Auto 4009 de febrero 20 de 1992 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

LIQUIDACIÓN DE CONDENA EN ABSTRACTO

NO PUEDE DESBORDAR LA SENTENCIA

EXTRACTOS: «La Sala, luego de analizar cuidadosa y detenidamente las razones sobre las cuales se sustenta el recurso de reposición, todas ellas seriamente fundamentadas y respaldadas en doctrina y jurisprudencia nacionales y foráneas de indiscutible significación por los temas tratados y la autoría de los mismos, sin embargo, reitera que la actualización de la condena no era posible efectuarla en el incidente liquidatorio y a espaldas de la sentencia que la impuso. Este es el punto a definir en el caso examinado.

En efecto, no entra la Sala en consideraciones tendientes a determinar si la actualización puede o no decretarse de oficio, si es imperativo que la el actor la reclame en su libelo inicial, o si la jurisprudencia del Consejo de Estado en torno de estas materias ha sido uniforme o variable. Estos temas y otros también importantes que acompañan lo relacionado con la actualización de la condena, no serán objeto de pronunciamiento en esta oportunidad, porque, como se precisó, se trata de definir si en el incidente de liquidación se puede disponer la actualización de la condena no contemplada durante el desarrollo del proceso, ni incluida en la decisión definitiva.

Reconoce la Sala que efectivamente, contra su criterio reafirmado en los últimos años, se han producido pronunciamientos en torno a la posibilidad de que oficiosamente se actualice el monto condenatorio, tal como se citan en el escrito de impugnación. Sin embargo, en las escasas oportunidades en que así se ha manifestado la Sala, el ajuste oficioso de la condena se ha dispuesto efectuarlo en la sentencia, mas no en el auto que finaliza el incidente de liquidación.

Para la Sala resulta inobjetable que en el trámite incidental de liquidación de perjuicios no se pueden desbordar los extremos señalados en la sentencia. Lo contrario implicaría la pretermisión de normas y principios básicos de nuestra organización jurídico-procesal, entre los cuales cabe mencionar los de la congruencia y la cosa juzgada. En la práctica, si se permitiera la actualización oficiosa de la condena en el incidente, se estaría así autorizando un reconocimiento superior al inicialmente pedido e impuesto en la sentencia, con protuberante desconocimiento de una decisión contenida en providencia que ya causó ejecutoria.

Agréguese a las anteriores consideraciones que la sentencia, en los términos del artículo 309 del CPC, "no es revocable, ni reformable por el juez que la pronunció", y si bien la misma disposición autoriza dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte la aclaración y complementación de la misma, tal facultad no coloca al fallador en capacidad de variar su propia sentencia en el fondo, como lo han sostenido la Corte y esta Corporación.

Ahora bien, la parte actora conoció la sentencia y pudo observar el contenido y su proyección condenatoria, en la cual se omitió disponer la actualización, tanto en las pautas señaladas, como en la resolutiva de la misma. Era esa la oportunidad para reclamar contra la sentencia, bien mediante la solicitud de complementación, corrección o aclaración o si no ejercitando los recursos de ley. Empero, el fallo no fue cuestionado por ella en ningún sentido y, por consiguiente, quedó ejecutoriado y en tales condiciones, adquirió firmeza y se volvió definitivo e inmodificable, hasta el punto que, como se advirtió, ni el mismo fallador que decidió, ni otro diferente, pueden cambiar el contenido de la providencia.

En las condiciones relacionadas mal podría la Sala a propósito de un trámite incidental de liquidación de perjuicios, modificar las pautas y las decisiones de la sentencia condenatoria con razones y guarismos no dilucidados, ni controvertidos en el proceso, mucho menos tomados en consideración al imponer la condena. Recuérdese que el trámite de liquidación de la condena in génere, tan solo tiene por finalidad cuantificar o concretar la sentencia condenatoria, más nunca podrá variarla».

(Auto de febrero 20 de 1992. Expediente 4009. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández).

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