Auto 39815 de diciembre 12 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 458

Magistrado Ponente:

Dr. Julio Enrique Socha Salamanca

Bogotá, D.C., doce de diciembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La Corte es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra los autos que profieran en primera instancia los tribunales superiores de Distrito Judicial, de conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, como acontece en el presente evento.

Desde ya la Sala anuncia que el auto materia de apelación será confirmado con base en los siguientes argumentos:

2. Tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como de esta Sala ha venido decantado cómo desde el Acto Legislativo 3 del 2002 y su posterior desarrollo con el Código de Procedimiento Penal del 2004 (L. 906) los derechos de la víctima son objeto de especial protección, para lo cual no constituye obstáculo que en la referida codificación se le haya dado categoría de “interviniente especial”, y no de parte(1).

Esto último por la potísima razón que no obstante adolecer de las mismas potestades del investigado y de la fiscalía, se halla revestida de características concretas que la facultan de manera activa en la actuación procesal acorde con lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-209 de 2007, entre otras(2).

Así mismo, acorde con el artículo 132 de la Ley 906 de 2004, víctima es aquella persona, natural o jurídica, que individual o colectivamente hubiere sufrido algún daño concreto, específico, como consecuencia del injusto, decantado con suficiencia por parte de la jurisprudencia, tanto constitucional como de esta Sala, que de manera real y efectiva debe permitírsele el acceso y participación activa en el juicio penal en aras del restablecimiento de sus derechos a la verdad, justicia, reparación integral y garantía de no repetición.

Así mismo se ha sostenido por esta Sala que víctima es (i) la persona natural o jurídica (ii) que ha sufrido un daño (iii) individual o colectivo, (iv) como consecuencia del delito. Dicho daño ha de ser (i) real y concreto y (ii) no necesariamente de contenido patrimonial.

De otra parte dentro de la radicación(3), se aludió a la intervención del titular de la acción civil y para tal efecto se recordó lo dicho en la providencia del 10 de agosto de 2006 (rad. 22.289) así:

“De igual forma, la Sala considera que la intervención del titular de la acción civil dentro del proceso penal puede estar determinada por su interés en la verdad, la justicia y la reparación, sin que la pretensión ajena al ámbito exclusivamente patrimonial torne ilegítima su condición de sujeto procesal o imposibilite su intervención en el trámite, siempre que subsistan los dos o uno de los restantes intereses y se demuestre el daño concreto respecto de ellos, que justifiquen su presencia dentro de la actuación penal”.

De donde se colige que dentro del marco de la Ley 906 de 2004, quien aspire a que se le reconozca su calidad de víctima como lo precisa el artículo 340 de dicha codificación procesal penal no le resulta suficiente que manifieste la causación de un daño genérico o eventual; es menester que señale el daño real y concreto inferido con el presunto delito, así se persigan meramente los objetivos de justicia y verdad y se prescinda de la reparación pecuniaria.

Así lo sostuvo la Corte Constitucional:

“Para acreditar la condición de víctima se requiere que haya un daño real, concreto y específico cualquiera que sea la naturaleza de este, que legitime la participación de la víctima o de los perjudicados en el proceso penal para buscar la verdad y la justicia, el cual ha de ser apreciado por las autoridades judiciales en cada caso. Demostrada la calidad de víctima, o en general que la persona ha sufrido un daño real, concreto y específico, cualquiera sea la naturaleza de este, está legitimada para constituirse en parte civil, y puede orientar su pretensión a obtener exclusivamente la realización de la justicia, y la búsqueda de la verdad, dejando de lado cualquier objetivo patrimonial”(4).

En efecto, dispone artículo 340 de la Ley 906 de 2004, que la audiencia de formulación de acusación constituye el escenario para que se “determine” la calidad de víctima acorde con el contenido del artículo 132 ibídem y “se reconocerá su representación legal en caso de que se constituya” en tanto que el artículo 137-3 ejusdem establece que para el ejercicio de sus derechos no es obligatorio que las víctimas se hallen representadas por un abogado, no obstante ello a partir de la audiencia preparatoria y para intervenir deberán ser asistidas por un profesional del derecho.

