Auto 40498 de enero 23 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 11

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

Bogotá, D.C., veintitrés de enero de dos mil trece.

Vistos

De conformidad con lo que establece el numeral 4º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000, la Corte dirime de plano el conflicto negativo de competencia trabado entre los juzgados penal del circuito de Saravena (Arauca), y Cuarenta y Tres Penal del Circuito de Bogotá, en virtud del cual las citadas dependencias rehúsan conocer de la presente causa que cursa contra Benito Tarazona Vargas, Carmelina Simancas Hernández, Deysi Oviedo Leal, Eliseo Reina Barón, Elver Manuel Díaz Alonso, Gladys Leal Bastos, Gloria Isabel Vega Trujillo, Ligia Teresa Rincón, María Elida Acevedo Clavijo, María Gladis Velandia Grateron, Olga Sánchez Torres, Rosa Cecilia Ariza Lagos y Wilmer Reinaldo Silva Torrado, por el delito de rebelión.

Hechos

Fueron relatados por la fiscalía quinta especializada de la unidad nacional contra el terrorismo(1), con sede en Bogotá D.C., como se transcribe a continuación:

“Se inicia la presente instrucción con base en el informe presentado por los funcionarios de Policía Judicial adscritos al área de investigación especializada del DAS con el Nº de radicado DAS.DGO.SIES.GPJU.GIE. No. 325951–133, poniendo en conocimiento las labores desarrolladas en cumplimiento a las órdenes de trabajo Nº 025 del 21 de septiembre de 2006 y la 159 del 14 de abril de 2009, emanadas de la Jefatura de la Coordinación de la policía judicial de la subdirección de investigaciones estratégicas del DAS, basada en las misiones de trabajo y resoluciones de interceptación ordenadas por la fiscalía seccional 304 destacada ante el DAS, dentro de la investigación preliminar Nº 1032, lográndose establecer a través de la interceptación legal de varios abonados telefónicos, las actividades ilícitas desarrolladas por el frente 45 de las FARC, liderado por Reinel Guzmán Flórez alias Rafael Gutiérrez, coordinador de los frentes 28, 38 y 56, quien pertenece a la dirección del estado mayor del bloque oriental de las FARC, que también es jefe de comunicaciones e inteligencia de combate, e imparte las órdenes de los secuestros y extorsiones en los departamentos donde tiene su radio de acción. Este frente es el que más dinero recoge para el sub–bloque oriental, producto de secuestros, extorsiones, intimidación a la población civil, boleteos, narcotráfico, tráfico de armas.

Actualmente están expendiendo su accionar delictivo mediante milicias a las ciudades principales y pueblos de los departamentos de Santander y Norte de Santander, donde habiten comerciantes, familias adineradas y empresas que nunca hayan sido extorsionadas por parte de las FARC, esto con el fin de ubicarlos, intimidarlos mediante panfletos extorsivos y en la mayoría de los casos, secuestrarlos y exigirles fuertes sumas de dinero por su liberación. De este bloque también hacía parte Wilson Velandia Graterón alias Diomer Jiménez o El Gordo, cabecilla de finanzas y cuarto cabecilla del frente, quien fue dado de baja por el Ejército el 21 de febrero de 2009, siendo remplazado por Wilson Piñeros Montealegre alias Ariel o Guicho.

En los últimos años la organización optó por incorporar a los integrantes de las milicias bolivarianas a sus filas, debido a la falencia de personal y a los continuos golpes propinados por la Fuerza Pública. Actualmente el frente 45 de las FARC, maneja las milicias populares, que son las encargadas de realizar actividades de inteligencia contra las tropas, a personas prestantes para secuestrarlas o extorsionarlas, y de abastecimientos y finanzas.

Según análisis de medios técnicos, se pudo concluir que las milicias populares actualmente desempeñan las mismas funciones que cumplían las milicias bolivarianas, reciben el mismo entrenamiento y son capacitadas para desarrollar acciones terroristas mediante empleo y manejo de explosivos, al igual que desarrollar el plan pistola contra los miembros de la Fuerza Pública. Las milicias populares son manejadas por el cabecilla de organización y manejo de masas de cada cuadrilla. Algunos milicianos también dependen del cabecilla de finanzas, especialmente aquellos que realizan actividades de inteligencia sobre posibles blancos potenciales para el cobro de vacunas y extorsiones. Estos cabecillas utilizan a los milicianos para realizar actividades de inteligencia con el fin de ubicar datos de comerciantes y personas que laboran en esta región y que tienen dinero, una vez conocen los números de sus teléfonos y su ubicación se lo pasan a estos cabecillas para que los llamen a extorsionarlos y luego utilizan a colaboradores y red de apoyo logístico para el cobro de dineros y el boleteo mediante panfletos extorsivos.

