Auto 40959 de junio 4 de 2013

 

Auto 40959 de junio 4 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 172

Magistrado ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

Bogotá, D.C., junio cuatro de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

La Sala se abstendrá de tramitar el recurso de casación por los siguientes motivos:

En primer lugar, dígase que la mencionada impugnación resulta improcedente, toda vez que contra la sentencia de segunda instancia, la defensa de Carlos Arturo Ramírez la interpuso, siendo inadmitida la demanda por auto del 13 de septiembre de 2011, según así se advierte claramente de la síntesis de la actuación procesal hecha en precedencia, adquiriendo, por tanto, en esa fecha la sentencia ejecutoria, puesto que contra la misma no procedía ningún recurso, como así claramente se estipuló en la parte resolutiva del auto inadmisorio, por expreso mandato del inciso 2º del artículo 187 de la Ley 600 de 2000.

En otras palabras, contra el fallo dictado por el juzgador de segunda instancia, se intentó la casación, cuyo trámite culminó con el auto inadmisorio del libelo, en tanto este incumplió los presupuestos de lógica y debida fundamentación en la postulación de la única censura. Así mismo, la Corte, luego de examinar el diligenciamiento, advirtió que “del estudio del proceso no se vislumbra violación de derechos fundamentales o garantías de los intervinientes, para ejercer la facultad oficiosa de índole legal que al respecto le asiste a la Sala”.

Ahora bien, en relación con la acción de tutela postulada en el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, Sala Disciplinaria, en cuyo fallo se admitió que dentro del trámite penal adelantado contra Carlos Arturo Ramírez no se había vulnerado el derecho fundamental denunciado como agredido, no obstante, sin guardar logicidad en la construcción argumentativa de la providencia, dispuso que se aclarara los delitos por los cuales se condenó al procesado y el quántum de pena a purgar en el establecimiento carcelario, orden que fue cumplida por el Tribunal Superior de Yopal.

Al respecto valga destacar que de acuerdo con el artículo 412 de la Ley 600 de 2000, la sentencia no es reformable ni revocable por el “mismo juez o sala de decisión que la hubiere dictado, salvo en caso de error aritmético, en el nombre del procesado o de omisión sustancial en la parte resolutiva”.

Acatando la orden del juez de tutela y no obstante que en el fallo de segunda instancia estaba claramente estipulado tanto los delitos por los cuales fue condenado el procesado como la pena que este debía cumplir en el centro carcelario, el Tribunal Superior de Yopal, a través de auto de 1º de septiembre de 2012, procedió a reiterarlos.

En esa medida, valga destacar que la corrección que el juzgador haga del fallo tendrá la categoría de auto complementario y se encuentra inmerso en la decisión, en tanto únicamente aclara aspectos no relevantes del objeto de la controversia, razón por la cual la misma no tiene la virtualidad de variar los términos de ejecutoria, ni de habilitar unos nuevos para que las partes puedan ejercer el derecho de impugnación.

En tales condiciones, abiertamente irregular se aprecia la actuación del magistrado sustanciador (doctor José Albino Ibagué), cuando como juez de tutela ordenó al tribunal habilitar los términos “para la intervención de los sujetos procesales”, lo cual a la postre resultó determinante para que se declarara la extinción de la acción penal de dos de los tres delitos por los cuales se había condenado al acusado, desconociendo que respecto de los mismos ya existía sentencia en firme, y como si fuera poco, dio lugar a que se interpusiera nuevamente le recurso extraordinario de casación, no obstante que esta corporación ya había inadmitido la demanda casacional que en su momento fuera presentada contra el mismo fallo.

Expresado de otra forma, la orden de tutela dada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, era únicamente para que el tribunal de Yopal aclarara los delitos por los cuales fue condenado el procesado y la pena impuesta, lo cual debía cumplirse a través de un acto complementario que en manera alguna habilitaba los términos judiciales, máxime cuando la Corte ya había conocido de la actuación, en razón del recurso de casación, siendo inadmitida la demanda el 13 de septiembre de 2011 y por lo mismo, el fallo recurrido había cobrado firmeza, la que solo podía removerse con la acción de revisión.

En esa medida, si el acto de adición del fallo tiene la naturaleza de auto complementario, el nuevo recurso de casación resultaba abiertamente improcedente, habida cuenta que el mismo no se estaba interponiendo contra una sentencia.

En consecuencia, la corporación se abstendrá de calificar la demanda de casación, por improcedente, y dispondrá que el expediente sea remitido al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad que vigila el cumplimiento de la sanción impuesta al procesado.

Así mismo, por secretaría de la Sala, expídanse copias de este fallo y de las piezas procesales pertinentes, con destino a la unidad de fiscalías delegada ante la Corte Suprema de Justicia, para que se investigue la conducta a todas luces irregular del magistrado José Albino Ibagué, integrante de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, conforme a lo señalado en párrafos precedentes.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. Abstenerse de tramitar el recurso de casación presentado, por ser improcedente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

2. Por secretaría de la Sala, expedir las copias pertinentes con destino a la coordinación de la unidad de fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, para lo de su cargo.

3. Remitir el expediente al juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad que vigila el cumplimiento de la pena del sentenciado.

4. Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Cópiese, comuníquese y cúmplase».