Auto 40330 de marzo 6 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Julio Enrique Socha Salamanca

Aprobado Acta 69

Bogotá, D.C., seis de marzo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La Corte es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos contra los autos y sentencias que profieran en primera instancia los tribunales superiores de distrito judicial, de conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004.

La Sala tiene establecido que es procedente impugnar la providencia judicial que admite la práctica de pruebas en el juicio, cuando concurren los siguientes supuestos:

“a. Derivado de la sistemática reglada en la Ley 906 de 2004, por cuanto la iniciativa probatoria está en cabeza de las partes, con exclusión del juez, quien asume la condición de árbitro, razón por la cual los intervinientes no solo tienen el derecho que se declaren admisibles aquellas pruebas que apoyan su teoría del caso sino de oponerse a las que postula la parte contraria.

b. En razón del proceso de depuración probatoria que se realiza en la audiencia correspondiente, en orden a que las pruebas que se lleven al juicio oral cumplan realmente las condiciones de conducencia, pertinencia y utilidad, en aras de la efectivización de los principios de concentración y eficacia probatoria”(13).

Así las cosas, las partes del trámite penal, incluido el Ministerio Público en su condición de interviniente especial(14), están habilitadas para recurrir las decisiones de carácter probatorio que se adopten en la audiencia preparatoria, sin importar el contenido de la decisión, es decir, si admite o niega la práctica de pruebas en el juicio.

2. En el presente caso el tribunal accedió a varias de las pruebas pedidas por el defensor en la audiencia preparatoria, como introducir en el juicio oral las copias de los autos de mandamiento de pago proferidos por diferentes jueces civiles del circuito y municipales, y recibir el testimonio de Antonio José Urdinola.

La Fiscalía recurrió por vía horizontal lo concerniente a tal declaración, en tanto que el Ministerio Público interpuso similar recurso y subsidiariamente, el de apelación respecto de la incorporación en el juicio de las copias simples de las decisiones judiciales proferidas por jueces civiles que contienen mandamientos de pago, y el representante de las víctimas el de apelación acerca de las mismas pruebas.

3. Frente a los recursos de apelación interpuestos surgen los siguientes problemas jurídicos que debe resolver la Sala: (i) Establecer si el representante de las víctimas está legitimado para recurrir la decisión que niega o accede a la práctica de pruebas en el juicio oral, no solicitadas por él. (ii) Determinar si las copias de los mandamientos de pago proferidos por diferentes jueces civiles para demostrar una praxis judicial se pueden admitir como prueba, y si las mismas satisfacen los requisitos de conducencia y pertinencia frente a los hechos y conductas atribuidas a la procesada en este caso.

3.1. Legitimidad del representante de las víctimas para impugnar las decisiones probatorias adoptadas en la audiencia preparatoria.

Esta Sala de la Corte de tiempo atrás ha venido prohijando la intervención de las víctimas en desarrollo del proceso regido bajo las formas establecidas en la Ley 906 de 2004, en los términos concebidos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-454 de 2006, por medio de la cual se introdujo dentro de la redacción del artículo 357 de la Ley 906 de 2004, facultándola para hacer “solicitudes probatorias”, con la advertencia que tal habilitación se daba en “igualdad de condiciones que la defensa y la Fiscalía”(15).

Es por esto por lo que también ha puntualizado que la facultad para solicitar pruebas y, por contera, para impugnar la decisión que resuelve sobre ellas, debe valorarse a partir de quienes tienen la potestad para intervenir en su práctica, de tal suerte que si la Fiscalía y la defensa son las únicas partes llamadas a cumplir tal finalidad, las víctimas no están legitimadas para recurrir respecto de las pruebas que no solicitó directamente o por intermedio de la Fiscalía en las oportunidades que tenía para ese cometido.

Lo anterior bajo el entendimiento de que las víctimas tienen la carga de hacer causa común con la Fiscalía, pues esta es la titular de la acción penal, la dueña de la acusación y la única llamada a introducir las pruebas. Por lo tanto, las solicitudes probatorias de las víctimas como su disenso respecto de las pruebas admitidas a la defensa, son aspectos que debe canalizar a través del ente acusador como su único interlocutor válido que puede allegarlas y controvertir en el debate oral(16).

En este sentido, la Sala tiene precisado:

“La Fiscalía no apeló esa negativa, como sí lo hizo el apoderado de las víctimas reconocidas, lo cual llama a cuestionarse si, tratándose de prueba no pedida por este interviniente, está legitimado en la causa por la que aboga, o, lo que es lo mismo, si cuenta con interés jurídico para recurrir.

La respuesta debe ser negativa, por cuanto en el sistema procesal de la Ley 906 del 2004 la Fiscalía es la titular, la dueña, de la acción penal y la única habilitada para practicar las pruebas en el juicio, teniendo, además, la carga de probar la materialidad del delito y la responsabilidad del acusado.

