Auto 40836 de abril 10 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 106

Magistrado Ponente:

Dr. José Luis Barceló Camacho

Bogotá, D.C., diez de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Con fundamento en los artículos 26 de la Ley 975 de 2005 y 32.4 de la Ley 906 de 2004, la Corte desatará el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la señora Carmen Haydee Briceño de Moreno.

2. Los problemas jurídicos a resolver, a partir de la decisión cuestionada y lo expuesto por el recurrente, se concretan a determinar (i) si a partir de la vigencia de la Ley 1592 de 2012 el Magistrado de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín con función de control de garantías perdió competencia para continuar este trámite y, (ii) si la conservaba para revocar el auto que admitió el incidente de restitución.

2.1. Las disposiciones de la Ley 1592 de 2012 acerca de la competencia de los magistrados de justicia y paz en materia de bienes.

Con la finalidad de asegurar la reparación de las víctimas del conflicto armado interno, la aludida ley, mediante la cual se reformó y adicionó la 975 de 2005 y, además, se expidieron otras disposiciones, introdujo al cuerpo de esta los artículos 17A y 17B, a través de los cuales regula aspectos significativos en materia de bienes.

Así, el 17A señala que dentro del proceso de justicia y paz serán objeto de extinción de dominio los bienes entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados para contribuir a la reparación integral de las víctimas, así como los identificados por la Fiscalía General de la Nación en el curso de las investigaciones, podrán ser cautelados de conformidad con el procedimiento dispuesto en el artículo 17B.

El parágrafo 1º de la misma norma establece que se podrá extinguir el derecho de dominio de los bienes, aun cuando sean objeto de sucesión por causa de muerte o su titularidad esté en cabeza de los herederos de los postulados. Y, el parágrafo 2º determina que la extinción de dominio también recaerá sobre los derechos reales principales y accesorios que tenga el bien, así como sobre sus frutos o rendimientos.

El artículo 17B fija el procedimiento para la imposición de medidas cautelares sobre los bienes ofrecidos por el postulado, sean de su titularidad real o aparente, o denunciado los del grupo armado organizado al margen de la ley al que perteneció, o cuando la fiscalía haya identificado bienes no ofrecidos o denunciados por los postulados, para lo cual el fiscal delegado dispondrá la realización de labores investigativas en orden a lograr la individualización plena de esos bienes y la documentación de las circunstancias relacionadas con la posesión, adquisición y titularidad.

La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Fondo para la Reparación a las Víctimas, de conformidad con lo establecido en el artículo 11C(3) de la ley de justicia y paz, participará en labores de alistamiento de los bienes susceptibles de ser cautelados suministrando toda la información disponible sobre los mismos, la cual deberá ser soportada ante el Magistrado con función de control de garantías en la audiencia donde adoptará decisión sobre la imposición de medidas cautelares.

La fiscalía pedirá ante el Magistrado con función de control de garantías audiencia preliminar reservada para la solicitud y decisión de las medidas cautelares, cuando de los elementos materiales probatorios recaudados o de la información legalmente obtenida sea posible inferir la titularidad real o aparente del postulado o del grupo armado organizado al margen de la ley, respecto de los bienes objeto de persecución, diligencia a la cual debe convocarse a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Esta disposición también indica cómo se materializa la medida cautelar sobre los bienes involucrados, de acuerdo con su naturaleza, los que en todo caso serán puestos a disposición de la Unidad Administrativa Especial para la Reparación Integral de las Víctimas - Fondo para la Reparación de las Víctimas, quien tendrá la calidad de secuestre y estará a cargo de la administración provisional, hasta tanto se profiera sentencia de extinción de dominio.

La misma norma establece que si la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Fondo para la Reparación de las Víctimas tiene bajo su administración bienes sobre los cuales no se ha decretado medida cautelar, podrá solicitar esta al magistrado con función de control de garantías, directamente o a través de la Fiscalía General de la Nación.

El parágrafo 2º establece que cuando la medida cautelar se decrete sobre bienes respecto de los cuales con posterioridad se eleve solicitud de restitución, aquellos y esta serán transferidos a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, para efectos de su trámite a través de los procedimientos previstos en la Ley 1448 de 2011 y normatividad complementaria, sin que sea necesario el levantamiento de la medida cautelar.

El parágrafo 3º determina que si los bienes entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados o identificados por la Fiscalía General de la Nación tuvieren solicitud de restitución ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas o ante la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas - Fondo de Reparación a las Víctimas, el fiscal delegado solicitará la medida cautelar sobre los mismos y una vez decretada los enviará al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, para que aquella sea tramitada acorde con lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011.

