurrente que si bien esta Sala ha admitido que las sentencias arbitrales pueden llegar a tener efectos retrospectivos sin que ello sea contrario al artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, tal figura no puede confundirse con otros fenómenos jurídicos diametralmente opuestos, como el caso concreto de la retroactividad, que supone la aplicación de la norma a situaciones definidas o anteriores a su existencia (facta praeterita), cuestión contraria a aquella, que se refiere a la circunstancia de que estando un contrato de trabajo en curso, la nueva ley puede regular aspectos acaecidos atrás (facta pendentia) pero sus efectos tienen incidencia hacía el futuro, conforme lo expresa el artículo 16 citado.

Partiendo de lo anterior, como el contrato terminó el 28 de febrero de 2003 y el laudo arbitral fue expedido el 9 de diciembre de 2003, fecha en que empezó su vigencia, es evidente que la decisión del tribunal no fue la de producirle efectos retrospectivos al laudo, sino netamente retroactivos. Señala que las razones del ad quem pueden ser loables desde el punto de vista de la justicia y la equidad, pero ello no justifica la violación del artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo como consecuencia de los manifiestos errores de hecho en la apreciación del laudo arbitral, lo que llevó a desconocer el principio de la cosa juzgada. Que de no ser cierto lo anterior significaría que los efectos del laudo son y han sido modificados por la sentencia recurrida, pues su vigencia empezó antes de su expedición.

IX. Consideraciones de la Corte

El presente cargo orientado por la vía indirecta busca básicamente cuestionar la condena por concepto de bonificación salarial ordenada por el laudo arbitral para compensar la falta de incremento salarial durante el año 2003. Las posiciones que estudió el tribunal al resolver este punto, fueron la que consideraba que la bonificación se pagaba a quienes tuvieran el contrato de trabajo vigente al 9 de diciembre de 2003, cuando se expidió el laudo, o a todos los trabajadores sin importar la fecha de terminación del contrato de trabajo, optando por esta última por considerar que la norma sobre incremento salarial prevé que este se causa en un 5% sobre el salario que devenguen al 9 de diciembre de 2003 “no se puede interpretar en la misma forma la redacción de la bonificación salarial, que según la norma en cita, tiene por objeto precisamente “compensar la falta de incremento de salarios por el tiempo transcurrido entre la expiración de la convención y la fecha en que se produce la decisión arbitral, la empresa concederá una bonificación salarial de $ 400.000 dentro de los 30 días siguientes a la expedición del presente laudo arbitral”, de suerte que es dable entender que esta prerrogativa se aplica a todos los trabajadores “con relación laboral vigente entre el 1º de enero y el 8 de diciembre de 2003, debiendo la Sala precisar que si una relación laboral terminaba antes de la última fecha citada, generaba el derecho a percibir en forma proporcional tal bonificación compensatoria por la falta de incremento salarial, como correctamente lo definió al a quo, pues la discriminación que pretende hacer la empresa, no es razonable ni proporcional, y no es la que se deriva del texto de la norma invocada como fuente del derecho”.

De lo anterior se desprende, pues, que la posición del tribunal se fundamenta en la lectura que hizo del laudo arbitral y desde este punto de vista es pertinente señalar que de acuerdo con lo que inveteradamente ha sostenido la jurisprudencia no incurre el juzgador en error manifiesto de hecho cuando da a una norma de esta índole (arbitral o convencional) una de sus posibles lecturas, pues en tal caso no hace cosa distinta que formar libremente su convencimiento de conformidad con las pautas contenidas en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, ya que no es función de la Corte fijar el sentido de estas disposiciones normativas fruto de un laudo, toda vez que no participan de las características de las normas sustanciales de alcance nacional, por lo que, en principio, son los árbitros los llamados a establecer su sentido y alcance.

Así se pronunció la Sala en la sentencia proferida el 2 de julio del 2008, en proceso radicado bajo el número 31436, en relación con el alcance de las convenciones colectivas, pero que mutatis mutandis también es aplicable en el caso de decisiones arbitrales:

“5. La Corte ha insistido en que no constituye una finalidad del recurso de casación fijar el sentido que las convenciones colectivas de trabajo tienen como normas jurídicas, puesto que, no obstante su gran importancia en las relaciones obrero-patronales y en la formación del derecho del trabajo, jamás pueden participar de las características de las normas legales de alcance nacional y, por esa misma razón, son las partes que las celebran quienes están llamadas, en primer término, a establecer su sentido y alcance”.

