Auto 39799 de septiembre 5 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 331

Magistrado Ponente:

Dr. Julio Enrique Socha Salamanca

Bogotá, D.C., cinco de septiembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

9. El artículo 54 de la Ley 906 de 2004 estableció la figura de la definición de competencia como un mecanismo orientado a determinar de manera ágil, perentoria y definitiva, el funcionario competente para conocer de la fase procesal del juzgamiento, cuando el juez ante quien se haya presentado la acusación o se haya solicitado la preclusión así lo considere, caso en el cual debe hacerlo saber a las partes y remitir la actuación al funcionario encargado de definir el asunto.

La misma norma contempla la posibilidad de que se adelante igual trámite cuando el juez declara no ser competente en la audiencia de formulación de la imputación o cuando la incompetencia la proponga la defensa, evento este último regulado de manera específica en el artículo 341 ibídem (modificado por la L. 1395/2010, art. 99), como “Trámite de impugnación de competencia”.

Ahora bien, es criterio decantado que según lo dispuesto en la Ley 906 de 2004, artículo 32, numeral 4º, a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le corresponde definir la competencia, en los siguientes eventos:

“1. Cuando la declaratoria de incompetencia se produzca dentro de actuación en la que el acusado tenga fuero constitucional o fuero legal.

2. Cuando la declaratoria de incompetencia proviene de un tribunal superior o la autoridad que así lo hace, es decir un juzgado cualquiera, señala que el competente es un tribunal.

3. Cuando la declaratoria de incompetencia provenga de un juzgado penal del circuito especializado, penal del circuito o penal municipal, que manifiesta que el competente es un juzgado que pertenece a otro distrito judicial”(12).

10. No obstante, en el presente asunto, atendida la situación fáctico-procesal relacionada con antelación (nums. 1 a 8), la situación es sui generis pues quien impugnó la competencia fue el fiscal llamado a sustentar la acusación, con base en dos aspectos:

i) De una parte, de manera ambigua alega un aparente yerro grave de estructura por la forma en que su homólogo, al presentar el escrito de acusación, varió la calificación jurídica del comportamiento reprochado a los procesados al atribuirles, en lugar del delito de receptación señalado en la audiencia de imputación, la conducta punible de estafa, propuesta que en verdad encubre el descontento e inconformidad de la impugnante con el cambio de denominación jurídica, prendiendo instar al juez de conocimiento (o a esta corporación en últimas) para que apruebe o rechace tal mutación.

ii) Y en segundo término, se entiende de manera subsidiaria, que así se acepte como correcta la calificación jurídica de estafa, la juez cuarta penal municipal de Ibagué carecería de competencia por el factor territorial, ya que el delito en cuestión se habría consumado en la ciudad de Cali.

Importa destacar que como la funcionaria judicial últimamente aludida se solidarizó con el sentimiento de la fiscal local, y se declaró impedida para conocer del juicio con base en los fundamentos de la impugnación, resulta obligado por parte de esta Sala emitir la decisión que resuelva de manera definitiva el funcionario que debe continuar con el adelantamiento del juicio en este asunto.

11. En lo concerniente al primer aspecto, debe señalarse para claridad de la fiscal local cuarenta y uno de Ibagué y de la juez cuarta penal municipal de esa ciudad, que entre la imputación y la acusación no media obligación alguna de congruencia en el aspecto jurídico, sino única y exclusivamente en el sustrato fáctico, de suerte que con posterioridad al acto de enteramiento de la promoción de la acción penal (a lo cual se reduce la audiencia de imputación) la Fiscalía General de la Nación, a través del fiscal, el vicefiscal o sus delegados, puede en el escrito contentivo del pliego de cargos cambiar de manera total o parcial la denominación legal de la conducta endilgada al sujeto pasivo de la coerción punitiva estatal, sin que tal modificación esté sometida a control o beneplácito judicial.

Acerca de lo anterior, en reciente pronunciamiento la Corte hizo las siguientes precisiones que despejan cualquier inquietud:

“Sobre el particular, imperioso ante todo se hace recordar la jurisprudencia reiterada de la Sala, conforme a la cual al constituir la acusación el marco fáctico y jurídico que fija las reglas en cuyo ámbito se desarrolla el debate propio de la fase de juzgamiento, tal pieza procesal se erige en base estructural para determinar el juez a cargo de quien debe quedar la tramitación de dicha etapa de la actuación, sin que sea pertinente para ese efecto considerar aspectos no contemplados en el pliego de cargos, so pena de desconocer el principio de congruencia que en la Ley 906 de 2004 está consagrado en el artículo 448, norma al amparo de la cual ‘el acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena’.