A través de estas misiones de trabajo también se logró identificar a un gran número de milicianos, y se pudo verificar la existencia del hecho investigado, razón por la cual, el 2 de octubre de 2009, se ordenó la apertura de instrucción y la vinculación mediante indagatoria librándose las correspondientes órdenes de captura...”.

Actuación procesal

Con fundamento en la investigación adelantada, el 2 de octubre de 2009 se libraron órdenes de captura, entre otros, contra Benito Tarazona Vargas, Carmelina Simancas Hernández, Deysi Oviedo Leal, Eliseo Reina Barón, Elver Manuel Díaz Alonso, Gladys Leal Bastos, Gloria Isabel Vega Trujillo, Ligia Teresa Rincón, María Elida Acevedo Clavijo, María Gladis Velandia Grateron, Olga Sánchez Torres, Rosa Cecilia Ariza Lagos y Wilmer Reinaldo Silva Torrado. Asimismo, se dispuso el allanamiento y registro de los inmuebles ocupados por estas personas. Esas diligencias se cumplieron en las ciudades de Arauca, Saravena, Tame, Fortul, Villavicencio, Bucaramanga, Cúcuta, Sogamoso, Paipa y Bogotá.

Los implicados fueron vinculados a la investigación mediante diligencias de indagatoria y se les definió la situación jurídica con imposición de medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, como posibles autores de los delitos de concierto para delinquir y rebelión.

A la postre, las diligencias se remitieron a la unidad nacional contra el terrorismo de la Fiscalía General de la Nación y la instrucción se le asignó al fiscal quinto especializado, ante quien Tarazona Vargas, Simancas Hernández, Oviedo Leal, Reina Barón, Díaz Alonso, Leal Bastos, Vega Trujillo, Rincón, Acevedo Clavijo, Velandia Grateron, Sánchez Torres, Ariza Lagos Y Silva Torrado, manifestaron su intención de admitir la autoría y responsabilidad únicamente por el atentado contra el régimen constitucional y legal, para que se les profiriera sentencia anticipada.

En razón de ello, se elaboraron las correspondientes actas formulándoles cargos por rebelión que fueron aceptados por los procesados.

Entonces, el 6 de octubre de 2010, la fiscalía quinta especializada de la unidad nacional contra el terrorismo con sede en Bogotá D.C., resolvió “Teniendo en cuenta que hasta la fecha, han aceptado cargos trece (13) de las personas por el delito de rebelión, vinculadas también a la presente investigación por el delito de concierto para delinquir, con el fin de acogerse a la figura de sentencia anticipada, se ordena la ruptura de la unidad procesal, enviando por competencia la actuación a los jueces penales del circuito de Arauca para la etapa del juicio, atendiendo a que el frente 45 de las FARC opera en el departamento de Arauca y en sus alrededores.”

El expediente fue repartido al juzgado primero penal del circuito de Arauca, despacho que por auto del 19 de noviembre de 2010 remitió la actuación al juzgado penal del circuito de Saravena, proponiéndole conflicto negativo de competencia al considerar que los hechos investigados habían ocurrido en esa ciudad.

Por su parte, el juzgado penal del circuito de Saravena asumió el conocimiento el 13 de diciembre de 2010 y dispuso pasar el expediente a despacho para dictar la sentencia.

El 22 de marzo de 2011, ocurrió el homicidio de la titular del juzgado penal del circuito de Saravena, doctora Gloria Constanza Gaona Rangel. En razón de ello, la sede de la citada dependencia judicial fue trasladada a la ciudad de Arauca.

El expediente pasó al despacho del juez adjunto penal del circuito de Saravena, quien desde entonces resolvió múltiples peticiones de los sujetos procesales, concedió libertades provisionales por vencimiento de términos, negó otras y, el 29 de junio de 2012, consideró que carecía de competencia para seguir conociendo del caso, al estimar que el competente era el juez penal del circuito de Bogotá, porque en los casos de rebelión tal aspecto se definía a prevención, conforme lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de cuya Sala de Casación Penal cita, en sustento de sus asertos, el auto del 27 de junio de 2007 (Rad. 27567).

Agrega que el artículo 83 de la Ley 600 de 2000, señala que cuando la conducta punible se ha cometido en varios sitios o en lugar incierto, deberá conocer el funcionario competente por la naturaleza del asunto del territorio donde primero se hubiese avocado la investigación.

