Auto 40242 de diciembre 12 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 458

Magistrada Ponente:

Dra. María del Rosario González Muñoz

Bogotá D.C., doce de diciembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Corte es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos por la defensa y el apoderado de Honorato Galvis Panqueva contra la providencia dictada en este proceso, de conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, por cuanto versa sobre un auto proferido en primera instancia por el Tribunal Superior de Cartagena.

En orden a definir la impugnación propuesta, la Sala considera indispensable precisar, i) la oportunidad en la cual se debe hacer el reconocimiento de las víctimas; ii) el concepto de víctima dentro del proceso penal; iii) la impugnación de la defensa; iv) la apelación de Honorato Galvis Panqueva.

i) Precisión inicial

Como la defensa cuestiona al tribunal a quo su decisión de iniciar la audiencia de acusación con el reconocimiento de las víctimas y no con la lectura del escrito de acusación, en lo cual observa una alteración del rito de la diligencia que dificultó discernir quien ostenta la calidad de perjudicado, la Sala, en ejercicio de su labor hermenéutica, considera conveniente referirse a dicho aspecto.

El artículo 339 de la Ley 906 de 2004 establece el orden a seguirse en la audiencia de formulación de acusación, así,

“ART. 339.—Trámite. Abierta por el juez la audiencia, ordenará el traslado del escrito de acusación a las demás partes; concederá la palabra a la fiscalía, Ministerio Público y defensa para que expresen oralmente las causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las observaciones sobre el escrito de acusación, si no reúne los requisitos establecidos en el artículo 337, para que el fiscal lo aclare, adicione o corrija de inmediato.

Resuelto lo anterior concederá la palabra al fiscal para que formule la correspondiente acusación (...)”.

Sin embargo, dentro de la secuencia establecida en esa preceptiva no se menciona la oportunidad dentro de la cual debe hacerse el reconocimiento de la víctima previsto en el artículo 340 ibídem.

“ART. 340.—La víctima. En esta audiencia se determinará la calidad de víctima, de conformidad con el artículo 132 de este código. Se reconocerá su representación legal en caso de que se constituya. De existir un número plural de víctimas, el juez podrá determinar igual número de representantes al de defensores para que intervengan en el transcurso del juicio oral”.

De esta forma, aunque la citada preceptiva establece la participación de la víctima en la etapa del juicio y su reconocimiento en la audiencia de formulación de acusación,(2) tampoco indica el momento preciso en el cual debe realizarse.

Al no preverse un estadio particular para examinar la temática de las víctimas, resulta razonable iniciar la audiencia de acusación definiendo a qué personas les asiste derecho a obtener ese estatus, pues con ello se garantiza su participación como intervinientes especiales desde los albores del juicio con la posibilidad de recibir el traslado del escrito de acusación, expresar causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones o nulidades y efectuar observaciones al escrito de acusación(3).

Entonces, contrario a lo considerado por la defensa, en ninguna irregularidad incurrió el Tribunal Superior de Cartagena al iniciar la audiencia de formulación de acusación con el examen de las postulaciones de quienes aspiran al reconocimiento como víctimas, en tanto la ley no consagra un orden específico para la revisión de ese aspecto y, además, con tal proceder se garantiza la intervención temprana e integral en la fase del juicio de quienes ostentan tal condición.

ii) El concepto de víctima

Acorde con el artículo 132 de la Ley 906 de 2004, “se entiende por víctimas, para efectos de este código, las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño como consecuencia del injusto”.

De esta manera, víctima es toda persona natural o jurídica que, individual o colectivamente, ha sufrido algún daño como consecuencia del injusto, menoscabo que debe ser real, concreto y específico, cualquiera sea su naturaleza(4).

En tal sentido, la Sala ha señalado lo siguiente,

“Según el artículo 132 de la Ley 906 de 2004, víctima es toda persona natural o jurídica que individual o colectivamente ha sufrido algún perjuicio como consecuencia del injusto, calidad que le otorga el derecho de acceder a la actuación e impone reconocerla como tal en el proceso.

Sin embargo, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación que habilitan tal intervención no son absolutos en cuanto se requiere la acreditación de un daño concreto, baremo que también se traslada al campo del ejercicio impugnatorio al ser necesario que quien promueva los recursos, además de tener legitimación en el proceso, dado el reconocimiento como interviniente o parte, tenga legitimación en la causa a través del interés jurídico para atacar la decisión si le ha irrogado algún perjuicio”(5) (negrillas fuera de texto).

De lo anterior se sigue que para obtener el referido reconocimiento se debe acreditar, por lo menos en forma sumaria, la configuración de un daño específico infringido con la conducta delictiva investigada a la persona natural o jurídica que pretende la calidad de víctima.

