Sentencia 39831 de noviembre 13 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 39.831

SL802-2013

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Acta 037

Bogotá, D.C., trece de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IX. Consideraciones de la Corte

Aun cuando, como lo resalta el Instituto replicante, no es propio al alcance de la impugnación en el recurso extraordinario que por parte de quien fuere demandada en las instancias se persiga la imposición de una condena a otra que actuó igualmente como tal en aquellas, por ser indiscutible que el titular de las pretensiones declarativas y de condena iniciales del pleito lo es únicamente quien allí fungió como parte demandante, pasando a ser para el caso opositora en el recurso, tal dislate no tiene trascendencia alguna, pues en el hipotético caso de que se casara el fallo del tribunal, y de contera se revocara el del juzgado, a la Corte competiría como juez de segunda instancia proferir la decisión que reemplazara la adoptada por el juzgado, es decir, si fuere el caso, accediendo a las pretensiones subsidiarias del petitum inicial del pleito, total o parcialmente, por no haber prosperado las principales, o absolviendo también de estas a las demandadas, para lo cual no se hubiese requerido pedimento alguno, dado que sería el efecto obvio y natural de lo acontecido al desatar la acusación extraordinaria.

Ahora, cabe observar que al desarrollar el cargo la recurrente no propone una verdadera divergencia con las advertencias fácticas del juzgador de la alzada, sino, cosa distinta, sugiere es, por una parte, que “no está establecido fehacientemente” el origen profesional o laboral de la contingencia que condujo a la muerte del trabajador, con lo cual lo que plantea es una verdadera alegación de instancia, dado que, como es sabido, allí pueden proponerse libremente estas, en tanto que en la sede extraordinario compete al recurrente derruir las apreciaciones del juzgador demostrando que hizo decir algo distinto al medio de prueba de lo que de él emerge, o simplemente, que no reconoció valor probatorio alguno a este, muy a pesar de que su simpe vista arroja el dato probatorio que determina la existencia de un hecho trascendente al proceso.

Y por otra, aduce que la “validez probatoria” de la documentación de folios 93 a 96 “es muy relativa”, por cuanto fue preparada y aportada por una funcionario del ISS, “lo que no es argumento válido para llegar al entendimiento razonado que se está frente a un accidente de trabajo y no uno de origen común”; y “en ese mismo sentido debe calificarse” el testimonio de Francisco Molano Torres, pues se trata de un funcionario del Instituto demandado pero absuelto en las instancias, y fue quien aportó el informe de folios 93 a 96, con lo cual olvida que los aspectos atinentes a la aducción, decreto y práctica de los medios de prueba del proceso, que es a lo que se contrae el cuestionamiento del origen de los medios de prueba, no es asunto que corresponda a la vía indirecta de violación de la ley sino a la directa, por referir tal planteo las normas que gobiernan dichos actos del proceso.

Sin embargo, si se hiciera el ejercicio de revisar los medios de prueba que se dicen dejado de apreciar y erróneamente apreciados, habría de concluirse, como lo alega el Instituto replicante, que todos y cada uno de ellos aluden inequívocamente al origen profesional o laboral de los hechos ocurridos el 16 de mayo de 2002 que dieron lugar al deceso de Flavio de Jesús Arroyave Monsalve.

En efecto, la misiva de la médica de la Comisión Laboral del ISS visible a folio 93 de 2 de septiembre de 2005, recuerda a esa data que el infortunio fue “calificado como muerte de origen profesional”; el dictamen de la Junta Regional de calificación de Invalidez de Antioquia, de folios 94 a 96, concluyó que “el evento en el cual perdió la vida el señor (...), es de origen profesional”; el informe de verificación del ISS del folio 46 consigna como conclusión que “muy presumiblemente, la causa del fallecimiento (...), fue debido accidente de trabajo”; y el testimonio técnico de Francisco Molano Torres a las claras precisa que, según su experiencia y luego de las investigaciones del caso, podía concluir que “muy presumiblemente era accidente de trabajo” (fl. 90).

Por tanto, en ningún yerro con el carácter de manifiesto, protuberante, evidente o de similar tenor pudo incurrir el tribunal al sostener que los aludidos medios de prueba reflejaban el origen profesional o laboral de los hechos que condujeron a la muerte de Flavio de Jesús Arroyave Monsalve, como igualmente se infería del que no mentó expresamente.

Y el segundo de los ataques parte de un supuesto totalmente extraño al thema decidendum del proceso, esto es, que la pensión reconocida a la parte actora en la sentencia del tribunal lo fue “con arreglo a textos diferentes —a la ley de seguridad social— como es la convención colectiva de trabajo”, cuando quiera que, sin asomo de duda, la sentencia atacada partió de la idea de que “la única inconformidad de la parte apelante recayó sobre la falta de demostración del origen profesional de la muerte del causante”, pues la naturaleza de la prestación reclamada había quedado definida en el primer grado y no fue objeto de la alzada, siendo cierto que allí se tuvo por establecido que lo que se perseguía por la parte actora de la hoy recurrente era el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes y “demás derechos inherentes a la citada prestación social”, ante lo cual “la ARP Colpatria solicita que se absuelva en atención a que si bien es cierto —el causante— se encontraba protegido por riesgo profesional, no se demostró que el in suceso hubiese sido consecuencia de un accidente de trabajo” (fl. 108), pasando a definir la controversia con fundamento en el artículo 9º del Decreto 1295 de 1994, que copió, con lo cual, brilla al ojo que no se entendía como una prestación derivada de una relación de trabajo entre el causante y la aquí recurrente, menos, contemplada en convención colectiva de trabajo alguna como extrañamente se alega en el segundo cargo, sino simple y llanamente, con base en las disposiciones que regulan tal prestación en la Ley 100 de 1993 y que, ahí sí, atinadamente, asume la recurrente en el ataque, “debe entenderse que se refirió a ella” el juzgador.

Así las cosas, no pudo incurrir el tribunal en yerro de ninguna naturaleza por no advertir que la prestación reclamada está concebida en convención colectiva de trabajo alguna y no en la Ley de Seguridad Social, como para no poder concluir en la procedencia de la condena al pago de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por ser incontrastable que en parte alguna del proceso siquiera se aludió a dicha naturaleza convencional de la socorrida prestación, por tenerse claro que se reclamó una pensión de sobrevivientes a una administradora de riesgos profesionales que apenas discutió en el proceso la naturaleza profesional o laboral del accidente que dio origen a la reclamación de la prestación social anunciada.

De lo que viene dicho, se desestiman los cargos.

Costas en el recurso a favor del Instituto replicante. Téngase como agencias en derecho la suma de $ 6’000.000.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2008 por el Tribunal Superior de Medellín, dentro del proceso promovido por OLGA PATRICIA FRANCO LONDOÑO, en nombre propio y de sus hijos menores EDYY CAROLINA y JULIANA MANUELA ARROYAVE FRANCO contra la ARP sociedad SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

Costas, como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».