Advierte que el lugar en donde se iniciaron las indagaciones, averiguaciones, pesquisas e interceptaciones, es la ciudad de Bogotá y por ello la competencia radica en el juzgado penal del circuito de esta ciudad, ámbito en el que se desarrollaron las labores consignadas en los informes del DAS. a partir de los cuales la fiscalía 304 seccional del Distrito Capital ordenó adelantar la investigación penal.

En esas condiciones, se declaró incompetente y remitió el expediente a reparto de los juzgados penales del circuito de Bogotá, proponiendo colisión negativa de competencia.

Recibido el proceso por el juzgado cuarenta y tres penal del circuito adjunto de Bogotá, en auto del 9 de octubre de 2012, se abstuvo de avocar conocimiento, tras considerar que los frentes 45 y 38 de las FARC, a los cuales están vinculados los procesados, operan en Arauca, Boyacá, Casanare, Santander y Norte de Santander, sitios en donde los implicados desarrollaban sus actividades y que son diferentes a la ciudad de Bogotá.

Además, no admite los argumentos de su homólogo, porque la norma procesal establece que la competencia a prevención implica que el hecho se hubiese cometido en varios sitios, en lugar incierto o en el extranjero y, en este caso, el delito de rebelión no se ejecutó ni en lugar incierto ni en el extranjero y a pesar de haberse llevado a cabo en varias partes del territorio nacional, todas esas corresponden al departamento de Arauca, “...razón por la que en nada influye que la investigación haya sido iniciada en la ciudad de Bogotá, como lo pretende hacer ver el juez del circuito de Saravena, para entrar a determinar la competencia de los jueces penales del circuito de Bogotá”.

Por esa razón —añade—, si con el delito de rebelión se pretende el derrocamiento del gobierno central, no por ello deben ser los funcionarios judiciales con sede en Bogotá los que asuman el conocimiento de todos los procesos que se presenten en el país por esa conducta punible.

Cita apartes de un auto del 29 de agosto de 2006 (Rad. 26010), en el que la sala de casación penal definió que el competente para fallar un caso de rebelión era el juez penal del circuito de Medellín, atendiendo al factor territorial.

“Lo anterior señala con claridad, que en el presente caso se demostró que las actuaciones consideradas como constitutivas del delito de rebelión, desplegadas por todos y cada uno de los aquí procesados, han tenido como epicentro el departamento de Arauca, concluyéndose que debe ser un juez penal del circuito de dicha territorialidad el que conozca de la actuación...”.

En consecuencia, decidió aceptar la colisión negativa de competencia propuesta, ordenando el envío de las diligencias a esta corporación para que se dirima el conflicto.

Consideraciones

De conformidad con el numeral 4º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000, que rige este asunto, la Corte es competente para dirimir el presente conflicto de competencia toda vez que se ha suscitado en un asunto de la jurisdicción penal entre juzgados de diferentes distritos judiciales, a saber los juzgados penales del circuito de Saravena (Arauca) y Cuarenta y Tres Penal del Circuito de Bogotá D.C.

Para la Sala, la solución del problema jurídico planteado alrededor de la competencia para conocer del presente asunto, ha de resolverse conforme a los parámetros definidos para la competencia a prevención en el artículo 83 ídem, en consideración a que el delito por el cual se acogieron a sentencia anticipada los procesados Benito Tarazona Vargas, Carmelina Simancas Hernández, Deysi Oviedo Leal, Eliseo Reina Barón, Elver Manuel Díaz Alonso, Gladys Leal Bastos, Gloria Isabel Vega Trujillo, Ligia Teresa Rincón, María Elida Acevedo Clavijo, María Gladis Velandia Grateron, Olga Sánchez Torres, Rosa Cecilia Ariza Lagos y Wilmer Reinaldo Silva Torrado, lo es el de rebelión, frente al cual tiene dicho la jurisprudencia de esta Corte que el territorio donde se comete no corresponde al área donde opera el frente o grupo al cual pertenecen sus integrantes, o donde fue creado, tampoco donde se hubieran desarrollado las primeras o las últimas acciones, ni menos donde se produce la captura de los rebeldes, como equivocadamente lo entiende el juez cuarenta y tres penal del circuito de Bogotá.

El ámbito territorial del delito de rebelión es todo el suelo patrio, pues es el gobierno nacional al que pretenden derrocar, o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal, y en ese sentido las organizaciones armadas, como sucede en este caso con las FARC, responden a una sola acción en el espacio del Estado y no a la región donde adelantan operaciones sus frentes(2).