En ese sentido, con fundamento en el nuevo sistema penal acusatorio la Sala ha hecho énfasis en la delicada labor del órgano investigador cuando se trata de adecuar en el precepto penal correspondiente los hechos materia de acusación, pues ‘la tipificación que hace la Fiscalía la compromete de manera precisa con su tarea en el juicio, por lo que en su condición de parte tiene una enorme responsabilidad, que surge, de manera formal, al confeccionar el escrito de acusación, específicamente al consignar en él los hechos jurídicamente relevantes’(13).

Por esa razón, en la misma decisión la Corte concluyó lo siguiente: ‘... so pretexto de no compartir la adecuación de los hechos con el nomen iuris que provisionalmente presenta la Fiscalía en la acusación para efectos de definir competencia y marcar los derroteros procesales del juicio, no puede la defensa, ni nadie, discutir en la audiencia de formulación de acusación que esos hechos corresponden a otra adecuación típica, y anticipar de manera improcedente el debate en torno de la tipicidad, propio del juicio, a un momento en que no se cuenta con los elementos de convicción necesarios para decidir (se subraya, en esta ocasión).

‘La acusación es un acto de parte, de la Fiscalía, y por tanto el escoger qué delito se ha configurado con los hechos jurídicamente relevantes consignados en el escrito de acusación supone precisar el escenario normativo en que habrá de desarrollarse el juicio, el cual se promueve por excitación exclusiva de la Fiscalía General de la Nación a través de la radicación del escrito de acusación (razón por la que el único autorizado para tipificar la conducta punible es la Fiscalía, de acuerdo con lo planteado por el art. 443); acto que como se dijo no tiene control judicial, y en cambio sí sustenta todo el andamiaje de la dinámica y la lógica argumentativa y probatoria que se debatirá en el juicio’...”(14).

12. Lo anterior permite advertir el craso desatino de la fiscal impugnante e incluso del director seccional de fiscalías que en su momento dirimió el conflicto administrativo trabado con la fiscal diecinueve seccional de Ibagué, pues si la discusión que entonces se suscitó estaba vinculada a la tipicidad del comportamiento investigado, siendo ese organismo el competente y obligado por mandato constitucional y legal a adelantar el ejercicio de la acción penal, la solución a la controversia planteada no era la de exigir, sin el menor razonamiento fáctico y jurídico, la necesaria presentación de un escrito de acusación por el delito de receptación, porque ello supone la existencia de un vínculo condicional de la calificación jurídica entre ambas actuaciones, el cual, como ya se dijo, no existe.

Tampoco podía instarse al fiscal, en defecto de lo anterior, a “... presentar escrito de (...) preclusión (...) bien sea por atipicidad de la conducta...” para luego “...ordenar compulsar copias ante el fiscal local competente para que se investigue el delito de estafa por separado...”, como lo entendió la fiscal local impugnante, avalada por su superior funcional, ya que tal determinación desconocería de manera flagrante la garantía fundamental que prohíbe adelantar doble persecución penal por unos mismos hechos (non bis in idem), consagrada en el artículo 29 de la Constitución y reiterada en el artículo 21 de la Ley 906 de 2004 (así como en la Convención americana de derechos humanos, art. 8-4, y en el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, art. 14-7).

La errática postura de la fiscal local, compartida por la juez que se declaró incompetente, sobre la base de que al no proceder la fiscal diecinueve en la forma antes relacionada, dejó “incólume” y “vigente” la imputación por el delito de receptación, no solo evidencia una desviada intelección del principio de congruencia y el desconocimiento del citado aforismo por parte de las respectivas funcionarias, sino que además descubre su escaza comprensión de la naturaleza del acto de acusación.

La formulación de acusación, tiene dicho la Corte(15), es por excelencia en la sistemática procesal penal de la Ley 906 de 2004 (como igual ocurría en las legislaciones procesales anteriores) el acto fundamental del proceso dado que tiene por finalidad garantizar la unidad jurídica y conceptual del mismo, delimitar el ámbito en que va a desenvolverse el juicio y, en consecuencia, fijar las pautas del proceso como contradictorio.

De ahí que en reciente pronunciamiento la Sala haya precisado que ese “acto complejo” de acusación “como pliego concreto y completo de cargos, resume tanto la imputación fáctica como la imputación jurídica con miras a que a través de dichas concreciones se permita al acusado conocer los ámbitos y alcances exactos de la acusación, y a partir de estos ejercer el derecho de defensa”(16).

