Auto 39843 de noviembre 7 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrada Ponente:

Dra. María del Rosario González Muñoz

Aprobado Acta 411.

Bogotá D.C., siete de noviembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

El inciso primero del artículo 189 de la Ley 600 de 2000 establece lo siguiente:

“Salvo las excepciones legales, el recurso de reposición procede contras las providencias de sustanciación que deban notificarse, contra las interlocutorias de primera o única instancia y contra las que declaran la prescripción de la acción o de la pena en segunda instancia cuando ello no fuere objeto del recurso”.

En torno al alcance de la citada disposición y, en particular, cuando en sede de casación se declara la prescripción de la acción penal, la Sala no ha sido uniforme, pues en algunas ocasiones ha entendido que contra esa decisión sí procede el recurso de reposición, mientras en otras ha partido del supuesto contrario.

Esa disparidad de criterios se ha visto en recientes decisiones. Así, en providencias del 24 de agosto,(1) 22 de agosto,(2) 8 de agosto,(3) 27 de junio(4) y 9 de marzo de 2012(5) se adoptó la primera de las referidas posturas. Por su parte, en los autos del 19 de septiembre(6) y 14 de agosto de 2012(7) se decidió de diversa manera.

Las reseñadas decisiones tienen como común denominador que el pronunciamiento atinente a la procedencia o no del recurso de reposición se ha incorporado en la parte resolutiva, sin ofrecerse las razones de uno u otro punto de vista.

En otras determinaciones, como por ejemplo las emitidas el 22 de junio(8) y 23 de febrero de 2011,(9) el 1º de diciembre(10) y 17 de noviembre de 2010(11) y el 9 de diciembre de 2009,(12) la Corte entró a resolver de fondo el recurso de reposición interpuesto contra decisiones en las cuales, en el trámite del recurso de casación, se declaró la prescripción de la acción penal. En esos pronunciamientos tampoco se brindaron razones sobre la procedencia de la impugnación en mención.

Sea esta, por tanto, la oportunidad para que la Sala, en su función de unificación de la jurisprudencia nacional, zanje la controversia en cuestión.

De acuerdo con el inciso primero del artículo 189 arriba transcrito, el recurso de reposición, salvo las excepciones legales, procede contra:

(i) Las providencias de sustanciación que deban notificarse.

(ii) Las interlocutorias de primera o única instancia. Y,

(iii) Las que declaran la prescripción de la acción o de la pena en segunda instancia cuando ello no fuere objeto del recurso.

La providencia mediante la cual se declara la prescripción se adopta en auto interlocutorio, luego no se presenta aquí la primera de las hipótesis de procedencia del recurso de reposición. Tal determinación, cuando se profiere durante el trámite del recurso de casación, no comporta providencia interlocutoria de primera o única instancia, razón por la cual tampoco concurre en esa eventualidad la segunda hipótesis. Finalmente, por lo mismo y que se emite en sede de casación, dicho pronunciamiento no corresponde a decisión de segunda instancia, lo cual significa que tampoco se da la última de las situaciones en mención.

Como, de otra parte, no hay disposición legal diversa que establezca la reposición respecto de la providencia mediante la cual se declara la prescripción durante el trámite de la impugnación extraordinaria, obligado es concluir que contra esa determinación no procede el recurso horizontal.

Es necesario señalar que si bien el artículo 348 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el numeral 168 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, establece que el recurso de reposición procede, entre otros casos, contra los autos proferidos por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, no resulta dable acudir a esa disposición para señalar que los emitidos por la Sala de Casación Penal también son susceptibles de dicha impugnación, pues de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 600 de 2000 la remisión requiere, como condición sine qua non, que la materia objeto de reenvío no se encuentre expresamente regulada en el estatuto procesal penal en mención, lo cual no acontece con el referido recurso, pues, conforme está visto, el mismo está taxativamente reglamentado en esa codificación.

A este respecto, debe insistirse en que la Ley 600 de 2000 establece de manera puntual las providencias objeto del recurso de reposición. Esa voluntad legislativa quedó expresada desde cuando se tramitó en el Congreso el proyecto de ley que culminó con su expedición. Obsérvese cómo la norma que sobre la materia se propuso inicialmente tuvo el siguiente contenido:

“ART. 189—Salvo las excepciones legales, el recurso de reposición procede contra las providencias de sustanciación que deban notificarse y contra las interlocutorias de primera o única instancia”(13).

