Auto 40249 de noviembre 13 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Definición de competencia 40249

Magistrado Ponente:

Dr. Javier Zapata Ortiz

Aprobada acta número 416

Bogotá, D.C., trece de noviembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La Corte es la llamada a resolver la definición de competencia formulada por la magistrada con función de control de garantías de justicia y paz del Tribunal Superior de Bogotá, en aplicación de los artículos 32.4 y 341 de la Ley 906 de 2004.

La controversia gira sobre el eje temático de cuál es el funcionario judicial competente para conocer de las solicitudes de libertad dentro de los procesos de la justicia transicional reglada por la Ley 975 de 2005, en los eventos en que se ha dictado sentencia de primera instancia y la decisión aún no se encuentra en firme, como ocurre en el presente caso, en el que se está surtiendo el recurso de apelación ante la Sala de Casación Penal de esta corporación.

Lo primero que se debe precisar para dilucidar el asunto, es determinar la normatividad llamada a gobernar el problema planteado.

Al efecto, el numeral 8º del artículo 154 de la Ley 906 de 2004, determina: “Las peticiones de libertad que se presenten con anterioridad al anuncio del sentido del fallo”. A su vez, el artículo 62 de la Ley 975 de 2005 establece: “Para todo lo no dispuesto en la presente ley se aplicará la Ley 782 de 2002 y el Código de Procedimiento Penal”.

Para la colegiatura resulta desafortunado el alcance hermenéutico que pretende dar el magistrado de conocimiento, al concluir que conforme al artículo 154 en concordancia con el artículo 32 de la Ley 906 de 2004, se fija la competencia para decidir sobre las solicitudes de libertad, en los jueces de control de garantías, pues de manera expresa y sobre este tópico, dice todo lo contrario, que lo serán los jueces de control de garantías, pero hasta antes de producirse el sentido del fallo.

Entonces, de acuerdo a una interpretación sistemática, las peticiones concernientes a la libertad en la Ley 975 de 2005, cuando no le correspondan al magistrado de garantías, necesariamente deben ser conocidas y decididas por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del respectivo tribunal, lo anterior, atendiendo que dentro del marco de la denominada ley de “justicia y paz” hasta el momento, las dos autoridades con funciones jurisdiccionales son los magistrados de garantías y conocimiento. Se suma a lo anterior, que una vez surtida la audiencia de decisión o sentido del fallo, la Ley 906 de 2004 le otorga al juez de conocimiento facultades para un amplio espectro de decisiones en materia de libertad del acusado, entre ellas, se debe entender, las que concita la atención de la Sala.

Además, atendiendo a la función pedagógica de la Corte, es oportuno precisar lo afirmado por esta corporación(1) respecto de la competencia para decidir peticiones cuando el proceso no ha terminado, por encontrarse corriendo términos de Casación o al despacho pendiente de su resolución:

“1. Cuando la sentencia no se encuentra ejecutoriada por estar pendiente la resolución de los recursos, y del contenido de la solicitud se establece que el procesado aspira a obtener su libertad o cualquier beneficio administrativo previsto en la Ley 65 de 1993, el artículo 231 del anterior estatuto procesal penal habilitaba expresamente a la Corte para que durante el trámite del recurso extraordinario de casación resolviera las solicitudes inherentes a la libertad del procesado; empero, el artículo 19 transitorio de la Ley 553 de 2000 derogó expresamente tal disposición, al señalar que corresponde al juez de primera instancia resolver lo pertinente.

Esta norma transitoria conservó su vigencia al entrar a regir el nuevo Código de Procedimiento Penal (L. 600/2000), no solo porque reguló en forma temporal un ámbito de la competencia en materia penal (mientras esté en trámite el recurso extraordinario de casación), vinculándola a una específica situación procesal, que no desaparece por el cambio operado en el régimen procedimental; sino también porque ninguna contrariedad se advierte entre el nuevo régimen y dicha regla transitoria, de manera que no queda cobijada por la derogatoria general contemplada en el artículo 535.

Al no reproducir el nuevo código de procedimiento penal una norma similar o equivalente al artículo 231 derogado, las peticiones inherentes a la libertad del procesado deben ser resueltas por el juzgado de primera instancia, quedando abarcadas dentro del concepto genérico de libertad las solicitudes de redención de pena destinada a la demostración de requisitos para acceder a beneficios administrativos, entre otras.

En este caso, por supuesto, la denominación de juez de primera instancia corresponde a la del funcionario que profirió el fallo condenatorio, a quien con carácter estrictamente provisional corresponde resolver la solicitud presentada por el procesado, con fundamento en el artículo 19 transitorio de la Ley 553 de 2000”(2).

De este modo, habrá de regresar el asunto al magistrado de conocimiento de Bogotá, para lo de cargo.

En mérito de lo expuesto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

ORDENAR la remisión de la actuación al magistrado con funciones de conocimiento del Tribunal Superior de Bogotá para que sin dilaciones resuelva la aludida petición de libertad.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase».

(1) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Radicado 32538 del 23 de junio de 2010.

(2) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Radicado 23392 del 16 de diciembre de 2005 y Radicado 19137 del 6 de marzo de 2002.