Auto 4019 de octubre 17 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

SUSPENSIÓN PROVISIONAL

APELACIÓN DEL AUTO QUE LA DECIDE

EXTRACTOS: «La Sala considera pertinente hacer claridad sobre tópicos involucrados en la alzada, como son la remisión al Código de Procedimiento Civil y el objeto de la consignación que se impone al demandante para sufragar los gastos ordinarios del proceso.

3.1. La apelación del auto que decreta la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo “no suspenderá la tramitación del proceso ante el inferior, el cual actuará con la copia de las piezas correspondientes, cuyos originales se enviarán al Consejo de Estado” (art. 155, inc. 3º, CCA).

Siendo así, se hace menester admitir que tal recurso se concede en el efecto diferido y no propiamente en el suspensivo. Ahora bien, el Código Contencioso Administrativo no regula lo atinente a los efectos en que se concede la apelación (efectos suspensivo, diferido y devolutivo), ni lo relacionado con el envío del expediente o de sus copias, en caso de concederse la apelación, por lo cual se impone la remisión al Código de Procedimiento Civil, conforme lo dispone el artículo 267 del CCA.

Los incisos tres y cuatro del Código de Procedimiento Civil, disponen:

“Cuando la apelación fuere en el efecto devolutivo o en el diferido, se remitirá al superior copia de las piezas que el juez señale, la cual se compulsará a costa del apelante.

En el auto que concede la apelación el juez determinará las piezas cuya copia se requiera; si el apelante no suministra lo necesario para la copia dentro del término de cinco días a partir de la notificación de dicho auto, el recurso quedará desierto” (relieva la Sala).

Esta disposición es aplicable al trámite de la suspensión provisional si se toma en cuenta:

a) No es incompatible con la naturaleza de los procesos contencioso administrativos, en la medida en que el decreto de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo no procede de oficio.

b) El inciso 3º del artículo 181 del CCA dispone que “por lo general el recurso (de apelación) se concederá en el efecto suspensivo”. Ello significa que en casos especialmente previstos puede concederse en otro efecto, como sucede con la apelación del decreto de suspensión provisional.

c) El efecto diferido en que se concede una apelación es aquel en que “...se suspenderá el cumplimiento de la providencia apelada, pero continuará el curso del proceso ante el inferior en lo que no dependa necesariamente de ella” (art. 354, numeral 3º CPC), lo cual acontece de modo exacto en la apelación del auto que decreta la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo.

Al aplicarlo así, el a quo integró adecuadamente la ley, sin que por ello haya seguido un procedimiento distinto.

3.2. El artículo 207, numeral 4º, del CCA ordena que en el auto admisorio el ponente debe disponer que el demandante deposite, en el término que al efecto le señale, la suma que prudencialmente se considere necesaria para pagar los gastos ordinarios del proceso.

Debe entenderse que tales serán aquellos en que haya de incurrirse en razón del proceso incoado por el demandante y que él esté obligado a sufragar (notificaciones, publicaciones, copias, edictos, correo, etc.) como parte de su deber de colaborar con el adelantamiento normal del proceso.

Carece de sindéresis pretender que el valor consignado por el demandante deba servir para atender gastos originados en la actividad de su contraparte. No tiene sentido que si la entidad demandada llama a una tercera persona en garantía, la notificación o emplazamiento de la misma deba asumirlos el demandante; igual acontece si la parte demandada solicita copias del proceso o pide pruebas que demanden costos, v. gr. el pago de peritos, etc. En el mismo orden de ideas, si es la demandada quien apela del auto que decreta la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, es a ella quien corresponde asumir el costo de las copias del proceso con las cuales se pueda continuar la tramitación del mismo ante el Tribunal, so pena de la declaratoria de desierto del recurso, como lo establece la ley procesal.

La pretensión de que tales copias se sufraguen con lo consignado por el demandante suena a despropósito, aun bajo la consideración de que en los procesos de nulidad y de carácter electoral no hay lugar a costas. Obsérvese que el artículo 171 del CCA se refiere a que no habrá condena en costas en los procesos antes mencionados “para el litigante particular” porque para la Nación, los departamentos, los distritos y los municipios existe el privilegio de no ser condenados “en ningún caso” al pago de agencias en derecho (art. 392, CPC), lo que no excluye que estas entidades asuman los gastos que la defensa de su actuación les implique».

(Auto de octubre 17 de 1996. Expediente 4019. Consejero Ponente: Dr. Juan Alberto Polo Figueroa).

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