Auto 39931 de noviembre 27 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

Aprobado en Sala 393

Bogotá, D.C., veintisiete de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. De conformidad con el inciso 6º del artículo 83 de la Ley 599 de 2000, “cuando la conducta punible se hubiere iniciado o consumado en el exterior”, el término de prescripción se aumenta en la mitad.

En criterios del fiscal y el representante de las partes civiles, este aumento debe aplicarse a los delitos de violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de equipos transmisores y receptores, en razón a que algunas de las interceptaciones a líneas telefónicas y correos electrónicos pertenecientes a ciudadanos colombianos, involucraron diálogos y mensajes de personas, naturales y jurídicas ubicadas en territorio extranjero.

2. Pues bien, en términos del artículo 14 de la Ley 599 de 2000 la conducta punible se considera realizada en el “lugar donde se desarrolló total o parcialmente la acción; en el lugar donde debió realizarse la acción omitida; o en el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado”. Esta disposición, como se observa, guarda correspondencia con el inciso 6º del artículo 83 citado, en tanto consagra como referente para iniciar la contabilización del término prescriptivo, el lugar en que inicia o se consuma el ilícito.

Del texto de las normas como de la jurisprudencia mencionada por el fiscal en su escrito de impugnación, puede fácilmente colegirse que no son los efectos o daños ocasionados con la conducta punible los que determinan el lugar de inicio o consumación del ilícito, sino donde efectivamente se realizó la acción o se ocasionó total o parcialmente el resultado —teoría mixta o de la ubicuidad—.

En términos del Diccionario de la Real Academia Española, efecto es “aquello que sigue por virtud de una causa” y consumar, es “llevar a cabo totalmente algo”.

Desde la anterior perspectiva, se tiene que comete el delito de violación ilícita de comunicaciones —L. 599/2000, art. 192— quien “ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle, o impida una comunicación privada dirigida a otra persona, o se entere indebidamente de su contenido...”.

Actualiza igualmente el tipo penal de utilización ilícita de equipos transmisores y receptores —art. 197 idem—, “el que con fines ilícitos posea o haga uso de aparatos de radiofonía o televisión o cualquier medio electrónico diseñado o adaptado para emitir o recibir señales...”.

A tenor de la resolución de acusación, es evidente que los supuestos fácticos y las imputaciones efectuadas al exdirector del DAS Jorge Aurelio Noguera Cotes, conforme a los tipos penales descritos, consistieron en interceptar líneas y correos electrónicos a través del uso ilícito de equipos trasmisores y receptores que poseía el Departamento Administrativo de Seguridad —DAS— para su labor institucional.

Dichos verbos rectores se ejecutaron entre los años 2002 y 2005, únicamente en el territorio nacional respecto de diversas líneas y correos que pertenecían a personas naturales y jurídicas, resultando por ello imposible extender la ejecución de las acciones —interceptar y usar— a países en que no se ejecutó labor alguna.

Situación diferente que sí acontece con el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, por cuanto la resolución de acusación menciona hechos y elementos de juicio dirigidos a demostrar la materialización de la conducta en el extranjero.

Mírese entonces, que no es la afectación al derecho de inviolabilidad de las comunicaciones privadas lo que hace que las conductas penales atribuidas se entiendan consumadas en el exterior, sino el lugar donde se inicio o se produjo el resultado de la acción típica. La equivocación de la tesis propuesta por los recurrentes radica en que confunden la lesión o daño producido al bien jurídico tutelado, con la materialización del injusto típico, el cual en este caso ocurrió en su integridad en el territorio nacional.

Y ello es así, sencillamente porque la interceptación se produjo en el lugar donde estaban ubicados los equipos y personas que llevaron a cabo la interferencia, esto es, en el país, lo cual de paso comportó que de alguna manera aquí se acopiara la información que a través de la interceptación se pretendía obtener.