Lo establecido en el esquema procesal, especialmente para el debate probatorio del juicio oral, es un sistema de partes, donde cada una de ellas tiene la libertad de aportar medios probatorios, de retirarlos o de renunciar a ellos, contexto dentro del cual se tiene que si a una parte le es negada una prueba y expresamente se abstiene de controvertir esa decisión, tal proceder se impone entenderlo como renuncia a la introducción del medio rechazado.

Así, además, expresamente lo refirió la Fiscalía, pues adujo que se abstenía de interponer recursos, pues con las pruebas restantes probaría con suficiencia lo que pretendía acreditar con la negada.

En esas condiciones, cuando la parte renuncia de manera expresa a la práctica de una prueba, tal decisión es de su resorte exclusivo, sin que un interviniente pueda cuestionar el tema, y ello sucede cuando la víctima interpone recurso respecto de una negativa en la cual la Fiscalía estuvo conforme”(17).

En el caso bajo examen, el tribunal accedió a que en el juicio oral la defensa introdujera copias simples de varias decisiones por medio de las cuales jueces civiles del circuito y municipales libraron mandamiento de pago en procesos que no guardan ninguna relación con aquel en donde se originó la actuación por la cual se acusó a la procesada por las presuntas conductas delictivas de prevaricato por acción, prevaricato por omisión y cohecho, así como a la práctica del testimonio de Antonio José Urdinola.

En contra de tales determinaciones, la Fiscalía solamente interpuso recurso de reposición contra la decisión de autorizar la introducción en el juicio de las copias de los aludidos mandamientos de pago, no consideró necesario recurrir verticalmente la decisión de instancia, como sí lo hicieron el Ministerio Público y el representante de las víctimas.

En consecuencia, cuando la Fiscalía, como en este caso, no interpone subsidiariamente el recurso de apelación, debe entenderse que tal situación corresponde a una decisión de su resorte exclusivo sin que el representante de las víctimas esté legitimado para recurrir sobre un aspecto que solo involucre a las partes.

En estas condiciones, indudable es que las víctimas carecen de interés jurídico para recurrir la decisión por medio de la cual el a quo accedió a la práctica en el juicio oral de las pruebas solicitadas por la defensa, por lo que la Sala se abstendrá de resolver la apelación interpuesta por su representante judicial.

3.2. Las copias de los autos de mandamiento de pago proferidos por diferentes jueces civiles para demostrar la praxis judicial y su pertinencia en el caso bajo examen.

En relación con las copias de documentos públicos que se introducen en el juicio oral, esta Sala de la Corte se ha pronunciado en diferentes oportunidades acerca de que no se requiere su presentación en original, según lo dispuesto por el artículo 434 de la Ley 906 de 2004 en concordancia con el artículo 433 ejusdem(18), en tal sentido tiene precisado:

“Es que, la introducción de los documentos, objetos u otros elementos al juicio oral se cumple a través de un testigo de acreditación, quien se encargará de corroborar que el elemento, objeto o documento es lo que la parte dijo que era y no otra cosa(19).

Específicamente en lo que se refiere a los documentos públicos, consagra la legislación procesal (L. 906/2004) una presunción legal de autenticidad (art. 425), al señalar que “Salvo prueba en contrario, se tendrá como auténtico (...) los documentos o instrumentos públicos (...).

Entonces, los que no están incluidos en esa deben autenticarse conforme lo dispone el artículo 426 ídem:

(...).

En consecuencia, no se requiere la presentación del texto original, porque se trata de un documento público, cuya autenticidad se presume y está expresamente excluido de la regla de mejor evidencia (art. 433, ídem), porque así lo prevé el artículo 434: “Se exceptúa de lo anterior los documentos públicos (...).

‘En el presente evento, no desvirtuó la parte interesada (acusado o defensor), la naturaleza de públicos que se le atribuyó a los documentos aducidos como objeto de la falsedad ideológica imputada e introducidos como prueba en el juicio oral por intermedio del testigo de acreditación, lo cual hubiese permitido derrumbar la presunción legal de autenticidad que ampara ese tipo de textos oficiales’.

La Corte ya se había pronunciado al respecto, en los siguientes términos:

‘El artículo 425 del Código de Procedimiento Penal (L. 906/2004) adopta una presunción de autenticidad para amparar, entre otros, a los documentos públicos, las publicaciones periódicas de prensa o revistas especializadas; y a aquellos documentos sobre los cuales se tiene conocimiento cierto sobre la persona que los ha elaborado, manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado o producido por algún otro mecanismo. Esa presunción admite prueba en contrario a cargo de la parte que pretenda desvirtuarla.

La autenticidad del documento es una calidad o cualificación del mismo cuya mayor importancia reluce al ser tomado como ítem de su valoración o asignación de mérito, después que se ha admitido o incorporado formalmente como prueba en la audiencia pública.

