Auto 40866 de abril 30 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado ponente:

Dr. Javier Zapata Ortiz

Acta 131

Bogotá, D.C. abril treinta de dos mil trece.

I. Vistos

Se pronuncia la Corte, sobre el recurso de apelación interpuesto por el postulado Angelino Forero Riaño desmovilizado del frente 31 de las Farc, contra el auto proferido el 1º de marzo de 2013 por el magistrado de control de garantías de justicia y paz del Tribunal Superior de Bogotá, el cual le negó la sustitución de la medida de aseguramiento privativa de la libertad.

II. Hechos y antecedentes

1. Angelino Forero Riaño integrante de las milicias urbanas de las Farc, se entregó individualmente ante el grupo Gaula Rural Meta Séptima Brigada de Villavicencio, el 15 de agosto de 2002 bajo el marco de la Ley 418 de 1997 prorrogada por la Ley 548 de 1999.

Fue certificado por el comité operativo para la dejación de las armas (CODA) con el número 1775-03 a través de acta 031 del 1 de octubre de 2003.

Actualmente se encuentra detenido desde 7 de octubre de 2002 por los delitos de rebelión y secuestro extorsivo conforme a hechos acaecidos el 15 de abril de 2002, por los que el juzgado 3 penal del circuito de descongestión de Villavicencio lo condenó el 28 de junio de 2005 a la pena principal de 300 meses de prisión, decisión que confirmó el tribunal superior del distrito judicial de esa capital, el 19 de marzo de 2007(1).

2. Se acogió a la ley de justicia y paz en noviembre de 2005, no obstante, solo hasta el 22 de mayo de 2007 presentó solicitud en tal sentido, siendo formalizada su postulación por el Gobierno Nacional el 7 de noviembre de 2007 e inició versiones el 15 de abril 2008.

Forma parte de los primeros 33 postulados a la ley de Justicia y Paz pertenecientes al grupo de la guerrilla.

A la fecha, no ha sido objeto de imputación de cargos

3. El 28 de enero de 2013, el postulado, mediante escrito, solicitó al magistrado de control de garantías de justicia y paz la sustitución de la medida de aseguramiento de detención en establecimiento carcelario por una no privativa de la libertad, al considerar cumplidos los requisitos previstos en los artículos 18A y 18B de la Ley 1592 de 2012, en tanto lleva más de 8 años recluido en un establecimiento penitenciario desde el momento de su desmovilización voluntaria, esto es 10 años y 4 meses, así mismo ha contribuido activamente en el esclarecimiento de la verdad, participado en los cursos dictados por el Inpec y el SENA y mostrado una conducta ejemplar dentro del penal. En cuanto a la reparación, aduce no poseer ninguna clase de bienes, sin embargo ofrece el 20% de las ganancias obtenidas con el actual proyecto productivo de panadería auspiciado por la alta consejería para la paz de la Presidencia de la República.

III. Auto recurrido

El magistrado de control de garantías de justicia y paz del Tribunal de Bogotá, argumentó la negativa de la sustitución de la medida de privación de la libertad solicitada por Forero Riaño en los siguientes términos:

a) El postulado no está por cuenta de justicia y paz ya que la fiscalía no le ha imputado ningún delito ni impuesto medida de aseguramiento, en consecuencia es imposible sustituir lo que jurídicamente no existe.

b) No cumple los requisitos previstos en el artículo 18 A de la Ley 1592 de 2012, ya que no lleva 8 años privado de la libertad después de su postulación, pues el Gobierno lo vinculó a justicia y paz el 7 de noviembre de 2007, fecha que al día de hoy es inferior al tiempo exigido por la ley, circunstancia que hace irrelevante pronunciarse frente a los demás elementos.

c) Respecto al ofrecimiento del 20% de las ganancias obtenidas con el actual proyecto productivo, ordenó trasladar esa petición al fondo para reparación de victimas y a la fiscalía elite para la persecución de bienes a fin de dar el trámite de ley .