Lo dicho se infiere de la interpretación racional, sistemática y coherente de los artículos 132, 137-3 y 340 de la Ley 906 de 2004. Ello en razón que de la disposición citada se desprenden dos momentos. El primero, consistente en “determinar”, esto es, establecer, comprobar la calidad de víctima a partir de que se advierta la causación de un daño real, concreto y específico que deberá ser expuesto, por la víctima en el escenario arriba indicado, lo cual no es óbice para que se garantice su participación en fases previas de la actuación procesal bajo la intelección realizada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-209 de 2007.

Y el segundo, el reconocimiento de su representación legal en caso que se constituya, esto es, que la víctima designe un profesional del derecho que la represente, posibilidad que como se dijo se torna obligatoria a partir de la audiencia preparatoria.

3. Descendiendo al caso concreto se tiene que en la instalación de la audiencia de formulación de acusación —como lo prueba el registro de audio— el magistrado sustanciador, al constatar la presencia de las partes y al hacer su presentación Nátaly Cuéllar Arcila, le “reconoció personería” para actuar y acreditada su condición de abogada, consideró innecesaria su representación legal y con apoyo en el contenido del artículo 132 de la Ley 906 de 2004, sostuvo que la circunstancia que se esté investigando un presunto delito atentatorio contra la administración de justicia, no excluye que sus efectos puedan causar daños que repercutan en personas naturales.

Previamente a ello, la Sala Penal de Conocimiento del Tribunal, se nutrió de información proveniente de Nátaly Cuéllar Arcila quien expresó que en su momento no le fueron cancelados salarios, lo cual aconteció únicamente hasta que se produjo la orden dimanada con ocasión a determinarse el desacato al fallo de tutela y añadió que la emisión de comunicaciones de parte de la señora juez a administración judicial refiriendo que ya no ostentaba la condición de empleada “mancharon su imagen”, además que no le dio cumplimiento a la orden de tutela. Como se constata fueron colmadas las exigencias aludidas en el citado artículo 340 de la referida ley.

Frente a tal manifestación aparece la exposición argumentativa del apelante coadyuvada por la acusada, pretendiendo la revocatoria de la decisión de la Sala Penal que determinó la calidad de víctima de Nátaly Cuéllar Arcila, edificada en la inexistencia de interés jurídico en esta, toda vez que, reitera, la única víctima es la dirección ejecutiva de administración judicial representada por la abogada María Isabel Sarmiento Castañeda, y que el buen nombre de aquella no sufrió menoscabo alguno, toda vez que los salarios no percibidos le fueron cancelados.

Para la Sala, la postura del recurrente no se aviene con las premisas legales y jurisprudenciales sentadas en precedencia, pues acorde con el discurrir fáctico que subyace del escrito de acusación la desvinculación del servicio público de Nátaly Cuéllar Arcila, devino como consecuencia de la resolución emitida por la investigada doctora Teresita Barrera Madera y, si bien es cierto, se le acusa a esta de hallarse incursa probablemente en el tipo penal de fraude a resolución judicial, atentatorio contra el bien jurídico de la eficaz y recta impartición de justicia, ello no es óbice para estimar que presumiblemente se le causó un daño real, concreto y específico a aquella, el cual no necesariamente puede examinarse desde la óptica meramente económica, sino desde otras aristas, como la proclamada afectación del buen nombre, con ocasión de las comunicaciones que emitió la señora juez concernientes al tema administrativo con la rama judicial. Además, se sostiene que aquella instauró denuncia penal en contra de la servidora pública en cita, lo cual demuestra que sí tiene un interés en que se investigue la probable conducta delictiva realizada por la aludida funcionaria judicial, cuyo escenario no puede ser otro que a través del proceso penal.

De suerte que la circunstancia de que la representación legal de la dirección ejecutiva de administración judicial haya concurrido a la actuación desde la audiencia de formulación de imputación en condición de víctima(5), no impide que Nátaly Cuéllar Arcila, también aspire igualmente a ostentar dicha calidad, pero desde su particular condición y que se reconozca su representación legal. Ambas situaciones —determinación de su calidad de víctima y reconocimiento de representación legal— fueron declaradas por la Sala Penal de Conocimiento de la aludida corporación, las que como se anunció son prohijadas por esta Sala.