Por su parte, el artículo 17C establece el procedimiento incidental que debe seguirse cuando hay oposición de terceros que se consideren de buena fe exenta de culpa con derechos sobre los bienes cautelados para extinción de dominio en virtud de lo dispuesto en el artículo 17B. Con dicha finalidad, el interesado podrá presentar la solicitud en cualquier tiempo hasta antes de iniciarse la audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos.

Si la decisión del incidente fuere favorable al interesado, el Magistrado de control de garantías ordenará el levantamiento de la medida cautelar. En caso contrario el trámite de extinción de dominio continuará su curso y la decisión será parte de la sentencia que ponga fin al respectivo proceso de justicia y paz.

Las anteriores disposiciones admiten colegir lo siguiente: (i) los bienes para extinción de dominio dentro del proceso de justicia y paz deben ser entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados, o en su defecto, identificados por la Fiscalía General de la Nación; (ii) sobre los mismos deben practicarse las medidas cautelares necesarias para sustraerlos del tráfico jurídico y garantizar su conservación, (iii) deben tener vocación reparadora y, (iv) cuando respecto de ellos, concurran terceros de buena exenta de culpa que presenten oposición a las medidas cautelares decretadas se tramitará el incidente ante el magistrado de justicia y paz con función de control de garantías.

Pero además de lo anterior, en tratándose del incidente de restitución de tierras, el artículo 38 de la Ley 1592 de 2012 dispone:

“Trámite excepcional de restitución de tierras en el marco de la Ley 975 de 2005. Si a la entrada en vigencia de la presente ley, existiere medida cautelar sobre un bien con ocasión de una solicitud u ofrecimiento de restitución en el marco del procedimiento de la Ley 975 de 2005, la autoridad judicial competente continuará el trámite en el marco de dicho procedimiento. En los demás casos, se observará lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011”.

Así, a partir de la vigencia de esta disposición, los magistrados con función de control de garantías de justicia y paz continuarán el conocimiento de los trámites incidentales de restitución de tierras siempre que el inmueble respectivo esté gravado con medida cautelar, pues en los demás casos deberá seguirse el señalado en la Ley 1448 de 2011.

Solo por esta circunstancia, es decir, la ausencia de medida cautelar sobre el inmueble comprometido, asiste razón al a quo para desprenderse de la competencia en el presente asunto, ya que lo relacionado con la entrega, ofrecimiento o denuncia del bien por parte de los postulados, fue abordado de manera suficiente por esta corporación en providencia de 17 de noviembre de 2011(4), del siguiente modo:

“… según el registro de audio aportado a la actuación, llegado el día y hora de la audiencia preliminar, fue el mismo magistrado quien sostuvo que la solicitud se hizo dentro de los asuntos radicados bajo los números “11001600253200883266 y 11001600253200782701 que en su orden se siguen a los señores Dairon Mendoza Caraballo y Freddy Rendón Herrera, vale decir que se trata de un bien que fue ofrecido por dichos postulados para efectos de una posible reparación…”(5).

Luego entonces contradictoria resulta la posición asumida por el Magistrado director de la audiencia, pues a la par que indica que el bien fue ofrecido por los desmovilizados para efectos de la reparación a las víctimas, afirma que se inhibe de conocer de la petición por no hacer parte de los involucrados dentro de la Ley 975 de 2005, y seguidamente anuncia que de tener la competencia, inadmitiría el incidente por la precariedad y desorden en que la apoderada basó la pretensión.

“No desconoce la Sala las reales causas y condiciones del desplazamiento de Carmen Haydee Briceño de Moreno de la finca en que vivía; fueron los hechos de violencia que se habían en esa parte del territorio nacional por parte del inicialmente denominado grupo “La 70” y posteriormente del bloque Elmer Cárdenas lo que conllevó a que lo abandonara ante el riesgo que conllevaba el permanecer en ese lugar, vislumbrándose de manera clara ese vínculo causal entre el abandono del bien, con las actividades realizadas por ese grupo armado ilegal, hoy desmovilizado y beneficiario de la Ley 975 de 2005”.

En la misma decisión se puntualizó además que, conforme a los medios de prueba allegados, no hay duda de que la señora Carmen Haydee Briceño de Moreno tiene la calidad de víctima del delito de desplazamiento forzado por parte del grupo de las AUC denominado “Elmer Cárdenas”.

