Auto 40145 de octubre 31 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. José Luis Barceló Camacho

Aprobado Acta 403

Bogotá, D.C., treinta y uno de octubre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Ante la necesaria relación de los cargos formulados por los defensores basados en nulidad, se hace aconsejable su estudio formal de manera conjunta.

Ha sido criterio reiterado de la Sala concerniente a la postulación y desarrollo de la causal tercera de casación propia del procedimiento reglado por la Ley 600 de 2000, que si bien su demostración suele no ser tan estricta como la exigida para las otras causales, de todas formas el demandante ha de observar reglas de claridad y precisión sobre el vicio in procedendo que anuncia.

Esa mayor libertad permitida cuando se opta por la aludida causal no exime tampoco al censor de acatar los principios que orientan la declaración y convalidación de las nulidades. En ese orden, debe advertir la entidad del vicio procesal, las normas que estima conculcadas, especificar el momento de la actuación en que se produjo y demarcar su radio invalidante, así como también, acreditar la injerencia desfavorable de tal anomalía en el fallo para demostrar cabalmente que al no existir otra manera diversa de restaurar el derecho afectado, se impone la anulación.

A su turno, tratándose de la pretermisión de la garantía de investigación integral, recuerda también la corporación que en su invocación resulta insuficiente que el libelista relacione las pruebas cuya práctica fue omitida, dado que es preciso señalar su fuente, conducencia, pertinencia y utilidad, amén de su incidencia favorable en los intereses del procesado frente a las conclusiones del fallo, pues la omisión de diligencias inconducentes, dilatorias, inútiles o superfluas, no constituye menoscabo del derecho a la defensa del incriminado.

Además, es necesario en tal caso que el impugnante demuestre que las pruebas echadas de menos, al ser cotejadas con el acervo probatorio, trastocan las conclusiones de los juzgadores, y el sentido de la sentencia, imponiéndose invalidar la actuación a fin de allegarlas y contar así con la posibilidad de valorarlas, parámetros estos que los casacionistas no asumieron en este asunto, como pasa a explicarse:

En primer lugar, si bien en el cargo inicial de la demanda presentada en nombre de Palacios Escobar señala su defensor la incorrección sustantiva determinante de la invalidación fundada en que por no haberse acreditado la condena previa por la justicia de los Estados Unidos en relación con el delito de narcotráfico resultaron afectados el debido proceso, el derecho de defensa y la investigación integral, no realiza una explicación metódica para cada uno de ellos, es decir, cómo se vulneró la estructura del diligenciamiento, o de qué forma se menguaron las garantías fundamentales.

Es cierto que no son pocos los eventos en que el desconocimiento del debido proceso involucra también la vulneración del derecho de defensa, pero el impugnante no logra exponer si en el caso de la especie ocurrió la vulneración simultánea de ambos, lo cual era imprescindible ante las diversas características ontológicas de cada uno de tales derechos, al punto que están ubicados legalmente en causales autónomas de nulidad, lo que a la postre torna el reparo carente de la idoneidad necesaria para su admisión.

En segundo término, corrobora la inobservancia de las reglas lógicas que comandan el recurso extraordinario la presentación sofística del segundo cargo, cuando el recurrente plantea la nulidad por falta de motivación de la sentencia al no haber dado respuesta al argumento defensivo relacionado con la afectación del principio de doble incriminación ante la previa condena emitida en el extranjero por el delito de narcotráfico, toda vez que refulge que el tribunal analizó con detenimiento tal postura, solo que al carecer de bases probatorias no encontró eco para la judicatura.

Previamente, vale la pena rememorar que el artículo 29 del texto superior consagra la garantía fundamental del non bis in idem, según la cual, la persona no puede ser juzgada doblemente por el mismo hecho, reconocida internacionalmente en el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (art. 14, num. 7º), y la Convención americana de derechos humanos (art. 8, num. 4º).

Y es que en virtud del principio de seguridad jurídica no es dable que un mismo hecho sea objeto de persecución penal simultánea o diferida por autoridades judiciales distintas. Para tal veda ha de mediar identidad de la persona juzgada, el objeto del proceso y de fundamento o causa que se traduce en la imputación única basada en el mismo comportamiento atribuido a la persona.