IV. Impugnaciones

Angelino Forero Riaño se mostró inconforme con la decisión, toda vez que en su criterio cumple con los requisitos exigidos en la norma así:

a) Se desmovilizó estando en libertad como lo demuestra con copia del acta de entrega voluntaria al grupo Gaula del Meta del día 15 de agosto de 2002, y lleva privado de la libertad en establecimiento carcelario 10 años y 4 meses desde el 7 de octubre de 2002, por los delitos de rebelión y secuestro cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al frente 31 de las Farc; considera así satisfecha la exigencia contemplada en el numeral 1º del artículo 18 A de la Ley 1592 de 2012.

b) Acredita su buena conducta con certificaciones en tal sentido provenientes del Inpec y su participación en actividades de resocialización con diplomas en donde consta su asistencia a cursos de “dibujo de inmuebles, “cría levante y producción de codornices”, “programa integral de prevención secundaria y reinserción social”, “participación en el segundo festival cultural y deportivo de justicia y paz”, “cuidando nuestra casa”, y mención de honor por su asistencia al “proyecto de microempresas”, al igual que con copia de las redenciones de pena reconocidas por el juez de ejecución de penas.

c) En relación con su contribución al esclarecimiento de la verdad, señaló que tal requiso lo puede confirmar el fiscal 59 de justicia y paz, despacho al cual pertenece, en el que ha documentado más de 5 delitos incluyendo versiones con víctimas.

d) Afirmó no poseer bienes para reparar a las víctimas pues solo perteneció a las Farc por cerca de 18 meses, sin embargo ofrece trabajo social comunitario y el 20% de las ganancias que obtenga de un proyecto productivo de panadería patrocinado por la Alta Consejería para la Paz.

e) Finalmente, aseveró que su conducta en los 126 meses que lleva detenido ha sido ejemplar dentro del penal, sin que se le pueda endilgar la comisión de delitos dolosos luego de la dejación de las armas.

Señaló que si en la actualidad no le han imputado delitos ni se le ha impuesto medida de aseguramiento en justicia y paz, “no ha sido por negligencia sino por dilataciones en la fiscalía porque hemos estado con diferentes fiscales, dos veces hemos terminado versiones conciliaciones con victimas estamos a la espera para la fecha de diligencia de imputación de cargos y en noviembre nos volvieron a cambiar de fiscal y hace un mes nos volvieron a cambiar de fiscal, se retrasa nuevamente, la imputación no ha sido por negligencia de nosotros sino falta de celeridad de parte de la fiscalía”.

Solicita a la Corte le aclare los argumentos expuestos por el magistrado de control de garantías, y le defina cual es la autoridad encargada de concederle los beneficios, pues en justicia y paz dicen que aún no está por cuenta de esa jurisdicción y en la ordinaria señala que es aquella la encargada de otorgarle los beneficios conforme al siguiente argumento que leyó así: “igualmente es importante señalar que en parágrafo 29 de la Ley 975 se prohíbe expresamente los subrogados penales, beneficios adicionales o rebajas complementarias a la pena que lleva a considerar que es insustancial adelantar el trámite de beneficios cuando ya esta adelantándose un proceso de justicia y paz toda vez que si se hace acreedor a la pena alternativa de acuerdo a lo dispuesto en la ley 975 no se podría aplicar ningún beneficio del artículo 413 de la Ley 600 de 2000. En este orden de ideas y como quiera que el señor Angelino Forero Riaño se encuentra postulado a la Ley 975 de 2005 lo procedente es que el postulado culmine su proceso ante la unidad de justicia y paz como lo determina la norma y en el evento en que no se haga acreedor se acuda nuevamente a estos beneficios”.

El defensor coadyuvó la posición del desmovilizado.

La fiscalía, consideró inviable sustituir la medida de aseguramiento descrita en el artículo referido, por cuanto Forero Riaño no ha sido objeto de imputación por parte de la fiscalía de justicia y paz por ende no se le ha impuesto media en tal sentido, en consecuencia no está por cuenta de justicia y paz.

Finalizadas las intervenciones, el a quo concede la apelación y ordena su remisión a la Corte para la decisión de ley.

VI. Consideraciones

1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por el postulado Angelino Forero Riaño, contra el auto proferido por el magistrado de control de garantías de justicia y paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 26 de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 27 de la Ley 1592 de 2012 en concordancia con el artículo 68 ibídem y el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004.