Así mismo, la definición de dicho aspecto demanda en el operador judicial el estudio del contexto dentro del cual se aduce la producción del daño, así como de los medios de convicción y argumentos entregados para demostrar dicho tópico, en tanto la simple manifestación de haber sufrido un perjuicio no habilita al peticionario a acceder a tal reconocimiento, el cual es indispensable para actuar como interviniente procesal.

iii) Impugnación de la defensa

El defensor del doctor Orlando Luis Puello Ortega solicita revocar el auto impugnado respecto del reconocimiento como víctimas de quienes fungieron como demandantes en los procesos civiles, por cuanto, en su opinión, no cumplen las exigencias del artículo 132 de la Ley 906 de 2004, pues no han recibido ningún daño porque Corelca S.A. les canceló la deuda, al punto que están inscritos en el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble entregado en dación en pago.

A pesar de lo anterior, la Corte encuentra infundada esta impugnación, pues tal como lo expuso el tribunal a quo, la extensa secuencia fáctica expuesta en la resolución de acusación refiere cómo los demandantes dentro de los procesos de responsabilidad civil extracontractual podrían tener afectados unos derechos con ocasión de las conductas punibles imputadas al procesado, por cuanto el doctor Puello Ortega autorizó un acuerdo conciliatorio por cuyo medio el bien ofrecido para el pago de sus acreencias pasó a poder de terceras personas sin relación jurídica o material con los beneficiarios de los fallos judiciales, defraudando sus expectativas de obtener solución de pago.

De esta manera, acorde con los acontecimientos expuestos en la acusación, estas personas sí habrían afrontado un daño real y concreto como consecuencia de los comportamientos investigados.

En ese orden, deviene impertinente el argumento del impugnante según el cual Corelca S.A. ya canceló dichas acreencias, pues tal manifestación desconoce el contexto fáctico propuesto en el pliego acusatorio. Con esa actitud procesal se pasa por alto que el reconocimiento de las víctimas se realiza a partir de los hechos propuestos en la acusación, siendo improcedente anticipar el debate sobre la materialidad del delito y su tipicidad, so pretexto de cuestionar dicho tópico.

De otra parte, tal como lo informa el Ministerio Público, no puede soslayarse que los peticionarios figuran como copropietarios del inmueble ofrecido en dación en pago en atención a la orden emitida dentro de una acción de tutela y no porque Corelca S.A. efectivamente les cancelara sus acreencias.

En suma, los argumentos ofrecidos por este impugnante no logran desvirtuar los fundamentos entregados por el tribunal a quo para reconocer a Juana Castro Vethan, Elizabeth María Castro, Ángel María Castro, Adriana Caro, Diofanor García, América viuda de Zabaleta, Nubia Castro, Yulieth Castro, María Jiménez, Ángel Navarro, Guillermo Gómez, Carlos Barraza, Francisco Cabrales, Inés Arias y Raquel de Almanza como víctimas dentro de esta actuación, razón por la cual se confirmará, por este aspecto, el proveído impugnado.

iv) Impugnación de Honorato Galvis Panqueva

Sobre la sustentación del recurso

Dado que la Fiscalía y el Ministerio Público piden declarar desierto el recurso incoado por el apoderado de Honorato Galvis Panqueva, al considerar que no fue sustentado en debida forma, la Sala revisará dicho tema en forma prioritaria.

El reparo se concreta en que el recurrente no se habría referido al principal argumento del tribunal a quo, según el cual el peticionario adquirió los derechos con posterioridad a la consumación de los actos delictivos atribuidos al acusado, situación que lo despoja de la calidad de perjudicado.

Con todo, la corte encuentra que esta censura no tiene respaldo en el decurso procesal en tanto el impugnante sí expuso las razones de su disenso y, además, se refirió a la citada tesis al indicar que si bien el peticionario adquirió los derechos con posterioridad al acontecer delictivo, no conocía de la existencia del mismo. Por ello, la corporación conocerá del recurso de apelación y decidirá de fondo sobre el reproche formulado.

Del recurso

El apelante insiste en la condición de víctima de Honorato Galvis Panqueva porque adquirió de buena fe unos derechos de crédito basado en la existencia de providencias judiciales en firme, motivo por el cual tiene interés en el resultado del proceso.

Pues bien, la Sala colige que no le asiste razón al impugnante por cuanto en el proceso penal seguido en contra del doctor Orlando Luis Puello Ortega no se cuestiona la legalidad y validez de las sentencias proferidas en los procesos de responsabilidad civil extracontractual y en ejecutivos derivados de aquellos, cuyos derechos adquirió Galvis Panqueva, sino las actuaciones del funcionario posteriores a la emisión de esos proveídos, pero, en todo caso, anteriores a la compra de los créditos por parte del peticionario.

