Sentencia 40561 de mayo 29 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

Aprobado Acta Nº 169

Vistos

Bogotá, D.C., veintinueve de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Competencia

La Sala de Casación Penal de la Corte tiene plena competencia para pronunciarse de fondo en el asunto sometido a examen, en tanto se trata de una decisión de primera instancia obra de un tribunal superior (L. 600/2000, art. 75-3 y L. 906/2004, art. 32-3). Junto con ello, respecto de las decisiones de las Salas de Justicia y Paz, esa legitimidad deviene directamente de lo estipulado en el artículo 26 de la Ley 975 de 2005.

Los motivos de inconformidad

Tres son los motivos de inconformidad expuestos por los recurrentes. El primero, alude al tiempo que lleva en reclusión el postulado. El segundo, tiene que ver con la calificación de su comportamiento en el centro de reclusión. Y, el otro, se refiere a su participación y colaboración con el proceso de justicia y paz.

1. Señala el artículo 18A de la Ley 975 de 2005, que “El postulado que se haya desmovilizado estando en libertad podrá solicitar ante el magistrado con función de control de garantías una audiencia de sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por una medida no privativa de la libertad, sujeta al cumplimiento de lo establecido en el presente artículo y a las demás condiciones que establezca la autoridad judicial competente para garantizar su comparecencia al proceso del que trata la presente ley”.

La única medida de aseguramiento aplicable en los procesos de justicia y paz es “… la detención preventiva del imputado en el centro de reclusión…” (L. 975/05, art. 18). Sin embargo, el artículo 19 de la Ley 1592 (L. 975/05, art. 18A) introdujo la posibilidad de sustituirla por otras no privativas de la libertad, siempre que concurran todos los requisitos que prevé la citada disposición.

De antemano, debe señalar la Sala que le incumbe al postulado demostrar la concurrencia de todas y cada una de las exigencias que debe cumplir, conforme lo ordena la citada norma y lo precisó recientemente esta corporación(1):

“… para efectos de verificar los requisitos de la sustitución de la detención preventiva, “el magistrado tendrá en cuenta la información aportada por el postulado y provista por las autoridades competentes”. Si el intérprete considera que la “y” en esa proposición es alternativa, podría leerse así: “el magistrado tendrá en cuenta la información […] provista por las autoridades competentes”, es decir, que estas tendrían el deber de verificación de manera independiente a la actuación del postulado. Pero si se estima que la “y” es incluyente (esto es, necesaria para la comprensión acertada del mandato normativo), deberá concluirse que (i) la información debe ser aportada por el postulado y (ii) el deber de las autoridades solo podría derivarse de la iniciativa que el interesado manifieste.

2.2. La Sala se inclina por esta segunda interpretación, no solo porque es razonable, sino en la medida en que es acorde con los principios y valores que rigen el ordenamiento jurídico.

Por un lado, las actuaciones de los funcionarios de justicia y paz en materia de la preservación del derecho a la libertad de los postulados no pueden ser oficiosas, por cuanto conducirían no solo al absurdo, sino a un imposible empírico.

Por otro lado, es aplicable en este caso, en virtud del principio de integración, el artículo 318 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal del sistema penal acusatorio, en virtud del cual “[c]ualquiera de las partes podrá solicitar la revocatoria o la sustitución de la medida de aseguramiento, ante el juez de control de garantías que corresponda, presentando los elementos materiales probatorios o la información legalmente obtenidos”. Es decir, que la obligación de probar la sustitución de la detención preventiva es de la parte y no del funcionario judicial llamado a concederla.