2. Contexto

Recapitulando se tiene que contra Forero Riaño confluyen dos procesos diferentes, uno ante la justicia ordinaria y otro en justicia y paz, ambos por hechos cometidos durante y con ocasión del conflicto armado. En la justicia ordinaria fue condenado en el 2005 por el delito de rebelión y secuestro extorsivo, y lleva detenido desde octubre de 2002 es decir 10 años y 4 meses, y en justicia y paz fue postulado por el Gobierno Nacional en el 2007, rindió versión ante la fiscalía en abril de 2008 pero actualmente no le han imputado cargos ni pesa en su contra medida de aseguramiento.

Acudió a la justicia ordinaria para que le fueran otorgados los beneficios de la Ley 600 de 2000, sin embargo allí se los negaron por cuanto es un postulado y en el “parágrafo 29 de la Ley 975 se prohíbe expresamente los subrogados penales, beneficios adicionales o rebajas complementarias a la pena que lleva a considerar que es insustancial adelantar el trámite de beneficios cuando ya está adelantándose un proceso de justicia y paz toda vez que si se hace acreedor a la pena alternativa de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 975 no se podría aplicar ningún beneficio del artículo 413 de la Ley 600 de 2000”.

Acudió a la justicia transicional a fin de que se le concediera el beneficio de la sustitución de la media de aseguramiento prevista en el artículo 18A de la Ley 1592 de 2012, la cual le fue negada, por cuanto no se halla detenido por cuenta de esa jurisdicción, decisión que motivó la alzada.

3. Viabilidad de “sustituir la medida de aseguramiento” de detención preventiva a Angelino Forero Riaño por parte del magistrado de control de garantías de justicia y paz de Bogotá.

El artículo 18A de la Ley 1592 de 2012 introdujo una nueva figura a la ley de justicia y paz del siguiente tenor:

ART. 18A.—Sustitución de la medida de aseguramiento y deber de los postulados de continuar en el proceso. El postulado que se haya desmovilizado estando en libertad podrá solicitar ante el magistrado con funciones de control de garantías una audiencia de sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, sujeta al cumplimiento de lo establecido en el presente artículo y a las demás condiciones que establezca la autoridad judicial competente para garantizar su comparecencia al proceso del que trata la presente ley. El magistrado con funciones de control de garantías podrá conceder la sustitución de la medida de aseguramiento en un término no mayor a veinte (20) días contados a partir de la respectiva solicitud, cuando el postulado haya cumplido con los siguientes requisitos:

1. Haber permanecido como mínimo ocho (8) años en un establecimiento de reclusión con posterioridad a su desmovilización, por delitos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley. Este término será contado a partir de la reclusión en un establecimiento sujeto integralmente a las normas jurídicas sobre control penitenciario;

2. Haber participado en las actividades de resocialización disponibles. Si éstas fueren ofrecidas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec y haber obtenido certificado de buena conducta;

3. Haber participado y contribuido al esclarecimiento de la verdad en las diligencias judiciales del proceso de justicia y paz;

4. Haber entregado los bienes para contribuir a la reparación integral de las víctimas, si a ello hubiere lugar de conformidad con lo dispuesto en la presente ley;

5. No haber cometido delitos dolosos, con posterioridad a la desmovilización

(…).

PAR.—En los casos en que el postulado haya estado privado de la libertad al momento de la desmovilización del grupo al que perteneció, el término previsto como requisito en el numeral 1º del inciso primero del presente artículo será contado a partir de su postulación a los beneficios que establece la presente ley”.

De entrada ha de decirse que el mencionado instrumento jurídico procesal de la “sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva” destinado a preservar y garantizar el derecho a la libertad individual restringida legítimamente dentro del curso del proceso penal, no es dable aplicarlo a Forero Riaño no obstante su vinculación al proceso transicional, toda vez que su privación de la libertad no obedece a una medida provisional dictada en justicia y paz, sino a una condena definitiva en la justicia ordinaria, resultando imposible asimilar la pena de prisión a una medida de aseguramiento proferida en justicia y paz para así poderla sustituir, pues estas figuras obedecen a naturaleza, fines y requisitos distintos, y la autoridad que las impone es diversa, de hacerlo implicaría una abierta violación a las garantías del debido proceso y de legalidad.

En efecto, la ley de justicia y paz es una unidad normativa que reglamentó la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, que hubieren decidido desmovilizarse como autores y partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, la cual se debe surtir en las etapas allí consagradas y ante las autoridades públicas previstas.