Se afirmó en la citada decisión que se trata de un acto complejo, porque el mismo está compuesto por la presentación del escrito de acusación, cuyo contenido está expresamente regulado en la citada ley (art. 337) y se integra con los desarrollos de la audiencia de formulación de acusación (art. 339), durante la cual puede aclararlo, adicionarlo o corregirlo motu proprio la Fiscalía de manera amplia en cuanto los hechos jurídicamente relevantes (conservando desde luego el mismo marco fáctico de la imputación), o a petición de parte o del Ministerio Público, constituyendo de esa forma un acto material complejo, único y unívoco en el que “se concreta la imputación de una conducta con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que la especifiquen, hechos que corresponden a la imputación fáctica en la cual se integran las formas de autoría o participación, atenuantes y agravantes genéricas o específicas, con referencia a un tipo (o tipos) básico, especial o alternativo, esto es, las adecuaciones normativas que corresponden a la imputación jurídica”.

Consecuente con lo anterior, en el asunto analizado, si la fiscal diecinueve seccional gozaba de amplia facultad legal para adecuar los hechos investigados a la calificación que en su criterio era la que correspondía, es decir, al delito de estafa en cuantía inferior a ciento cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes, en concurrencia de la circunstancia genérica de agravación relativa a la coparticipación criminal, tal definición de los hechos con sus consecuencias jurídicas plasmada en el escrito de acusación, marcó de manera vinculante el juez competente ante quien debía acudirse a sustentar oralmente ese pliego de cargos, sin que fuera necesario que previamente lo hiciera ante un juez de control de garantías para que se impartiera legalidad al cambio de denominación o realizar igual ejercicio ante el juez de conocimiento.

Y como en el presente evento por la naturaleza de la conducta punible, esto es, al tratarse de un delito contra el patrimonio económico en cuantía inferior a ciento cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes, la formulación oral de la acusación debía cumplirse ante un juez penal municipal (L. 906/2004, art. 37-2), fue acertada la decisión del juez tercero penal del circuito de Ibagué al enviar, a solicitud del instructor, las diligencias al competente ante la objetividad del delito delineado en el pliego de cargos, sin esperar a la verificación de la respectiva audiencia para manifestar su incompetencia, trámite que si bien desconoció el carácter esencialmente oral de los procedimientos, no alcanza a constituir una irregularidad sustancial que afecte de manera irreparable el debido proceso, atendiendo los principios de convalidación, instrumentalidad, trascendencia y residualidad.

En conclusión, por el aspecto analizado, carece del más elemental y serio fundamento la manifestación de incompetencia de la juez cuarta penal municipal de Ibagué con base en la impugnación hecha por la fiscal cuarenta y uno local de esa ciudad.

13. Resta por analizar la subsidiaria declaración de incompetencia de la misma funcionaria judicial, al conceder la razón a la fiscal impugnante en cuanto a que el delito objeto de la acusación se habría materializado en la ciudad de Cali.

Impera señalar que la facultad de administrar justicia para cada juez de la República está determinada por factores como son el personal (concerniente al fuero del sujeto activo del comportamiento delictivo), el objetivo (relativo a la naturaleza de la conducta punible) y el territorial (vinculado con el lugar geográfico en el que se ejecuta o agota el hecho delictivo). Por lo tanto, el funcionario solo podrá conocer de los asuntos no sometidos a su competencia, cuando le fuere legalmente prorrogada o delegada, cuestión expresamente regulada por el legislador (L. 906/2004, art. 55) con el objeto de mantener al frente del proceso al juez natural y evitar que se pierda la vigencia de principios como son los de inmediación, celeridad y economía procesal(17).

En tratándose de la competencia territorial de los jueces, de acuerdo con la ley —Código Penal, artículo 14—, esta se determina (i) por el lugar en el que el autor ha ejecutado la acción típica o, en los supuestos omisivos, donde debió realizar la acción omitida (teoría de la actividad); (ii) por el lugar donde se ha producido o debió producirse el resultado típico (teoría del resultado); y (iii) atendiendo la equivalencia de acción y resultado, indistintamente se acepta como lugar de comisión del delito el de ejecución de la acción como el del resultado (teoría de la ubicuidad).

14. En relación con el delito de estafa, la Corte tiene decantado un añejo criterio de acuerdo con el cual, la descripción típica de ese comportamiento, el mismo se perfecciona donde y cuando el agente obtiene, para sí o para otro, el provecho ilícito con perjuicio ajeno(18).