Adicionalmente, la Corte Constitucional, en el fallo C-456 de 2006 (que abordó el estudio del artículo 318 del mencionado estatuto procesal y declaró inexequibles ciertas expresiones que contenía), reconoció para su análisis la existencia (y, por lo mismo, la juridicidad) de la carga procesal en comento. Según el máximo tribunal en materia de control constitucional:

“[…] por expresa exigencia del artículo 318 de la Ley 906 de 2004, la solicitud de revocatoria o la sustitución de la medida de aseguramiento que se formule ante el juez de control de garantías deberá hacerse ‘presentando los elementos materiales probatorios o la información legalmente obtenidos que permitan inferir razonablemente que han desaparecido los requisitos del artículo 308’. Ello significa que el solicitante tiene una carga procesal en cuanto ha de aportar elementos probatorios nuevos o información obtenida legalmente que no hubieren sido tenidos en cuenta con anterioridad cuando se decretó la medida de aseguramiento o la sustitución de la misma, pues sólo en esa hipótesis será posible al juzgador realizar una inferencia razonable para decidir si desaparecieron o no los elementos que estructuraron los requisitos que para el decreto de la medida de aseguramiento fueron tenidos en cuenta cuando ella se decretó y decidir, en consecuencia, lo que fuere pertinente”(2).

Jesús Ramón Muñoz Franco se desmovilizó el 10 de diciembre de 2004 y se encuentra privado de la libertad desde el 4 de enero de 2005, fecha en la que fue capturado en cumplimiento de la orden expedida por la Fiscalía 40 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con sede en Cúcuta, porque en su contra se adelantaba una investigación penal, a la que fue vinculado mediante la declaración de persona ausente, por la desaparición forzada de Baudilio Rolón Cárdenas y de Albeiro Márquez Rincón y por concierto para delinquir.

El primero de los requisitos (art. 18A-1º) consiste en que el postulado haya “… permanecido como mínimo ocho (8) años en un establecimiento de reclusión con posterioridad a su desmovilización, por delitos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley”, para acceder a la sustitución de la detención preventiva.

La norma además fija, sin lugar a dudas, el momento desde el cual comienza a contarse el término de los ocho (8) años.

Primero, para “El postulado que se haya desmovilizado estando en libertad…”, ese plazo comienza a correr “… a partir de la reclusión en un establecimiento sujeto integralmente a las normas jurídicas sobre control penitenciario”.

Segundo, cuando “… el postulado haya estado privado de la libertad al momento de la desmovilización…” los ocho (8) años de reclusión se contarán “… a partir de su postulación a los beneficios que establece la presente ley”.

Ahora bien, vistas así las cosas, Jesús Ramón Muñoz Franco lleva detenido en un establecimiento carcelario más de ocho (8) años, porque se desmovilizó estando en libertad y su captura se produjo el 4 de enero de 2005. Sin embargo, a esa exigencia temporal que dice haber cumplido el postulado, está aparejada otra que alude a que la reclusión sea consecuencia de “… delitos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley…”.

Resulta necesario aclarar que el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministro del Interior y de Justicia, le envió al Fiscal General de la Nación el comunicado OFI07-4821-0AJ-0410 del 27 de febrero de 2007, con un listado de 74 postulados al procedimiento de la Ley 975 de 2005, que incluyó a Jesús Ramón Muñoz Franco. En razón de ello, el ente investigador asumió la competencia para adelantar la correspondiente investigación en su contra por todos los hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia a la organización ilegal armada, dando inicio al procedimiento judicial.

Por esos hechos —se insiste, cometidos durante y con ocasión de su pertenencia a la organización ilegal—, el 14 de agosto de 2009 la magistrada con función de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.

Pues bien, para el 18 de abril de 2007 el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta había condenado a Muñoz Franco por los delitos de desaparición forzada y concierto para delinquir, por los que estaba privado de la libertad desde el 4 de enero de 2005, y le impuso la pena principal de 28 años de prisión y multa de 2.250 salarios mínimos legales mensuales, la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años, negándole los sustitutos de suspensión condicional de la ejecución de la pena y prisión domiciliaria. Esa sentencia fue recurrida en apelación y confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta el 10 de marzo de 2008.

Precisamente, el postulado está purgando la pena que viene de reseñarse, sin que esos delitos (la desaparición forzada de Baudilio Rolón Cárdenas y de Albeiro Márquez Rincón y el concierto para delinquir) se le hubiesen imputado en el proceso especial de justicia y paz y, mucho menos, se incluyeran en el escrito de formulación de cargos.

Esa situación, por supuesto, impide comprobar que las referidas conductas punibles por razón de las cuales —se itera— fue capturado y se encuentra privado de la libertad actualmente, fueran cometidas durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley.