Así, nótese cómo las conductas discutidas se remontan al año 2009 y, en particular, al 15 de noviembre de esa anualidad, cuando el doctor Puello Ortega, a la sazón titular del Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Mompox, declaró terminados los procesos ejecutivos por pago y ordenó levantar las medidas cautelares decretadas en esa actuación, mientras que la adquisición de los derechos de crédito se produjo entre los meses de junio y agosto de 2011 cuando ya se habían concretado dichos comportamientos.

En ese orden, no se evidencia que Honorato Galvis Panqueva haya recibido daño como consecuencia de las conductas delictivas imputadas al acusado por cuanto la fecha de adquisición es posterior a la realización de las mismas.

En otro sentido, debe considerarse que la compra de algunos créditos a los beneficiarios de los fallos judiciales faculta al señor Galvis Panqueva a cobrar dichas acreencias por el medio que considere pertinente, no siendo el proceso penal el escenario idóneo para ello. Lo anterior, además, porque a los particulares les corresponde actuar con prudencia en la tutela de sus propios intereses, por manera que un negocio como el planteado imponía la revisión de los procesos de los cuales se derivaban los derechos que por más de mil millones de pesos se adquirían, momento en la cual se pudieron advertir las dificultades originadas en esa actuación.

En síntesis, la época y el contexto dentro del cual se produjo la compra de derechos por parte del señor Honorato Galvis Panqueva, señalan que no ostenta la condición de víctima en relación con los hechos objeto de juzgamiento en el proceso adelantado contra el doctor Orlando Luis Puello Ortega, razón por la cual se confirmará la determinación impugnada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

CONFIRMAR la providencia del 1 de octubre de 2012 del Tribunal Superior de Cartagena en cuanto fue objeto de impugnación, por las razones expuestas en la anterior motivación.

Contra esta decisión no procede recurso alguno; comuníquese y devuélvase al tribunal de origen».

(2) Situación que no impide su participación en etapas anteriores, como reiterada y pacíficamente lo ha establecido la jurisprudencia constitucional y penal.

(3) Reconociendo estas facultades a la víctima se ha pronunciado la corporación en el proveído del 7 de diciembre de 2011, Radicado 37596, entre otros. Así mismo la Corte Constitucional en Sentencia C-209 de 2007 estableció: “11.3. (...) Si bien es cierto que la Constitución radicó la facultad de acusación en la Fiscalía, no se ve una razón objetiva y suficiente que justifique la exclusión completa de la víctima en la fijación de su posición frente a la acusación, puesto que la intervención de la víctima no supone una modificación de las características estructurales del sistema penal con tendencia acusatoria, ni una transformación de la calidad de interviniente especialmente protegido que tiene la víctima. La fijación de su posición no afecta la autonomía del fiscal para acusar, ni mucho menos lo desplaza en el ejercicio de las facultades que le son propias. Esta exclusión de las víctimas genera una desigualdad injustificada frente a los demás actores del proceso que desprotege sus derechos. Por ello, tanto la limitación que hace el artículo 337, de restringir la finalidad de la entrega del escrito de acusación “con fines únicos de información”, como la omisión de incluir a la víctima (o a su apoderado) en la audiencia de formulación de acusación para que haga observaciones, solicite su aclaración o corrección o para que se manifieste sobre posibles causales de incompetencia, recusaciones, impedimentos o nulidades, significa un incumplimiento de los deberes constitucionales que tiene el legislador en la protección de los derechos de la víctima.

Por lo expuesto, la Corte declarará la inexequibilidad de la expresión “con fines únicos de información” contenida en el inciso final del artículo 337 de la Ley 906 de 2004. Igualmente, declarará la exequibilidad del artículo 339 en el entendido de que la víctima también puede intervenir en la audiencia de formulación de acusación para elevar observaciones al escrito de acusación o manifestarse sobre posibles causales de incompetencia, recusaciones, impedimentos o nulidades” (negrillas fuera de texto).

(4) Sobre el concepto de víctima también se ha ocupado la Corte Constitucional en las siguientes sentencias: C-228 de 2002, C-516 de 2007, C- 209 de 2007, entre otras.

(5) Cfr. providencias del 11 de noviembre de 2009, Radicado 32564; 6 de marzo de 2008, Radicado 28788 y Radicado 26703; 1º de noviembre de 2007, Radicado 26077; 10 de agosto de 2006, Radicado 22289.