No constituye argumento sólido sostener —como lo hace el impugnante— que comoquiera que se está investigando un presunto delito contra la eficaz y recta impartición de justicia no le asiste interés jurídico a Nátaly Cuéllar Arcila para ser titular de la acción civil dentro de la actuación procesal, pues esta fue vehemente en sostener que en virtud de su exclusión de la carrera judicial no le fueron pagados sus salarios, lo cual aconteció —según dijo— solo después de varios meses en razón de haber prosperado el desacato propuesto en relación con la acción de tutela; y de las comunicaciones libradas —según refiere— por la acusada doctora Teresita Barrera Madera, inherentes al trámite administrativo dando cuenta de sus desvinculación de la rama judicial, lo cual —a su juicio— “mancharon su imagen”, expresiones tales que si bien no son profusas, sí colman los requisitos mínimos para colegir la existencia de un presunto daño real y concreto.

Se advierte que tal reconocimiento, apenas se constituye en un requisito para su actuación como “interviniente especial”, en esta fase procesal, manteniéndose incólume la presunción de inocencia de que se halla revestida la doctora Teresita Barrera Madera.

Importa destacar lo dicho por la Sala en relación con el tema en comento:

“Adicionalmente se destaca que la víctima no tiene por qué identificarse con el sujeto pasivo de la acción, ni con el ofendido directamente con el delito, porque el concepto de víctima adoptado por el legislador colombiano es omnicompresivo de todos los sujetos que resultan afectados con una acción delictual, al punto que tal calidad la pueden tener los familiares de quien recibe directamente la acción punible”.

(...).

Así mismo, cuando se dice que el daño causado a la víctima debe ser real, concreto y específico, no se están excluyendo supuestos en los que la víctima pueda resultar indemne desde el punto de vista de la relación acción-resultado pero mantener la calidad de tal en tanto en la legislación aparecen comportamientos punibles (por ejemplo, las acciones que quedan en grado de tentativa y los delitos de peligro) en los que la demostración del comportamiento antijurídico no reclama establecer una efectiva transformación de carácter ontológico”(6).

De donde se colige que resulta factible el reconocimiento de la calidad de víctima de Nátaly Cuéllar Arcila, dentro de la actuación procesal, independientemente de la clase de bien jurídico que resulte presuntamente afectado, con ocasión de la presente investigación, esto es, la eficaz y recta impartición de justicia, ello por cuanto en este evento se —itera— se entrevió un daño real, concreto y específico producido por el presunto delito anunciado en el escrito de acusación.

3. Ahora bien, ya la Sala ha tenido la ocasión de referirse al tema de la concurrencia de denunciante y víctima en la actuación procesal —a propósito de la alusión realizada por Nátaly Cuéllar Arcila en punto de haber instaurado denuncia antes de producirse la compulsación de copias con ocasión de la providencia que determinó el desacato al fallo de tutela y del que se produjo unificación, veamos:

“Ahora, en algunos hechos punibles no existe mayor dificultad para identificar y reconocer a la víctima, la cual, incluso, coincide con la figura del denunciante. Empero, en otros delitos, en razón al bien jurídico protegido, no es fácil establecer quien ostenta la condición de víctima individual. Tal es el caso de los delitos contra la administración pública en los que el daño contra el colectivo social es evidente, más no así el inferido a una persona en particular, evento en el cual se debe auscultar con mayor esfuerzo tal situación”(7).

Lo cual confirma que es viable frente a la presunta vulneración —como en el presente caso del bien jurídico de la eficaz y recta impartición de justicia—, que se avale la determinación de calidad de víctima individual y se reconozca su representación legal, eso sí previa demostración de un daño real, concreto y específico que devenga con ocasión del presunto delito.

Así las cosas, acreditada una afectación real, que legitima la participación de Nátaly Cuéllar Arcila en la actuación que se investiga, la Sala confirmará el auto materia de apelación y por contera no acoge los argumentos expuestos por el defensor apelante.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

CONFIRMAR el auto materia de apelación.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Radicación 30280 del 22 de agosto de 2008

(2) C-228 de 2002 y C-517 de 2007.

(3) 37.449 del 19 de octubre de 2011.

(4) Corte Constitucional, Sentencia C-516 de 2007.

(5) Cfr. folio 1, cuaderno 1.

(6) Sentencia de segunda instancia con radicación 28788 de 6 de marzo de 2008.

(7) Radicación 37.449 del 19 de octubre de 2011.