Por lo tanto, atendiendo la naturaleza de la conducta juzgada, el bien jurídico objeto de protección, y las características que reviste el grupo rebelde al cual pertenecen los procesados, debe admitirse que del proceso respectivo puede conocer cualquier juez de la república, independientemente del lugar donde operaba u opera el frente o grupo del cual forman parte Tarazona Vargas, Simancas Hernández, Oviedo Leal, Reina Barón, Díaz Alonso, Leal Bastos, Vega Trujillo, Rincón, Acevedo Clavijo, Velandia Grateron, Sánchez Torres, Ariza Lagos y Silva Torrado.

Ahora, si de acuerdo con el artículo 83 del estatuto procesal que rige el caso, la competencia a prevención ha sido fijada por la naturaleza del hecho en el funcionario judicial del “...territorio en el cual se haya formulado primero la denuncia o donde primero se hubiere avocado la investigación. Si se hubiere iniciado simultáneamente en varios sitios, será competente el funcionario judicial del lugar en el cual fuere aprehendido el imputado y si fueron varios los capturados, el del lugar que se llevó a cabo la primera aprehensión”, es claro que en orden de prelación, corresponde al juez verificar los siguientes presupuestos para determinar el juez competente:

(i) lugar donde se haya formulado primero la denuncia; (ii) territorio donde primero se hubiere avocado la investigación; (iii) sitio de aprehensión del procesado, en caso de haberse iniciado simultáneamente la instrucción en varios; o (iv) donde primero se haya llevado a cabo la captura, de ser dos o más los aprehendidos.

Conforme con la reseña que se hizo de los antecedentes del proceso, es claro que los procesados fueron capturados en varias ciudades del país (Arauca, Saravena, Tame, Fortul, Villavicencio, Bucaramanga, Cúcuta, Sogamoso, Paipa y Bogotá); las actividades ilícitas también se desarrollaban en distintas urbes, entre ellas el Distrito Capital, en donde, además, se recibió la noticia criminal y se adelantaron las primeras pesquisas por parte del Departamento Administrativo de Seguridad, bajo la dirección de la Fiscalía 304 Seccional de Bogotá destacada ante esa entidad, que ordenó la apertura de investigación, las interceptaciones telefónicas, las capturas, los allanamientos y los registros, así como la vinculación mediante diligencias de indagatoria de los implicados, a quienes les definió la situación jurídica con la imposición de medida de aseguramiento; por lo que, siguiendo el orden de prelación de los supuestos establecidos para la competencia a prevención, impera asignar el conocimiento de este asunto al juzgado cuarenta y tres penal del circuito de esta ciudad, informando de ello al juez penal del circuito de Saravena, a quien se remitirá copia de esta decisión.

Finalmente, cabe destacar que la providencia de esta Sala (Auto de ago. 29/2006, Rad. 26010), citada por el señor juez cuarenta y tres penal del circuito de Bogotá, para sustentar que la competencia en este caso debe asignarse atendiendo al factor territorial, no guarda correspondencia con la hipótesis que ahora se analiza, puesto que en esa ocasión se determinó sucintamente que el funcionario a quien le correspondía fallar era otro, precisamente el del lugar en donde se encontraban los elementos fundamentales de la acusación, porque ese había sido el epicentro de la actividad rebelde.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. DIRIMIR el conflicto de competencias planteado, en el sentido de asignar el conocimiento del proceso adelantado contra Benito Tarazona Vargas, Carmelina Simancas Hernández, Deysi Oviedo Leal, Eliseo Reina Barón, Elver Manuel Díaz Alonso, Gladys Leal Bastos, Gloria Isabel Vega Trujillo, Ligia Teresa Rincón, María Elida Acevedo Clavijo, María Gladis Velandia Grateron, Olga Sánchez Torres, Rosa Cecilia Ariza Lagos Y Wilmer Reinaldo Silva Torrado, por el delito de rebelión, al Juzgado Cuarenta y Tres Penal del Circuito Adjunto de Bogotá, a donde se remitirá la actuación.

2. Comuníquese esta determinación a los sujetos procesales y al juzgado penal del circuito de Saravena (Arauca).

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Magistrados: José Leonidas Bustos Martínez—José Luis Barceló Camacho—Fernando A. Castro Caballero—María del Rosario González Muñoz—Gustavo Enrique Malo Fernández—Luis Guillermo Salazar Otero—Julio Enrique Socha Salamanca—Javier de Jesús Zapata Ortíz.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

(1) Cdno. 25, fls. 237 al 239

(2) Ver, entre otros, autos de mayo 30 de 2000, Rad. 17034; 22 de octubre de 2002, Rad. 19.946; 6 de abril de 2005, Rad. 23.051; del 27 de junio de 2007, Rad. 27.567; y, del 12 de agosto de 2009, Rad. 32.355 .