En síntesis, si bien es cierto que Jesús Ramón Muñoz Franco se desmovilizó desde el 10 de diciembre de 2004, estando en libertad, y fue capturado el 4 de enero de 2005, también lo es que esa detención no obedeció —al menos no lo demostró el postulado como era su deber— a “… delitos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley…”.

Entonces, es evidente que Muñoz Franco no demostró el cumplimiento de esa imposición.

Con todo, parece que el postulado reclama la aplicación de una causal de libertad, porque argumenta que ya cumplió la pena alternativa de ocho (8) años de prisión. Sin embargo, debe aclararle la Sala que no existe en el proceso especial de justicia y paz la posibilidad de gozar de la libertad provisional mucho menos por pena cumplida, cuando —como en este caso— ni siquiera existe una sentencia ejecutoriada, conforme lo había destacado esta corporación:

“… como se trata de un proceso caracterizado por el sometimiento a la justicia por parte de una persona interesada en la obtención de una pena alternativa, no hay lugar al otorgamiento de libertad provisional dentro del trámite porque su elegibilidad a dicha pena excepcional apenas se consolida en el momento del fallo de condena y no antes”(3).

En razón de ello, aun con la adición que trajo el artículo 19 de la Ley 1592 de 2012 (art. 18A L. 975/05), en los procesos adelantados ante justicia y paz, subsiste la medida de aseguramiento, bien que se trate de la detención en un centro carcelario, o de alguna no privativa de la libertad y cuando se trata de reemplazar la primera por alguna de las otras, es forzoso que el procesado se encuentre en reclusión únicamente por delitos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia a la organización ilegal, circunstancia que no se ha probado en relación con la condena impuesta por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cúcuta.

2. Otra exigencia que es motivo de controversia y que echó de menos la señora magistrada con funciones de control de garantías, está prevista en el numeral 2º del artículo 18A de la Ley 975 de 2005, y consiste en “… haber obtenido certificado de buena conducta”.

Esa norma se refiere a la buena conducta en general. No hace alusión a la constatación del buen comportamiento parcial, como parece entenderlo el defensor, puesto que el requisito no consiste en que se califiquen bien algunos períodos, así abarquen estos la mayor parte del tiempo, pues, si esa hubiese sido la intención del legislador, habría incluido alguna la distinción.

Se demostró que el 26 de mayo de 2011, a Jesús Ramón Muñoz Franco se le impuso la suspensión de hasta diez (10) visitas sucesivas y esa sanción se le dedujo por mal comportamiento, lo que indica que en un momento determinado dejó de observar las normas de conducta. El hecho de que se le hubiese castigado por tener dinero, no le resta importancia al asunto.

Por el contrario, el uso de dinero está regulado en la Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario) no solo como prohibición, sino como falta disciplinaria grave, sin importar su destinación. Así está previsto en los artículos 89(4), 121(5) y 123(6) de la citada codificación y en el artículo 19(7) del Acuerdo 0011 del 31 de octubre de 1995, del consejo directivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec (Por el cual se expide el reglamento general al cual se sujetarán los internos de los establecimientos penitenciarios y carcelarios).

Incluso la sanción que se le fijó por la gravedad de la falta, fue la máxima prevista en el numeral 2º, inciso 2º, del artículo 123 de la Ley 65 de 1993, a la que sólo le sigue el “Aislamiento en celda hasta por sesenta días”.

Con todo, el hecho de que el recluso ya hubiese cumplido el castigo, no extingue la ocurrencia de la falta disciplinaria grave por la que se le sancionó y su constatación en la cartilla biográfica, por el contrario, impide deducir que Jesús Ramón Muñoz Franco ha observado buena conducta durante el período que lleva en reclusión, así en otras ocasiones se le hubiese calificado esta como ejemplar.

Ante la ausencia de prueba irrefutable de la buena conducta, la demostración de un castigo por mal comportamiento y como quiera que no es del caso aludir a la naturaleza del correctivo administrativo ni a los hechos que lo motivaron, concluye la Sala que este requerimiento tampoco se cumplió.

