Auto 40164 de octubre 31 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 403

Magistrada Ponente:

Dra. María del Rosario González Muñoz

Bogotá, D.C., octubre treinta y uno de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La corporación es competente para conocer de este asunto, habida cuenta que el numeral 4º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004 le asigna el conocimiento “de la definición de competencia cuando se trate de (...) juzgados de diferentes distritos”, como ocurre en este caso que involucra despachos de Cartagena y San Andrés Islas.

Como la referida cuestión se contrae a la atribución de competencia efectuada a los juzgados de San Andrés Islas, por cuanto se afirma que con posterioridad a la celebración de la audiencia de acusación se tuvo acceso a los elementos materiales probatorios que permitieron conocer sobre la comisión del delito en dicho lugar, se impone realizar las siguientes precisiones:

Al amparo del artículo 54 de la Ley 906 de 2004 “cuando el juez ante el cual se haya presentado la acusación manifieste su incompetencia, así lo hará saber a las partes en la misma audiencia y remitirá el asunto inmediatamente al funcionario que deba definirla, quien en el término improrrogable de tres (3) días decidirá de plano. Igual procedimiento se aplicará cuando se trate de lo previsto en el artículo 286 de este código y cuando la incompetencia la proponga la defensa” (destacado fuera del texto).

Por su parte, el artículo 55 ibídem establece que “se entiende prorrogada la competencia si no se manifiesta o alega la incompetencia en la oportunidad indicada en el artículo anterior, salvo que esta devenga del factor subjetivo o esté radicada en funcionario de superior jerarquía” (destacado fuera del texto original).

“En estos eventos el juez, de oficio o a solicitud del fiscal o de la defensa, de encontrar la causal de incompetencia sobreviniente en audiencia preparatoria o de juicio oral, remitirá el asunto ante el funcionario que deba definir la competencia, para que este, en el término de tres (3) días, adopte de plano las decisiones a que hubiere lugar (...)”.

En cuanto al alcance de las citadas disposiciones y, en particular, cuando la controversia sobre la competencia se suscite en torno al factor territorial, la Sala no ha sido uniforme, pues en algunas ocasiones ha entendido que la competencia asignada por el lugar de ocurrencia del delito es inmodificable y por tanto, no es dable prorrogarla por falta de manifestación o alegación en la audiencia de formulación de la acusación o de preclusión, mientras en otras ha partido del supuesto contrario.

Sea esta, por tanto, la oportunidad para que la Sala, en su función de unificación de la jurisprudencia nacional, zanje la controversia en cuestión, y defina de una vez que los conflictos de competencia ocasionados por el factor territorial no pueden alegarse luego de concluida la audiencia de acusación o preclusión si fuere el caso, pues fenecida dicha oportunidad, la competencia del juez que viene conociendo del asunto se prorroga, salvo las excepciones establecidas por el legislador.

En esa dirección y para efectos metodológicos, se ocupará la colegiatura en primer lugar de reseñar la disparidad de criterios, para enseguida precisar la postura desde ahora acogida y la solución al caso concreto.

1. Estado actual de la prórroga de competencia.

En algunos precedentes el criterio adoptado por la Sala consiste en que la competencia territorial, por ser expresión del legislador y manifestación del principio de juez natural es inquebrantable y por tanto, la declaración de incompetencia o su impugnación por alguno de los sujetos procesales por fuera de la oportunidad señalada en el artículo 54 citado, no conduce a la prórroga de competencia establecida en el artículo 55 del Código de Procedimiento Penal.

En este sentido, específicamente la corporación ha sostenido que:

“dicha prórroga, no puede comprender tampoco aquellos casos en que el juez en quien radicaría la competencia, lo sería por el factor territorial, no solo porque como ya se indicó, acorde a lo señalado en el artículo 43 la regla general es que el competente para conocer del juzgamiento es el juez del lugar donde ocurrió el delito, sino que así lo impone el principio constitucional del juez natural previsto en el artículo 29 de la Carta, según el cual “nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”(1) (destacado fuera del texto original).

Igualmente, en posterior decisión precisó:

“la competencia por el factor territorial está determinada por el lugar de comisión del delito, de manera que la falta de manifestación o impugnación de la competencia, incluso de su tardía declaración por fuera del escenario ideal de la audiencia de formulación de la acusación, no la prorroga; si la misma no fuera imperativa, no existiría la competencia excepcional a que se refiere el artículo 44 del Código de Procedimiento Penal, con la cual se busca preservar los principios inherentes al sistema acusatorio.

(...).

No hay duda que la competencia territorial diferida por la ley es inmodificable, salvo los motivos que dan lugar al cambio de radicación —artículo 46 de la Ley 906 de 2004—, de manera que la misma no puede depender de la actitud o no del juez o de los intervinientes; la prórroga de la competencia por falta de manifestación o alegación de causales de incompetencia en la audiencia de formulación de la acusación o de preclusión, —se insiste— no comprende a la competencia por el factor territorial” (destacado fuera del texto)(2).

Como viene de verse, la Sala estableció una excepción adicional a las dos contempladas en la norma respectiva, por cuanto condicionó la prórroga de la competencia a los eventos diversos de los casos en que: (i) deba apreciarse la calidad de los sujetos intervinientes en el proceso, (ii) se establezca que la competencia está radicada en funcionario de mayor jerarquía y (iii) no se trate de debates sobre la competencia por el factor territorial.