Estos mismos argumentos permiten rechazar la tesis planteada por la parte civil, referida a que, como las interceptaciones afectaron llamadas a las oficinas de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consideradas como “sedes inviolables”, los punibles se entienden iniciados o consumados en el exterior; reitérese que el DAS durante la administración del doctor Jorge Noguera Cotes, conforme se expone en la resolución de acusación, no interceptó líneas telefónicas o correos electrónicos de personas, naturales o jurídicas, ubicadas en territorio extranjero.

Por lo demás, aclárese que la decisión(4) citada por el representante del ente acusador, para demostrar que los efectos de la conducta punible son los que definen el lugar de ocurrencia del hecho, no prohíja su tesis, contrariamente, refrenda lo expuesto en esta decisión. El caso aludido se relaciona con el delito de concierto para delinquir, donde “los participantes... fueron responsables de introducir cargamentos de múltiples kilos de cocaína a través de Colombia y coordinar su exportación hacia otros países incluyendo los Estados Unidos...”, motivo por el cual, la Sala estimó que aun cuando parte de la conducta se realizó en este país, lo cierto fue que traspasó las fronteras nacionales, situación que la llevó a emitir concepto favorable para la extradición de un ciudadano colombiano.

Como acaba de observarse, en esos hechos la conducta se materializó en dos países —Colombia y Estados Unidos— situación diferente a la que ocurre aquí donde los hechos únicamente se ejecutaron en el territorio colombiano.

Consecuente con lo anterior, la Sala no revocara la decisión adoptada por los motivos planteados por la fiscalía y el representante de la parte civil.

3. Frente a los argumentos expuestos por el representante de las partes civiles, con fundamento en el Estatuto de Roma y en aras de imprimir la connotación de delitos de lesa humanidad a los hechos por los cuales se convocó a juicio al exdirector del DAS, Jorge Aurelio Noguera Cotes, para que se declaren imprescriptibles los ilícitos de violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de redes de comunicaciones y abuso de autoridad, resulta importante precisar lo siguiente:

3.1. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se suscribió el 17 de julio de 1998 en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas, con la finalidad de adoptar medidas a nivel nacional e internacional para conjurar la impunidad de delitos que atentan contra la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad.

Esta legislación fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico a través de un conjunto de disposiciones y actuaciones que se resumen a continuación:

Con la expedición del Acto Legislativo 2 de 2001 Colombia autorizó reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma, y ratificó el tratado.

A través de la Ley 742 de junio 5 de 2001 el Estado introdujo y aprobó el Estatuto de Roma.

La Corte Constitucional, declaró exequible esta ley mediante Sentencia C-578 de 31 de julio de 2002.

Finalmente el 26 de noviembre de 2002 el Presidente de la República promulgó el Estatuto de Roma con la expedición del Decreto 2764.

2. Desde esa óptica, nuestro ordenamiento define a través del Estatuto de Roma como delitos de lesa humanidad:

“... cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato;

b) Exterminio;

c) Esclavitud;

d) Deportación o traslado forzoso de población;

e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;

f) Tortura;

g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable;

h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;

i) Desaparición forzada de personas;

j) El crimen de apartheid;

k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

En el caso que ocupa la atención de la Sala, Jorge Aurelio Noguera Cotes fue convocado a juicio porque en su condición de director del DAS, presuntamente dispuso la creación del grupo G-3 para “desplegar labores orientadas esencialmente a verificar información que comprometía a integrantes de ONG defensoras de derechos humanos, por representar estas, al parecer, un peligro para la seguridad nacional del país”(5).

Estas actuaciones, según la resolución de acusación, se cumplieron a través de seguimientos e interceptaciones de líneas telefónicas y correos electrónicos.

En ese escenario la fiscalía formuló cargos contra el procesado por los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de equipos receptores y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.

En relación con los tres últimos punibles, debe precisarse que sus descripciones no contienen comportamientos prohibidos asimilables a crímenes de lesa humanidad. De hecho el Estatuto de Roma no relaciona estos ilícitos en el artículo 7º.

