Sentencia 40160 de mayo 29 de 2013

 

Sentencia 40160 de mayo 29 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobada Acta 169-

Magistrado Ponente:

Dr. Javier Zapata Ortiz

Bogotá, D.C., veintinueve de mayo dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

l. De la competencia

La Corte Suprema de Justicia es competente para resolver el recurso de apelación propuesto por el representante de la Fiscalía General de la Nación, en su condición de víctima, contra la decisión proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al tenor de lo dispuesto en los artículos 32, numeral 3º y 177-2 de la Ley 906 de 2004 (CPP).

II. Del incidente de reparación integral

1. Se impone reiterar que tratándose de la sentencia por cuyo medio culmina el incidente de reparación integral surtido bajo la égida de las modificaciones introducidas por los artículos 86, 87 y 88 de la Ley 1395 de 2010 a los artículos 102, 103 y 105 de la Ley 906 de 2004, el objeto de controversia, que a su vez delimita el thema probandum, se encuentra circunscrito al objeto de tal actuación(11), pues es claro que para dicho momento, al haber cobrado ejecutoria el fallo de condena, no resulta admisible discusión distinta al asunto relacionado con la responsabilidad civil.

2. Respecto de la naturaleza del incidente de reparación integral ha dicho esta Sala(12):

“Se trata, entonces, de un mecanismo procesal independiente y posterior al trámite penal propiamente dicho, pues el mismo ya no busca obtener esa declaración de responsabilidad penal, si no la indemnización pecuniaria fruto de la responsabilidad civil derivada del daño causado con el delito —reparación en sentido lato— y cualesquiera otras expresiones encaminadas a obtener la satisfacción de los derechos a la verdad y a la justicia, todo lo cual está cobijado por la responsabilidad civil, como ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional (en Sent. C-409/2009, se precisa)”.

III. De la responsabilidad civil generada por la conducta punible

1. Oportuno es señalar que la indemnización que se persiga por razón del daño ocasionado con el delito es de naturaleza extracontractual por vía directa o indirecta; la primera, como es el caso, estará a cargo de los autores o partícipes declarados penalmente responsables.

2. A su turno, el artículo 2341 del Código Civil, soporte normativo de la responsabilidad civil extracontractual, precisa:

“El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido”.

La norma anterior encuentra su complemento, en cuanto a la actuación penal, en el artículo 94 de la Ley 599 de 2000 que dispone:

“La conducta punible origina obligación de reparar los daños materiales y morales causados con ocasión de aquella”.

3. De la misma manera, dígase, que no es per se la concurrencia de un delito o la condenación que por la misma realice el juez penal la que genera la obligación de indemnizar, sino la plena demostración del daño ocasionado y cuantificable que cause; la Sala advierte, sin embargo, que constituye requisito sine qua non para quien la pretenda que previamente se haya proferido decisión de carácter condenatorio, postura que cobra plena vigencia con la expedición de la Ley 906 de 2004 en cuanto una vez adquiere ejecutoria la sentencia penal se abre paso al incidente de reparación integral.

4. De lo anteriormente expuesto, se puede concluir:

“a) El delito produce la obligación de reparar los perjuicios causados, los que pueden ser del orden material e inmaterial.

b) Los daños que sean susceptibles de cuantificación económica (materiales y morales objetivados(13)) deben probarse en el proceso y su cuantía dependerá de lo acreditado”(14).

En otras palabras, para obtener indemnización por el perjuicio material y por los perjuicios morales objetivados se debe demostrar: a) su existencia y b) su cuantía; de esta manera se diferencian de los de carácter moral subjetivado, donde solo basta acreditar la existencia del daño, luego de lo cual, el juez, por atribución legal, fijará el valor de la indemnización en tanto que la afectación del fuero interno de las víctimas o perjudicados impide la valoración pericial por inmiscuir sentimientos tales como tristeza, dolor o aflicción.

IV. Del caso concreto

Ab initio la Sala anuncia que confirmará integralmente el fallo objeto de alzada, amparada principalmente en el argumento según el cual, la responsabilidad civil que se persigue por razón del daño causado con la conducta punible, ha de ser probada, carga no cumplida por el apoderado de la víctima, lo que lleva —entre otras— a desestimar sus pretensiones. Las razones pasan a verse:

1. Necesario es tener en cuenta que la indemnización que se reclama lo es a favor de una persona jurídica, las cuales, como bien lo recordó el tribunal en su decisión, no pueden reclamar daño moral de naturaleza subjetiva, en la medida en que aquellas no experimentan dolor físico o moral.

2. En el caso objeto de análisis, bajo una primera arista, el representante de la Fiscalía General de la Nación, alega que la institución que representa en su condición de víctima y por causa del delito cometido por uno de sus servidores, sufrió detrimento de la imagen institucional generado por la deshonra y desprestigio ante la comunidad, el que debe ser indemnizado.

Indica cómo, el tribunal desestima el poder disuasivo y de precedente que se persigue con la suma que se reclama.