3. En lo que a “Haber participado y contribuido al esclarecimiento de la verdad en las diligencias judiciales del proceso de justicia y paz”, respecta, la magistrada en primera instancia consideró que no se colmaba la exigencia porque Jesús Ramón Muñoz Franco dejó de asistir a la audiencia de imputación programada para los días 13 y 14 de mayo de 2009.

Para el postulado y su defensor, el incidente no reviste tanta gravedad y debe analizarse como consecuencia del actuar de terceros que le impidieron a Muñoz Franco asistir a las diligencias judiciales y esa justificación debe creerse, porque no se demostró que el procesado incumpliera el requerimiento judicial por su propia iniciativa.

Sin embargo, considera la Sala que tales premisas no pasan de ser simples enunciados; supuestos que no sirven de fundamento para erigir una coartada, porque tampoco se demostró que la deserción se le pudiera atribuir a la injerencia de otra persona, con mayor razón porque la constancia que dejó la funcionaria judicial en el acta explica lo ocurrido: “… que el postulado Jesús Ramón Muñoz Franco, no asistiría a esta diligencia, debido a la protesta que han realizado en todo el país los internos y postulados de justicia y paz en las cárceles del país”.

No hay evidencia —el postulado y su defensor tampoco la aportan— en relación con que la magistrada de justicia y paz le hubiese expresado a Muñoz Franco que si corría peligro no asistiera a la diligencia, máxime cuando la funcionaria se enteró de que el procesado no comparecería porque así se lo hizo saber el fiscal del caso: “… la honorable magistrada deja constancia que el señor fiscal requirente manifestó que el postulado (…), no asistiría a esta diligencia…”.

Y, si en estricto sentido la contumacia de Jesús Ramón Muñoz Franco no se entiende como su renuencia a que se esclareciera la verdad, sí se advierte que esa actitud afectó negativamente la administración de justicia, especialmente en lo que tiene que ver con los principios de celeridad y eficacia, porque ante tal eventualidad hubieron de retrasarse las diligencias por varios meses, si se tiene en cuenta que la formulación de imputación vino a llevarse a cabo durante los días 12, 13 y 14 de agosto de 2009.

En este orden de ideas, no se justifica la omisión atribuible a Muñoz Franco, porque su participación y contribución en el esclarecimiento de la verdad y en las diligencias judiciales del proceso de justicia y paz, no consisten en una especie de generosa atención del postulado, sino en el cumplimiento de la más elemental obligación, que le permita reclamar la aplicación de una pena alternativa.

En consecuencia, de conformidad con las precedentes consideraciones, se confirmará la providencia por la que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga negó la sustitución de la medida de aseguramiento.

En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la decisión impugnada.

2. ADVERTIR a las partes que contra esta decisión no procede recurso alguno.

Esta decisión se notificará en estrados.

Devuélvanse las diligencias al tribunal de origen.

Cúmplase.

(1) Sala de Casación Penal. Auto del 14 de febrero de 2013, Radicado 40508.

(2) Corte Constitucional, Sentencia C-456 de 7 de junio de 2006.

(3) Entre otras, Sala de Casación Penal, auto del 24 de junio de 2010, Radicado 34170 y auto del 23 de marzo de 2011, Radicado 36051.

(4) ART. 89.—Manejo de dinero. Se prohíbe el uso de dinero al interior de los centros de reclusión. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario reglamentará las modalidades de pago de bienes y servicios internos en los centros de reclusión.

(5) ART. 121.—Clasificación de faltas. Las faltas se clasifican en leves y graves.

(…) Son faltas graves las siguientes: (…).

20. Uso de dinero contra la prohibición establecida en el reglamento.

(6) ART. 123.—Sanciones. (…)

Para las faltas graves las sanciones serán las siguientes: (…)

2. Suspensión hasta de diez visitas sucesivas.

(7) ART. 19.—Manejo de dinero. Atendiendo lo establecido en el artículo 89 de la Ley 65 de 1993, los internos no podrán tener en su poder dinero (…). El dinero será sustituido por tarjetas de compra. (…).