Desde distinto punto de vista, en otros pronunciamientos la corporación aludió al presupuesto que debe verificarse para dar trámite a una definición de competencia planteada en la audiencia preparatoria o de juicio oral, esto es, que el cambio de competencia provenga de una situación nueva o desconocida para el instante en que se celebró la audiencia de formulación de acusación, lo cual dista de ser reflejo en el presente asunto.

Específicamente se precisó en dicho precedente lo siguiente:

“el mencionado artículo 55 establece como condición para dar trámite a dicho mecanismo que el cambio de competencia provenga de una causal ´sobreviniente´. Es decir, debe tratarse de una situación nueva surgida, o bien de los elementos probatorios posteriormente recaudados, o como lo señaló la Sala en la sentencia del 18 de marzo de 2009(3), de la activación de los mecanismos de sentencia anticipada en caso de concurso de hechos punibles que conduzca a la ruptura de la unidad procesal y al cambio de competencia con respecto al delito por el cual debe continuarse la actuación” (Destacado fuera del texto)(4).

Al unísono con tal planteamiento, según el cual los conflictos de competencia suscitados por el factor territorial no pueden alegarse en cualquier tiempo, la Corte tuvo oportunidad de precisar en sede de casación, lo siguiente:

“El fundamento de la prórroga de competencia radica en buscar la efectividad de la función pública y más, concretamente, en materializar los principios de celeridad y eficiencia previstos en los artículos 4º y 7º de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la administración de justicia), en orden a que las actuaciones judiciales se tramiten y resuelvan en forma pronta, cumplida y diligente, desde luego, con respeto de las garantías fundamentales de las partes e intervinientes(...)”(5).

Conforme a ello, en el mismo precedente indicó:

“En relación con el tema de la prórroga, la primera hipótesis no se remite a mayor controversia. En caso de que ni el juez ni alguna de las partes muestre inconformidad en torno a la competencia, esta se prorroga automáticamente, salvo si se trata del factor subjetivo o si la competencia queda radicada en funcionario de superior jerarquía” (destacado fuera del texto).

2. Unificación jurisprudencial.

Si bien la razón por la cual la colegiatura optó en las primeras decisiones aludidas por adicionar la excepción mencionada, obedeció a la intención de propender por la irrestricta observancia de los mandatos legales que asignan la competencia conforme al lugar de comisión del delito, una nueva ponderación de dicha temática conduce a recoger aquí esa postura jurídica sostenida en los precedentes citados, para declarar ahora, conforme al principio general del derecho “ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus”, que si el legislador no estableció ninguna otra excepción a la prórroga de la competencia luego de fenecida la oportunidad de impugnarla o alegarla, no debe la Sala así disponerlo.

De acuerdo con lo anterior, el razonamiento finalmente propuesto busca en mayor dimensión ser consecuente con la interpretación restrictiva consagrada por el mismo órgano representativo en punto de las normas de excepción; pues si ello es así, no es posible realizar una labor hermenéutica que a la postre las convierta en la generalidad del postulado.

En el marco de esta conceptualización, de cara al respeto por la coherencia y la integridad del derecho, intrínseco de la interpretación judicial, debe decirse que resulta más armónico con los postulados generales del sistema penal acusatorio y, en particular, con el principio de preclusión de los actos procesales, que concluida esa etapa señalada en la norma para la declaración judicial de incompetencia o su impugnación por alguno de los intervinientes —audiencia de formulación de acusación—, fenece la oportunidad para suscitar posteriormente debates en torno de dicho aspecto, salvo que subsista alguna de las excepciones previstas de manera expresa por el legislador, esto es, que la incompetencia devenga por el factor subjetivo o emerja propia de un funcionario de mayor jerarquía.

3. El asunto analizado.

En el caso objeto de examen, el incidente se sustenta en el contenido de los elementos materiales probatorios anexos al escrito de acusación y descubiertos en la audiencia de formulación de los cargos, supuestamente declarativos de la comisión de los delitos con exclusividad en San Andrés Islas, lo cual descarta que tal conocimiento fuere novedoso para el momento en que se formuló la impugnación, al inicio de la audiencia preparatoria.

La Sala, por tanto, ha de señalar aquí que resultan extemporáneas las disquisiciones sobre la competencia promovidas por el factor territorial luego de agotada la audiencia de formulación de acusación; interpretación que a buena hora impide la posibilidad de perpetuar los debates en torno al mencionado asunto hasta instancias lejanas al objeto de saneamiento de la actuación, lo cual sin duda contribuye a frenar las dilaciones procesales y le imprime celeridad a la actuación.

Así las cosas, la corporación considera que dada la extemporaneidad de la impugnación de competencia por parte de la defensa por cuanto el factor territorial no determina por voluntad del legislador excepción a la oportunidad dispuesta para plantearla, se ordena la devolución inmediata del expediente al juzgado penal del circuito especializado adjunto de Cartagena, a fin de que prosiga con la audiencia preparatoria.

En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. DECLARAR improcedente por extemporánea la impugnación de competencia propuesta por la defensa, de acuerdo con las razones consignadas en la parte motiva de este auto.

2. DEVOLVER el proceso al juzgado penal del circuito especializado adjunto de Cartagena, para lo de su cargo.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase».

(1) Auto de octubre 10 de 2006, radicación 26.203

(2) Auto de 21 de octubre de 2010, radicación 35.196

(3) Radicación 30710.

(4) Auto de 21 de abril de 2010, radicado 33761

(5) Sentencia del 18 de marzo de 2009, radicación 30.710