Auto 399 de agosto 1º de 1996 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

SELECCIÓN DE TUTELAS PARA REVISIÓN

NO ES UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO SINO JUDICIAL

EXTRACTOS: «Cuando la Constitución Política consagra la acción de tutela como mecanismo eficiente e inmediato para la defensa de los derechos fundamentales, confía a los jueces el trámite y decisión de las solicitudes que en tal sentido eleven las personas.

El procedimiento preferente y sumario consagrado en el artículo 86 de la Carta Política es de naturaleza eminentemente judicial, no sólo en lo referente a la definición acerca de si han sido violados o están amenazados derechos fundamentales por la acción u omisión de las autoridades públicas o de particulares, sino en lo que respecta a cuestiones tales como las órdenes que imparta el fallador, si halla fundada la solicitud, la resolución negativa —en el evento contrario—, las sanciones —también judiciales— aplicables por desacato a lo resuelto, así como en lo que toca con la impugnación del fallo, la correspondiente decisión en segunda instancia y la eventual revisión del asunto a cargo de la Corte Constitucional.

Así, pues, cuando —en aplicación de lo contemplado por el mandato constitucional— la Corte opta por seleccionar o no un caso de tutela para su revisión, no ejerce una función administrativa ni los actos correspondientes son de esa índole.

Entonces, mal puede entenderse que sean aplicables a las pertinentes providencias de la Corte las normas del Código Contencioso Administrativo y, por eso, ningún sentido tiene que contra ella se intenten recursos por la vía gubernativa o que —como en la presente ocasión— se busque la revocación directa de aquéllas.

Debe recordarse que la revisión eventual por parte de esta Corte no configura una tercera instancia, pues no ha sido prevista por la Constitución para dar a las partes nueva posibilidad de atacar las determinaciones judiciales de primero y segundo grado. Su sentido y razón consisten en asegurar que, por parte del tribunal que tiene a su cargo la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política, se unifiquen los criterios con base en los cuales ella se interpreta y aplica en materia de derechos, se elabore la doctrina constitucional y se tracen las pautas de la jurisprudencia, a propósito de casos paradigmáticos, sobre el alcance de los principios, postulados, preceptos y reglas de la Constitución, corrigiendo de paso, si hay lugar a ello, las desviaciones y errores provenientes de equivocadas interpretaciones y decisiones judiciales.

Ello explica que la revisión sea eventual, es decir, posible pero no segura, según el señalamiento discrecional de la Corte, tal como ella lo dejó consignado en sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996 (M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa), a propósito del examen constitucional sobre las normas que integraron el proyecto de ley estatutaria de la administración de justicia.

El artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolla la previsión constitucional en materia de revisión, dispone:

“ART. 33.—Revisión por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional designará dos de sus magistrados para que seleccione, sin motivación expresa y según su criterio, las sentencias de tutela que habrán de ser revisadas. Cualquier magistrado de la Corte, o el Defensor del Pueblo, podrá solicitar que se revise algún fallo de tutela excluido por éstos cuando considere que la revisión puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave. Los casos de tutela que no sean excluidos de revisión dentro de los 30 días siguientes a su recepción, deberán ser decididos en el término de tres meses”.

Si la revisión que efectúa la Corte es eventual y, por tanto, puede o no tener lugar, sin que disposición alguna la haga obligatoria, y si, además, norma legal expresa confiere a los magistrados de la Corte que integran rotativamente la sala de selección una facultad discrecional y amplia para resolver cuáles sentencias de tutela habrán de ser revisadas y cuáles no, resulta evidente que nadie puede intentar acción ni recurso alguno por el hecho de que su caso haya o no sido escogido para revisión, ni pretender que la determinación de no seleccionar el asunto representa o implica vulneración de los derechos fundamentales de ninguno de quienes fueron partes o intervinientes en el respectivo proceso.

Entonces, la petición en referencia resulta del todo improcedente, razón que motiva su rechazo».

(Auto de agosto 1º de 1996. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

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