Aparte de lo anterior, la Fiscalía mediante resolución de 15 de octubre de 2011(6) y frente a una petición elevada en este sentido por la parte civil, indicó que sin “ignorar la gravedad de los hechos” los mismos no alcanzaban a constituir delitos de lesa humanidad, sino un presunto concierto para delinquir asociado a los delitos materia de pronunciamiento de este proveído.

Ahora, ello no es óbice para observar que algunas personas, al parecer, fueron víctimas de actos de intimidación —envío de sufragios, muñecas descuartizadas, coronas fúnebres—, difamación y persecuciones, situaciones que al no estar contempladas en los tipos penales endilgados, obligaron a la Sala a expedir copia de varias declaraciones para que la fiscalía adelantara la correspondiente investigación.

Luego es en esa actuación, donde debe analizarse si a la luz del Estatuto de Roma estos sucesos ofrecen la calificación de crímenes de lesa humanidad.

En consecuencia, se colige que los tipos penales se encuentran sujetos a las reglas que sobre prescripción establece la Ley 599 de 2000, lo que lleva a infirmar la determinación objeto de recurso.

4. Dígase, también, que nuestra legislación no consagra la categoría de “crímenes de Estado”. No tiene en cuenta el “objetivo criminal” para efecto de fijar el término prescriptivo; ni contempla “el impacto” que sobre las víctimas, la sociedad en general y la institucionalidad del Estado” puedan llegar a tener los delitos en general, como criterio para variar dicho lapso. El término es objetivo, y no ofrece dudas en cuanto a su aplicación, motivo por el cual, carece de fundamento legal la pretensión del representante de las partes civiles, consistente en que se extienda por razones no contempladas en la ley el límite para el ejercicio de la acción penal.

5. Resulta, también, desacertado equiparar las figuras jurídicas de la caducidad y la prescripción de la acción penal por sus naturalezas propiamente dichas.

Como lo ha señalado la Corte Constitucional, mientras “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia”, la prescripción es “un instituto jurídico liberador, en virtud del cual por el transcurso del tiempo se extingue la acción o cesa el derecho del Estado a imponer una sanción...”(7).

Conforme a su esencia esta figura jurídica hace parte del núcleo esencial del debido proceso, y de allí su obligatoria aplicación para el Estado.

No en vano el artículo 82 de la Ley 599 de 2000 consagra la prescripción como una de las causales de extinción de la acción penal, norma que encuentra desarrollo en el artículo 39 de la Ley 600 de 2000, que obliga al operador judicial a abstenerse de iniciar o continuar un proceso penal, cuando se ha materializado esta circunstancia.

El único facultado, por ley, para renunciar a este instituto es el procesado —L. 599/2000, art. 85—, caso en el cual, el término perentorio para el Estado es de dos años.

En estas condiciones no es dable aplicar jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de caducidad, en tanto rige actuaciones administrativas, ajenas a los procesos penales que cuentan con normatividad propia. Hacerlo sería desconocer derechos fundamentales de consagración constitucional.

Por todo lo anterior la Sala mantendrá el auto objeto de reposición.

En razón y mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia

RESUELVE:

NO REPONER el auto del pasado 8 de octubre, por medio del cual la Sala decretó la prescripción de la acción penal respecto los delitos de violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de equipos trasmisores o receptores, y abuso de autoridad, exceptuando para este último las acciones ocurridas en el exterior.

En consecuencia se confirma el cese de procedimiento a favor de Jorge Aurelio Noguera Cotes.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Por secretaría líbrense las comunicaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase».

(4) Concepto de extradición de abril 22 de 2003, radicado 20299.

(5) Página 50 de la resolución de acusación.

(6) Folios 68 y siguientes del c.o. 17.

(7) Sentencia C-410 de mayo 26 de 2010.