Y en pronunciamiento cercano recapituló en los siguientes términos tal criterio:

“Surgida, pues, la controversia en derredor del factor territorial, para su definición será necesario determinar en qué momento, de acuerdo con su estructura típica, se entiende realizado el delito objeto de imputación (estafa). Sobre el particular, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia tiene reiteradamente dicho que el momento consumativo de dicho punible ocurre cuando se produce la obtención del provecho ilícito, criterio recordado por la corporación en reciente decisión(19) al expresar lo siguiente:

‘Siendo el lugar en donde se consuma la conducta punible el que determina la competencia por razón del factor territorial, la solución se buscará en este caso a partir del consenso existente en la Sala alrededor del momento consumativo del delito de estafa, caracterizado por ser un tipo de resultado,

(...) que se consuma con la obtención del provecho ilícito, por lo que mientras él no se produzca, o no se obtiene una ventaja de contenido patrimonial, no resulta posible afirmar que la conducta típica ha tenido cabal realización, ni por ende, se ha consumado’.

Si el bien jurídico protegido es el patrimonio económico, de allí se deriva que el momento de consumación de la estafa, solo puede ser aquel en que se materializa la defraudación patrimonial buscada a través de los medios artificiosos o engañosos independientemente del momento en que se produzcan”(20).

15. Obsérvese que de acuerdo con la narración de los hechos plasmada en el escrito de acusación, en el asunto analizado las maniobras engañosas se concretaron en la ciudad de Cali, y allí la víctima entregó la mercancía a un tercero (el conductor del camión) empleado como instrumento por los autores del comportamiento para llevar el objeto de la defraudación a la ciudad de Ibagué, lugar en el que tomarían posesión o el dominio sobre los bienes concretando así la obtención del provecho patrimonial con perjuicio ajeno, de suerte que en esta última ciudad se materializaría el resultado típico.

Consecuente con lo anterior y en armonía con el citado criterio jurisprudencial, el cual no excluye la posibilidad de que en el delito de estafa “... por razón de la naturaleza de la conducta, que conlleva la ejecución de actos encaminados a inducir en error a la víctima para que esta se despoje de bienes de su patrimonio, no por expresión de su libre voluntad, sino de su distorsionada comprensión de la realidad, situación a la que se llega a través del ardid, el engaño, las palabras o los hechos fingidos, actos ejecutivos que pueden darse en varios momentos y lugares, lo cual abre la posibilidad de que opere la competencia a prevención”(21) para adjudicar el conocimiento del asunto con sujeción a los derroteros de esa figura.

En efecto, el artículo 43 de la Ley 906 de 2004 estipula que la competencia para el juzgamiento recae en el lugar donde ocurrió el delito y si este se realizó en varios lugares, como acontece en el sub judice, precisa: “... la competencia del juez de conocimiento se fija por el lugar donde se formule acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación, lo cual hará donde se encuentren los elementos fundamentales de la acusación”.

De lo anterior se sigue, que cuando la consumación de un delito se produce en diferentes lugares del territorio nacional, es la Fiscalía General de la Nación quien tiene la potestad de elegir el juez de conocimiento, facultad que no es arbitraria ni omnímoda, sino limitada por el lugar de ubicación de la mayor cantidad y calidad de los elementos fundamentales de la acusación.

En el asunto analizado, de acuerdo con la relación de elementos de conocimiento consignada en el escrito de acusación la evidencia física y los potenciales testigos ubicados en Ibagué, se tiene que el conocimiento del presente asunto corresponde al juzgado cuarto penal municipal de esa ciudad y no como lo sugiere la respectiva funcionaria, acogiendo el personalísimo criterio de la fiscal cuarenta y uno local, en el entendido de que el competente es un juez de Cali.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

DEFINIR que la competencia para conocer del proceso adelantado contra Luz Ángela Soto Basto y Nelson Silva Horta, por el delito de estafa, corresponde al Juzgado Cuarto Penal Municipal de Ibagué, por tanto a ese despacho se remitirá la actuación.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase».

(12) Cfr. entre otros, autos 8 de junio y 10 de octubre de 2006, radicaciones 25525 y 26201, respectivamente.

(13) Auto del 15 de julio de 2008, Radicación 29994.

(14) Cfr. auto del 21 de abril de 2010, Radicación 33761.

(15) Cfr. sentencia de casación del 8 de junio de 2011, Radicación 34022.

(16) Cfr. sentencia de 16 de marzo de 2011, Radicación 32685.

(17) Auto 18 de marzo de 2009, Radicación 31220.

(18) Cfr. providencias del 30 de septiembre de 1992, 29 de octubre de 1997, 3 de abril de 2000 y 4 de abril de 2001, radicaciones 7888, 13657, 16922 y 10868, respectivamente.

(19) Cfr. sentencia del 2 de febrero de 2006, Radicación 25965.

(20) Auto del 15 de julio de 2008, Radicación 30079. Y en el mismo sentido auto del 21 de abril de 2010, Radicación 33795.

(21) Cfr. auto del 6 de mayo de 2009, Radicación 31723.