Respecto de esta garantía la Corte ha precisado que:

“El principio fundamental de la cosa juzgada, según el cual las sentencias judiciales ejecutoriadas en cuanto ostentan carácter definitivo o inmutable son material y jurídicamente intocables y resultan de obligatorio acatamiento para el juez, las partes, los particulares, y, en general para el conglomerado, se halla íntimamente vinculado con el principio de non bis in idem que prohíbe a las autoridades juzgar dos veces o aplicar doble sanción por unos mismos hechos cuando exista identidad de sujeto, objeto y causa que han sido materia de pronunciamiento definitivo e irrevocable en otro proceso (res iudicata).

“En materia penal, los principios de la cosa juzgada y non bis in idem se encuentran consagrados normativamente por los artículos 8º de la Ley 599 de 2000 y 19 de la Ley 600 de ese mismo año. La primera de las citadas disposiciones, formulada al amparo de la prohibición de doble incriminación, establece “A nadie se le podrá imputar más de una vez la misma conducta punible, cualquiera sea la denominación jurídica que se le dé o haya dado, salvo lo establecido en los instrumentos internacionales”. La segunda, por su parte, prevé que “la persona cuya situación jurídica haya sido definida por sentencia ejecutoriada o providencia que tenga la misma fuerza vinculante, no será sometida a nueva actuación por la misma conducta, aunque a esta se le dé una denominación jurídica distintas”(2).

En este caso, como ya se anunció, en manera alguna se trata de una ausencia absoluta de motivación, porque se precisaron las razones que soportaron la decisión cuando juez colegiado dio respuesta de manera conjunta a la tesis defensiva que para ambos procesados planteaba la vulneración del principio de cosa juzgada.

Efectivamente, tras analizar la consagración normativa de tal garantía en el ámbito internacional y en el interno, así como la validez que por mandato del artículo 17 de Código Penal se le da a la sentencia proferida en el exterior, el tribunal destacó que se trataba de un simple enunciado, porque no se había aportado prueba que soportara tal supuesto de que ya habían purgado una pena por los mismos hechos ante la justicia norteamericana.

Incluso analizó el juez colegiado los documentos aportados por el otro procesado, Buitrago López, con los que se pretendía demostrar el diligenciamiento que se le adelantó en Estados Unidos, se concluyó su imposibilidad de apreciación probatoria por carecer de los requisitos de autenticidad y validez previstos legalmente para los documentos públicos otorgados en un país extranjero por uno de sus funcionarios o con su intervención al tener que presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República y en su defecto por el de una Nación amiga, y que ni siquiera tenían la apostilla respectiva.

También con acierto el tribunal puso de presente que si a Palacios Escobar le interesaba acreditar el reconocimiento de la cosa juzgada, debió ser diligente a efectos de demostrar la existencia del fallo emitido en el extranjero, así como para evidenciar su fuerza vinculante.

De otro lado, iguales falencias argumentativas se predican respecto del tercer reparo por violación indirecta de la ley sustancial, porque el defensor olvida conformar la proposición jurídica con el señalamiento de las normas de carácter sustancial infringidas y su sentido de violación, imperativo que se constituye en el referente y determinante para realizar una adecuada y lógica demostración del vicio de juicio que se postula, pues solo cita los artículos 33, 247, 304, y 445 del Código de Procedimiento Penal de clara estirpe adjetiva.

El desatino del censor es mayúsculo, toda vez que para denotar el error de hecho indica de manera general que “los juzgadores ignoraron la existencia razonable y manifiesta de la duda a partir de las pruebas”, pero sin precisar la modalidad de yerro que lo determinó, ni los elementos de convicción en los cuales recayó.

Bajo esta óptica le correspondía aclarar si los falladores erraron al apreciar una prueba, bien sea porque pese a obrar en el diligenciamiento no fue valorada (falso juicio de existencia por omisión); ya porque sin figurar en la actuación supusieron que allí aparecía y la tuvieron en cuenta en su decisión (falso juicio de existencia por suposición); ora porque al considerarla distorsionaron su contenido cercenándola, adicionándola o tergiversándola (falso juicio de identidad); también, cuando sin incurrir en alguno de los yerros referidos derivaron del medio probatorio deducciones que contravienen los principios de la sana crítica, esto es, los postulados de la lógica, las leyes de la ciencia o las reglas de la experiencia (falso raciocinio).

Esa presentación global del yerro sobre el conjunto probatorio impide abordar el reproche.

En ese orden, las falencias evidenciadas en el libelo presentado en nombre de Palacios Escobar, las cuales, en virtud del principio de limitación que rige el trámite casacional no puede la Sala enmendar, aparejan su no admisión.