“Precisamente, en atención al origen y finalidad de la convención colectiva de trabajo, carece ella del alcance nacional que tienen las leyes del trabajo sobre las cuales sí le corresponde a la Corte interpretar y sentar criterios jurisprudenciales, por lo que, en tanto actúa como tribunal de casación, lo único que puede hacer, y ello siempre y cuando las características del desatino sean de tal envergadura que puedan considerarse un error de hecho manifiesto, es corregir la equivocada valoración como prueba de tales convenios normativos de condiciones generales de trabajo”.

“También cabe recordar que por imperativo legal los contratos y convenios entre particulares —y la convención no es otra cosa diferente a un acuerdo de voluntades sui generis— deben interpretarse ateniéndose más a la intención que tuvieron quienes lo celebraron, si dicha intención es claramente conocida, que a las palabras de que se hayan servido los contratantes. Esta regla de interpretación está expresada en el artículo 1618 del Código Civil y aun cuando referida en principio a los contratos de derecho común, también debe ser tomada en consideración por los jueces del trabajo; y dado que el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social faculta a los jueces laborales para que en las instancias aprecien libremente la prueba, es un deber de la Corte, en su condición de tribunal de casación y en todos los casos en que no se configure error de hecho manifiesto, respetar las apreciaciones razonadas que de la convención colectiva de trabajo —mirada ella como prueba de las obligaciones que contiene— haga el tribunal fallador”.

“Ahora bien, como lo asentara la Corte en sentencia de 11 de febrero de 1994 (rad. 6.043), el ‘error evidente, ostensible o manifiesto de hecho’ es aquel que “se presenta, según el caso, cuando el sentenciador hace decir al medio probatorio algo que ostensiblemente no indica o le niega la evidencia que tiene, o cuando deja de apreciarlo, y por cualquiera de esos medios da por demostrado un hecho sin estarlo, o no lo da por demostrado estándolo, con incidencia de ese yerro en la ley sustancial que de ese modo resulta infringida...”.

Auscultada la disposición arbitral, se observa que el entendimiento deducido por el juzgador no es descabellado ni disparatado, por el contrario admite el calificativo de razonable; así entonces con la interpretación dada no incurrió en error de hecho manifiesto.

Cabe agregar que en realidad el censor desvía la senda de ataque cuando atribuye al tribunal el quebranto del principio de irretroactividad de la ley, puesto que este no fue el sustento del fallo recurrido, ya que el tribunal entendió que fue decisión de los árbitros regular el asunto en los términos en que los interpretó, apreciación que, se repite, se muestra como admisible, aunque no sea la única viable.

Por consiguiente, el cargo no prospera.

X. Tercer cargo

Acusa la sentencia de violar directamente, por aplicación indebida de los artículos 1º, 16 y 18 del Código Sustantivo del Trabajo en relación con los artículos 3º, 4º, 9º, 13, 14, 19, 55, 127, 128, 129, 249, 259, 260, 306, 461, 467 y 470 ibídem; 3º de la Ley 48 de 1968; 51, 55, 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo.

Para la demostración reitera la misma argumentación desplegada al sustentar el cargo anterior.

XI. Consideraciones de la Corte

En este cargo pretende el recurrente demostrar la violación directa de la ley al ordenar el tribunal el pago de la bonificación por compensación por la falta de incremento salarial del año 2003, dispuesta por el tribunal de arbitramento, con lo cual violó el principio de irretroactividad de la ley. Sin embargo, en correspondencia con lo dicho al resolver el cargo anterior, la acusación no es de recibo, pues si el tribunal entendió que dicha bonificación se aplicaba incluso a los contratos terminados antes de la expedición del laudo arbitral, pues ese fue el alcance que le dieron los árbitros, y esta conclusión permanece ilesa al no ser factible su socavamiento por la vía directa, ningún sentido tiene la acusación que ahora se examina, pues es claro que el ad quem asumió que los árbitros así lo resolvieron dentro de sus facultades para resolver el conflicto económico; y no porque haya aplicado el principio de irretroactividad de la ley, como plantea el recurrente, pues sobre este último aspecto ningún razonamiento se hizo en el fallo acusado, aparte de que analizar si los árbitros rebasaron sus facultades al establecer esa regulación, es asunto que corresponde ventilarse a través del recurso de anulación y no en este proceso.

Por lo tanto, el cargo se desestima.

No hay lugar a costas en el recurso extraordinario, por cuanto no hubo oposición.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia dictada el 15 de diciembre de 2008 por el Tribunal Superior de Antioquia, en el proceso que Alcides Marciales Gutiérrez promovió contra la Empresa Colombiana de Petróleos “Ecopetrol”.

Sin costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».