3. La Sala no soslaya, como ya tuvo la oportunidad de precisarlo en la sentencia penal respectiva, la que conoció por virtud del recurso de apelación interpuesto por el estrado defensivo, que a no dudarlo instituciones de naturaleza pública y principalmente, en este caso, la Fiscalía General de la Nación se ven mancilladas por el actuar delictual de uno de sus funcionarios, por cuanto, justamente, por virtud del precepto constitucional contenido en el artículo 250 de la Constitución Política(15) han sido investidas para investigar y acusar ante las autoridades respectivas a los responsables penalmente. Ello, no admite discusión.

4. Empero, el reclamante desatiende que en materia civil no basta para alcanzar la pretensión indemnizatoria, anunciar una serie de circunstancias que en su sentir comportan menoscabo para la víctima, como cuando se refiere a la imagen institucional de la Fiscalía General de la Nación quebrantada a consecuencia del delito. Como sujeto procesal, tiene una carga en cuyo cumplimiento le resultaba forzoso, en primer lugar, tratándose de perjuicios morales objetivados, probar, demostrar sumariamente su existencia; se le imponía al apoderado especial, a través de distintos elementos de prueba incorporados válida y oportunamente al trámite, acreditar su causación.

En otras palabras, en tratándose de perjuicios de esta naturaleza, la parte que los invoca está conminada a comprobar que esa persona jurídica sufrió una amenaza seria en su existencia o que su capacidad de operación o actividad se vio menguada, situación que lejos estuvo de concretarse. Con nada de ello cumplió el recurrente, lo que conlleva la improsperidad de su pretensión.

5. Ahora bien, bajo otra senda, el peticionario pide que se le imponga al declarado penalmente responsable la obligación de devolver los dineros y distintos emolumentos que percibió por parte de la fiscalía durante el tiempo en que perduró su actividad ilícita, exhibiendo para el efecto los documentos públicos que soportan el monto correspondiente.

Importa destacar, que una solicitud de tal naturaleza se ofrece refractaria al tema relacionado con la responsabilidad civil que se clama, al no existir ninguna relación de causalidad con la conducta objeto de sanción; justa o injustamente el ex fiscal ostentaba su condición de funcionario del ente investigador y por tal razón tenía derecho a recibir la asignación correspondiente.

De otro lado, no es la labor del juez penal dentro del trámite de incidente de reparación integral conminar —que sería en últimas a lo que se refiere la petición— al funcionario que ha delinquido dentro del rol de sus funciones, para que devuelva los dineros que muy seguramente, y eso no lo discute la Sala, el Estado ha malgastado en sus salarios al burlar el compromiso institucional y legal que asumió al momento de su posesión.

Si en gracia de discusión se aceptara el planteamiento, tendría que entrar a probar —lo que tampoco realizó— que efectivamente ninguna actividad propia de su rol realizó el funcionario, sin embargo, se encontraría en un escenario distinto que podría ser el de un peculado por apropiación al percibir unos dineros por una labor no realizada. Ciertamente no es este el caso.

Ahora, tampoco acierta el demandante al invocar la aplicación analógica del Código Sustantivo del Trabajo para justificar la pretensión indemnizatoria(16), toda vez que las cesantías y los intereses que se pierden al estructurarse una causal de despido en el sector privado, son distintos a lo que se percibe por salarios; en ningún caso el despido de un trabajador apareja la devolución del salario pues aquel no constituye una contraprestación social.

Pero aún hay más razones para desestimar la solicitud: el recurrente desatiende —en idéntico sentido lo precisó el funcionario plural de primera instancia al ocuparse de la temática— que para obtener un reconocimiento de tal naturaleza era su deber acreditar la ocurrencia de un perjuicio que tuviera como fuente el delito; no basta para su ponderación (única argumentación del apelante) indicar que los pagos recibidos por concepto de salarios tenían como finalidad que obrara correctamente y no que defraudara a la entidad, o que el ex funcionario fue declarado penalmente responsable, se requería, como viene de verse probar sumariamente su causación, lo que en el presente asunto no aconteció.

Son estas las razones por las que la Sala confirmará la decisión.

En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMAR la decisión de diecinueve (19) de septiembre de dos mil doce (2012) emitida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Penal, por medio de la cual se desestimaron parcialmente las pretensiones de la Fiscalía General de la Nación, quien actuó a través de apoderado especial, en su condición de víctima dentro del trámite penal.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».

(11) Cfr. Sentencia del 27 de junio de 2012. Rad. 39053.

(12) Fallo del 13 de abril de 2011. Rad. 34145.

(13) La jurisprudencia nacional distingue, como atrás se precisó, entre perjuicios morales subjetivados y objetivados. Por los primeros se entiende el dolor, sufrimiento, tristeza, angustia, miedo originados por el daño en la psiquis de la víctima y por los segundos, las repercusiones económicas que tales sentimientos puedan generarle. Esta última clase perjuicio y su cuantía debe probarse por parte de quien lo aduce. En tal sentido, su tratamiento probatorio es similar al de los perjuicios materiales, tal como fue expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-916 de 2002.

(14) En este sentido fallo del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, del 9 de marzo de 2011. Rad. 17175.

(15) Modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 3 de 2002. “La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo”.

(16) La Sala entiende que hace referencia al artículo 250 del Código Sustantivo del Trabajo que precisa: “Pérdida del derecho. 1. El trabajador perderá el derecho de auxilio de cesantía cuando el contrato de trabajo termina por algunas de las siguientes causas: a) todo acto delictuoso cometido contra el empleador o sus parientes...”.