Dicho texto fue aprobado en los dos primeros debates surtidos en el Senado. Sin embargo, para el tercer debate, adelantado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, se propuso modificarlo para incluirle otra clase de decisiones contra las cuales también procedía la reposición. Esta es la norma que se presentó allí para su discusión:

“ART. 189.—Salvo las excepciones legales, el recurso de reposición procede contra las providencias de sustanciación que deban notificarse, contra las interlocutorias de primera o única instancia y contra las que declaran la prescripción de la acción o de la pena en segunda instancia cuando ello no fuere objeto del recurso”(14).

El anterior texto fue el que, en definitiva, aprobó el Congreso, quedando entonces incorporado en el Código de Procedimiento Penal de 2000.

Desde el punto de vista constitucional, no caben objeciones a la decisión del legislador de limitar el ejercicio del recurso de reposición. Como ha tenido oportunidad de señalarlo la Corte Constitucional, la Carta Política otorga al legislador una amplia libertad de configuración al respecto. Así, en la Sentencia C-017 de 1996, citada en la C-596 de 2000, expresó:

“Esta corporación ha reconocido, en múltiples oportunidades, que una regulación diferenciada del trámite de los procesos judiciales y administrativos por la ley no vulnera en sí misma el principio de igualdad. En particular, esta Corte ha señalado que los recursos son de creación legal, y por ende es una materia en donde el legislador tiene una amplia libertad, puesto que salvo ciertas referencias explícitas de la Carta —como la posibilidad de impugnar los fallos de tutela y las sentencias penales condenatorias (C.P. arts. 29 y 86)— corresponde al legislador instituir los recursos contra las providencias judiciales y administrativas, señalar la oportunidad en que proceden y sus efectos(15) (resalta la Corte Suprema)”.

Desde luego, la libertad de configuración, como también lo ha dicho la guardiana de la Constitución, no puede ser ejercida de manera desproporcionada. Sin embargo, no advierte la Sala que ello ocurra en el caso del artículo 189 de la Ley 600 de 2000, cuando se determina la improcedencia del recurso frente a la decisión de declarar la prescripción de la acción penal durante el trámite del recurso de casación. Por el contrario, tal limitación se justifica en la medida en que se trata de una providencia proveniente del máximo tribunal de la justicia ordinaria que, en su condición de órgano de cierre, actúa en esos casos en el marco de la impugnación extraordinaria en mención.

El derecho a renunciar a la prescripción que tiene el procesado, advertido sea, no se opone a la conclusión a la cual ha arribado la Sala, porque tratándose la citada determinación de una providencia interlocutoria, es deber de la corporación disponer su notificación, conforme lo dispone el artículo 176 de la Ley 600 de 2000, trámite dentro del cual, entonces, resulta viable hacer uso del aludido derecho.

Es de precisar, por último, que la decisión a través de la cual la Corte durante el trámite de la casación se abstiene de declarar la prescripción de la acción penal tampoco es susceptible del recurso de reposición, porque esa eventualidad no encaja, igualmente, dentro de las hipótesis en que, de acuerdo con lo antes visto, cabe dicha impugnación.

En consecuencia, se declarará la improcedencia del recurso de reposición interpuesto por el apoderado de la parte civil contra la providencia del 19 de septiembre de 2012, mediante la cual la Corte declaró la prescripción de las acciones penal y civil seguidas en contra de Buenaventura Moreno Castañeira.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

DECLARAR improcedente el recurso de reposición interpuesto por el apoderado de la parte civil contra la providencia del 19 de septiembre de 2012.

Notificada esta decisión, remítase la actuación a la oficina de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Radicación 39389.

(2) Radicación 39605.

(3) Radicación 39051.

(4) Radicación 39060.

(5) Radicación 38548.

(6) Radicación 39181.

(7) Radicación 36981.

(8) Radicación 36403.

(9) Radicación 35570.

(10) Radicación 35067.

(11) Radicación 35024.

(12) Radicación 32816.

(13) Gaceta del Congreso 141 de 1998, página 21.

(14) Gaceta del Congreso 175 de 1999, página 19.

(15) Ver al respecto, entre otras, las sentencias C-345 de 1993 y C-005 de 1996.