Lo anterior no obsta para que dicho factor de mérito o valor suasorio —la autenticidad— se impugne con anticipación —en alguna de las audiencias preliminares o en la audiencia preparatoria, por ejemplo— con el fin de impedir que llegue a admitirse o decretarse como medio de prueba; y en caso tal, su rechazo ocurrirá, no por motivos de ilegalidad, sino porque de ante mano se sabría que ese medio probatorio va a resultar inepto o inane para la aproximación racional a la verdad.

Frente a los documentos amparados con presunción de autenticidad, la parte interesada en desvirtuar esa presunción tiene la carga de demostrar que no son auténticos, acudiendo a su vez a cualquiera de los medios probatorios admisibles. El silencio deja esa presunción incólume”(20)(21).

En consecuencia, desde el punto de vista de la autenticidad de los mandamientos de pago (documentos públicos) proferidos por otras autoridades judiciales en procesos que no tienen relación con aquel en donde se afirma la procesada cometió las conductas delictivas que se le atribuyen, como lo consideró el tribunal no se presenta ningún reparo para su admisión como prueba en el juicio.

En este sentido téngase en cuenta que la jurisprudencia de Sala ha señalado que el concepto de admisibilidad surge de dos contendidos subyacentes al mismo, el primero, que el elemento de juicio solicitado guarde relación con los hechos objeto del debate, es decir, que tenga fuerza suficiente para demostrar las circunstancias relativas a la comisión de la conducta punible y sus consecuencias, así como sus posibles autores, es decir, que sea pertinente; en tanto que el segundo se refiere a la utilidad o mérito que deriva del medio de conocimiento para que el juez resuelva los extremos de la relación jurídico procesal.

Desde esa perspectiva, la Corte ha sostenido(22) que la procedencia de la prueba se encuentra vinculada a las exigencias de conducencia, pertinencia, racionalidad y utilidad.

En ese orden de ideas, la inconformidad del Ministerio Público contra la decisión del a quo de admitir que en el juicio oral se introduzcan copias de mandamientos de pago proferidos por jueces diferentes a la procesada no tiene vocación de prosperidad, pues revisados los registros la defensa pretende con ellos “controvertir el argumento según el cual se viene haciendo escuela por parte de la Fiscalía [...] los mandamientos de pago había que motivarlos y que hacer lo contrario constituiría la conducta de prevaricato, esa es la razón por la cual estoy allegando estos autos en muestra de que es la forma ordinaria, común y además jurídica de realizar estos, estas decisiones de mandamiento de pago”(23).

Esto quiere decir que dentro de la teoría del caso que presentará la defensa en el juicio oral, perseguirá demostrar que la acusada actuó conforme al orden jurídico, en tanto las decisiones aludidas son uniformes con el mandamiento de pago proferido por ella, lo cual significa que buscará debilitar la existencia del tipo subjetivo del delito de prevaricato por acción que le atribuye el ente acusador.

En consecuencia, como el concepto de pertinencia no apunta exclusivamente a que el elemento de conocimiento tenga relación con el objeto de investigación y debate, sino que también sea apto y apropiado para demostrar otros temas que interesan al proceso como, por ejemplo, el aspecto subjetivo de las conductas que presuntamente constituyen el prevaricato por acción, la Sala se aparta de lo argumentado por el Ministerio Público en el sentido de que las decisiones aludidas no hacen parte del tema probatorio que se discutirá en el proceso.

Por lo tanto, confirmará la providencia recurrida en cuanto a dicho punto.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. ABSTENERSE de resolver el recurso de apelación interpuesto por el representante de las víctimas, por las razones anotadas.

2. CONFIRMAR la decisión impugnada, en lo que fue objeto de disenso por parte del Ministerio Público.

3. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».

(13) Auto el 17 de octubre de 2012, Rad. 39747.

(14) En este sentido téngase en cuenta las funciones atribuidas al Ministerio Público en el artículo 111 de la Ley 906 de 2004.

(15) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de 7 de diciembre de 2011, Rad. 35796.

(16) Ibídem.

(17) Ibídem.

(18) Casación, Rad. 36.884 del 19 de octubre de 2011.

(19) ART. 337.—Contenido de la acusación y documentos anexos. El escrito de acusación deberá contener: (...).

5. El descubrimiento de las pruebas. Para este efecto se presentará documento anexo que deberá contener: (...).

d) Los documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse, junto con los respectivos testigos de acreditación.

(20) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 21 de febrero de 2007. Rad. 25920.

(21) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Pena, auto de 8 de agosto de 2012.

(22) Autos del 17 de marzo de 2004 y 22 de abril de 2009, Rads. 22953 y 27539, respectivamente.

(23) Cdno. 1 audiencia preparatoria, record 01:15:10.