Por lo tanto, los motivos de inconformidad expresados por el apoderado de la señora Carmen Haydee Briceño de Moreno, no convencen de que el a quo debe continuar conociendo de este trámite incidental, puesto que, como lo acotó el Ministerio Público, fundamentó su pretensión en el artículo 40 de la Ley 1592 de 2012, la cual hace referencia exclusiva al incidente de identificación de las afectaciones causadas, el cual de acuerdo con el artículo 23 de la misma ley, se inicia de oficio por la Sala del Tribunal Superior de Distrito Judicial correspondiente, en la audiencia que declare la legalidad de la aceptación total o parcial de los cargos formulados, de manera tal que se trata de un trámite diferente al de restitución de tierras, pues para este el artículo 38 de la misma ley dispuso que cuando se configure la situación excepcional de que trata el artículo 38 ibídem, el Magistrado con función de control de garantías surtirá el trámite correspondiente bajo las reglas en él establecidas.

2(sic). Falta de competencia del a quo para revocar la decisión por medio de la cual admitió el trámite incidental.

Frente a la manifestación de incompetencia por circunstancia sobreviniente expresada por el a quo, también carecía de competencia para revocar el auto por medio del cual admitió el incidente de restitución de tierras, puesto que una vez la perdió no la podía conservar para decidir sobre aspectos que le resultaban ajenos, pues simplemente debió ordenar el envió de la actuación al funcionario judicial que con fundamento en las leyes 1592 de 2012 y 1448 de 2011 debe continuarla, esto bajo el principio general de que las leyes rigen hacia el futuro y que los actos cumplidos se encuentran amparados por la presunción de legalidad en cuanto se ajustaron a la normas preexistentes para el momento en que se produjeron, sin perjuicio de la aplicación inmediata de las normas que fijan la sustanciación y ritualidad del proceso(6).

En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley 1592 de 2012 y 79, 80 y 81 de la Ley 1448 de 2011, la actuación, acorde con su estado, lo pertinente es remitirla a los magistrados especializados en restitución de tierras de la Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquia, conforme al artículo 70 de la Ley 1448 de 2011 que a la sazón dispone:

“[l]os magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial Sala Civil, especializada en restitución de tierras, decidirán en única instancia los procesos de restitución de tierras, y los procesos de formalización de títulos de despojados y de quienes abandonaron en forma forzosa los predios, en aquellos casos en que se reconozcan opositores dentro del proceso…”.

Lo anterior en cuanto es evidente que el inmueble actualmente se encuentra ocupado por personas que, como lo revela el certificado de tradición(7), ante los jueces civiles pretende la declaratoria de la prescripción adquisitiva del dominio, quienes en el presente trámite incidental otorgaron poder a un abogado para que los represente(8).

3. En consecuencia, la Corte revocará la decisión mediante la cual el a quo revocó la providencia que admitió el trámite incidental de restitución de tierras promovido por Carmen Haydee Briceño de Moreno y ordenó el envío de las diligencias a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para, en su lugar, remitir todo lo actuado a los magistrados de la Sala Civil Especializados en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. REVOCAR la decisión impugnada en cuanto dejó sin efecto el auto por medio del cual fue admitido el presente trámite incidental y ordenó el envío de las diligencias a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

2. REMITIR la actuación, a través de la secretaría de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, a los magistrados especializados en restitución de tierras de la Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquia, para lo de su cargo.

3. CONFIRMAR la decisión apelada en los demás aspectos que fueron motivo de disenso.

Contra esta decisión no proceden recursos.

Comuníquese y cúmplase».

(3) Esta norma se refiere a la vocación reparadora de los bienes entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados a los beneficios de la ley de justicia y paz.

(4) Rad. 37805.

(5) Record 02:20 a 2:38.

(6) El inciso final del artículo 148 del Código de Procedimiento Civil dispone: “La declaración de incompetencia no afecta la validez de la actuación cumplida hasta entonces”, norma que fue declarada exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-037 de 1998, en la cual puntualizó: “… esta disposición está fundada en el principio de la economía procesal: al conservarse la actuación cumplida hasta el momento de declararse la incompetencia, se evitan dilaciones innecesarias. Piénsese, además, que las partes pueden intervenir en el conflicto de competencia, proponiéndolo, pidiendo pruebas, participando en su práctica, etc., por lo cual no se vulnera el derecho de defensa”.

(7) Folios 254 -255 cuaderno principal, anotación 14.

(8) Folios 182 - 194 ibíd.