Ahora, respecto de la demanda en representación de Buitrago López tampoco se ajusta a las exigencias propias cuando en sede casacional se denuncian irregularidades procesales capaces de invalidar la actuación, porque si bien se echa en falta la práctica de algunos testimonios de familiares y conocidos de aquel, quienes podrían declarar acerca de la causa de los giros de dineros desde el extranjero, allí mismo se subraya que tales probanzas fueron ordenadas por la fiscalía.

Pero si bien no se advierte el trámite de algún exhorto para hacer viable la práctica de tales probanzas al residir los testigos en los Estados Unidos, refulge la falta de exactitud del lugar de ubicación de los testigos lo que de manera obvia hacía imposible su recepción.

Son sabidos los criterios para admitir las pruebas basados en su conducencia, pertinencia y utilidad. Por la conducencia se analiza si la realización o aporte de la probanza está permitido legalmente como elemento demostrativo de los precisos temas sobre los que compete a la Corte rendir su concepto. La pertinencia del medio probatorio apunta tanto a su nexo con el objeto de demostración, como a su aptitud para acreditar un aspecto de interés al trámite, en tanto que la no superfluidad de la prueba se refiere a que sea útil y acredite algo que aún no ha sido comprobado en la actuación.

Sin embargo, es claro que esa garantía no es ilimitada para recepcionar o reunir todo tipo de pruebas, pues existen unos precisos marcos fijados por el artículo 250 del Código de Procedimiento Penal anterior —hoy artículo 235—, que atienden a la posibilidad legal y física de su práctica, la cual se mostraba ausente en este asunto.

Además, tal omisión probatoria se advierte intrascendente sin que se avizore su incidencia favorable en los intereses del procesado frente a las conclusiones del fallo si se tienen en cuenta las consideraciones judiciales soportadas en las pruebas demostrativas de la participación directa de Buitrago López en los delitos investigados, desde las mismas interceptaciones telefónicas se establecía el envío de sustancias estupefacientes al extranjero a través de correos humanos:

“Por ello se hace referencia en sus diálogos, en forma constante, a personas que saldrían hacia el exterior, el suministro de pasajes, las encomiendas, evitando sobre todo ser descubiertos, pues categóricamente no hacen referencia a lo que realmente estaban comercializando, sino que por el contrario hablan de manjar blanco, CDs., de data crédito, invitaciones, cartas de crédito, para referirse a las encomiendas que enviaban con estupefacientes; utilizando de esta manera un lenguaje cifrado que les permitía ocultar su verdadero propósito, del que se trasluce una verdadera actividad por fuera de lo legal”.

Tal obrar se corroboró con prueba testimonial de personas que prestaron sus nombres para recibir los giros de dinero a cambio de remuneraciones económicas, así como por la aceptación de cargos de otros implicados que permitieron dibujar el funcionamiento de la empresa criminal.

En la misma línea, el recurrente en el cargo subsidiario repara en que las pruebas echadas de menos afectaron el derecho de defensa, pero como lo anota la representante del Ministerio Público en su alegato de oposición, esta censura no es más que una prolongación del cargo principal, la cual también resulta vacua.

Precisamente cuando el yerro versa en la omisión en la práctica de pruebas, tiene dicho la Corte que el demandante en casación tiene la carga de evidenciar que, ora por la postura negativa, o bien por incuria del funcionario judicial, aquellas tenían la capacidad suficiente para modificar la decisión atacada, pues la declaración de la nulidad no se deriva de la prueba per se, sino que por su confrontación lógica con las que sí fueron tenidas en cuenta por el sentenciador como soporte del fallo para advertir que de haberse practicado, el sentido de la decisión sería radicalmente opuesto y beneficioso a los intereses que representa y que la anulación de lo actuado se impone como único remedio procesal a fin de incorporar esos novedosos elementos probatorios, ejercicio que no acometió el libelista.

Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 600 de 2000 se impone de plano la no admisión de las demandas.

Finalmente es oportuno resaltar que la Sala no observa con ocasión del trámite procesal o en el fallo impugnado violación de derechos o garantías de los sujetos procesales como para que se hiciera necesario el ejercicio de la facultad legal oficiosa que le asiste a fin de asegurar su protección.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

NO ADMITIR la demanda de casación interpuesta por los defensores de Juan Carlos Palacios Escobar y Hebert Buitrago López, por las razones dadas en la anterior motivación.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(2) Corte Suprema de Justicia. Providencia de 5 de diciembre de 2002, Radicado 12.621.