Ahora, Forero Riaño tan solo ha superado la fase administrativa en cabeza del gobierno que lo postuló el 7 de noviembre de 2007, se encuentra en el período preprocesal ante la fiscalía 59 delegada a justicia y paz, quien le recibió versión en abril de 2008 sin que a la fecha le haya imputado cargos ni solicitado la imposición de medida de aseguramiento.

En consecuencia, Forero Riaño no está detenido por cuenta de justicia y paz, es más, ni siquiera la fiscalía le ha imputado cargos, lo que, por sustracción de materia hace imposible que el magistrado de control de garantías lo deje en libertad cuando la autoridad bajo la cual se encuentra detenido es otra y por otro proceso, haciéndose inviable sustituir lo que no ha impuesto, como lo expuso en a quo; por tanto es al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad de Tunja a quien le corresponde resolver acerca de los demás beneficios a que tenga derecho Forero Riaño en relación con la condena impuesta a 25 años por los delitos de rebelión y secuestro, como lo viene haciendo al otorgar las redenciones por trabajo y estudio, sin que ello obste, para que eventualmente a posteriori el magistrado de control de garantías de justicia y paz avale y solicite la suspensión condicional de la ejecución de la pena en la justicia ordinaria conforme la novedosa figura prevista en el artículo 18B de la Ley 1592 de 2012(2).

De otro lado, la Sala no puede desconocer la mora de la fiscalía 59 delegada y las graves consecuencias que la ausencia de imputación de cargos y de medida de aseguramiento puede acarrear al postulado Forero Riaño, haciéndose imperativo exhortarla para que de forma inmediata de curso al trámite previsto en la ley.

Sean estas las razones para confirmar la decisión de inaplicar la figura de la sustitución de la medida de aseguramiento a Forero Riaño.

En mérito de lo expuesto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el auto del 1º de marzo de 2013 proferido por el magistrado de control de garantías de justicia y paz del Tribunal de Bogotá por medio del cual negó la sustitución de la medida cautelar a Angelino Forero Riaño.

2º EXHORTAR a la Fiscalía 59 Delegada de Justicia y Paz para que de forma inmediata continúe con el trámite previsto en la ley en donde es postulado Angelino Forero Riaño.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase.

Magistrados: José Leonidas Bustos MartínezJosé Luis Barceló CamachoFernando Alberto Castro Caballero—María del Rosario González Muñoz—Gustavo Enrique Malo Fernández—Luis Guillermo Salazar Otero—Javier Zapata Ortiz.

Nubia Yolanda Nova García, secretaria.

(1) Folio 32 cuaderno original.

(2) Artículo 18B.—Suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta en justicia ordinaria. En la misma audiencia en la que se haya sustituido la medida de aseguramiento en los términos del artículo 18A, el postulado que además estuviere previamente condenado en la justicia penal ordinaria, podrá solicitar al magistrado de control de garantías de justicia y paz la suspensión condicional de la ejecución de la pena respectiva, siempre que las conductas que dieron lugar a la condena hubieren sido cometidas durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley.

Si el magistrado de control de garantías de justicia y paz puede inferir razonablemente que las conductas que dieron lugar a la condena en la justicia penal ordinaria fueron cometidas durante y con ocasión de la pertenencia del postulado al grupo armado organizado al margen de la ley, remitirá en un término no superior a quince (15) días contados a partir de la solicitud, copias de todo lo actuado al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad que tenga a su cargo la vigilancia de la condena respectiva, quien suspenderá condicionalmente la ejecución de la pena ordinaria. 

La suspensión de la ejecución de la pena será revocada a solicitud del magistrado de control garantías de justicia y paz, cuando el postulado incurra en cualquiera de las causales de revocatoria establecidas en el artículo 18A.

En el evento de que no se acumulen en la sentencia de justicia y paz las penas impuestas en procesos de justicia ordinaria, o que habiéndose acumulado, la sala de conocimiento de justicia y paz no haya otorgado la pena alternativa, se revocará la suspensión condicional de la ejecución de la pena que en virtud del presente artículo se haya decretado. Para estos efectos, se suspenderá el término de prescripción de la pena en la justicia ordinaria, hasta cuando cobre ejecutoria la sentencia de justicia y paz. (Subrayas fuera de texto).